pobre Jacob. nueva audiencia suspendida y es la número 21 de una serie de 26. inícuo. increíble, inaceptable acto de injusticia y burla para una persona que está al borde de los nervios.

Fuentes judiciales informaron de que el Ministerio de Gobierno no fue notificado de una de las pruebas aportadas por la defensa del imputado, lo que facultó la suspensión por 21 vez, de un total de 26 audiencias.

En la audiencia, que tenía que llevarse a cabo hoy a las 10:00 en el juzgado de la doctora Eneas Gentile en la zona de Tusequis, estuvo presente una comisión de EEUU liderada por Larry Memmott, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos (EEUU), y la hija de Ostreicher, Chaya Gitty Weinberger. 

El imputado, que se negó a emitir declaración, retornó a la Clínic Incor, donde se encuentra internado por un principio de Parkinson, a la espera de su próxima audiencia.

Antecedentes 

Jacob Ostreicher llegó al país para realizar una inversión de 25 millones de dólares para montar una empresa de arroz, pero luego unos empleados suyos fueron detenidos por narcotráfico y el empresario figuró, según la acusación fiscal, como cabeza de un grupo que lavaba dinero ilegítimo.

El año 2011, la Fiscalía antidrogas de Bolivia abrió una investigación en su contra por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas luego de que la Policía detectara que la administradora de Ostreicher (Claudia Liliana Rodríguez Espitia, de nacionalidad colombiana) mantenía ciertos vínculos con el brasileño Maximiliano Dorado, deportado por narcotráfico.

El empresario de 53 años, que incluso sostuvo una huelga de hambre en el penal de Palmasola, uno de los más peligrosos del país, negó cualquier relación ilegal.

El Día no lo pone claramente. Evo declaró parte de sus bienes. ocultó dos vehículos de casi 900 mil bolivianos, que no es una pichanga. no pagó impuesto por ellos. Suxo de transparencia pretende defender lo indefendible. triste misión de quién tiene "cola de paja" con sus escandaletes.

La política siempre ha sido aprovechada para beneficios particulares y el enriquecimiento personal. Ese es su mal endémico, el cáncer a erradicar y es precisamente el centro del debate nacional a raíz de recientes noticias que tienen que ver con el patrimonio de los gobernantes.

Sin entrar en la polémica que ha desatado una absurda colección de explicaciones sobre la manera casi mágica cómo han crecido las finanzas de algunas figuras públicas, habría que analizar el trasfondo de todo este problema que podría esconder la parte más grande del iceberg, pues estamos hablando de un comportamiento que podría estar repitiéndose en miles de funcionarios, alcaldes, gobernadores, ministros y viceministros, concejales y tantos otros servidores públicos que gozan de la misma discrecionalidad en el manejo de los
fondos estatales.

En los últimos años se ha discutido mucho sobre necesidad de hacer más expeditos los trámites estatales y se ha llamado “burocracia” a todos los procesos instituidos por ley para la contratación de servicios y compra de bienes, tales como las licitaciones públicas, un procedimiento que prácticamente ha desaparecido en el Estado Plurinacional, donde casi todo se resuelve a través de adquisiciones y contrataciones directas, en las que la decisión la toma una sola persona en función de su propia experiencia, visión o interés.

La transparencia es un asunto que no debe ser manejado con consignas, arengas y suposiciones sobre la honestidad de los individuos, por más antecedentes políticos, genéticos o étnicos que pudieran demostrar. Eso del “Ama sua, ama llulla, ama kella” está bien para los discursos, pero en los hechos el Estado necesita perfeccionar los mecanismos de control, mucho más cuando el aparato público ha crecido tanto en número de actores como en la cantidad de recursos bajo su tutela. En Bolivia estamos hablando de más de 50 mil millones de dólares que han ingresado a las arcas estatales, un número seis veces mayor al que manejaron los gobiernos anteriores. La pregunta es muy simple ¿se ha invertido seis veces más? ¿Se ha multiplicado por seis el presupuesto para obras y servicios tan indispensables para la población? Es obvio que la respuesta no está a la mano, no existe manera de demostrar que ha habido un manejo transparente de ese dinero y la ciudadanía no dispone de la capacidad suficiente como para exigirle cuentas a los administradores.

En lugar de buscar cómo perfeccionar la transparencia, los políticos más bien buscan la libertad plena para manejar la billetera estatal. Y lo dicen abiertamente cuando se propone la modificación de la Ley Safco, que en los hechos ya sucede no solo por lo que se dijo de la licitación como procedimiento indispensable que se debería respetar, sino por todo el manejo que se hace de programas específicos consistentes en repartir dinero a manos llenas a individuos que jamás han rendido cuentas y que en muchos casos han malversado la totalidad del monto recibido.

El incidente del patrimonio no puede quedarse en el debate anecdótico de los ponchos y los ahorritos presidenciales y tampoco en la decisión de una sola persona que obviamente jamás va a traicionar la línea política a la que se debe. Si de algo adolece este país es de una fuerza burocrática profesional y eficiente, respetuosa de las leyes y también de los mecanismos que eviten que los servidores públicos gocen de una vergonzosa impunidad que no debería permitirse, porque se está socavando justamente uno de los valores más importantes de la democracia.

La transparencia es un asunto que no debe ser manejado con consignas, arengas y suposiciones sobre la honestidad de los individuos, por más antecedentes políticos, genéticos o étnicos que pudieran demostrar.

de vuelta con el tema de Paperbol. hay un hecho intangible funcionarios del Estado pagaron por adelantado por una Plan de papel casi 14 millones de dólares. de la audioria de Price (una de las más acreditadas del mundo) se desprende que no hay estudio de factibilidad, ni agua, ni energía. todo un papelón. Erbol ofrece crónica de la que traemos un segmento sobre la historia del proyecto fallido.

La empresa pública Papelbol se creó durante la gestión de Eduardo Peinado Rivero, en el Viceministerio de la Mediana, Gran Empresa e Industria, mediante Decreto Supremo 29255 de fecha 5 de septiembre de 2007, y se dispuso su instalación en Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba.

Entre el 28 y 29 de noviembre de 2007, el Gerente General de Papelbol, Antonio Camberos Bolaños, aprobó el documento base de contratación y autorizó el inicio y prosecución del proceso de contratación directa por excepción de Maquinaria y Equipos destinados a la fábrica de papel.

De forma rápida, el 6 de diciembre de 2007 el Comité de Contratación, conformado por los servidores públicos Ramiro Rodrigo Bracamonte y Germán Sainz Salvatierra, recomendaron la contratación de la única empresa evaluada D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio Ltda. Se cristalizó la adjudicación a la empresa señalada al día siguiente, 7 de diciembre de 2007, mediante resolución administrativa No 005/2007.

Un mes después, el 7 de enero de 2008, el Gerente de Papelbol y el representante legal de la empresa brasileña, Roberto Falascina, suscribieron el contrato administrativo que consideraba la provisión de maquinaria, instalación y montaje, puesta en marcha y capacitación de los operadores de una máquina para la fabricación de papel de escritura e impresión, papel prensa y papel kraft, con una capacidad de producción de 100 toneladas día.

El contrato fijó un plazo de 14 meses calendario para la instalación y funcionamiento de la fábrica. Es decir que la empresa debería haber comenzado a funcionar el 7 de marzo de 2009, hace tres años.

El monto fijado fue de 13.571.010 dólares y a la fecha prácticamente están perdidos porque la maquinaria entregada por la empresa brasileña no funciona y se tiene certeza si es nueva o reciclada.

Según los papeles a los que tuvo acceso Erbol Digital, la fecha en que se firmó el contrato no se contaba con la infraestructura necesaria previa en Villa Tunari (galpones, tanques, almacenes, vías internas, talleres).

“No había ni servicios complementarios (electricidad, agua, gas, abastecimientos, plan de manejo ambiental). Además, la empresa D’Andrea Agrimport se dedicaba a la importación, exportación y comercio de máquinas agrícolas e industriales no teniendo especificado el rubro de instalación y montaje de máquinas para la fábrica de papel”, señalan los papeles oficiales referidos a Papelbol.

Roberto Falascina –como descargo- añade: “y al momento en que nuestra empresa fue prohibida de ingresar a los predios de la fábrica de Papelbol en diciembre de 2010, se encontraban inconclusas las obras civiles y faltaba la provisión de gas industrial, energía eléctrica industiral, planta de tratamiento de aguas y finalmente materia prima entre otros elementos indispensables para que la fábrica funcione”

Según la imputación formal presentada por el fiscal Félix Peralta, Peinado y sus colaboradores cometieron los delitos de Uso indebido de influencias (Artículo 146 del Código Penal), Incumplimiento de deberes (Artículo 154 Código Penal), Conducta Antieconómica (Artículo 224 del Código Penal), cuyas penas oscilan entre dos a ocho años de cárcel.

“En mérito a la imputación formal que antecede y de conformidad con lo establecido en los artículos 240 del Código de Procedimiento Penal, solicito a su autoridad (juez) la aplicación de DETENCIÓN PREVENTIVA”, solicitó el Fiscal el 4 de marzo de 2011 y fundamentó su petición argumentando que hay “riesgo de fuga y obstaculización.

inaudito. Gobierno dedicó a engañara los trabajadores de la planta de Litio. Juan Carlos Zuleta Calderón pone el "dedo en la llaga", qué forma mañosa de llevar un proyecto burlándose de los trabajadores? intolerable

Las recientes declaraciones del Gerente Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) en Radio Panamericana sobre la situación del proyecto piloto me han dejado realmente pasmado.

Ahora resulta que los trabajadores no pueden organizar su sindicato porque tienen contratos a plazo fijo en razón a que realizan trabajos preparatorios. La pregunta es: ¿a qué trabajos preparatorios se refiere el GNRE si en una parte de su declaración sostiene que la planta de cloruro de potasio arrancó en agosto con la presencia del Presidente y en otra, dice que la planta de carbonato de litio se encuentra en pleno montaje?

Si, en efecto, la primera planta arrancó, entonces ya debería haber generado actividades recurrentes que requieren el concurso de trabajadores permanentes. Asimismo, si la segunda planta está en proceso de montaje, posiblemente lo que se requiere no es trabajadores sino personal técnico altamente calificado. En cualquier caso, todo esto nos conduce a preguntar: ¿a qué se dedican los más de 100 trabajadores “eventuales” sin derecho a organizar su sindicato en Llipi Llipi? Y lo que es más grave aún: ¿Por qué hay tanto temor al sindicato?

A continuación, el GNRE primero indica que no está produciendo ni un gramo (aunque no dice de qué) y luego se queja de que ya está pagando intereses al Banco Central “por un contrato que se ha hecho”. Todo esto es por demás curioso.

En primer lugar, si no está produciendo nada, entonces ¿qué pasó con la planta de cloruro de potasio? ¿Arrancó o no arrancó o todo fue sólo un show en el que participó el propio Presidente del Estado Plurinacional?

En segundo lugar, la queja del GNRE por un contrato que él mismo suscribió está completamente fuera de lugar. Si no estaba de acuerdo con él, ¿por qué lo firmó?

En principio, parecería no tener sentido que la Gerencia de Evaporíticos se hubiera prestado recursos financieros del Banco Central (a una tasa de interés dada) para desarrollar trabajos de experimentación y pilotaje cuando ni siquiera tenía claramente definido el proceso de extracción que utilizaría.

Es más, tengo la impresión de que esta vez al GNRE se le fue la mano: prometió unas metas que no podrá cumplir y ahora está a punto de llorar sobre la leche derramada. Pero, no fue él el único desacertado; el Banco Central no tomó las previsiones necesarias antes de aprobar el préstamo porque el proyecto piloto de Llipi Llipi no era sujeto de crédito. ¿Por qué? Pues porque el GNRE no tenía en el horizonte ninguna fuente de ingresos segura. Todo estaba basado en simples suposiciones. La hora de rendir cuentas llegó y resulta que ahora lo único que queda es que el Estado le condone la deuda.

Como esta situación era previsible, en un reciente artículo ya me pregunté si los préstamos realizados por el Banco Central a YPFB, COMIBOL y otras entidades públicas no tendrán un impacto en la cuantía de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Para mal de los pesares del pueblo de Bolivia, parece que en esto tampoco me equivoqué.

El autor es analista de la economía del litio

tuvieron el tiempo de maniobrar. ataque contra la ministra que "muñequeó" cargo diplomático para su hija aduciendo "falsa persecusión terrorista" y de paso se llevó empleada "cama adentro" con pasaporte diplomático y contrato "que no cumplió" lo dicen residentes bolivianos en Alemania. qué verguenza Suxo y pretende "transparencia"?

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, calificó este lunes como un ataque a su autoridad, las denuncias contra su hija en Alemania, por incumplimiento del pago por servicios prestados en su casa por la boliviana Antonia Ramos Posto como trabajadora del hogar y niñera.

“Mire, ese es un tema que no lo voy a contestar porque es realmente algo que es parte del ataque a la lucha contra la corrupción”, respondió la ministra Suxo a una consulta sobre la situación legal de su hija, Naira Rivero Suxo, ante el requermiento de pago hecho por Antonia Ramos en Alemania.

madre e hija. abusan del poder político y hacen de las suyas. oportunistas

Sin embargo, la Asociación de Bolivianos en Berlín, a través de correo electrónico, reiteró este lunes que “las señoras Nardi Suxo y Naira Rivero Suxo de Marter llevaron a Antonia Ramos a Alemania, prometiéndole una buena remuneración y luego firmando un contrato por 915 Euros (1.195 dólares), términos que no cumplieron y que por esa razón la señora Antonia tuvo que irse de la casa en la que por varios meses trabajó bajo condiciones de abuso”.

El informe llegado desde Alemania agrega que “la situación de la señora Antonia cambió pero para mal. Durante las semanas que han seguido a la denuncia que formalizó ante la institución Ban Ying y luego, de manera oficial, ante la Cancillería alemana, la familia Suxo no ha tenido la gentileza de tratar de tomar contacto con la afectada y denunciante. No digamos ya para resolver el problema, sino en un afán humanitario con una ciudadana connacional boliviana, para saber cómo se encuentra, pues recordemos que está en un país extraño y no sabe la señora Antonia hablar el idioma alemán”.

El embajador de Alemania en Bolivia, doctor Philipp Schauer, informó el 2 de octubre que la visa para Antonia Ramos se tramitó el año pasado a pedido de la familia Marter-Suxo para que ella desempeñe tareas de empleada doméstica en Berlín en la casa de la hija de la ministra Nardi Suxo.

“La visa es por un año, y una vez que finalice tiene que retornar al país. La solicitud llegó de la familia de la señora Marter (hija de la ministra Suxo) que trabaja en la Embajada de Bolivia en Berlín”, dijo el diplomático germano a la red radial Erbol. Explicó que el visado para Antonia Ramos se otorgó porque fue pedido por un funcionario diplomático de Bolivia. “Nosotros (Embajada alemana en La Paz) tramitamos la visa para la señora Antonia Ramos”, subrayó Schauer.

La ministra Nardi Suxo admitió el 28 de septiembre que para el viaje de Antonia Ramos recibió la colaboración del embajador alemán.

“La señora tiene visa que se le va a vencer y seguramente retornará al país, porque tiene además en su poder el pasaje de retorno que yo se lo adquirí”, dijo Suxo.

La cancillería boliviana reportó por escrito que “la embajada de Alemania informó que la señora Posto (Antonia Ramos) solicitó personalmente la visa en la Embajada Alemana, representación diplomática, quien además informó que concedió la misma después del cumplimiento de los requisitos formales y de las consultas efectuadas a su Ministerio de Relaciones Exteriores en Alemania, donde un requisito esencial fue la presentación de un contrato laboral suscrito al tenor de la nomativa alemana”.

El comunicado oficial de la Cancillería subrayó el 2 de octubre que “la eventual denuncia laboral suscitada entre la señora Naira Cecilia Rivero Marter y la señora Antonia Ramos, la misma tiene naturaleza, eminentemente, particular en la que existen las respectivas instancias de conciliación y resolución entre las partes”.

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde y el viceministro de Gestión Institucional y Consular Alfredo Rada, en conferencia de prensa, informaron que la hija de la ministra Suxo es “funcionaria invitada o de libre nombramiento” en la embajada de Bolivia en Alemania.

Naira Cecilia Rivero Suxo fue designada el 1 de julio de 2011 como secretaria y trece meses después como Segundo Secretario de la embajada boliviana en Berlín. En ambos casos mediante Resolución Ministerial, y el 21 de septiembre pasado se le otorgó el pasaporte diplomático No. D000469.

La Asociación de Bolivianos en Berlín La Llajta reportó desde Alemania por correo electrónico que la familia Marter-Suxo adeuda 13.000 euros (16.900 dólares) a Antonia Ramos que trabajaba para ellos durante 14 horas como niñera y trabajadora del hogar.

El caso de la boliviana Antonia Ramos recibió respaldo de la organización Ban Ying, que significa “Casa de la Mujer”, fundada en 1988 y que está dedicada a investigar maltrato de diplomáticos.
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aparece Rubén Saavedra, Ministro de Defensa de Evo acusado de haber viajado a la China a "turistear" en lugar de reclamar por la pérdida millonaria por el caso "barcazas chinas"

El gerente general de la Empresa Naviera Boliviana (Enabol), contralmirante Freddy Ballesteros Quiroga, denunció, mediante un informe dirigido al presidente Evo Morales, que el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, y su “costosa” comisión viajó a principios de este mes hasta la República Popular de China a hacer turismo y no a realizar las gestiones necesarias para evitar el remate de las 16 barcazas bolivianas, porque sólo se habrían limitado dejar un exhorto suplicatorio en la Embajada de Bolivia en el país asiático, sin siquiera haber verificado el estado del patrimonio boliviano.

“Señor Presidente, los abogados experimentados contratados por Enabol  pero pagados por ADO CORP y el presidente de esta empresa, no pudieron cumplir con mi solicitud de explicar al Ministro de Defensa y su comisión (en China) porque fueron hacer turismo a la muralla china…”, indica Ballesteros en el informe al la RED ERBOL tuvo acceso.

La comisión gubernamental –según el comunicado del mismo Ministerio de Defensa– estaba compuesta por el ministro Saavedra; el procurador General del Estado, Raúl Montero; el embajador de Bolivia en China; general Guillermo Chalup; junto a sus asesores jurídicos.

El abogado de Ballesteros, Moisés Ponce de León, dijo que este informe ha sido puesto a conocimiento del Presidente vía Cancillería, haciendo notar que las gestiones de la comisión encabezada por el ministro Saavedra para el desembargo de los remolcadores y evitar el remate de las barcazas “no se han podido realizar a total cabalidad”.

Ponce afirmó que al momento ya se ha conseguido en China levantar el embargo de los remolcadores, pero mediante los abogados ADO CORP, gestión hecha únicamente por el almirante Ballesteros (quien fue excluido de la comisión gubernamental) y no por las “tareas” cumplidas por Saavedra en el país asiático.

“Cuando el almirante solicitó al Ministro de Defensa que pueda recibir a los abogados de ADO CORP y al gerente de ADO CORP para buscar una solución empresarial, a los efectos de poder traer las barcazas y los remolcadores a nuestro país, el Ministro no pudo recibir a los abogados de ADO CORP porque en su agenda había estado programado una visita a la Muralla China”, ratificó el jurista.

Indicó que en realidad, la única gestión efectiva que hizo en China la comisión encabezada por Saavedra, ha sido la de entregar de un exhorto suplicatorio al Embajador de Bolivia en China, para que gestione este recurso, mientras el trabajo de recuperación de las barcazas y el desembargo de los remolcadores está siendo realizado sólo por Ballesteros, con ayuda de la empresa ADO CORP y sus abogados desde abril pasado, aproximadamente.

El informe del contralmirante Ballesteros también señala que no fue posible constatar la existencia de los bienes del Estado boliviano en China, las condiciones en que se encuentran y menos verificar los riesgos potenciales a los que están expuestos en los artilleros, por “la falta de voluntad y actitud de la comisión del Ministro de Defensa”.

Ballesteros, en el documento, considera que fue demasiado evidente que el viaje del ministro Saavedra junto a su comisión sólo fue en el fondo para evitar sus responsabilidades teniendo en cuenta que él es presidente del directorio de Enabol.

Mientras, el riesgo de subasta y pérdida del material boliviano continúa latente en China.

“Señor Presidente, no permita que le mientan, el exhorto suplicatorio (…) no solucionará el problema de forma inmediata. De ocurrir la subasta de las barcazas, esta podría haber sido evitada por esta comisión que viajó desde La Paz, porque existían las posibilidades y condiciones”, apunta el militar en su informe dirigido al Jefe de Estado.

Según la estimación del abogado Ponce, de concretarse el remate de las barcazas, el Estado boliviano podría perder aproximadamente 25 millones de dólares.

VERSIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA

El Ministerio de Defensa, mediante su Unidad de Comunicación, dio a conocer que la comisión gubernamental sostuvo reuniones con dos importantes consorcios de abogados internacionalistas (Beijing King & Bond Law Firm y Dechert LLP) a objeto de analizar estrategias jurídicas que permitan liberar y trasladar a Bolivia, las 16 barcazas que fueron adquiridas por Enabol  que ahora se encuentran con orden de subasta desde el pasado mes de marzo.

“La delegación boliviana se reunió con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Industria e Información Tecnológica y de una importante empresa estratégica estatal de China. Asimismo, la delegación boliviana entregó un exhorto suplicatorio que fue emitido por el juez que investiga el caso Enabol para que se incauten a favor del Estado boliviano los artefactos navales y sean trasladados al territorio boliviano”, indica el comunicado de prensa.

le toca el turno al padre Gramunt ocuparse del caso Suxo bajo el ángulo de "diplomáticos pordioseros" toca también el caso de EEUU

Desde Washington y desde Berlín llegan chismes de cocina que empañan la imagen del servicio exterior boliviano. En efecto, la prensa hispana de la capital norteamericana tiene el ojo puesto en el consulado de nuestro país. Dice que ese funcionario recibía ayuda económica de la asistencia pública federal en beneficio de su hijo, alegando la pobreza de la familia. Al otro lado del planeta, la Asociación de Bolivianos en Berlín, “La Llajta”, denuncia malos tratos contra una trabajadora del hogar y niñera de la hija de la ministra de Transparencia, Nardy Suxo.

El vicepresidente García Linera no lo cree y repite la consabida cantinela de que éstas son mentiras de los periodistas, a quienes -para quitarles el sueño- recuerda que está pendiente una acción judicial contra tres medios de comunicación independientes, por los supuestos delitos de “difusión de la discriminación y el racismo”.

Entre las causas de estos y otros desarreglos en el servicio exterior hay que mencionar que muchos de los nombramientos -ellas y ellos- para ocupar cargos diplomáticos se hacen a dedo, sin considerar la formación ética y profesional de los agraciados, ni si han cursado los estudios apropiados en la escuela diplomática ni si conocen mínimamente los idiomas de los países en los cuales ejercerán su trabajo. Muchos nombramientos se hacen siguiendo los cánones del prebendalismo político; por los servicios prestados al partido en el poder. E incluso, a modo de exilio dorado para algún díscolo al que no puede dejarse tirado en la cuneta, cuando molesta su permanencia en el país.

¿Cómo se las arreglarán esos funcionarios impreparados para tratar asuntos de interés bilateral y multilateral? De ahí que, cuando éstos se presentan, hay que enviar frondosas comisiones. En el mejor de los gastos será gente preparada. En cualquier caso será un fuerte latigazo al presupuesto nacional. Porque ninguna comisión oficial se aloja en hoteles modestos ni se alimenta en boliches de tres al cuarto.

Convengamos en que una de las deficiencias más comunes de la Cancillería boliviana fue no pagar puntualmente a sus empleados en el exterior. Lo cual sirvió de pretexto para que algunos abusaran de privilegios tales como la liberación de impuestos para importar vehículos de marca, licores y otras mercaderías de lujo. Alguna oficina diplomática boliviana (y de otros países) parecía un bazar.

Entre los episodios de este género se cuenta de un embajador de filiación masista, que convirtió la residencia oficial en un conventillo para sus amiguetes bolivianos. Dejo a la fértil imaginación del lector, bajar a más detalles sobre este caso.

Lamentable forma de distribuir - repartirse la elevada función de representar al jefe de Estado en otras latitudes. Y luego dirá el Gobierno que la culpa de este desorden la tienen los periodistas. Una vez he descargado el fardo innoble de nuestra diplomacia, justo es reconocer el mérito de aquellos funcionarios que cumplen correctamente con sus funciones y nadie les da ni siquiera una palmadita de agradecimiento.