ahora resulta que la colombiana "estafadora de Jacob" está presa en Palmasola. altos funcionarios del Gobierno están comprometidos porque recibieron "coimas" por la venta del arroz de propiedad del encarcelado en Santa Cruz.

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, integrada por policías y fiscales, descubrió que un alto funcionario del Ministerio de la Presidencia recibió un giro de $us 9.900, en La Paz, que le fue depositado en su cuenta por responsables de ingenios de Montero por la compra de arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Un documento fue conocido ayer y arrimado al expediente del caso Ostreicher. Consiste en un informe del Banco Mercantil Santa Cruz dirigido al fiscal Ángel Álvarez, a solicitud de la defensa del estadounidense.

El informe señala que el 21 de diciembre de 2011, en Montero, Mario Soleto Bañón, funcionario del ingenio de Granos San Jorge, depositó a la cuenta Nº. 4024567401, de José Manuel Antezana Pinaya, la suma de Bs 67.815, que equivale a $us 9.900, según el informe bancario que adjunta el comprobante de depósito y el extracto. Este hecho fue puesto en conocimiento de la ASFI. 

Antezana Pinaya es miembro del directorio de la empresa estatal Cartonbol, en representación del Ministerio de la Presidencia, según Resolución Suprema 2353 del 15 de enero de 2010.

“No hay nada perfecto, esta es una prueba contundente de que el Ministerio de Gobierno negoció más de 13.000 toneladas de arroz de Ostreicher”, dijo el abogado defensor, Jimmy Montaño, y recordó que la venta del arroz incautado a su cliente fue irregular, pues se hizo sin orden judicial.

Juan Carlos Herrera García,  gerente de Granos San Jorge, en su declaración sobre este caso en la Fiscalía, dijo: “Cuando retiraron un dinero del ingenio le pidieron un favor a uno de mis empleados (Mario Soleto Bañón), que depositara en el Banco Mercantil la suma de casi $us 10.000 a una cuenta de La Paz. Esto ocurrió entre el 13 y el 22 de diciembre de 2011, mi empleado accedió a hacerles el favor solicitado por Jorge Henry Chávez y Jorge Vaca”.

Vaca y Chávez junto a Miguel Gutiérrez Soliz, exinspector de Dircabi en Montero, tienen mandamiento de apremio por negociar el arroz de Ostreicher sin seguir los procedimientos legales.

Según un informe del fiscal Basilio Villca, basado en declaraciones del ingenio San Jorge, a fines de noviembre de 2011  se vendió 10.000 fanegas de arroz por $us 200.000, además de varias partidas. Declaraciones de gente de los ingenios señalan que Vaca, Chávez, Gutiérrez y otras personas llegaban al lugar y mostraban credenciales del Ministerio de Gobierno. Tras descubrirse este hecho, el Comando de la Policía dispuso el cambio de todos los agentes anticorrupción. “Nos cambian por descubrir esto”, dijo un oficial.

La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, integrada por el coordinador Anuncio Piérola y siete fiscales, al conocer de este cambio hizo una representación ante la comandante Lily Cortez para frenar la decisión. Exponen que estos policías tienen a su cargo más de 1.800 casos y que el relevo   afectará las investigaciones. La Policía mantiene silencio.

  Hoy puede quedar en libertad 

Audiencia. Para las 16:00 de hoy está fijada la audiencia de cesación a la detención que solicitó Ostreicher. El extranjero está acusado de hacer negocios con gente vinculada al narcotráfico. Su socia, la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, está presa en Palmasola.

Bienes. Ostreicher, que está detenido más desde hace 17 meses, denunció la desaparición de varias toneladas de arroz, miles de cabeza de ganado y maquinaria agrícola incautados. Señala que solo el arroz tenía un valor de $us 10 millones. Sus propiedades agrícolas, que quedaron a cargo de Dircabi, están ubicadas en  Guarayos.

Declarará alto funcionario. El representante del Ministerio de la Presidencia y miembro del directorio de la empresa de Cartonbol,  José Manuel  Antezana Pinaya, llegará hoy a Santa Cruz para prestar su declaración en la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. Deberá responder sobre el depósito a su cuenta de $us 9.900 por la venta de arroz incautado a Jacob Ostreicher.

Procesan a los policías de Palmasola

Tras la visita a la cárcel de Palmasola del galardonado actor estadounidense Sean Penn, para expresarle solidaridad a su compatriota Jacob Ostreicher, una orden del Comando de la Policía cambió a jefes y oficiales encargados de la seguridad del penal.

El 7 de noviembre fueron cambiados de funciones el gobernador Hans Carreño, la gobernadora del recinto de mujeres Gabriela Guzmán y otros oficiales.

Se conoció que los jefes fueron replegados al Comando de la Policía y sometidos a un proceso disciplinario por la Dirección de Investigación Policial Interna (DIPI).

En lugar de Hans Carreño, la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario designó como gobernador al coronel Rubén Sánchez, que se desempeñaba como jefe de la Interpol de Santa Cruz.

Ni el exgobernador Carreño ni Gabriela Guzmán quisieron referirse al tema.

Carreño se desempeñó durante casi dos años como gobernador de Palmasola, el recinto penitenciario más poblado del país.

aún cuando sabemos que se fijó para el viernes 23 nueva audiencia que calificará el pedido de libertad de Jacob Ostreicher, textos con detalles del tema ilustran sobre el fondo. Un medio estadounidense

Lo que es seguro es que Jacob Ostreicher, un judío religioso de 53 años de New York, está en ascuas, en una cárcel boliviana de la ciudad de Santa Cruz, esperando ser juzgado o excarcelado bajo fianza.

Hace cuatro semanas, en un intento de presionar a las autoridades para que se expidan sobre el caso, Ostreicher comenzó una huelga de hambre.

“En mi caso se violaron cada uno de los derechos humanos,” le dijo a JTA esta semana en una entrevista telefónica desde la prisión. “No tengo alternativa de recuperar mi libertad, a menos que sea por enfermedad o el caso se convierta en un tema humanitario.”

La huelga de hambre que comenzó el 15 de abril le sigue a 10 meses de apelaciones al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Su mujer, Miriam Ungar, organizó una manifestación en nombre de Ostreicher el 3 de mayo, frente a la misión de Bolivia, en las Naciones Unidas. 

Ostreicher, padre de cinco hijos, de Brooklyn, pertenecía a un grupo de inversores liderados por Andre Zolty de la empresa suiza que colocó u$s 25 millones para el crecimiento de arroz en el este de Bolivia. Fue arrestado en junio pasado por la policía de ese país. Durante su comparencencia, el juez alegó que Ostreicher comerciaba con “personas buscadas en sus países por lazos con el tráfico de drogas y lavado de dinero.”

El juez también determinó que no debiera permitirse que Ostreicher pagara una fianza porque “de estar libre, el acusado podría destruir o cambiar evidencia que condujera al fiscal general a descubrir la verdad”
Desde ese entonces, Ostreicher, que sostiene que es inocente, ha estado esperando. Ha pasado por muchas audiencias, tres jueces, tres fiscales, y cuatro abogados defensores. Un juez ordenó excarcelarlo, para luego retractarse de la instrucción y enviarlo nuevamente a prisión menos de una semana después. Por ahora, ningún juez está a cargo del caso.

Mientras tanto, unos 18 millones de kg de arroz que habían sido cosechados de loscampos de Ostreicher y confiscados por el gobierno Boliviano han comenzado a desaparecer.
El jefe de la oficina gubernamental boliviana encargado de confiscar los bienes, Moises Aguilera, le dijo a The Associated Press en diciembre que el arroz fue vendido porque de otro modo se hubiera arruinado. Pero los socios de Ostreicher acusan al gobierno boliviano de intentar obtener ganancias del arroz confiscado..
“Están tratando de meter mano a los bienes,” le dijo Zolty a JTA. “Todos los abogados son corruptos.”
Transparency International, que monitorea la corrupción internacional, coloca a Bolivia en el puesto 118, de entre 183 países, en cuanto a transparencia gubernamental.
Las autoridades bolivianas han negado debatir en público detalles del caso.

“Hemos enviado una preguntas acera del caso al sistema judicial de Bolivia, pero no hemos obtenido respuesta,” dijo a JTA Pablo Menacho, el funcionario del consulado boliviano sobre temas políticos en Washington.

La saga de Ostreicher comenzó cuando se unió a la sociedad de Zolty en junio de 2008 y viajó a Bolivia para ver por sí mismo el negocio del arroz. En el curso de varios viajes de 2008 a 2010, Ostreicher dice que nunca pudo inspeccionar los libros sobre los campos de arroz en Bolivia porque la gerente, Claudia Liliana Rodriguez Espitia, nunca se hallaba presente.

“Siempre daba alguna excusa,” dijo Ostreicher.
Al final, dijo Ostreicher,él creyó que Rodriguez estaba robando millones de dólares de los inversores. Convenció a Zolty que despidiera a Rodriguez y Ostreicher se hizo cargo de la actividad.

Cuando Rodriguez desapareció cuando dejó la empresa, Ostreicher publicó una solicitada en un importante diario local, ofreciendo una recompensa de u$s 25.000 a quien la encontrara.

Mientras la policía investigaba a Rodriguez por corrupción, descubrieron que había comprado una porción de los campos de arroz del hermano de su novio, el traficante de droga Maximiliano Dorado.

Los fiscales federales de Bolivia comenzaron a indagar a Ostreicher en marzo de 2011. Continuó viajando a Estados Unidos y se dirigió a la embajada en Bolivia; Ostreicher dice que los funcionarios estadounidenses le dijeron que no se preocupara.

“La embajada me dijo que diga la verdad durante la investigación. Eso es lo que hice,” dijo Ostreicher. “Ojalá la embajada de EE.UU. me hubiera dicho que me fuera del país.”

Un funcionario de la embajada le dijo a JTA que no podía hacer comentarios sobre conversaciones privadas.
En la víspera de Shavuot el año pasado, cuando estaba previsto que Ostreicher volara a Nueva York, los fiscales lo llamaron nuevamente. Ansioso por volver a su casa para las fiestas, Ostreicher pidió si podía dirigirse a su oficina para completar la indagación lo antes posible. Llegó el 3 de junio, respondió a las preguntas realizadas y le agradeció al fiscal por ajustarse a sus fechas.

Poco después, Ostreicher fue arrestado. El abuelo de 11 nietos dice que fue metido en la cárcel, sin papel higiénico ni ducha, en una celda que olía a heces y orina.
El día siguiente en su comparecencia, el juez lo imputó a Ostreicher con cargos de “representante de Andre Zolty” y mantener "relaciones comerciales con Maximiliano Dorado, personas buscadas en sus países por tener lazos con el tráfico de drogas y lavado de dinero … probando el círculo entre Andre Zolty, Maxi Dorado ... y Claudia Liliana Rodríguez Espitia.”

Ostreicher dice que ha entregado a la corte documentos que prueban los fondos legales de su negocio y ha presentado pruebas de Interpol de que Zolty nunca se fugó de la ley.

Aparentemente esto no convenció a las autoridades bolivianas. En marzo, un fiscal federal le dijo a la agencia Associated Oress que el caso todavía estaba en “fase preparatoria”.

La esposa de Ostreicher’ dice que los funcionarios del Departamento de Estado le han dicho a su familia que están monitoreando de cerca la situación y que han elevado el caso al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia.

Al realizar una huelga de hambre, en la que solo toma agua, Ostreicher está intentando hacer del caso un tema humanitario. La familia no ha intentado coprometer a las organizaciones judías para ejercer presión en nombre de Ostreicher porque quieren que sea un tema estrictamente diplomático.

“Nunca le pedí ayuda a nadie,” dice Ostreicher. “Mis hijos les mienten al decirles a mis nietos que la razón por la que no vuelvo a casa es que estoy en una estancia y tengo que cuidar de mi ganado. Por eso me estoy dirigiendo a personas que no conozco.” (Fuente: JTA / Traducción: Myriam Boclin)

pobre Jacob. nueva audiencia suspendida y es la número 21 de una serie de 26. inícuo. increíble, inaceptable acto de injusticia y burla para una persona que está al borde de los nervios.

Fuentes judiciales informaron de que el Ministerio de Gobierno no fue notificado de una de las pruebas aportadas por la defensa del imputado, lo que facultó la suspensión por 21 vez, de un total de 26 audiencias.

En la audiencia, que tenía que llevarse a cabo hoy a las 10:00 en el juzgado de la doctora Eneas Gentile en la zona de Tusequis, estuvo presente una comisión de EEUU liderada por Larry Memmott, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos (EEUU), y la hija de Ostreicher, Chaya Gitty Weinberger. 

El imputado, que se negó a emitir declaración, retornó a la Clínic Incor, donde se encuentra internado por un principio de Parkinson, a la espera de su próxima audiencia.

Antecedentes 

Jacob Ostreicher llegó al país para realizar una inversión de 25 millones de dólares para montar una empresa de arroz, pero luego unos empleados suyos fueron detenidos por narcotráfico y el empresario figuró, según la acusación fiscal, como cabeza de un grupo que lavaba dinero ilegítimo.

El año 2011, la Fiscalía antidrogas de Bolivia abrió una investigación en su contra por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas luego de que la Policía detectara que la administradora de Ostreicher (Claudia Liliana Rodríguez Espitia, de nacionalidad colombiana) mantenía ciertos vínculos con el brasileño Maximiliano Dorado, deportado por narcotráfico.

El empresario de 53 años, que incluso sostuvo una huelga de hambre en el penal de Palmasola, uno de los más peligrosos del país, negó cualquier relación ilegal.

El Día no lo pone claramente. Evo declaró parte de sus bienes. ocultó dos vehículos de casi 900 mil bolivianos, que no es una pichanga. no pagó impuesto por ellos. Suxo de transparencia pretende defender lo indefendible. triste misión de quién tiene "cola de paja" con sus escandaletes.

La política siempre ha sido aprovechada para beneficios particulares y el enriquecimiento personal. Ese es su mal endémico, el cáncer a erradicar y es precisamente el centro del debate nacional a raíz de recientes noticias que tienen que ver con el patrimonio de los gobernantes.

Sin entrar en la polémica que ha desatado una absurda colección de explicaciones sobre la manera casi mágica cómo han crecido las finanzas de algunas figuras públicas, habría que analizar el trasfondo de todo este problema que podría esconder la parte más grande del iceberg, pues estamos hablando de un comportamiento que podría estar repitiéndose en miles de funcionarios, alcaldes, gobernadores, ministros y viceministros, concejales y tantos otros servidores públicos que gozan de la misma discrecionalidad en el manejo de los
fondos estatales.

En los últimos años se ha discutido mucho sobre necesidad de hacer más expeditos los trámites estatales y se ha llamado “burocracia” a todos los procesos instituidos por ley para la contratación de servicios y compra de bienes, tales como las licitaciones públicas, un procedimiento que prácticamente ha desaparecido en el Estado Plurinacional, donde casi todo se resuelve a través de adquisiciones y contrataciones directas, en las que la decisión la toma una sola persona en función de su propia experiencia, visión o interés.

La transparencia es un asunto que no debe ser manejado con consignas, arengas y suposiciones sobre la honestidad de los individuos, por más antecedentes políticos, genéticos o étnicos que pudieran demostrar. Eso del “Ama sua, ama llulla, ama kella” está bien para los discursos, pero en los hechos el Estado necesita perfeccionar los mecanismos de control, mucho más cuando el aparato público ha crecido tanto en número de actores como en la cantidad de recursos bajo su tutela. En Bolivia estamos hablando de más de 50 mil millones de dólares que han ingresado a las arcas estatales, un número seis veces mayor al que manejaron los gobiernos anteriores. La pregunta es muy simple ¿se ha invertido seis veces más? ¿Se ha multiplicado por seis el presupuesto para obras y servicios tan indispensables para la población? Es obvio que la respuesta no está a la mano, no existe manera de demostrar que ha habido un manejo transparente de ese dinero y la ciudadanía no dispone de la capacidad suficiente como para exigirle cuentas a los administradores.

En lugar de buscar cómo perfeccionar la transparencia, los políticos más bien buscan la libertad plena para manejar la billetera estatal. Y lo dicen abiertamente cuando se propone la modificación de la Ley Safco, que en los hechos ya sucede no solo por lo que se dijo de la licitación como procedimiento indispensable que se debería respetar, sino por todo el manejo que se hace de programas específicos consistentes en repartir dinero a manos llenas a individuos que jamás han rendido cuentas y que en muchos casos han malversado la totalidad del monto recibido.

El incidente del patrimonio no puede quedarse en el debate anecdótico de los ponchos y los ahorritos presidenciales y tampoco en la decisión de una sola persona que obviamente jamás va a traicionar la línea política a la que se debe. Si de algo adolece este país es de una fuerza burocrática profesional y eficiente, respetuosa de las leyes y también de los mecanismos que eviten que los servidores públicos gocen de una vergonzosa impunidad que no debería permitirse, porque se está socavando justamente uno de los valores más importantes de la democracia.

La transparencia es un asunto que no debe ser manejado con consignas, arengas y suposiciones sobre la honestidad de los individuos, por más antecedentes políticos, genéticos o étnicos que pudieran demostrar.

de vuelta con el tema de Paperbol. hay un hecho intangible funcionarios del Estado pagaron por adelantado por una Plan de papel casi 14 millones de dólares. de la audioria de Price (una de las más acreditadas del mundo) se desprende que no hay estudio de factibilidad, ni agua, ni energía. todo un papelón. Erbol ofrece crónica de la que traemos un segmento sobre la historia del proyecto fallido.

La empresa pública Papelbol se creó durante la gestión de Eduardo Peinado Rivero, en el Viceministerio de la Mediana, Gran Empresa e Industria, mediante Decreto Supremo 29255 de fecha 5 de septiembre de 2007, y se dispuso su instalación en Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba.

Entre el 28 y 29 de noviembre de 2007, el Gerente General de Papelbol, Antonio Camberos Bolaños, aprobó el documento base de contratación y autorizó el inicio y prosecución del proceso de contratación directa por excepción de Maquinaria y Equipos destinados a la fábrica de papel.

De forma rápida, el 6 de diciembre de 2007 el Comité de Contratación, conformado por los servidores públicos Ramiro Rodrigo Bracamonte y Germán Sainz Salvatierra, recomendaron la contratación de la única empresa evaluada D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio Ltda. Se cristalizó la adjudicación a la empresa señalada al día siguiente, 7 de diciembre de 2007, mediante resolución administrativa No 005/2007.

Un mes después, el 7 de enero de 2008, el Gerente de Papelbol y el representante legal de la empresa brasileña, Roberto Falascina, suscribieron el contrato administrativo que consideraba la provisión de maquinaria, instalación y montaje, puesta en marcha y capacitación de los operadores de una máquina para la fabricación de papel de escritura e impresión, papel prensa y papel kraft, con una capacidad de producción de 100 toneladas día.

El contrato fijó un plazo de 14 meses calendario para la instalación y funcionamiento de la fábrica. Es decir que la empresa debería haber comenzado a funcionar el 7 de marzo de 2009, hace tres años.

El monto fijado fue de 13.571.010 dólares y a la fecha prácticamente están perdidos porque la maquinaria entregada por la empresa brasileña no funciona y se tiene certeza si es nueva o reciclada.

Según los papeles a los que tuvo acceso Erbol Digital, la fecha en que se firmó el contrato no se contaba con la infraestructura necesaria previa en Villa Tunari (galpones, tanques, almacenes, vías internas, talleres).

“No había ni servicios complementarios (electricidad, agua, gas, abastecimientos, plan de manejo ambiental). Además, la empresa D’Andrea Agrimport se dedicaba a la importación, exportación y comercio de máquinas agrícolas e industriales no teniendo especificado el rubro de instalación y montaje de máquinas para la fábrica de papel”, señalan los papeles oficiales referidos a Papelbol.

Roberto Falascina –como descargo- añade: “y al momento en que nuestra empresa fue prohibida de ingresar a los predios de la fábrica de Papelbol en diciembre de 2010, se encontraban inconclusas las obras civiles y faltaba la provisión de gas industrial, energía eléctrica industiral, planta de tratamiento de aguas y finalmente materia prima entre otros elementos indispensables para que la fábrica funcione”

Según la imputación formal presentada por el fiscal Félix Peralta, Peinado y sus colaboradores cometieron los delitos de Uso indebido de influencias (Artículo 146 del Código Penal), Incumplimiento de deberes (Artículo 154 Código Penal), Conducta Antieconómica (Artículo 224 del Código Penal), cuyas penas oscilan entre dos a ocho años de cárcel.

“En mérito a la imputación formal que antecede y de conformidad con lo establecido en los artículos 240 del Código de Procedimiento Penal, solicito a su autoridad (juez) la aplicación de DETENCIÓN PREVENTIVA”, solicitó el Fiscal el 4 de marzo de 2011 y fundamentó su petición argumentando que hay “riesgo de fuga y obstaculización.

inaudito. Gobierno dedicó a engañara los trabajadores de la planta de Litio. Juan Carlos Zuleta Calderón pone el "dedo en la llaga", qué forma mañosa de llevar un proyecto burlándose de los trabajadores? intolerable

Las recientes declaraciones del Gerente Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) en Radio Panamericana sobre la situación del proyecto piloto me han dejado realmente pasmado.

Ahora resulta que los trabajadores no pueden organizar su sindicato porque tienen contratos a plazo fijo en razón a que realizan trabajos preparatorios. La pregunta es: ¿a qué trabajos preparatorios se refiere el GNRE si en una parte de su declaración sostiene que la planta de cloruro de potasio arrancó en agosto con la presencia del Presidente y en otra, dice que la planta de carbonato de litio se encuentra en pleno montaje?

Si, en efecto, la primera planta arrancó, entonces ya debería haber generado actividades recurrentes que requieren el concurso de trabajadores permanentes. Asimismo, si la segunda planta está en proceso de montaje, posiblemente lo que se requiere no es trabajadores sino personal técnico altamente calificado. En cualquier caso, todo esto nos conduce a preguntar: ¿a qué se dedican los más de 100 trabajadores “eventuales” sin derecho a organizar su sindicato en Llipi Llipi? Y lo que es más grave aún: ¿Por qué hay tanto temor al sindicato?

A continuación, el GNRE primero indica que no está produciendo ni un gramo (aunque no dice de qué) y luego se queja de que ya está pagando intereses al Banco Central “por un contrato que se ha hecho”. Todo esto es por demás curioso.

En primer lugar, si no está produciendo nada, entonces ¿qué pasó con la planta de cloruro de potasio? ¿Arrancó o no arrancó o todo fue sólo un show en el que participó el propio Presidente del Estado Plurinacional?

En segundo lugar, la queja del GNRE por un contrato que él mismo suscribió está completamente fuera de lugar. Si no estaba de acuerdo con él, ¿por qué lo firmó?

En principio, parecería no tener sentido que la Gerencia de Evaporíticos se hubiera prestado recursos financieros del Banco Central (a una tasa de interés dada) para desarrollar trabajos de experimentación y pilotaje cuando ni siquiera tenía claramente definido el proceso de extracción que utilizaría.

Es más, tengo la impresión de que esta vez al GNRE se le fue la mano: prometió unas metas que no podrá cumplir y ahora está a punto de llorar sobre la leche derramada. Pero, no fue él el único desacertado; el Banco Central no tomó las previsiones necesarias antes de aprobar el préstamo porque el proyecto piloto de Llipi Llipi no era sujeto de crédito. ¿Por qué? Pues porque el GNRE no tenía en el horizonte ninguna fuente de ingresos segura. Todo estaba basado en simples suposiciones. La hora de rendir cuentas llegó y resulta que ahora lo único que queda es que el Estado le condone la deuda.

Como esta situación era previsible, en un reciente artículo ya me pregunté si los préstamos realizados por el Banco Central a YPFB, COMIBOL y otras entidades públicas no tendrán un impacto en la cuantía de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Para mal de los pesares del pueblo de Bolivia, parece que en esto tampoco me equivoqué.

El autor es analista de la economía del litio

tuvieron el tiempo de maniobrar. ataque contra la ministra que "muñequeó" cargo diplomático para su hija aduciendo "falsa persecusión terrorista" y de paso se llevó empleada "cama adentro" con pasaporte diplomático y contrato "que no cumplió" lo dicen residentes bolivianos en Alemania. qué verguenza Suxo y pretende "transparencia"?

La ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, calificó este lunes como un ataque a su autoridad, las denuncias contra su hija en Alemania, por incumplimiento del pago por servicios prestados en su casa por la boliviana Antonia Ramos Posto como trabajadora del hogar y niñera.

“Mire, ese es un tema que no lo voy a contestar porque es realmente algo que es parte del ataque a la lucha contra la corrupción”, respondió la ministra Suxo a una consulta sobre la situación legal de su hija, Naira Rivero Suxo, ante el requermiento de pago hecho por Antonia Ramos en Alemania.

madre e hija. abusan del poder político y hacen de las suyas. oportunistas

Sin embargo, la Asociación de Bolivianos en Berlín, a través de correo electrónico, reiteró este lunes que “las señoras Nardi Suxo y Naira Rivero Suxo de Marter llevaron a Antonia Ramos a Alemania, prometiéndole una buena remuneración y luego firmando un contrato por 915 Euros (1.195 dólares), términos que no cumplieron y que por esa razón la señora Antonia tuvo que irse de la casa en la que por varios meses trabajó bajo condiciones de abuso”.

El informe llegado desde Alemania agrega que “la situación de la señora Antonia cambió pero para mal. Durante las semanas que han seguido a la denuncia que formalizó ante la institución Ban Ying y luego, de manera oficial, ante la Cancillería alemana, la familia Suxo no ha tenido la gentileza de tratar de tomar contacto con la afectada y denunciante. No digamos ya para resolver el problema, sino en un afán humanitario con una ciudadana connacional boliviana, para saber cómo se encuentra, pues recordemos que está en un país extraño y no sabe la señora Antonia hablar el idioma alemán”.

El embajador de Alemania en Bolivia, doctor Philipp Schauer, informó el 2 de octubre que la visa para Antonia Ramos se tramitó el año pasado a pedido de la familia Marter-Suxo para que ella desempeñe tareas de empleada doméstica en Berlín en la casa de la hija de la ministra Nardi Suxo.

“La visa es por un año, y una vez que finalice tiene que retornar al país. La solicitud llegó de la familia de la señora Marter (hija de la ministra Suxo) que trabaja en la Embajada de Bolivia en Berlín”, dijo el diplomático germano a la red radial Erbol. Explicó que el visado para Antonia Ramos se otorgó porque fue pedido por un funcionario diplomático de Bolivia. “Nosotros (Embajada alemana en La Paz) tramitamos la visa para la señora Antonia Ramos”, subrayó Schauer.

La ministra Nardi Suxo admitió el 28 de septiembre que para el viaje de Antonia Ramos recibió la colaboración del embajador alemán.

“La señora tiene visa que se le va a vencer y seguramente retornará al país, porque tiene además en su poder el pasaje de retorno que yo se lo adquirí”, dijo Suxo.

La cancillería boliviana reportó por escrito que “la embajada de Alemania informó que la señora Posto (Antonia Ramos) solicitó personalmente la visa en la Embajada Alemana, representación diplomática, quien además informó que concedió la misma después del cumplimiento de los requisitos formales y de las consultas efectuadas a su Ministerio de Relaciones Exteriores en Alemania, donde un requisito esencial fue la presentación de un contrato laboral suscrito al tenor de la nomativa alemana”.

El comunicado oficial de la Cancillería subrayó el 2 de octubre que “la eventual denuncia laboral suscitada entre la señora Naira Cecilia Rivero Marter y la señora Antonia Ramos, la misma tiene naturaleza, eminentemente, particular en la que existen las respectivas instancias de conciliación y resolución entre las partes”.

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde y el viceministro de Gestión Institucional y Consular Alfredo Rada, en conferencia de prensa, informaron que la hija de la ministra Suxo es “funcionaria invitada o de libre nombramiento” en la embajada de Bolivia en Alemania.

Naira Cecilia Rivero Suxo fue designada el 1 de julio de 2011 como secretaria y trece meses después como Segundo Secretario de la embajada boliviana en Berlín. En ambos casos mediante Resolución Ministerial, y el 21 de septiembre pasado se le otorgó el pasaporte diplomático No. D000469.

La Asociación de Bolivianos en Berlín La Llajta reportó desde Alemania por correo electrónico que la familia Marter-Suxo adeuda 13.000 euros (16.900 dólares) a Antonia Ramos que trabajaba para ellos durante 14 horas como niñera y trabajadora del hogar.

El caso de la boliviana Antonia Ramos recibió respaldo de la organización Ban Ying, que significa “Casa de la Mujer”, fundada en 1988 y que está dedicada a investigar maltrato de diplomáticos.
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