con la carta de Soza autentificada se "oficializa que desde el Gabinete Jurídico" del Gobierno se montó el juicio para diluir el crimen de lesa humanidad del hotel Américas. El Dia, SC

Auténtica. Así es la carta "al pueblo de Bolivia" que mandó el exfiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, desde el Brasil, en la que dice que fue utilizado por el Gobierno para involucrar a líderes cruceños autonomistas. Esa afirmación fue hecha ayer por el abogado Otto Ritter, defensor del militar retirado Gary Prado, quien estuvo en el vecino país, la semana pasada donde el exrepresentante del Ministerio Público tiene refugio temporal por seis meses.

El 21 de marzo del 2014, la "escrivente" (Notaria de Fé Pública) Vanilda Mendonca Santos Feitosa certifica que la firma que aparece en la carta, le corresponde al boliviano Marcelo Ricardo Soza Álvarez, con Cédula de Identidad 3980255, de profesión abogado.

Asimismo, el traductor autorizado Florisvaldo J. Machado Goncalvez también avala la originalidad del contenido de la misiva "Ao Povo da Bolivia".

Ante la Cancillería. “Hoy día, ya podemos decir con absoluta certeza que la carta es de Soza. La carta fue presentada ante un notario, fue debidamente legalizada en el Brasil, inclusive la Cancillería brasileña ha legalizado esos documentos y presentado en la Embajada, en el Consulado boliviano para su legalización correspondiente, motivo por el cual ya no se puede hablar de presunta carta, sino de una carta de Marcelo Soza”, explicó el abogado.

Acciones legales. “Todos los excesos que se han cometido no son mi responsabilidad, como el operativo en Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz, (el 16 de abril del 2009) donde murieron tres ciudadanos europeos. Eso es responsabilidad de las autoridades que decidieron llevar adelante ese operativo, quienes nunca me consultaron estas acciones”, dice uno de los párrafos de la carta de dos páginas que tiene fecha 11 de marzo, cuando Soza pidió asilo.

En ese sentido, Otto Richter ahora pedirá la formación de una comisión de fiscales para que se traslade a Brasil para tomar declaraciones a Soza.

“En base al Artículo 335 del Código de Procedimiento Penal se pedirá una comisión especial que vaya al Brasil a tomar declaraciones a Soza, que vayan los jueces por prueba extraordinaria”, apuntó a tiempo de anunciar que con la autentificación, fundamentarán el pedido de extinción del caso por defecto absoluto, pues se trata de una demostración que el caso fue  un montaje.

el abogado Richter estuvo "casualmente en Brasilia" y se encontró con Soza, ratificó ser auténtica la carta que publicaron los diarios en que denunca al Gobierno por obligarlo a cometer ciertos ilegales. gente del Gobierno me ayudó a salir por la frontera con Perú "me dijeron que debería irme a Venezuela, yo elegí Brasil. muy interesante!

Otto Richter, abogado de Zvonko Matkovic, aseguró que en la ciudad de Brasilia se encontró “por casualidad” con el exfiscal Marcelo Soza, quien le habría confesado que el Gobierno lo ayudó a salir hasta Perú para luego ir a Venezuela.

Recordó que el encuentro se dio alrededor de las 11 de la mañana y que el buscado por el justicia boliviana no había cambiado su apariencia.

“Lo encuentro en un shopping. Yo de ocioso (estaba allí), justamente lo veo (a Soza), me acerco a saludarlo. Él se puso muy nervioso al verme”, relató el jurista de acuerdo a reporte de radio Alternativa de la Red ERBOL.

“Lo que me comenta (el exfiscal) es que la gente del Gobierno boliviano le habría dicho que ya era insostenible la situación para él en el país y que no le iba a quedar más que detenerlo. Así que era mejor que abandone el país y que se vaya a Venezuela”, agregó.

Según Richter, Soza le confió que el mismo Gobierno lo llevó hacia Perú para que luego, por sus propios medios, llegar a Venezuela, sin embargo,  decidió irse hacia Brasil.

“Parece ser que se le iluminó el cerebro al exfical Soza y él decidió irse más bien al Brasil y no a Venezuela”, narró.

De acuerdo a la Policía Federal brasileña. Soza se presentó ante las autoridades de ese país el 11 de marzo en la ciudad de Assis.

Carta legal

Richter asegura que la carta, en que Soza expone los motivos de su salida, fue legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino País.

Comisión

El abogado pide que una comisión del órgano Judicial vaya a Brasil para recoger la declaración del exfiscal en Brasilia. 

Cayo Salinas desmenuza el Caso Rozsa y se pregunta cuándo llegará la hora de la verdad, para conocer si hubo o no el proyecto de Partir Bolivia en Dos que el Gobierno atribuye a SC o si todo fue un ardid para derrotar a a oposición al Régimen.

El Estado es el llamado a garantizar que el derecho de una persona termine donde comience el derecho de la otra. Son entonces sociedades estructuradas bajo principios filosóficos, económicos y sociales las que abrazan ideales donde la libertad de los individuos y el respeto de sus derechos constitucionales constituyen la pirámide fundamental de su ordenamiento. No otra cosa significa que sea el propio Estado el llamado a servir de ejemplo en un sistema de protección de libertades individuales contrarios a sistemas absolutistas donde impera la voluntad y decisión del caudillo de turno y donde el imperio de la ley está sometido al imperio del hombre. En ese orden, fue célebre la frase acuñada por Luis XIV que sirve para ejemplificar el ejercicio del poder absoluto en el manejo del Estado y en las decisiones que se adoptan en torno a él. “El Estado soy yo” había dicho el monarca francés, lo que en términos fácticos e incluso en la perspectiva de lo que acontece en la última década,  es nada más que la presencia de regímenes donde no existen límites a la voluntad del entorno palaciego ni tampoco escrúpulos a tiempo de procurar “legitimar”  decisiones políticas contrarias al derecho y a prerrogativas de orden constitucional.

El Estado lo es todo y sobre él, ya no caben disquisiciones que pongan en duda las decisiones de quienes lo controlan. Lo que Luis XIV no sabía es que todo lo que nace mal, termina mal. Y es en esa dirección donde aparentemente el caso terrorismo va dirigiéndose como consecuencia  de un verdadero tsunami provocado por Soza.

Ya no se trata únicamente de creer o no creer si hubo algún apresto separatista tal como Soza intentó probar. Se trata también de establecer si el asesinato en masa producido en un hotel en Santa Cruz fue parte de un plan previamente orquestado y si el mismo estaba dirigido a incriminar personas, instituciones y a sacrificar, en vida, familias y seres humanos tal como ha acontecido, y si además, ese plan tiene autores extranjeros, nacionales e incluso, funcionarios públicos. Siempre he creído que era mejor detener a los supuestos terroristas cuando el operativo se llevó a cabo, a efecto de contar con sus declaraciones y con el elemento probatorio pleno si acaso los asesinados estaban ahí para desestabilizar al Gobierno de Evo Morales. Es más, a la luz de un proceso judicial, un fiscal serio y probo, hubiese celebrado contar con los supuestos terroristas ¡vivos!

 Al no ser así, lo que vino después fue una arremetida publicitaria y judicial  que posicionó colectivamente la idea de que los cruceños querían tumbar a Evo y que ha encontrado, en su acusador principal –Soza–, a la mejor prueba para posiblemente probar lo contrario. Entonces, más allá del esfuerzo por desacreditar las últimas declaraciones en torno al caso con el propósito  de generar otros escenarios para restar importancia mediática a hechos y revelaciones nuevas, estoy convencido  que un día se conocerá la verdad. Con Evo en el poder o fuera de él, llegará el momento en que se establezca si las pruebas aparentemente fabricadas por Soza carecen de validez legal o no; si hubo efectivamente un grupo armado que tenía el propósito de desestabilizar el orden constitucional; o si todo fue un plan orquestado  por el Gobierno y sus amigos extranjeros. Será entonces –verdad material e histórica por delante– que los ingredientes que hacen la justa medida de la justicia, posibiliten el esclarecimiento de un hecho que reclama transparencia y legalidad. Atrás quedarán las valoraciones respecto al comportamiento de los actores de turno y prevalecerá – así lo esperamos– el peso de la ley con toda su rigurosidad, claro está, si Soza antes no desaparece.  

si ayer comentamos peleas entre jueces y fiscales, hoy de fiscal a fiscal. Joadel Bravo que ejerció coordinando labores en el ministerio público cruceño hace ver que hay falsedades en dichos del Fiscal Céspedes. veamos:

Con voz pausada y sin dejar de consultar la Constitución Política del Estado, el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, el exfiscal Joadel Bravo accedió a una entrevista. Él pudo haber sido uno de los protagonistas después de la incursión policial en el hotel Las Américas, donde murieron tres supuestos miembros de un grupo subversivo, pues el 16 de abril de 1999,  se encontraba de turno en su calidad de coordinador departamental de fiscales. Después de casi cinco años, decide romper el silencio.

P. El fiscal Céspedes, sucesor de Soza ha dicho que en el operativo del 16 de abril, no hubo tiempo para llevar un fiscal
J.B.: Eso es falso, esa madrugada yo me enteré del operativo a las 6 de la mañana por el informativo extra de un canal televisivo y me constituí en el hotel Las Américas para intervenir en calidad de coordinador de los fiscales, pero un cordón policial no permitió que yo ingresara y luego me retiré cuando el jefe de la Brigada de Homicidios también me dijo que se trataba de un operativo coordinado desde La Paz, sin la participación de autoridades locales.

P. ¿Pero el fiscal Céspedes dice que no había fiscal...?

J.B.: He escuchado que alega la intervención policial con el elemento de la flagrancia y por eso no les dio tiempo de llevar un fiscal ni pedir la autorización de un juez para realizar el allanamiento en el hotel Las Américas.

P. ¿Qué es la flagrancia? ¿Existía en este caso?

J.B.: La flagrancia es el momento mismo que se está cometiendo el delito. En este caso no creo que  exista porque, por la información que tenemos, es que los sospechosos estaban durmiendo en el hotel y además que la bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas había sido colocada el día anterior y porque sabemos que en el interior del hotel, habían uno o dos funcionarios infiltrados del Ministerio de Gobierno.

P. ¿Sin la presencia del fiscal y la autorización del juez, son legales las pruebas obtenidas ese día?

J.B.: La ley es clara y establece los frenos y contrapesos. Es decir que los civiles controlen las actuaciones de los policías. Eso se llama control jurisdiccional y el procedimiento es que el policía enterado de un delito, en 8 horas le da parte al fiscal y ambos en 24 horas, ponen los antecedentes en conocimiento de un juez y éste es el que autoriza allanamientos, detenciones y conmina que el fiscal sea el que conduzca la investigación. Si no ha ocurrido ese procedimiento, entonces todas las pruebas que se hayan obtenido en la escena del crimen son ilegales o pueden ser viciadas de nulidad en un proceso penal.

P. ¿Pero el fiscal Céspedes dice que son legales?

J.B.: En primer lugar si no hubo flagrancia no se puede ingresar a un domicilio y peor si es de madrugada por más que haya la orden de un juez y tengan un fiscal, pues los allanamientos de domicilio no deben ser de 7 de la noche a 7 de la mañana, por mandato constitucional de que todo domicilio es un asilo inviolable.

P. ¿Cómo observa que hayan dos juicios por terrorismo  y se pretenda abrir otro por las muertes  en el hotel?

J.B.: El artículo 117 del procedimiento penal dice que no pueden haber varios procesos por un mismo delito, porque puede ser que en un caso, alguien salga culpable y en el otro inocente. Esto en derecho se llama escándalo judicial. Además, se puede dar que quienes aparezcan como víctimas, luego terminen siendo autores, en estos casos de una ejecución extrajudicial, teniendo en cuenta que el delito con pena mayor arrastra a la menor.

P. ¿Escándalo judicial...?

J.B.: Así se llama a la sucesión de irregularidades que ocurren en un caso y de defectos absolutos.

P. ¿Se ajusta la tipificación de terrorismo en este caso?

J.B.: No. Uno de los elementos constitutivos del delito de terrorismo es la zozobra que se puede haber dado, por ejemplo cuando colocaron un explosivo en el edificio del Comando de la Policía y cuando el grupo terrorista se atribuye la comisión del hecho y explica públicamente las causas, como ocurre con el grupo separatista ETA de España, Farc de Colombia o Sendero Luminoso del Perú, pero en este caso no he visto   que alguno de los procesados,  se haya atribuido haber puesto la bomba en la casa del Cardenal, peor sí aparecen versiones que los explosivos no los colocaron ellos, sino agentes del Gobierno.

P. ¿Cómo ve la participación del Ministerio de Gobierno como parte acusadora en el caso?

J.B.: No tiene razón de ser, porque él no es propiamente la supuesta víctima.

P. ¿Qué significan las revelaciones de Soza en el juicio ?

J.B.: Esa carta tiene que ser presentada como prueba de reciente obtención, una vez certificada por la Embajada del Brasil, y plantear la nulidad del proceso por los defectos absolutos, porque lo que dice Soza es determinante, como sembrado de pruebas, manipulación política, compra de testigos que se suman a la desacreditación del tribunal que atiende el caso.

El perfil

Joadel Bravo B.
Abogado

Estudios:

Egresado como abogado en 1992, con título en provisión nacional, con diplomados y una maestría en Derecho Penal y Procedimiento Penal.

Cargos:

Ha sido fiscal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y Lucha contra el Crimen, durante seis años y coordinador de los fiscales a nivel departamental.
Presentó su renuncia al cargo en el 2013.

escenario de la masacre. Amalia Pando preguntó porqué no hubo, ni fiscal, ni juez el 16 de abril durante el operativo que masacró a tres personas? El Dia nos ofrece valiosos testimonios del Caso Rózsa

Desilusión. Eso es lo que siente el profesor Álvaro Puente del Gobierno nacional, "que nos prometió una y mil cosas", pero que terminó siendo como sus antecesores; el llamado caso Terrorismo y la fuga del exfiscal Marcelo Soza fueron la gota que rebalsó el vaso.

"En el Gobierno dicen que Soza es malo y levantan la voz al cielo recién cuando se escapa porque el proceso judicial no había quién lo sustente. ¿Por qué lo protegieron? ¿Por qué esa ineficiencia?. Porque  ellos lo habían fabricado y formado para que manejara todo, de modo que de nada sirve que ahora lo maldigan si no hicieron nada para evitar su fuga", dijo.

El educador indicó que el tema de fondo es la manipulación de la justicia, que se usa como instrumento para perseguir a opositores o enemigos que quedó en evidencia en varios casos en este Gobierno que, por ejemplo, prometió defender a los indígenas, pero no dudó en apalearlos en Chaparina y que proclama que lo más importante es la madre Tierra, pero que a la hora de la verdad se olvida cuando tiene que regalarlas  a los cocaleros.

Céspedes en aprietos. Durante la jornada de ayer el sucesor de Soza, el fiscal Sergio Céspedes pasó calores durante una entrevista realizada por la periodista Amalia Pando, de la Red Erbol en La Paz.

Céspedes no pudo explicar el fundamento de la acusación por terrorismo contra los 38 imputados señalando que esa era una estrategia a desarrollarse en el juicio oral. Y también dubitó cuando le preguntaron sobre la licitud de las pruebas obtenidas en el hotel Las Américas, considerando que el allanamiento policial fue sin autorización judicial ni presencia fiscal.

"¿Cómo es que no llevaron fiscal a un operativo bien planificado en el que tenían a dos agentes infiltrados en el grupo?", le preguntó la periodista. Céspedes argumentó flagrancia porque Eduardo Rózsa y sus compañeros habían supuestamente generado zozobra al hacer explotar una bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas, un día antes.

"Pero el gerente del hotel dice que Rózsa no salió esa noche del 15 de abril, ¿cómo puede usted decir eso o no lo investigaron?", cuestionó Pando. 

Cuando le preguntó sobre quién trajo al presunto jefe subversivo, Eduardo Rózsa, el fiscal volvió a turbarse porque en base a la investigación que realizaron los abogados de los implicados, indica que un coronel de apellido Osorio, ministro en el Gobierno del venezolano Hugo Chávez, usó su tarjeta para pagar el pasaje de dos húngaros. Céspedes dijo que las pruebas obtenidas en Las Américas sin presencia de un fiscal son legales, pero el abogado penalista Ciro Áñez afirma lo contrario.

Abogados
Presentan la denuncia contra los jueces

Por falsedad ideológica. Fue presentada ayer una querella criminal contra la juez ciudadana Anastacia Calisaya, por haber mentido al ser posesionada en el sentido que no tenía ningún pariente cercano al Gobierno, cuando sin embargo tenía una hija trabajando en el Ministerio de Transparencia.

Imcumplimiento de deberes. Los otros tres jueces del Tribunal también fueron demandados, dijo el abogado Guido Colque, defensor de Ignacio Villa Vargas.

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Punto de vista

Ciro Áñez
Abogado Penalista

"Si no autoriza un juez y no está un fiscal, hay ilegalidad '

Cuando existen controversias sobre determinadas actuaciones, es conveniente apelar a lo que señala el ordenamiento jurídico.

"El artículo 25-I de la Constitución Política del Estado establece que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de domicilio, salvo autorización judicial. El artículo 180 del Código de Procedimiento Penal (CPP) señala que para realizar un allanamiento a un domicilio, debe llevarse a cabo con resolución fundada del juez penal y la participación obligatoria del fiscal; y la única salvedad para no cumplir con dichas formalidades es en caso de delito in fraganti, para lo cual debe necesariamente demostrarse y justificarse aquella flagrancia, tal como lo establece la jurisprudencia constitucional, caso contrario la actividad procesal sería defectuosa (defecto absoluto) y todo cuanto se hubiera realizado y/o encontrado en el lugar podría ser pasible de nulidad.

García Linea sale de nuevo con sofismas, mentiras que suenan a verdades, o verdades a medias. "mi hermano no es millonario vive en un departamento", otra "Saavedra no tiene hermana" por tanto mal pudo dejarle 300 mil euros a una camarera "escándalo, cómo yo voy a tener tratos con un delincuente" es que Ormachea no era tal, era el Jefe Anticorrupción. El Deber, SC

Beatriz Ávalos y Agencias  -  bavalos@eldeber.com.bo

En momentos en que surgen más voces que piden que se anule el juicio por supuesto terrorismo porque se lo considera un montaje del Gobierno para debilitar a los opositores de Santa Cruz, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, sale a la palestra para afirmar que no hay dudas de que los intentos separatistas existieron, por lo que insta al Ministerio Público a cumplir un papel más activo para sancionar a los responsables.

En conferencia de prensa en la sede de Gobierno, García Linera leyó fragmentos de testimonios de personas que hablan de proclamar la independencia y separar a Santa Cruz. Dichos testimonios están incluidos en el documento Informe Conclusivo, elaborado por una comisión parlamentaria que investigó el caso de supuesto terrorismo.

En tal sentido, el vicepresidente convocó a la Fiscalía a acelerar sus operaciones e investigaciones para esclarecer el caso. “Tiene que haber una exigencia al Poder Judicial para que de una vez dicte sentencia”, manifestó.

Más adelante, acusó a los políticos de la oposición de pretender “enterrar y esconder el caso del separatismo” y de llevar adelante una campaña sistemática para atacar al Gobierno con un afán electoral.

Rechaza denuncias

Asimismo, el vicepresidente descalificó las declaraciones hechas, por separado, por el ex fiscal Marcelo Soza y por el ex jefe anticorrupción de la Policía Fabricio Ormachea al señalar que ambos se valieron de mentiras para extorsionar.

 “Son fantasías de delincuentes, son eso, que buscan esas mentiras para extorsionar, para chantajear y obtener beneficios personales”, 

Del mismo modo, Álvaro García Linera salió en defensa de su hermano Raúl, involucrado en supuestos casos de extorsión, al aclarar que es un ingeniero de profesión, que no trabaja en el Gobierno, no es funcionario público y “el pobre vive de alquiler”. 

Con respecto a la posibilidad de convocar al Alto Comisionado de la ONU para que participe en la investigación del caso terrorismo, el vicepresidente descartó esa posibilidad al indicar que no es posible la inclusión de una comisión internacional en este caso, puesto que esa atribución es de la justicia boliviana.

Critican sus declaracionesTras las declaraciones de García Linera, las críticas no se hicieron esperar. Mediante las redes sociales y boletines de prensa, políticos de la oposición y personas involucradas en el caso terrorismo reiteraron que el Gobierno no sabe cómo justificar un caso que fue producto de un montaje y que tampoco sabe cómo lavar su imagen que ha quedado afectada por las denuncias de corrupción 

ANÁLISIS

“No hay voluntad para aclarar el caso”
Waldo Albarracín - Analista 

Lamentablemente, en el caso Rózsa, el Gobierno nunca ha tenido la voluntad política de esclarecer el caso ante la opinión pública y lo ha mantenido como argumento para detener a gente, bajo la idea de gente involucrada en dividir el país. Tampoco se han esclarecido los pormenores de los sucesos en el hotel Las Américas. Y el caso se lo entrega a un fiscal que, por la dimensión del problema y la delicadeza del cargo, debió ser un profesional idóneo. Pero ocurrió al revés; se dio el proceso a un fiscal común, corrupto, incapaz, de pobreza intelectual, de falta de convicción y justicia. Y eso no es casual. 

Encuentran en Soza el perfil de persona ideal para manejarlo y lograr que actúe de acuerdo con los requerimientos políticos del Gobierno. En el otro extremo está la oposición, que tampoco reúne las condiciones morales para justificar todo lo que hace porque solo trata de llevar agua a su molino.

Tenemos una oposición nada propositiva y que se aprovecha de los exabruptos del Gobierno. Oficialismo y oposición están mostrando una falta de convicción y sensatez. Y la víctima es la ciudadanía M.A.M.

 Las críticas de la oposición

Elizabeth Reyes
Diputada de UN
“No confiamos en la justicia”Unidad Nacional ha solicitado al representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Bolivia su intervención para una investigación, porque no confiamos en los jueces, en los fiscales y en los magistrados masistas. 

Bernard Gutiérrez
Senador de CN
“El vicepresidente está nervioso”El vicepresidente ha emitido declaraciones irresponsables porque las acusaciones que hay en contra de la red que se ha tejido en torno a él no son menores. Lo hemos visto muy nervioso, debe de dejar de dar excusas intrascendentes.

Álex Orozco
Diputado de CN
“Especuló sobre su Inocencia”Es una nerviosa exposición, el vicepresidente García Linera ha especulado sobre su inocencia, la de su hermano y de varios ministros y viceministros del MAS que están involucrados en actos de corrupción.

la Justicia se acerca al poder. Raúl García Linera será citado a declarar", claro que mentirá, dirá que todo es un complot para "desprestigiar a su hemanito menor Alvaro. "Dios que brille la verdad!" debe ser la plegaria

GUIDER ARANCIBIA GUILLEN - garancibia@eldeber.com.bo

Raúl García Linera, el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera;  Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia; Sacha Llorenti, representante de Bolivia en la ONU y  la excandidata a la Gobernación de Beni Jessica Jordan están en la lista de 25 personas del Ministerio Público que tendrán que declarar en el caso de extorsión en calidad de testigos.

La decisión fue adoptada por  la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía tras la carta enviada por el exfiscal Marcelo Soza, principal puntal de las investigaciones para sostener el caso terrorismo pero que huyó a Brasil a pedir refugio.  

Las citaciones fueron firmadas por la fiscal  Rose María Barrientos. También se emitieron citaciones al exviceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico, el actual fiscal que impulsa el juicio por terrorismo, Sergio Céspedes; los ex hombres fuertes del Ministerio de Gobierno que permanecen presos en Palmasola y que han sido vinculados con la red de extorsión, es decir, el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas, los asesores Fernando Rivera y Denis Rodas; el exfiscal de distrito Isabelino Gómez, entre otros.

Solicitudes de cooperación

La Fiscalía Anticorrupción, tras emitir las citaciones, ya consideró solicitar la cooperación para las personas que no radican en Santa Cruz. Es el caso del embajador de Bolivia ante la ONU Sacha Llorenti, que se la debe gestionar mediante la Cancillería. 

De igual forma se debe proceder con el ministro de la Presidencia y otras personas que radican en La Paz y en Beni, aunque en estos casos solo se tramita la cooperación vía Fiscalía que no es morosa.

Entre las personalidades que declararán como testigos también hay empresarios que, según las pesquisas de la Policía, fueron nombrados por Marcelo Soza en su carta.  

El gobernador y el secretario

El gobernador Rubén Costas, que debía declarar ayer, no lo hizo porque sus asesores legales presentaron una excusa a la Fiscalía argumentando problemas de salud. 

La Fiscalía consideró justificada la ausencia del gobernador por su salud, por lo que se esperará unos 10 días para emitir nueva citación.

El secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, también tenía que declarar, pero tampoco asistió, pues dijo que tenía una reunión marcada con anticipación. La Fiscalía lo citará de nuevo.

Por otro lado, la Policía informó de que el abogado Moisés Ponce de León ya fue remitido ayer por la mañana al  PC-6 de la cárcel de Palmasola tal como ordenó la jueza  Valeria Salas. 

Senadora ratifica denuncia

La senadora Carmen Eva Gonzales, principal denunciante  del exfiscal Marcelo Soza, declaró ayer por la tarde ante la fiscal Barrientos. Lo hizo por casi tres horas y ratificó todo lo que desde hace más de un año viene denunciando.

También declaró ayer el abogado Carlos Subirana y para hoy se tiene previsto el testimonio del exfuncionario del Ministerio de Gobierno Luis Clavijo 

DECLARACIÓN EN LA FISCALÍA

“Nunca conversé con Soza; Valverde es informante”
Carlos Subirana - Abogado

Llegó a la Fiscalía a las 8:00 cargando dos libros escritos por Carlos Valverde Maten a Rózsa, los que entregó a la fiscal Rose María Barrientos y a la senadora Carmen Eva Gonzales. 

 Manifieste si conoce a Marcelo Soza.

A Marcelo Soza lo vi en máximo tres o cuatro audiencias sobre el caso terrorismo y siempre en La Paz, nunca conversamos, nunca intercambiamos palabras y la relación era de abogado-fiscal. Nunca lo he llamado por teléfono y el resto que sé de él es por los medios.  

 ¿Desea agregar algo más?

Sí, quiero entregar a la fiscal la investigación Maten a Rósza  del informante Carlos Valverde, que a partir de la página 239 da un listado de nombres y circunstancias de los miembros del concejo supremo y La Torre, le entrego para que vea que hay más de un centenar de personas nombradas por informante, pero son menos de seis los que están procesados. La lista que da el informante coincide con las listas que hacía pública Soza cada vez que venía a Santa Cruz