tanto Romero como Pérez del ministerio de Gobierno han venido proporcionando detalles de la extosión colosal a Jacob y otros casos en que actúa Antezana y Rivera ahora ambos en Palmasola

La banda de extorsionadores que presuntamente era liderada por Fernando Rivera Tardio y José Manuel Antezana Pinaya actuó en los últimos cinco años y a la sombra de al menos siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno, según investigación judicial conocida este miércoles en La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió hoy que Fernando Rivera trabajaba hace cinco años y como funcionario de la unidad de gestión jurídica del Ministerio de Gobierno.

"Era muy buen abogado y los heredé de cuatro gestiones (…) técnicamente era muy sólido. No había duda de su especialidad técnica", dijo.

Fernando Rivera, según datos del ministro Romero, trabajó como abogado desde la gestión de Alfredo Rada (2007-2010), Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romeros (2012).

Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas, quienes tuvieron activa participación en los llamados casos Rosza, Caranavi, Chaparina, Jacobo Ostreicher, teniente Julio Navia y otros.

Rivera y Rodas elaboraban memoriales y con un poder especial representaban al Ministerio de Gobierno en audiencias judiciales y diferentes procesos.

Mientras que José Manuel Antezana se desempeñó como director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia en las gestiones de Oscar Coca (2010-2011), Carlos Romero (2011-2011) y Juan Ramón Quintana (2012).

"Es gente que corrompe en el ejercicio del poder, y ganan credibilidad para fines personales", sostuvo el ministro Carlos Romero a la periodista Amalia Pando, de Erbol.

La investigación del accionar de la banda de extorsionadores estuvo a cargo del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) y se inició hace siete meses por denuncias que recibió el ministro Romero por la situación jurídica del ciudadano estadounidense de origen judío, Jacobo Ostreicher, quien está detenido hace 18 años en Santa Cruz, por legitimación de ganancias y presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado.

"Antezana monetizaba el arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher que está detenido en Palmasola, y por esa acción se recaudó 10 mil  dólares", dijo Romero. El sindicado negó y dijo que el dinero depositado en su cuenta bancaria era producto de la venta de un vehículo. Sin embargo, la investigación constató documentos falsos de la transacción.

Sobre el abogado Rivera pesa la acusación de haber ordenado la modificación de una resolución judicial que favorecía la libertad de Jacob Ostreicher porque éste no le entregó 50 mil  dólares.

La madre del teniente Julio Navia, preso por narcotráfico en Chonchocoro, denunció este miércoles que el abogado Rivera le pidió 35 mil dólares para conseguir el traslado del inculpado al penal de Palmasola.

Los familiares de "Vinchita", un delincuente que fue muerto este año por 60 puñaladas en Chonchocoro, también precisaron que se les pidió 15 mil dólares para su traslado a la cárcel de Santa Cruz.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, reveló a PAT que se denunció que Rivera y su equipo realizó otras extorsiones que serán investigadas.

"El gobierno ofrece garantías plenas para que la ciudadanía presenten denuncias sobre procesos torcidos", anunció Romero el martes, al informar la destitución pública de Fernando Rivera Tardío como abogado del Ministerio de Gobierno, cargo que ejerció por cinco años y medio.

Entre los casos que manejó Fernando Rivera está del ciudadano peruano, José Antonio Cantoral, quien fue detenido por 22 días en agosto del año pasado en una oficina de la Dirección Nacional de Migración, sindicado por reorganizar a Sendero Luminoso.

Cantoral fue detenido junto a otros tres peruanos pero tenía el estatus de refugiado político y era de conocimiento de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).

También firmó una demanda junto a Dennis Rodas contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz del año pasado por presunto secuestro del canciller David Choquehuanca, acción que el 25 de septiembre provocó una represión policial a los indígenas que derivó en la renuncia de la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón y posteriormente de Sacha Llorenti que era ministro de Gobierno.

Rivera además fue bastante activo en el caso Rosza, sin embargo, su última acción en este proceso fue el martes en la ciudad de Tarija. Después de una audiencia fue detenido y llevado a Santa Cruz.

El viceministro Jorge Pérez denunció que el abogado Fernando Rivera al enterarse de que sería detenido, planteó el martes ante el juez competente, el abandono de querella en el caso denominado "terrorismo", dejando al Ministerio de Gobierno fuera de este proceso que es investigado desde abril de 2009.

Jorge Pérez el viceministro de Gobierno ha mencionado que se conocer otro caso de extorsión con una dama a la que le sacaron 130 mil dólares por un proceso penal. que Fernando Rivera montó un tenebroso "aparato de extorsión" con jueces a su servicio (Previus se reserva un comentario)

Extorsionador profesional y experto

El viceministro Pérez denunció que el abogado Fernando Rivera al enterarse de que iba hacer detenido, planteó ante el juez competente, ayer martes, el abandono de querella en el caso Rózsa, dejando al Ministerio de Gobierno fuera de este proceso que es investigado desde abril de 2009. El caso del estadounidense Jacob Ostreicher permitió desmantelar a esta organización delictiva.

"Lo que podemos indicar es de que hasta ayer al mediodía (Fernando Rivera) ha sido funcionario del Ministerio de Gobierno, funcionario hace 5 años y medio aproximadamente y ahora está detenido. Lo que queda claro es que a raíz de este robo del arroz y que el ministro conoce esta situación irregular, pide que se haga una investigación, empieza a correr un rumor de que estas personas estarían pidiendo dinero al señor Jacob y el ministro pide que se acelere la investigación", dijo a la red Unitel.

Según Pérez, el ministro Carlos Romero se enteró hace siete meses de la presencia de esta red de corrupción y extorsión, por lo que ordenó la apertura de un proceso de investigación, el cual detectó la venta ilegal de 18.000 toneladas arroz que pertenecía al empresario estadounidense judío, Jacop Ostreicher, lo cual evidenció que había toda una red de corrupción y extorsión dentro del Ministerio de Gobierno.

"Cuando ingresa el ministro Romero en febrero pasado y mi persona a comienzos de marzo tomamos conocimiento de este caso y el ministro ordena que se investigue a profundidad y un grupo paralelo del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE), investigación de este caso de manera paralela se evidenció las ilegalidades en las que incurrían", señaló.

Libertad para Ostreicher. Consultado acerca de que si el empresario estadounidense podría ser puesto en libertad para defenderse de sus acusaciones, Pérez respondió: "creo que habido interferencia en su proceso por esta información que se tiene y lo que le garantizamos al señor Jacob es celeridad legal imparcialidad, objetividad y si corresponde que el señor Jacob este en libertad eso lo tiene que resolver el juez de instrucción penal que conoce de ese caso y que tendría que ventilarse en esos términos legales".

Según denuncias de las que tomo conocimiento el ministro de Gobierno y el viceministro de Régimen Interior, este grupo de extorsionadores habría "sonsacado" a una señora 130 mil dólares por un proceso penal que tenía en la justicia, incluso Ignacio Villa Vargas, alias "el Viejo" denunció que este grupo también trató de extorsionarlo para agilizar su proceso penal.

"Este hecho que denuncia el señor apodado el viejo se tiene que investigar, aquí este gobierno es de transparencia, donde si hay personas implicadas en corrupción las investigamos (…). Esperemos que la justicia actúe con sabiduría y si hay indicios y hay elementos como lo indica la policía pues los manden donde deben estar, a la cárcel", sostuvo.

AVEZADO EXTORSIONADOR. UTILIZÓ A EVO. AL MINISTRO. AL VICEPRESIDENTE. TODO EL PODER JUDICIAL PARA EXTORSIONAR. SE LLAMA FERNANDO RIVERA TARDÍO

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa en La Paz, alertó que el abogado Rivera está implicado en un red de presuntos estafadores y extorsionadores.

El juez Zenón Rodríguez, de la sala penal segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, reveló que el abogado Rivera presionó para que no se cumpla la cesación de detención preventiva de Ostreicher, quien está preso hace 18 meses por presuntos vínculos con el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado.

El ministro Romero dijo que existen elementos probatorios que vinculan al abogado Rivera en una extorsión de 50.000 dólares al ciudadano estadounidense de origen judío, a quien se le confiscó 20.000 toneladas de arroz, ganado vacuno, maquinaria agrícola y predios que había adquirido en el departamento de Santa Cruz.

La inversión hecha por Jacob Ostreicher, según sus abogados, alcanzó a 27 millones de dólares.

La detención de Ostreicher conmovió a la comunidad judía de Estados Unidos y en otros países. Además movilizó a Bolivia a un congresista, quien lo visitó en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz, sitio al que también llegó el actor estadounidense, Sean Penn, quien fue nominado por el presidente Evo Morales como embajador de la defensa de la coca, la reivindicación marítima y la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada.

un total de 13 personas. 5 detenidos. 5 por detener y 3 prófugos es el resultado de algunas horas de trabajo de los fiscales anticorrupción. Romero tuvo la valentía de mostrar a funcionarios de la Presidencia, del Ministerio, de Dircabi si bien le pusieron a todos el prefijo "ex" para decir que fueron funcionarios y no lo son más del Gobierno de Evo. extorsionadores y bribones.

La Policía desbarató una red de “corrupción y extorción” en el Gobierno boliviano, integrado por funcionarios públicos, personas particulares y con posibles nexos en el Órgano Judicial. Hasta el medio día de este martes, cinco de los implicados fueron aprehendidos, mientras otros ocho se encuentran todavía en proceso de captura, informó el ministro Carlos Romero.

La autoridad, en rueda de prensa ofrecidad en La Paz, dijo que las indagaciones para desbaratar esta red de corrupción se iniciaron hace tres meses con la participación de los efectivos del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) y los operativos de captura de los integrantes de la banda se ejecutaron a partir de ayer en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.

“Producto de estos operativos, se ha procedido hasta el momento a la aprehensión de cinco ciudadanos bolivianos, el primero responde al nombre de José Manuel Antezana Pinaya, ex Director General de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia, acusado de haber participado en la monetización irregular del arroz incautado al ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher (privado de libertad desde hace 18 meses en Santa Cruz)”, explicó el Ministro de Gobierno.

Dijo que se logró certificar el depósito de 100 mil dólares en la cuenta de Antezana, quien en las entrevistas previas a su detención habría admitido haber recibido cuatro depósitos con la participación de algunos exfuncionarios de Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) Santa Cruz.

“Si bien admitió eso (al inicio), en su declaración oficial, Antezana ya negó estos extremos alegando que más bien se trataba de una transacción de un vehículo que él habría vendido a un señor de apellido Vaca, que supuestamente era un exfuncionario de Dircabi, que había sido declarado prófugo”, añadió.

Pero se logró verificar que esta persona de apellido Vaca se manejaba con una identidad falsa. Por tanto, según Romero, “este es un elemento demostrativo de que la declaración de Antezana no corresponde a la verdad”.

Indicó que el otro elemento en este complejo caso, se obtuvo de la declaración de Mario Oscar Soleto Bañon –trabajador de un ingenio arrocero que en principio fue depositario del arroz incautado al ciudadano norteamericano– y quien afirmó expresamente haber realizado un depósito en una cuenta del Banco Mercantil Santa Cruz a instancias de dos exfuncionarios de Dircabi que se encuentran prófugos y ese depósito recayó en la cuenta bancaria de Antezana.

Asimismo, se procedió a la aprehensión de funcionarios y exfuncionarios de Dircabi como el ciudadano Hugo Franklin Pedraza Suárez, que cumplía las tareas de inspector en la Dirección de Bienes Incautados y en sus declaraciones dijo no haber tenido ninguna participación en estos hechos.

Eduar Stepane Bellido, funcionario de Dircabi Santa Cruz, es otro de los aprehendidos y en sus declaraciones señaló a Ramiro Ordoñez López –quien  era fiscal administratico en Dircabi Santa Cruz– como la persona que habría participado y articulado las negociaciones de algunos bienes incautados.

Ordoñez fue detenido la mañana de este martes en La Paz y trasladado a Santa Cruz. “De acuerdo a estas declaraciones, podemos establecer preliminarmente que también él participó de este caso de arroz”, enfatizó Romero.

Del mismo modo, se procedió a la detención de Gustavo Wagner Céspedes Rosales, de profesión abogado que se habría hecho pasar como funcionario del Gobierno y participado de un conjunto de negociaciones, gestiones, preciones, extorciones a nombre de juristas del Ministerio de Gobierno en determinados judiciales, particularmente en el caso de Ostreicher.

“En el hallanamiento del domicilio de Céspedes, se encontró papel membretado y sobres en blanco del Ministerio de Gobierno, entonces da cuenta que esa documentación oficial ha sido obtenida porque tenía nexos directos con funcionarios del Ministerio de Gobierno”, afirmó.

Céspedes Rosales presuntamente es hombre de confianza de los abogados del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas, que estaban desempeñando esas funciones hace bastantes años e hicieron el siguimiento jurídicos de varios casos impulsados por esta cartera de Estado, como el caso del ciudano norteamericano.

Apuntó que continuarán con los operativos.

Detenidos:

1.-  Jose Manuel Antezana Pinaya (exfuncionario del Ministerio de la Presidencia)
2.- Gustavo Wagner Cespedes Rosales (hombre de confianza de Fernando Rivera)
3.- Hugo Franklin Pedraza Suárez (exinspector de Dircabi Santa Cruz)
4.- Eduar Stepane Bellido (exfuncionario de Dircabi Santa Cruz)
5.- Ramiro Ordoñez López (exfuncionario de Dircabi)

Por detener:

1.- Mario Oscar Soleto Bañon
2.- Efrain Roda Limachi (exfuncionario del Ministerio de Gobierno) 
3.- Cesar Pardo Revollo (gerente del ingenio Renacer)
4.- Wilma Justina Sanabria (gerente propietaria del ingenio azucarero El Naranjal)
5.- Fernando Rivera Tardío (exasesor jurídico del Ministerio de Gobierno)

Prófugos:

1.- Miguel Alberto Gutiérrez Solíz
2.- Jorge Henrry Chávez Medina
3.- Jorge Vaca Justiniano (identidad ficticia)

de ser evidente que se tomó preso a un alto funcionario de la Presidencia pudiera suceder que la verdad en el caso del estadounidense Ostreicher salga a la luz, aunque es tan fácil para el Gobierno encubrir de nuevo. ojalá los medios le hagan un seguimiento sostenido

De acuerdo a una información preliminar a la que tuvo acceso este medio, Antezana Pinaya fue aprehendido esta mañana en la sede de Gobierno por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Esto debido a que se lo acusa de haber recibido un giro de $us 9.900, depositado en el banco Mercantil Santa Cruz de Montero por un empleado del ingenio San Jorge por la venta de arroz incautado a Jacob Ostreicher.

El ciudadano norteamericano es investigado por legitimación de ganancias ilícitas. Jacob sostiene que vino a invertir a Bolivia, pero que le incautaron sus bienes, consistentes en 20 toneladas de arroz, maquinaria agrícola y ganado vacuno por valor de más de $us 15 millones y que todo desapareció.

 La Fiscalía anticorrupción y uniformados realizan, desde esta mañana, intensos operativos en la ciudad capital en el marco de la investigación a exfuncionarios de Gobierno vinculados con el despilfarro de los bienes incautados al norteamericano Ostreicher.

LOS MANTENDREMOS INFORMADOS 

Hilton Herrera García de El Deber indagó más casos de corrupción en YPFB que fueron dados a conocer por un fiscal. la entidad guarda silencio

Una nueva denuncia destapa presuntos actos de corrupción en YPFB. Pedidos irregulares de aportes a trabajadores para un acto en el que participaron autoridades de Gobierno y ejecutivos de YPFB, rendición de cuentas ilegales y descargo de gastos con una factura falsa ponen en tela de juicio a tres funcionarios del Distrito Comercial Oriente.

La denuncia cursa en el Ministerio Público como el caso 012313 por los delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica, falsedad material e ideológica y uso de instrumento falsificado.

El petitorio y denuncia fue interpuesto por la ex- funcionaria María del Carmen Rodríguez contra tres funcionarios públicos de YPFB del Distrito Comercial Oriente. En ese sentido y tras una larga investigación efectuada por el fiscal Gomer Padilla, se decidió citar para el 30 de noviembre a los primeros imputados, entre ellos Adolfo Mendoza Lino, Víctor Eduardo López y Gustavo Tellería.

El documento, al que tuvo acceso EL DEBER, señala que estos funcionarios están presuntamente involucrados en descargos irregulares, compra de factura por el importe de Bs 10.000 para justificar el gasto efectuado en un acto en el que participaría el presidente Evo Morales, el titular de YPFB,
Carlos Villegas, y dirigentes de diferentes sindicatos de las subsidiarias de YPFB, además de trabajadores petroleros el 28 de mayo de 2011.

Asimismo, los acusados habrían pedido aportes por un valor de Bs 100 a los trabajadores de YPFB Comercial Oriente, incluidos los de provincia.
Al respecto el fiscal Padilla aseguró que tiene documentación probatoria para sentar en el ‘banquillo’ a los acusados, razón por la cual emitió dos órdenes de citación para el 30 de este mes.

“Hay elementos de una factura falsa, pero tengo que escuchar a los tres imputados para establecer responsabilidades. El tema es ese, por eso he pedido que venga el dueño de la factura, pero resulta que en el lugar que emitieron el documento se ha encontrado una empresa de consultoría; entonces, ¿quién dio la factura?”, se cuestionó.

Precisamente, el gerente de Grandes Contribuyentes (Graco) Santa Cruz, Enrique Trujillo, en una carta enviada el 19 de septiembre de 2012 al Ministerio Público desveló que la factura 2368 de fecha 30 de marzo de 2011 emitida a YPFB por el contribuyente Escalante Melgarejo Wilfredo no es válida para el beneficio de crédito fiscal.

Al respecto, Adolfo Mendoza, que también es secretario general del sindicato, deslindó cualquier responsabilidad y participación en este caso. “Estamos tomando las previsiones y hemos contratado abogados y un penalista para defendernos”, afirmó.
Con relación a López, indicó que fue transferido a otra unidad, a la Vicepresidencia Nacional de Operaciones (VPNO); Tellería trabaja como responsable en Bienes y Servicios.

A comienzos de semana se envió un cuestionario y la documentación del caso a YPFB, pero no se obtuvo respuesta.

   La denuncia y relación de los hechos   

- 28 de mayo de 2011. El titular de YPFB, Carlos Villegas, autoridades nacionales y dirigentes sindicales de YPFB y de las subsidiarias participaron de un acto en instalaciones de YPFB-Distrito Comercial Oriente. Para tal efecto, días antes, Adolfo Mendoza Lino solicitó verbalmente al administrador Víctor López la suma de Bs 10.000 para que cubra los gastos de la visita de las diferentes autoridades y que el monto solicitado salga a nombre de Gustavo Tellería y que luego le sea entregado a su persona.

- Problemas. Tras efectuarse todo el proceso y una vez cobrado el cheque por Tellería y haber entregado a Mendoza, Tellería solicitó que se le firme un recibo por la entrega del dinero, lo cual fue negado. Ante tal situación hizo el reclamo al administrador. Empero, Mendoza no hizo el descargo y supuestamente lo hizo Tellería adquiriendo una factura de una empresa de eventos.

- Sanciones. El art. 146 referido a uso indebido de influencias señala que funcionario público o autoridad que use indebidamente influencias y obtuviere ventajas o beneficios para sí o un tercero será sancionado con dos a ocho años de cárcel y multa de 100 a 500 días. El proceso también es por conducta antieconómica.

Aplicar la Ley SafcoM. Arrázola | Col. Abogados La Ley Safco prevé responsabilidad civil y penal. La primera va dirigida a la devolución del dinero con recargo y la segunda señala que cuando hay un acto de mala fe está cometiendo delito, ese delito habrá que dimensionarlo en función a que si ha sido para beneficio  personal o tuvo otro destino.
Aquí puede haber daño económico al Estado. Además es delito el solo hecho de comprar facturas.

la versión de El Día es algo diferente. le negaron libertad porque no tiene familia constituída. extraño motivo que está mostrando una vez más la sujeción de "una juez" al mandato del Gobierno

Ref. Fotografia: Enfermo. Jacob Ostreicher fue trasladado por una ambulancia de la clínica Incor hasta su audiencia cautelar.

Por séptima vez la justicia negó ayer la libertad del norteamericano Jacob Ostreicher acusado de legitimación de ganancias ilícitas y vínculos con el narcotráfico. La juez Eneas Gentile echó por tierra las esperanzas que tenía el extranjero de recuperar su libertad tras permanecer detenido 17 meses en la cárcel de Palmasola bajo el argumento que no tenía una familia conocida en Bolivia. Ostreicher, que llegó puntual a su audiencia (16:00) trasladado en una ambulancia de la clínica Incor donde permanece internado por problemas de salud, fue ingresado en una silla de ruedas junto a sus abogados Yimmy Montaño y Jerjes Justiniano que agotaron hasta el último recurso  para lograr convencer a la juez.

Montaño aclaró que la familia del señor Ostreicher no está aquí en Bolivia porque han sido objeto de una persecución penal y los han obligado a salir del país", señaló y anunció que presentó un recurso de apelación que debe analizado la próxima semana.

Perdió los estribos. Cuando la audiencia cautelar se desarrollaba en normalidad la juez otorgó la palabra a Ostreicher quien hizo alusión que el abogado del Ministerio de Gobierno, Abel Ribera, se dedicó a destruir su imagen y la de su familia en los medios durante dos años con mentiras, lo que provocó la protesta del jurista quien pidió a la juez que lo calle por lo que esta dio curso a la solicitud en audiencia. "Cómo me piden que no hable si durante estos años este señor me acusa que soy parte de una organización criminal. Ahora que digo mi verdad no pueden coartar el derecho a mi defensa", cuestionó en tono elevado Ostreicher quien tuvo que ser calmado por sus abogados y policías lo que originó la suspensión momentánea de la audiencia durante 15 minutos. A la conclusión el norteamericano reveló que anoche (jueves) recibió la visita sorpresiva del alto funcionario de Gobierno sindicado de recibir parte del dinero de sus 13 toneladas de arroz incautadas. "Cuando obtenga mi libertad voy a decir mi verdad", dijo antes de abordar la ambulancia que lo trasladó hasta la clínica Incor donde permanecerá por 7 días más.

Ostreicher llegó a Bolivia hace cuatro años para invertir 26 millones de dólares en la producción de arroz en Santa Cruz. Su socia la colombiana Claudia Liliana Espitia (detenida en La Paz) a quien finalmente terminó denunciado por la supuesta apropiación de sus inversiones es detenida y vinculada a la organización de narcos de un brasileño deportado.

Anticorrupción

Alto funcionario declara este 29

El alto funcionario gubernamental  identificado con las iniciales J.M.A.P sindicado de obtener 9.900 dólares en su cuenta personal que se presume proviene de la supuesta monetización de la venta de 13 mil toneladas de arroz incautadas a Jacob Ostreicher fue citado a declarar para este 29 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción. El citado deberá justificar el origen del dinero que le fue enviado mediante una cuenta del banco Mercantil Santa Cruz por un funcionario de una empresa arrocera en Montero a quien supuestos empleados del Ministerio de Gobierno identificados como Jorge V.J., Miguel G.S., Jorge H. Ch. que le pidieron que haga efectivo este depósito al alto funcionario gubernamental. El abogado del Ministerio Público, Abel Rivera, admitió que ya se abrió una investigación y que el aludido ya fue notificado para prestar su declaración en Santa Cruz.Según el abogado del extranjero, Yimmy Montaño, son 11 las personas investigadas por la desaparición de arroz y ganado valuado en 23 millones de dólares.

Cronología

Apoyo. Jacob Ostreicher recibió apoyo del congresista republicano estadounidense Christopher Smith, del encargado de Negocios de la embajada de EEUU en La Paz, Larry Memmott y del actor Sean Penn, quien ingresó a la cárcel a visitarlo.

Millonaria pérdida. Los abogados del norteamericano indicaron que las pérdidas por la desaparición de ganado y arroz  bordean los 26 millones de dólares. Lo curioso es que el dinero de la supuesta monetización no fue depositada en una cuenta de Dircabi.