Pablo Ortiz
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El audio de dos videos puede convertir al caso terrorismo en un bumerán que retorne con violencia hacia la mano de quien lo lanzó. La presunta voz de Marcelo Soza, certificada por dos peritajes en Brasil y España, cuenta una historia que incluye un asesinato triple, la manipulación de pruebas, extorsión y presiones políticas para implicar a gente contra la que no se tenían pruebas como para llegar a una acusación formal.
Es, también, una especie de ‘muñeca rusa’, una figura que se abre para encontrar dentro de ella otra figura, que a su vez contendrá, otra en su interior. Hasta el momento, por los hechos del 16 de abril de 2009 hay tres investigaciones abiertas y un juicio en proceso, pero si en algún momento esos audios llegan a tener peso judicial, se pueden abrir otras investigaciones y procesos que pueden llevar incluso al presidente del Estado, Evo Morales, a ser enjuiciado por un delito de lesa humanidad: ejecución sumaria.
Perito de parteOtto Ritter es un abogado penalista, ex dirigente falangista y, en esta consulta sobre el caso Rózsa, un perito de parte, ya que es el abogado del general Gary Prado Salmón. Asegura que los audios de Soza demuestran que el caso fue montado por el Gobierno.
“También se ha incurrido en un rosario de delitos, desde ejecución extrajudicial de tres personas en el hotel Las Américas, hasta manipulación de la justicia, extorsión y corrupción. Con esto, correspondería anular el proceso, iniciar una nueva investigación por delitos de lesa humanidad, extorsión, falsedad de pruebas, acusaciones y denuncias falsas, incumplimientos de deberes y muchas otras”, explica. Para él, el primer acusado debería ser el presidente.
La principal base para denunciar al mandatario es una declaración de Morales el mismo 16 de abril, cuando llegó a Isla Margarita (Venezuela). Junto al extinto Hugo Chávez, aseguró que había dado la orden de realizar el operativo en el hotel.
“Por mucho menos que eso renunció (el expresidente estadounidense Richard) Nixon”, agrega.
Para Ritter, las grabaciones de Soza tienen valor legal, ya que lo único prohibido es interceptar llamadas telefónicas y afirma que incluso hay sentencias constitucionales que así lo indican.
José Antonio Rivera, expresidente del Tribunal Constitucional, considera que no tiene los elementos necesarios como para emitir una opinión ‘contundente’ al respecto, pero recuerda que las comunicaciones entre bolivianos están protegidas por la Constitución y una grabación es válida si existe consentimiento del que ha sido grabado.
Los acusados del caso sufren distintas dolencias y deben ser atendidos en la sala en la que se ventila el juicio. El proceso se encuentra suspendido hasta el 14, cuando se deben resolver los incidentes legales
Mar de dudasEl abogado y coronel de policía retirado Rolando Fernández explica que, desde el campo de la investigación, aún existen muchas dudas sobre el caso. Lo compara con un rompecabezas que no se ha terminado de armar. “Por la información que se maneja, se han violado flagrantemente los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la defensa y las garantías procesales de los sindicados. En este rompecabezas aún hay demasiadas piezas sueltas, aún hay cosas por desentrañar para llegar a la verdad histórica”, dice.
Carlos Fernández, también coronel de Policía en retiro y abogado penalista, explica que si se da por válido el audio, Soza sería procesado por encubrimiento y manipulación de pruebas y que los acusados por el caso podrían presentar un incidente para la anulación de la prueba en el proceso. Además, como existen nuevos elementos, se debería abrir otra investigación, fuera del juicio, para tratar de establecer si hubo ejecuciones sumarias y extorsión.
Deseos y pruebasWillam Herrera, exfiscal de Distrito de Santa Cruz, considera que el caso terrorismo se desploma como el edificio Málaga. La contaminación de las pruebas (se hizo un allanamiento de noche, sin fiscal, ni orden judicial, no hubo una cadena de recolección ni un inventario del cuerpo probatorio). Coincide en que el juicio debe ser anulado y a partir de ahí comenzar otro por ‘terrorismo de Estado’. Además, la conclusión de estos procesos en Bolivia puede abrir la puerta para que los hechos del 16 de abril de 2009 sean juzgados en el ámbito internacional. En Hungría e Irlanda esperan las familias de Árpád Magyarosi, Elöd Tóásó y Michael Dwyer para iniciar procesos.
Sin embargo, el asunto no es tan fácil. Cuando se le consulta a Ritter qué se necesita para que esto suceda, responde con un ‘mantra’ que para la oposición política es tan trillado como para los concursos de belleza desear la paz del mundo: “Debemos recuperar el estado de derecho”, dice el jurista.
La esperanza de Ritter está cifrada en un probable cambio de las mayorías políticas del país. Sin embargo, esta vez, el tiempo está a favor de los que defienden esta tesis: los delitos de lesa humanidad, como las ejecuciones sumarias, no prescriben. Por ello, una acusación por las muertes de Rózsa, Magyarosi y Dwyer será una espada de Damocles que amenazará la tranquilidad de los que participaron en ellas
CLAVES
El primer audioLa voz contaba sobre extorsiones ligadas al caso Rózsa y la manipulación de pruebas.
Segundo audioLo más relevante fue la declaración de que no hubo enfrentamiento, sino ejecución en el hotel Las Américas.
RADIOGRAFÍA
Otros dos casos esperan llegar a juicio por los mismos hechos
Además del caso terrorismo y la investigación iniciada por los supuestos audios de Marcelo Soza, los procesos Terrorismo II y videosoborno aún esperan por llegar a juicio oral.
La investigación de los presuntos financiadoresEl caso Terrorismo II trata de investigar quién financió a la supuesta célula terrorista liderada por Eduardo Rózsa. Hay personas detenidas y con imputación por este caso. Ha cambiado de fiscal y, al igual que lo hizo Soza hace dos semanas, su titular decidió dejar el proceso.
Hay un proceso de soborno con un acusadoEl caso videosoborno investiga el presunto pago de $us 31.500 a Ignacio Villa Vargas por parte de exfuncionarios del Ministerio de Gobierno. Ya hay acusación por el mismo, pero el problema es que el único acusado es Villa Vargas. Es decir, está el sobornado, pero no el que pagó el dinero.
La amenaza contra Evo morales viene de IrlandaLa red Al Jazeera emitió el viernes un documental en el que muestra que Michael Dwyer vino a Bolivia en busca de aventura y encontró la muerte. La producción, filmada entre Irlanda y Bolivia, sigue la relación de Dwyer con el rumano-húngaro Révéz Tíbor, otro de los extranjeros que vino con Eduardo Rózsa a Bolivia y que regresó a Irlanda semanas antes de la intervención policial en el hotel Las Américas.
Tíbor fue el que reclutó a Dwyer en Irlanda con la promesa de un curso de manejo de armas y seguridad que se impartiría en Bolivia. Se habían conocido cuando ambos trabajaron como guardias de seguridad del ducto construido por la petrolera Shell en Irlanda. Al volver Tíbor a Irlanda, Dwyer se quedó en Bolivia en busca de diversión y aventura. Ahora sus padres presionan a los políticos para que se obligue a Bolivia a aceptar una investigación internacional.
