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martes, 31 de julio de 2012

El Deber lanzó una bomba de tiempo. YPFB pagó 108 millones de dólares en calidad de anticipo a AESA (Argentina) por la planta de Rio Grande (Aqué dirá Evo? se callará)

La estatal petrolera YPFB desveló que adelantó $us 108,2 millones a la empresa argentina A Evangelista S.A (AESA) para la construcción de la planta de extracción de líquidos de gas natural en Río Grande, ubicada en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. El costo total de la obra es de $us 159 millones. El gerente general de Plantas de Separación de Líquidos, Mario Salazar, aseguró que el pago corresponde a la ejecución de más del 60% del proyecto. “El avance físico de la planta no se puede ver en el lugar porque contempla la ejecución y fabricación de los equipos en EEUU y en Argentina. Muchos de los equipos ya han sido terminados y otros están en un 90%”, afirmó. Adelantó que durante el fin de semana llegó el turboexpansor para la separadora, un sofisticado equipo considerado el ‘corazón’ de la planta y con el cual se prevé hacer la recuperación del Gas Licuado de Petróleo (GLP) y de la gasolina. El costoso equipo aún está embalado en la zona a la espera de que los fabricantes lleguen al país y entreguen todas las garantías del buen funcionamiento. Esto puede ocurrir el próximo mes, una vez arriben los otros equipos (generadores de energía eléctrica) de Arica y puedan conectar con el turboexpansor. En medio de esta situación, y pese a que se levantó la reserva sobre el caso de presunta corrupción en YPFB, hasta la fecha los representantes del Ministerio Público no dan suficiente información de los avances de las investigaciones. No obstante, desde ayer se sumaron dos fiscales a la ya nutrida comisión investigadora. Yolanda Aguilera y Rosmery Barrientos son las nuevas integrantes del cuerpo especializado de juristas que tienen como misión aclarar los presuntos hechos de corrupción que ya involucran a cinco exfuncionarios de YPFB. Ayer no se descartó citar a los ejecutivos de AESA; sin embargo, se pudo conocer que estos se encuentran en Argentina. Al respecto, Miguel Aparicio, abogado de Agustín Ugarte, informó de que han presentado una ampliación de las investigaciones, pero debido a la recarga laboral de los fiscales aún no se lo hace. Por su parte, la defensa de Gerson Rojas aclaró que su defendido no cuenta con documentación reveladora, pero que de todas maneras tiene la predisposición de ayudar con los fiscales para que este caso se resuelva lo antes posible. La comisión de fiscales, integrada por Cándido Blanco, Carlos Candia, Anuncio Piérola y la coordinadora nacional anticorrupción, tiene informes de que Rojas puede brindar mayores elementos a la investigación con la presentación de documentación. Por ello se le recibirá otra declaración en las próximas horas. Se envió un cuestionario a los ejecutivos de AESA, pero no se obtuvo respuestas. APG bloquea el ingreso a la planta licuable Gran Chaco La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) zona Yacuiba determinó bloquear los ingresos a la planta separadora de líquidos Gran Chaco hasta que las autoridades, a la cabeza del ministro de Gobierno, Carlos Romero, no se hagan presentes en la comunidad de Yeroviarenda para dar a conocer su respuesta a la demanda planteada. En la reunión, varios de los miembros de las diferentes capitanías de Yacuiba tomaron la palabra, indicando que la consulta y participación se deben hacer porque para ellos es un derecho que no se negocia. Al ver la postura y respuesta de la APG, se dio por terminada la reunión, en la que la Asamblea del Pueblo Guaraní determinó llevar esta situación a instancias legales, dentro de un proceso de amparo constitucional. Jorge Mendoza, capitán Grande de la APG, indicó que existe preocupación, pues el Gobierno reconoce al pueblo, pero desconoce la consulta y participación. /Ignacio Soliz Ramírez dice que recibe amenazas El expresidente de YPFB Santos Ramírez denunció haber recibido amenazas de traslado de cárcel por el hecho de denunciar los casos de corrupción en la estatal petrolera y vincularlos con el actual presidente, Carlos Villegas.  Santos Ramíez, que se encuentra en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz desde enero de 2009, sostuvo que el actual presidente de YPFB está ‘apadrinado’ por representantes gubernamentales porque hasta la fecha no se lo suspende o aparta de su cargo, a pesar de los recientes hechos y de las declaraciones de algunos exejecutivos de la estatal petrolera.  "Creo que la decisión de no sustituir o suspender hasta que culmine las investigaciones, eso es un padrinazgo que se lo ha escuchado permanentemente (…) Me van a llevar a la zona de castigo o a Chonchocoro o Cantumarca, pero no tengo miedo porque yo estoy con la verdad, lamentablemente quienes dijeron luchar contra la corrupción simplemente lucharon contra Santos Ramírez”, dijo. /ANF.

Fuente: eju.tv - Corrupción. Revelan que YPFB adelantó un millonario pago a firma argentina
http://eju.tv/?p=223949

están amedrentando a Santos Ramírez por sus acusaciones de sobreprecio por la planta de Rio Grande. "no temo. estoy con la verdad documentada2


Santos Ramirez, quien se encuentra en la cárcel de San Pedro de la ciudad de La Paz desde enero de 2009, sostuvo que el actual presidente de YPFB estaría "apadrinado" por representantes gubernamentales porque hasta la fecha no se lo suspende o aparta de su cargo, a pesar de los recientes hechos y las declaraciones de algunos ex ejecutivos de la estatal petrolera.  
"Creo que la decisión de no sustituir o mínimamente suspender hasta que culmine las investigaciones eso es un padrinazgo que se lo ha escuchado permanentemente (…) Me van a llevar a la zona de castigo o me llevarán a Chonchocoro o Cantumarca, pero no tengo miedo porque yo estoy con la verdad, tengo la documentación oficial, lamentablemente quienes dijeron luchar contra la corrupción simplemente lucharon contra Santos Ramirez y hoy que hay actos de corrupción en YPFB nadie quiere luchar", aseguró Ramírez.
Además, lamentó que el gobierno no haya dado continuidad al proceso de la instalación de la Planta Separadora de Líquidos en Río Grande por parte de las empresas Catler Uniservice y Gulsby y hayan contratado otra empresa que cobra un monto mayor. El ex hombre fuerte del MAS considera que se está avalando un evidente sobreprecio.
Ramírez Valverde tiene en su contra 12 casos por corrupción, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, entre otros delitos. De estos procesos, sólo uno tiene sentencia, se trata del denominado caso Catler Uniservice que derivó en una sentencia condenatoria de 12 años de prisión, cumpliendo la determinación de la justicia en la cárcel de San Pedro de La Paz.