Páginas vistas en total

viernes, 22 de marzo de 2013

Jerjes Justiniano Jr., a nombre de Jacob Ostreicher expresó satisfacción porque la ONU hubiese mostrado interés en el caso y recomendado que siga el proceso hasta llegar a conclusiones y no dejar a medias un juicio que compromete al Gobierno de Morales.


Jerjes Justiniano, abogado del norteamericano Jacob Ostreicher, consideró ayer "saludable" que en su informe, la ONU, haya pedido al Gobierno profundizar en la investigación de la red de extorsión que se encuentra paralizada desde octubre del año pasado.
Dijo que se anunció la convocatoria a Eusebio Gironda, asesor de Evo Morales y por segunda vez a Mario Uribe, exfiscal general, pero no se lo hizo.
Ostreicher acudió ayer al Palacio de Justicia a una audiencia en la que los dos exabogados del Gobierno, Fernando Rivera y Boris Villegas, pedían su libertad. Pero el acto se suspendió.

El Dia pronostica lo que va a pasar con el "caso Rózsa" que pasará a la historia como una pesadilla, como una irealidad, de ciencia ficción prefabricada para "disimular una masacre" para destruir un liderazgo. Todavía sigue la desverguenza. Guerrero otro demagogo.


Si aplicáramos la misma lógica que ha estado usando el régimen gobernante, debemos concluir que la renuncia y la misteriosa desaparición del fiscal Marcelo Soza es una confirmación de que son ciertas todas las denuncias que se han hecho en su contra y que prueban con lujo de detalles que el “Caso Terrorismo” no es más que un minucioso montaje que compromete las más altas esferas gubernamentales.

El fiscal Soza ha “abandonado el barco”, luego de cuatro años de haber llevado adelante una insólita investigación en la que han sucedido hechos inadmisibles en la administración de justicia.

Soza es sospechoso de haber fabricado pruebas y luego haberlas destruido para no dejar evidencias de la patraña montada; ha ordenado detenciones ilegales en las que se han dado casos de tortura; ha ignorado cientos de documentos contundentes que hace mucho hubieran servido para cerrar este caso o convertirlo más bien en la investigación de un flagrante hecho de terrorismo de Estado, que como dice el propio Soza en el audio recientemente presentado por una senadora, es sumamente delicado para los que detentan el máximo nivel del poder en este país.

El ahora exfiscal Soza ha sido el puntal de una oprobiosa estrategia de persecución contra personas a las que no se les ha podido probar ni un solo delito y que se mantienen encerradas y/o perseguidas, simplemente porque la justicia está totalmente supeditada a las decisiones políticas. La vigencia de Soza en el Ministerio Público y la ejecución de todas sus arbitrariedades ante la opinión pública, no han hecho más que acentuar el descrédito de las instituciones del Estado, pringadas por la extorsión y la corrupción.

El Gobierno parece ver las cosas de manera muy simplista y, como si nada pasara, pretende reemplazar a Marcelo Soza en el caso terrorismo para seguir con la farsa que dentro de unos días cumplirá años, justamente el día en el que fueron ejecutados tres ciudadanos europeos en el hotel Las Américas.

El Fiscal General del Estado ha rechazado la renuncia de Soza, porque seguramente siente el peso que significa para la institución continuar con un caso que en realidad ha estado en manos del Ministerio de Gobierno y toda una red de abogados extorsionadores que tenían licencia para emplear cualquier tipo de método o estrategia, por más espuria que pueda ser.

Es obvio que además, el titular nacional del Ministerio Público debe ordenar una inmediata investigación de todas las acciones y procedimientos empleados por Soza en estos cuatro años, no solo para el esclarecimiento total, algo que la opinión pública ya tiene perfectamente establecido, sino para recuperar en parte la credibilidad institucional que le quita toda autoridad a la justicia de este país.

Varias instituciones, entre ellas el Colegio Nacional de Abogados, se han pronunciado en demanda de que el caso terrorismo sea extinguido, por falta de pruebas, algo que hace mucho quedó en evidencias y porque constituye el mayor escándalo relacionado con el manejo de la justicia y mientras más dure esta comedia, las consecuencias serán nefastas para todo el tejido legal que sostiene al Estado y que ha ido resquebrajándose con toda esta clase de oscuros episodios.
 
El Fiscal General del Estado ha rechazado la renuncia de Marcelo Soza, porque seguramente siente el peso que significa para la institución continuar con un caso que en realidad ha estado en manos del Ministerio de Gobierno y toda una red de abogados extorsionadores que tenían licencia para emplear cualquier tipo de método o estrategia, por más espuria que pueda ser.

qué clase de Gobierno tenemos que esconde las cartas de otros gobiernos referidas al Caso Rózsa con asuntos muy graves por el crimen de sus súbditos.


Marcelo Tedesqui - marcelo.tedesqui@eldeber.com.bo
Una carta enviada el 26 de septiembre de 2012 por el relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al presidente Evo Morales señala que durante el operativo en el hotel Las Américas, el 16 de abril de 2009, el húngaro Michael Dwyer fue rematado.
 “El Sr. Dwyer habría recibido un primer disparo en la parte superior del pecho el cual habría sido suficiente para incapacitarlo. Posteriormente, habría sido disparado otras cuatro veces más en la parte superior izquierda de la espalda mientras yacía boca abajo en el suelo”, dice el documento presentado por la senadora opositora Carmen Eva Gonzales, de CN, sobre la muerte de los supuestos miembros de una célula terrorista dirigida por Eduardo Rózsa, que también falleció en el hotel Las Américas, junto a Árpád Magyarosi.
Hermetismo
Gonzales declaró ayer que el Gobierno boliviano nunca informó de que había recibido estas cartas. Ninguna autoridad del Ejecutivo respondió a esta denuncia. La misiva, que se hizo pública ayer, fue firmada por el relator Christof Heyns. La oficina de Naciones Unidas en La Paz señaló que no está en condiciones de certificar la autenticidad del documento porque se trata de una carta cerrada, pero afirmó que Heyns se ocupó de esta investigación.
En agosto de 2012, familiares de Dwyer se reunieron en Ginebra con Heyns. Durante la reunión, la familia presentó los resultados de una autopsia realizada por la patóloga del Estado, Dra. Marie Cassidy, así como un informe independiente del Reino Unido, del experto en medicina forense Keith Borer, según el diario Irish Times, de Dublín.
El texto
En la misiva, Heyns se refiere al hecho como “el caso del asesinato de Michael Dwyer, un ciudadano irlandés; Árpád Magyarosi, de nacionalidad húngara, y Eduardo Rózsa, boliviano-húngaro”. La carta revela que el 27 de abril de 2009, el grupo de trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, le envió una comunicación en la que expresó su preocupación.
 El 29 de abril, señala, el Gobierno boliviano “respondió en una carta confirmando la exactitud de los hechos y señalando que llevaría a cabo una investigación exhaustiva de esos hechos”. Luego, el 13 de septiembre de 2010, el Ejecutivo manifestó que Dwyer, Magyarosi y Rózsa “habían resultado muertos durante un tiroteo. El Gobierno de su excelencia informó asimismo que se recuperaron las pruebas que demuestran que los difuntos habían estado planeando derrocar al Gobierno”, complementa. En ese punto, Heyns plantea la información recibida de los estudios del cadáver de Dwyer y continúa: “Quisiera reiterar mi preocupación expresada en una comunicación enviada, por las alegaciones” de que se le disparó luego de que ya estaba “incapacitado” 
      Sobre la carta de la ONU     
Recordatorio de los derechosEn la carta, Heyns le recuerda a Morales que la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros pactos garantizan a todo individuo el derecho a la vida y a que nadie sea arbitrariamente privado de su vida.
El empleo de la fuerzaEstablece que el octavo congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente manda utilizar, en la medida de lo posible, medios no violentos para impedir las lesiones.

La conminatoria“Quisiera instar al Gobierno de su excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de las personas mencionadas e investigar y procesar a los agresores”, señala.
Notifican al fiscal Soza por medio de un cedulón
 El aún fiscal Marcelo Soza, porque su renuncia no fue aceptada, fue notificado ayer por cedulón para comparecer el 1 de abril, a las 8:30, ante el fiscal paceño Genaro Quenta para responder a la investigación en su contra por la presentación de un audio en el que supuestamente revela a desconocidos que el caso Rózsa fue montado por una red encabezada por Raúl García, el hermano del vicepresidente Álvaro García Linera.
Quenta señaló que los investigadores “no encontraron en su domicilio al fiscal Soza, pero de todas maneras dejaron la notificación. La ley dice que se lo puede citar personalmente o dejando la citación en su domicilio. Eso es lo que hicimos. Eso vale, así que tiene que asistir a la cita”, dijo.
Mientras tanto, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, convocó públicamente a Soza. “Si va a estar o no en el proceso es una decisión de la Fiscalía General, pero por lo menos en este tema de audios, fotografías, de lo que fuere, tiene que aparecer. Él no es un perseguido, simplemente una senadora presentó una información y tiene que esclarecerla, debe aparecer a nivel de testigo (al ser el principal sindicado)”.
El senador del MAS Eugenio Rojas señaló que si no hay documentación suficiente, el caso Rózsa “debe suspenderse”, aunque dejó eso en manos de las autoridades judiciales, mientras que la presidenta de la Cámara Alta, Gabriela Montaño, dijo que Soza debe responder a las denuncias en su contra.