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miércoles, 10 de septiembre de 2014


caso terrorismo.

OPROBIO Y VERGUENZA CAMBAS

Soza clava otra banderilla en el lomo masista

Cuando una verdad es un fardo imposible de cargar, todo lo que se haga para ocultarla puede resultar poco. Eso ocurre con el caso Terrorismo, un vía crucis que deben cargar 39 acusados, pero que con el tiempo amenaza con convertirse en el calvario del régimen que lo armó, con el objetivo de amedrentar y domesticar a los líderes autonomistas, meta que se ha cumplido en gran parte. Tanto así, que desde las más altas cúpulas políticas se atreven a llamar masoquistas a los cruceños.
Hace unos días, las fuerzas de seguridad del Estado no guardaron ni el más mínimo cuidado en otra más de las actitudes de torpeza con la que manejan a su antojo la justicia boliviana. De un momento a otro y antes de que los acusados y testigos continúen lanzando graves denuncias que confirman el montaje, los esbirros del Ministerio de Gobierno se llevaron a los acusados a la cárcel de San Pedro de La Paz y a otros lugares donde les resultará más fácil controlarlos y evitar que el caso Rózsa contamine la campaña electoral.
Si se encarcela a un candidato por difundir un importante documento que compromete al gobierno y se violan los derechos humanos de un grupo de oficiales del Ejército por realizar algunos reclamos, qué puede importarle a un gobierno guardar la compostura cuando están el ejercicio mismo del poder. No hay que olvidar que fue el propio fiscal Marcelo Soza, principal investigador del Caso Terrorismo el que dijo que si "si este proceso se cae, se cae el gobierno".
El régimen parecía muy interesado en repatriar a Soza desde Brasil con el objetivo de que enfrente un juicio entablado en su contra, pero obviamente todo ha sido una parodia, porque con el fiscal en nuestro territorio estaríamos en mejores condiciones de acercarnos a la verdad y eso es precisamente lo que se busca evitar.
El gobierno hizo todo para evitar que el testimonio de Soza firmado y convalidado en Brasilia sea admitido en el juzgado que atiende el caso Terrorismo y es probable que pese al inmenso costo de imagen que le significa el refugio del exfiscal en el vecino país, las autoridades se estén inclinando por el mal menor.
De cualquier forma, la ampliación del refugio temporal que le acaba de conceder el Comité Nacional para el Refugiado (Conare) de Brasil a Soza, no deja de ser una confirmación del estatus internacional que se ha ganado Bolivia como país carente de las garantías indispensables para llevar adelante un juicio justo. Y no se trata solo de un perseguido, sino de más de setecientos que se encuentran en el país vecino, sin mencionar los que tuvieron que irse a Paraguay, Estados Unidos, Perú y otros destinos.
El Conare es una entidad independiente de las directrices políticas, algo que en Bolivia se ha convertido en una utopía. Se sabe que la entidad se encuentra analizando cuidadosamente el caso de Marcelo Soza y mientras no se tome una determinación final, su condición de refugiado se mantiene inalterable y bajo el estricto respeto de las autoridades diplomáticas brasileñas, que jamás cometerían el error de entregar a una persona para que se cometa un acto de linchamiento. En ese caso, no debe dejar de ser preocupante para un gobierno que dice promover el cambio, que hasta el momento no haya conseguido éxito en ningún trámite de extradición.
La ampliación del refugio temporal que le acaba de conceder el  Comité Nacional para el Refugiado (Conare) de Brasil a Marcelo Soza, no deja de ser una confirmación del estatus internacional que se ha ganado Bolivia como país carente de las garantías indispensables para llevar adelante un juicio justo. (De El Dia, de SC)