El costo político de la corrupción

En Bolivia no hemos llegado a extremos como los de algunos de nuestros vecinos, pero son cada día mayores los motivos para temer que es en esa dirección que tiende a encaminarse el proceso político

Dando continuidad a una tendencia que desde hace ya más de un año ha impuesto un nuevo curso a los procesos políticos en todos los países de Latinoamérica, con sólo diferencias de matiz en cuanto a la intensidad y magnitud de sus efectos, durante las últimas semanas se han producido nuevos remezones a causa de las redes de corrupción tejidas alrededor de la empresa constructora Odebrecht de Brasil.

Como se recordará, la primera ola de investigaciones que en Brasil se llevó a cabo bajo el rótulo de “Lava Jato” arrasó a su paso con el gobierno de Dilma Rousseff y dejó muy maltrecho al Partido de los Trabajadores (PT).

Casi simultáneamente, los muchos casos de corrupción cometidos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina fueron causa principal de la derrota de la fórmula oficialistas en las elecciones presidenciales de ese país.

Más recientemente, el generoso intercambio de acusaciones mutuas entre los candidatos presidenciales en Ecuador fueron el ingrediente principal de las campañas electorales y las dos fórmulas que disputaron la presidencia en la segunda vuelta tuvieron en esas denuncias el principal freno a las proyecciones de sus respectivos líderes.

Si a los anteriores ejemplos se suma el caso de Venezuela, donde la corrupción en las filas gubernamentales alcanzó tal dimensión que puede ser identificada como causa principal del colapso político y económico en que está sumido ese país, se completa un panorama en el que la estrecha relación entre la descomposición ética de los gobernantes y el agotamiento de proyectos políticos que hasta hace no mucho tiempo parecían invencibles.
En resumen, no es exagerado afirmar que la corrupción ha adquirido en toda nuestra región una dimensión tal que ya es un factor principal en la reconfiguración del escenario político latinoamericano.

Como es fácil recordar, no es la primera vez que algo así ocurre. A finales del siglo pasado, sin ir más lejos, hubo una crisis generalizada del sistema político partidario que se creó a partir de la recuperación del sistema democrático en los albores de la década del 80. Este sistema, con el paso de los años, se fue burocratizando y la corrupción lo fue corroyendo, al punto que tanto en Brasil como en Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia, hubo importantes movilizaciones sociales que culminaron, en unos países, con verdaderos cambios políticos, sociales y culturales, que se realizaron bajo el paraguas del sistema democrático.

Fue esa crisis de legitimidad la que sentó las bases de un nuevo ciclo político que es el que ahora está desmoronándose bajo el peso de la indignación popular.

En Bolivia, felizmente, no hemos llegado a extremos como los de algunos de nuestros vecinos, pero son cada día mayores los motivos para temer que es en esa dirección que tiende a encaminarse el proceso político. En efecto, son cada vez más frecuentes las noticias que dan cuenta de malos manejos de los recursos públicos, sin que las instancias estatales encargadas de luchar contra la corrupción den suficientes muestras de una sincera y firme voluntad fiscalizadora.

Es de esperar que esa tendencia sea pronto revertida pues, de otro modo, será cada vez más difícil detener el avance de la descomposición.