La empresa argentina Astra Evangelista S.A. (AESA) realizó el estudio de cotización de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, se adjudicó la construcción de la obra y YPFB contrató una empresa, que resultó ser socia de AESA, para que la fiscalice.
Todo este proceso ocurrió en la gestión del actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, y éste nunca se dio por enterado, hasta que el hecho salió a la luz el pasado 17 de junio, la punta del ovillo, cuando su gerente de Plantas Separadoras, Gerson Rojas Terán, protagonizó un accidente de tránsito en Yapacaní, municipio de Santa Cruz.
El exdelegado para la revisión y mejora de la capitalización en el gobierno de Carlos Mesa, Francesco Zaratti, corroboró las irregularidades en el caso Río Grande.
“YPFB contrata a una empresa no sólo para que le diga el precio, sino que después con este precio contratan a la misma, y más aún contratan a una empresa para fiscalizarla y resulta ser socia de la empresa que construye”, sostuvo Zarati en declaraciones a Erbol.
El hermano de Gerson Rojas Terán, Carlos Rojas Terán, es gerente de ingeniería en Bolivia Petróleo y Gas Consultores y Servicios SRL (Bolpegas), la empresa que YPFB contrató para que fiscalice la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande, que es asociada con la empresa Hytech Ingeniería de Argentina, que es la que provee equipos para la planta de Gran Chaco.
En el transcurso de la investigación, la Fiscalía de Santa Cruz encontró en la oficina de Gerson Rojas en YPFB, objetos personales, un sello del presidente de Hytech y un fólder con documentación de Bolpegas.
El pasado 22 de julio, Carlos Villegas declaró que los controles de todos los sistemas administrativos y financieros en YPFB “están ahí, son controles rígidos, pero yo no puedo controlar la vida cotidiana y hasta extra laboral de cada persona que trabaja con nosotros”.
Aseguró que todos los mecanismos de control estaban vigentes. “Insistí que debían ser ágiles y eficientes”. Aseguró que YPFB cuenta con mecanismos de control interno como la unidad de auditoría interna y la unidad de transparencia, además dos mecanismos externos en la Contraloría y Ministerio de Transparencia, que dicho sea de paso, actúan sólo por requerimiento y denuncia.
El Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en su capítulo I, artículo 5, señala que “El Presidente Ejecutivo de YPFB es la autoridad responsable de los procesos de contratación efectuados al amparo de lo dispuesto en el presente reglamento. (…) se constituye en la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación por comparación de ofertas”.
De acuerdo al Reglamento, Villegas es responsable de autorizar el inicio del proceso de contratación, de remitir a la Gerencia de Administración y Finanzas toda la documentación para la ejecución del proceso de contratación, contratar técnicos especializados, designar a los miembros de la Comisión de Calificación, aprobar el informe de calificación y sus recomendaciones, emitir la resolución de adjudicación o declaratoria de desierta y suscribir el contrato.
Antecedentes del caso
El 17 de junio, Gerson Rojas Terán, en estado de ebriedad, protagonizó una triple colisión en la carretera a Yapacaní. La vagoneta de 80 mil dólares que conducía, de propiedad de YPFB, quedó hecha chatarra.
El 27 de junio, diez días después, YPFB se querella contra Rojas y pide su detención preventiva, aunque sólo lo sindica de uso indebido de bienes del Estado, por haber utilizado una vagoneta oficial fuera de horas y días laborales. Rojas Terán fue aprehendido el 28 de junio. A la fecha guarda detención en el penal de Palmasola.
Rojas Terán aseguró en su declaración informativa que el 17 de junio se encontraba en función laboral y además coordinó la compra de un terreno directamente con el titular de YPFB. Enfatizó que desde que inició sus funciones en YPFB tuvo trato directo con Villegas, incluso por encima del vicepresidente nacional de Operaciones, Mario Salazar.
El 4 de julio, luego que la Fiscalía avanzara las investigaciones y encontrara cuentas de cajas de seguridad en un banco y datos sobre presunto pago de “coimas”, en la adjudicación de la Planta Separadora de Río Grande, YPFB solicita que se amplíe la investigación contra Rojas Terán por presunto enriquecimiento ilícito.
Durante las indagaciones, al exejecutivo se le encontró y secuestró la suma de $us90.000 en nueve fajos, anotaciones de supuestos montos y fechas de movimientos de dinero que eran manejados en el Banco Mercantil Santa Cruz; una caja de seguridad con el No. 069 que pertenece a Agustín Javier Ugarte Méndez y a Gerson Rojas Terán, donde no se recolectó ningún objeto.
De acuerdo con el kárdex de uso de caja de banco, Ugarte Méndez ingresó el sábado 30 de junio, a las 12:55, y retiró el contenido de la misma.
El 7 de julio, casi 20 días después del accidente, YPFB se querella contra Agustín Ugarte Méndez por complicidad en enriquecimiento ilícito. Ugarte Méndez, miembro de la Comisión Calificadora de YPFB y hombre clave en los procesos de adjudicación de los millonarios contratos que maneja la corporación estatal, admitió haber recibido 100 mil bolivianos de Rojas Terán poco antes de la adjudicación de la planta separadora de Río Grande a AESA.
De acuerdo a los datos, ambos exejecutivos formaron parte de los procesos de licitación millonarios de las plantas separadoras de líquidos tanto de Río Grande, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, como de Gran Chaco, a construirse en Yacuiba (Tarija).
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