la madre del cordero: poderes iliminados a Rivera y Rodas
El 27 de enero de 2011, el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti, no sólo ratificó a los abogados Fernando Rivera y Denis Rodas el poder “especial, amplio y suficiente” que les otorgó en 2010 para actuar en nombre de esa cartera de Estado, sino que les confirió más poderes, casi ilimitados, luego de promover a Rodas del cargo de Coordinador General de Asuntos Jurídicos a Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica dependiente de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a petición del director de esa repartición (Rivera) como consta en el memorándum del 10 de agosto de 2010.
La otorgación y uso de este “superpoder”, según el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic, conlleva legalmente la corresponsabilidad del demandante, en este caso del exministro Llorenti, pero también de las siguientes autoridades de Gobierno que no les revocaron el poder y dejaron que los funcionarios sigan actuando amparados en el mismo.
Dijo que la responsabilidad se agrava, debido a que en el Ministerio de Gobierno no tienen la información de la cantidad de casos en el país en los que los dos asesores jurídicos actuaron a nombre de ese ministerio, utilizando ese poder “extraordinario” que les dio carta blanca para actuar en todas las estructuras del Estado (Ejecutivo, Órgano Judicial, Ministerio Público y la Policía).
De acuerdo al Ministerio de Gobierno, ha recibido al menos 80 denuncias, víctimas de diferentes casos en los que los exasesores jurídicos actuaron en representación del Ministerio de Gobierno, y en coordinación de jueces y fiscales les presionaron y extorsionaron.
Pese a esas denuncias, la comisión de fiscales conformada en Santa Cruz, sólo investiga a la red en el caso del empresario estadounidense Jacob Ostreicher.
Los abogados Rodas y Rivera, miembros de la Dirección Jurídica –recluidos en Palmasola–, acusados de ser los líderes de la red de extorsión y corrupción, aseguraron cuando fueron aprehendidos y la semana pasada, que sólo cumplieron su trabajo y que los ministros de Gobierno, que pasaron por esa cartera, tenían conocimiento de su actuación en los diferentes casos.
Los ex y actual ministro de Gobierno, en sus declaraciones ante la comisión de fiscales, aseguraron que desconocían las actividades ilegales de los abogados, debido a que éstos tenían cierta autonomía.
El actual embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti, posterior a su declaración informativa manifestó que les veía como personas responsables y abogados competentes. “Reiterar que en tanto yo he estado como ministro de Gobierno, no ha habido ninguna denuncia de corrupción o de extorsión en contra de estos ciudadanos (Rivera y Rodas). Ellos han tenido responsabilidades que se les ha otorgado porque yo siempre los he visto como personas responsables y abogados competentes para llevar adelante las tareas que tenían”, aseguró.
El exministro de Gobierno Wilfredo Chávez admitió que durante su gestión otorgó un “poder limitado” a Rivera y Rodas para asuntos estrictamente legales de esa oficina pública, y culpó a la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, no haberlos cambiado, porque abogó por ellos. Hecho que fue negado por la ministra.
Romero y Suxo –que han sido cuestionados por su vinculación con los funcionarios, y fueron parte de sus ministerios y su actuación frente al destape de este grupo– fueron considerados por el presidente Evo Morales como los “mejores” ministros de su gabinete junto al de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Rivera Tardío y Rodas Limachi trabajaron desde la gestión del ministro Alfredo Rada hasta la actual, de Carlos Romero, quien les revocó el poder días previos a su aprehensión, luego de que se destapó el escándalo de la red de extorsión y corrupción en noviembre del año pasado.
Rivera fue detenido el 27 de noviembre del año pasado, a la salida de la audiencia del juicio del caso Rózsa, que se desarrollaba en Tarija, y en el que en representación del Ministerio Público, se apersonó como denunciante junto al Ministerio Público. Mientras que Rodas, ya había sido despedido unas tres semanas antes y fue aprehendido días después en La Paz.
El diputado del MSM Fabián Yaksic dijo que pidió informe y documentación, durante la interpelación a los ministros en el Legislativo sobre la red de funcionarios, sobre los casos en los cuáles estos abogados actuaron en repressentación del Ministerio de Gobierno, pero que a la fecha no se le ha proporcionado ese detalle.
Informe del fiscal en suspenso
Tras la suspensión de la audiencia solicitada para recibir un informe oral del fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, según la diputada del Movimiento Sin Miedo Marcela Revollo, muchos detalles de cómo se está llevando adelante la investigación de la red de extorsión, en la que varios de los imputados son fiscales, están en duda.
Dijo que como diputados del MSM van a insistir, inaugurada la próxima legislatura, en la presencia de Guerrero, pero con un cuestionario actualizado, a partir de los hechos que se han registrado en los últimos días.
Anotó que con relación a la investigación centralizada en Santa Cruz, hay una falta de acceso a los datos de las indagaciones, al parecer resultado de la posición hermética del Gobierno sobre el caso.
Llama la atención en los últimos dias, dijo, la reacción del Gobierno a las cartas enviadas por los principales implicados, Fernando Rivera, Denis Rodas y Boris Villegas, al Legislativo pidiendo la conformación de una comisión para que investigue todas las denuncias.
“La reacción ha sido fortalecer la imagen y respaldo a los ministros cuestionados”.
Poder “ilimitado”
El testimonio del Poder Especial 140/2011 que recibieron Fernando Rivera y Denis Rodas, en su calidad de abogados de la Dirección de Asuntos Jurídico del Ministerio de Gobierno el 27 de enero del 2011, les faculta a intervenir en todas las acciones que vieran por conveniente y plantear “todo tipo de incidentes y nulidades de actos y notificaciones, (pueden) pedir se suspendan y revoquen medidas cautelares, pedir y solicitar declaratorias de rebeldía, solicitar anticipo de prueba, ofrecer producir y judicializar toda clase de prueba que consideren necesaria.
Ese poder, según señala, no podrá ser tachado, observado, rechazado ni declarado insuficiente por motivo alguno o por carecer de cláusulas expresas no contempladas, pues es otorgado en forma amplia para los fines expresados en forma enunciativa y de ningún modo en forma limitativa”.
