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domingo, 14 de abril de 2013

Excelente crónica de Los Tiempos, de la pluma de July Rojas Medrano sobre el caso Róxsa aunque con 6 fotografías de El Deber y basado en datos de las Agencias Noticiosas. no hay dónde perderse.


“Termina de caer o no”, es el dilema que envuelve en estos momentos el juicio por el denominado caso Rózsa, justo a cuatro años de los hechos por los cuales se inició: la intervención policial en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, en la que murieron el húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el húngaro-rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer, tres integrantes del presunto grupo terrorista que planeaba matar al presidente Evo Morales y dividir el país.

Se van a cumplir cuatro años de esos hechos y hay por eso 39 personas acusadas, las pruebas que los incriminan y los responsables de la investigación hoy están en duda, y el proceso avanza a paso de tortuga por las continuas suspensiones y cuartos intermedios de las audiencias.
Gobierno y acusados concuerdan en que existe demora, pero unos culpan a los otros por eso.
El caso tuvo un giro sorpresivo, por la renuncia del fiscal Marcelo Soza, y su “licencia vacacional” de 60 días, después de la difusión de fotografías y audios que lo vinculan con exfuncionarios mienbros de la red de extorsión.
Ante este nuevo contexto, el presidente Evo Morales evitó opinar sobre el caso terrorismo y el fiscal Soza, en cambio el vicepresidente Álvaro García Linera pidió que se investigue al fiscal y que no se pierda de vista el caso Rózsa.
“La preocupación va frente a la dilación (...) que se investigue al fiscal, que se investigue videos, pero que nunca se pierda de vista el horizonte, (...) sanción a los responsables por intento de separatismo y terrorismo frente al Estado”, exigió.

Dilación
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a los involucrados en el caso Rózsa de dilatar el proceso judicial para confundir con denuncias que estarían al margen del proceso.
“Se desmayan y se suspenden las sesiones y ahora se busca hacer ver que sus audios y fotos es el tema de fondo, eso hay que aclarar”, aseguró Romero.
Para la abogada de Alberto Melgar, Verónica Suárez, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno son los responsables de la demora del caso, “siempre trataron de recusar jueces, para suspender audiencias. A ellos no les conviene llegar a una sentencia, porque no tienen pruebas para sentenciar a una persona con un delito tan fuerte como es el terrorismo y levantamiento armado”.
Por su parte, el fiscal general, Ramiro Guerrero, afirmó que desde el Ministerio Público se demostrará la autoría de todos y cada uno de los que están siendo procesados por terrorismo.
“Se va a demostrar cuál el grado de participación, de qué manera ellos han tenido una participación material e intelectual en esos hechos, a través de todas las pruebas que se tiene”, dijo.
El juez Ricardo Maldonado, quien estuvo a cargo de la etapa preparatoria y llevó adelante la audiencia conclusiva, considera que este proceso demoró más de dos años debido a la “constitución de tribunal, los incidentes y excepciones, se enfermaba uno, se enfermaba otro. Yo he aplicado la ley y he logrado concluir la etapa preparatoria”.

Guerrero: Proceso no se cae

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, afirmó que la ausencia o renuncia de uno o una fiscal no paraliza ni menos se cae el proceso por terrorismo y alzamiento armado que se lleva adelante contra más de 39 personas acusadas.
“La renuncia del doctor (Marcelo) Soza no afecta en nada el desarrollo del caso terrorismo, nuestro Ministerio Público es único e indivisible, en base a este principio se rige cualquier fiscal y en cualquier momento puede asumir cualquier causa y sustentar el proceso”, afirmó Guerrero.
Dijo que desde el Ministerio Público se demostrará la autoría de todos y cada uno de los que están siendo acusados por terrorismo. Los fiscales que siguen el caso por terrorismo denunciaron que la defensa de los acusados han realizado una serie de trabas y chicanas jurídicas para dilatar el juicio que ya lleva más de tres años.
El pasado jueves, Guerrero brindó su informe ante los diputados de la Comisión de Constitución, con docuementos en mano apoyado por tres fiscales que llevan adelante el caso.
TRES PROCESOS 

El denominado caso Rózsa está dividido en tres procesos:
• El primero, tiene 39 acusados de alzamiento armado y sedición, está a cargo del fiscal Marcelo Soza.
El juicio se inició en octubre del 2012 y hasta la fecha no ha podido llegar a una sentencia en primera instancia.
• El segundo busca a los responsables del supuesto financiamiento del presunto grupo terrorista, tiene 45 investigados y está a cargo del fiscal Harry Suaznábar, aún no llegó a juicio.
Entre los acusados están el exlíder cívico cruceño Branko Marinkovic, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el exministro y empresario Guido Nayar.
• El tercero tiene que ver con el video-soborno. El “testigo clave” del Ministerio de Gobierno, Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, fue filmado recibiendo dinero, 31.500 dólares, por su testimonio y su desaparición, de parte de funcionarios de Gobierno.
El único investigado y acusado por este hecho es Villa Vargas, los presuntos sobornadores no han sido imputados a la fecha.

ALGUNOS PERSONAS EN EL CASO TERRORISMO

Ignacio Villa Vargas, acusado

El “testigo clave” del proceso


“El Viejo”, Ignacio Villa Vargas, detenido varias veces, delator de la banda de Eduardo Rósza Flores, acusado de traficar información y que una vez trató de vender una entrevista a un canal de televisión.
Fue el testimonio de Villa Vargas el que vinculó inicialmente a varios líderes de la oposición cruceña como Branko Marinkovic, Guido Náyar y Pablo Humberto Costas.
“El Viejo” afirmó que conoció a Rósza y que su grupo buscaba dividir al país. Fue parte del equipo de organización logística de la banda irregular.

Marcelo Soza, Fiscal del caso 

Renunció en dos ocasiones al cargo


El caso terrorismo fue asignado el 2009 al fiscal Marcelo Soza, quien concluyó con la acusación de 39 personas, entre extranjeros y cívicos cruceños, a éstos supuestamente por financiar al grupo.
Renunció en dos ocasiones al cargo de director funcional de la investigación del caso, por supuestas amenazas que recibía.
“Desde que me hice cargo de la investigación, (...) en contra de Mario Tadic y otros, he sido víctima de una serie de difamaciones, calumnias e injurias por parte de políticos, imputados, abogados”. 

Fernando Rivera,Exasesro del Ministerio de Gobierno 

Pasó de acusador a ser acusado


Fernando Rivera, junto a Dennis Rodas fueron los asesores legales del Ministerio de Gobierno, trabajaron cinco años en esa repartición estatal, sortearon las gestiones ministeriales de Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez y Carlos Romero.
Ambos llevaron adelante los primeros tres años del caso terrorismo como parte querellante.
Ambos fueron arrestados, son investigados  y cumplen una detención preventiva por el caso de extorsión a presuntos delincuentes.También están implicados otros.   


Walter Andrade, Ex jefe de la Utarc

Vinculado con célula terrorista


El capitán Walter Andrade era el jefe de la disuelta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), fue vinculado con el grupo del boliviano húngaro de Eduardo Rózsa Flores, mediante la aparición de fotografías donde está sentado junto al presunto líder del grupo terrorista desarticulado en Santa Cruz. Aparentemente la fotografía habría sido tomada en la casa de Ignacio Villa Vargas, “ El Viejo”, donde se planeó el atentado al presidente de la República Evo Morales. Se conoce que en las últimas semanas retornó del exterior.  



ACONTECIMIENTOS PREVIOS 

El 30 de marzo de 2009 un artefacto estalla en la casa del concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Saúl Ávalos, quien después recibió custodia policial.
El 15 de abril, una explosión destruye el portón de la casa del cardenal Julio Terrazas. No se registraron víctimas fatales a consecuencia de las explosiones, debido a que la vivienda no tenía ocupantes.

INTERVENCIÓN POLICIAL AL HOTEL

 La madrugada del 16 de abril de 2009, aproximadamente a las 4:30, un grupo de élite de la Policía toma por asalto el hotel Las Américas y mata al húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el húngaro-rumano Arpad Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.
Detienen a Elöd Tóásó y a Mario Tadic. También allana la Fexpo e incautan armas, explosivos, computadoras y memorias digitales.  


PRIMERAS DETENCIONES 

Los primeros arrestados fueron Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza. Fueron trasladados hasta La Paz esposados y con los ojos cubiertos el 29 de abril.
El 17 de diciembre de 2010 la acusación formal contra 39 personas. De esas, hay 11 detenidos en cárceles, 12 con arresto domiciliario y 16 se han autoexiliado, en diferentes países. Algunos tienen refugio político.

APARECE “EL VIEJO” 

El 4 de mayo del 2009 se conocen las declaraciones de Ignacio Villa Vargas, “El Viejo”, quien acusa a empresarios y políticos de Santa Cruz de financiar y traer a Eduardo Rózsa para dividir el país y derrocar al presidente Evo Morales.
Luego se desdice, asegura que fue torturado y se conoce mediante un video denominado “soborno” que recibió dinero de funcionarios públicos para que huya del país a Argentina.

NÓMINA DE DETENIDOS

Mario Tádic Astorga, Elod Tóásó, Alcides Mendoza Masabi, Juan Carlos Guedes Bruno, Mario Antonio Herrera Sánchez, Alejandro Gelafio Santistevan Stroebel, Roberto Justiniano Áñez, Hugo Paz Lavadenz, Zvonko Matkovic Ribera, Hugo Melquiades Vásquez, Marco Antonio Monasterios Mariscal, Juan Carlos Velarde Roca, Zoilo Salces, Lucio Añez, Juan Carlos Santiesteban López, Ronald Enrique Castedo Allerding, Gary Prado Salmón, Carlos Eduardo Pereira Flores, Juan Alberto Kudelka Zalles, Juan Adalberto Tórrez Céspedes, Alberto Melgar Villarroel e Ignacio Villa Vargas.


DECLARADOS PRÓFUGOS

Guido Eduardo Nayar Parada, Mario Antonio Paniagua Alpire, Gelafio Santistevan Hurtado, Branko Marinkovic Jovicevic, Alejandro Melgar Pereira, Hugo Achá Melgar, Alejandro Brown Ibáñez, Rony Hurtado Vaca.
Luis Alberto Hurtado Vaca, Lorgio Balcázar Arroyo, Enrique Vaca Pedraza, David Sejas López, Héctor Renato Laguna Paniagua, Pablo Humberto Costas Aguilera, Mario Adolfo Bruno Leonhart y Luis Orlando Justiniano Áñez.

ESPERANZA DE JUSTICIA. con buenos ojos han visto los analistas y los políticos la resolución del Tribunal Constitucional del uno de febrero de devolver obrados antes del Tribunal de Sentencia de LP en el caso "Terrorismo 1" para el Gobierno insostenible.


El fallo del Tribunal Constitucional del 1 de febrero de 2013,  leído el pasado viernes de manera sorpresiva por Otto Ritter, abogado defensor de Gary Prado Salmón, que  revocó  la resolución 22/2012 del 22 de octubre, inhabilitando competencia del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, es considerado como una acción acertada de justicia, por parte de políticos y analistas que ven esperanzados el caso.
hasta que alguno de la sala mostró en su Ipad el texto de la R. del TSC

"Con esto el Tribunal Constitucional lo que hace, más allá de que sea el caso Rózsa o cualquier otro, es poner énfasis que definitivamente  los operadores de justicia están fallando al país con sus acciones. Y al Gobierno le dice que no más manipulaciones o dilación en el proceso", remarcó Carlos Cordero, analista de temas políticos.

Señal de justicia. Si bien el proceso del caso terrorismo que este 16 de abril concreta cuatro años sin esclarecerse, por determinación del juez Sixto Fernández Henim quedó en suspenso para su reinicio el 22 de abril. Este viraje constitucional, es inapelable y de cumplimiento obligatorio, por lo que según Jorge Landívar, analista político, manifestó que el Tribunal Constitucional actuó con ecuanimidad para que el caso sea radicado en la ciudad de Santa Cruz y no así en otros sitios del país como en el caso de La Paz.
"Ahora debe volver por completo a la ciudad de Santa Cruz, todo lo que se hizo en La Paz, no solo por el caso del Gral. Prado sino para los 22 imputados por supuesto terrorismo", precisó.
Además, Landívar enfatizó que al Gobierno cada día se le está haciendo insostenible llevar este caso, que durante los últimos días ha marcado agenda en la opinión pública señales de dilación de justicia, con un fiscal (Soza) involucrado con la banda extorsionadores, grabaciones, en fin.
Por su parte la politóloga Jimena Costa, mencionó que aún es prematuro pensar que la justicia actúa con ecuanimidad, cuando el gobierno utiliza su accionar de manera política. "Este caso al Gobierno se le está escapando de las manos. Nada se ha investigado hasta el momento. Aparecen las grabaciones, pero los hechos no se han investigado. Yo no creo que el Tribunal Constitucional haya actuado de manera independiente, ya que lo de Gary Prado, incluso ha sido una vendetta del Gobierno de Fidel Castro (respecto al Che)", apuntó.
Lejana posibilidad. Los analistas sostienen que el proceso seguirá por largo tiempo, mientras el Gobierno vea conveniente hacerlo. "A mayor dilación mayor costo político. El Gobierno debe darse cuenta de ello", dice Cordero.