ESPERANZA DE JUSTICIA. con buenos ojos han visto los analistas y los políticos la resolución del Tribunal Constitucional del uno de febrero de devolver obrados antes del Tribunal de Sentencia de LP en el caso "Terrorismo 1" para el Gobierno insostenible.

El fallo del Tribunal Constitucional del 1 de febrero de 2013,  leído el pasado viernes de manera sorpresiva por Otto Ritter, abogado defensor de Gary Prado Salmón, que  revocó  la resolución 22/2012 del 22 de octubre, inhabilitando competencia del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, es considerado como una acción acertada de justicia, por parte de políticos y analistas que ven esperanzados el caso.

hasta que alguno de la sala mostró en su Ipad el texto de la R. del TSC

"Con esto el Tribunal Constitucional lo que hace, más allá de que sea el caso Rózsa o cualquier otro, es poner énfasis que definitivamente  los operadores de justicia están fallando al país con sus acciones. Y al Gobierno le dice que no más manipulaciones o dilación en el proceso", remarcó Carlos Cordero, analista de temas políticos.

Señal de justicia. Si bien el proceso del caso terrorismo que este 16 de abril concreta cuatro años sin esclarecerse, por determinación del juez Sixto Fernández Henim quedó en suspenso para su reinicio el 22 de abril. Este viraje constitucional, es inapelable y de cumplimiento obligatorio, por lo que según Jorge Landívar, analista político, manifestó que el Tribunal Constitucional actuó con ecuanimidad para que el caso sea radicado en la ciudad de Santa Cruz y no así en otros sitios del país como en el caso de La Paz.

"Ahora debe volver por completo a la ciudad de Santa Cruz, todo lo que se hizo en La Paz, no solo por el caso del Gral. Prado sino para los 22 imputados por supuesto terrorismo", precisó.

Además, Landívar enfatizó que al Gobierno cada día se le está haciendo insostenible llevar este caso, que durante los últimos días ha marcado agenda en la opinión pública señales de dilación de justicia, con un fiscal (Soza) involucrado con la banda extorsionadores, grabaciones, en fin.

Por su parte la politóloga Jimena Costa, mencionó que aún es prematuro pensar que la justicia actúa con ecuanimidad, cuando el gobierno utiliza su accionar de manera política. "Este caso al Gobierno se le está escapando de las manos. Nada se ha investigado hasta el momento. Aparecen las grabaciones, pero los hechos no se han investigado. Yo no creo que el Tribunal Constitucional haya actuado de manera independiente, ya que lo de Gary Prado, incluso ha sido una vendetta del Gobierno de Fidel Castro (respecto al Che)", apuntó.

Lejana posibilidad. Los analistas sostienen que el proceso seguirá por largo tiempo, mientras el Gobierno vea conveniente hacerlo. "A mayor dilación mayor costo político. El Gobierno debe darse cuenta de ello", dice Cordero.