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miércoles, 16 de abril de 2014

El Dia no ahorra adjetivos "Cinco Años de Infamia" es lo que Evo ha hecho vivir a Santa Cruz y al país desde la masacre de Las Américas. verguenza de estar en el poder, de llamarse "proceso de cambio". de páginas negras, plan macabro para destruir "a un enemigo ocasional". ha quedado desbordado sin atisbo de decencia la deshonestidad de un Régimen perverso y corrupto.

Que la justicia siempre ha sido manipulada; que la corrupción es un mal endémico en Bolivia; que la política es lo más parecido a un club de forajidos; que el Estado no es sinónimo de servicio sino simple acumulación de poder, de dinero e influencias. Eso lo sabíamos antes del 2005, pero nunca como en los últimos cinco años para constatar hasta dónde puede haber llegado la degradación de la función pública, cuando la ambición por el poder se vuelve desmedida. Nunca como en este periodo para que los bolivianos nos demos cuenta que nuestro país necesita cambiar.

Estamos hablando de los cinco años transcurridos desde que comenzó a escribirse una de las páginas más negras de la historia de Bolivia. Desde aquella madrugada del 16 de abril de 2009, cuando los más altos niveles de la política, la Policía y la justicia, perpetraron un plan macabro, que más allá de constituirse en una estrategia militar para destruir a un enemigo ocasional, ha llegado a ser el proceso de destrucción del tejido institucional más letal que se haya ejecutado en el país.

En estos cinco años, nuestra cuestionada justicia pasó a convertirse en un mero instrumento de control político que ha sustituido a los matones, los esbirros y los campos de concentración de las dictaduras. Los jueces, los fiscales, los tribunales soy hoy en día simples herramientas que alimentan el apetito de poder de un grupo de inescrupulosos y aventureros que están convencidos de que en Bolivia se está refundando algo, cuando en realidad se ha estado conduciendo a la nación al despeñadero de la ilegalidad, el delito y las mafias organizadas.

Teníamos una Policía con problemas y con muchos desafíos. Pero hoy, esos retos consistentes en superar la corrupción y recobrar la credibilidad de la gente han sido tirados por la borda, pues nuestros uniformados son meros peones del matonaje que actúa con capuchas y en las oscuranas, como vulgares asaltantes, cumpliendo órdenes de funcionarios que son capaces de hacer cualquier cosa por mantener el puesto.

Sabíamos que la política tenía que cambiar; que nuestros líderes no supieron conducir con sabiduría la democracia y las instituciones que debían forma y sentido al Estado. Pero nunca hemos visto una generación de dirigentes tan bien organizados para extorsionar, para lucrar con el crimen y hacer de la persecución y el hostigamiento una suerte de juego articulado por delincuentes confesos, chantajistas de la peor calaña y sujetos que recibieron carta blanca para cometer fechorías que han dejado perplejos a todos.

El caso Rózsa ha sido útil para el Gobierno en la desmovilización de toda una región y para mantener prácticamente secuestrados a sus dirigentes. Pero el precio ha sido muy alto, no para el régimen, que a lo mejor siempre tuvo oscuras intenciones, sino para todo un país que hoy contempla cómo el sistema judicial ha empeorado, pues no se puede hallar en él ni un solo atisbo de decencia y honestidad que permita ver la luz al final del túnel. Este proceso sañudo y pringado de todos los vicios que se podían imaginar, ha servicio sin embargo, para desnudar a la cúpula del poder, sus falsos discursos, los métodos que usan y los objetivos que  buscan.
En estos cinco años, nuestra cuestionada justicia pasó a convertirse en un mero instrumento de control político que ha sustituido a los matones, los esbirros y los campos de concentración de las dictaduras. Los jueces, los fiscales, los tribunales soy hoy en día simples herramientas que alimentan el apetito de poder de un grupo de inescrupulosos y aventureros que están convencidos de que en Bolivia se está refundando algo, cuando en realidad se ha estado conduciendo a la nación al despeñadero de la ilegalidad, el delito y las mafias organizadas.

El Deber ha producido una separata cuando se cumplen CINCO AÑOS DE LA MASACRE DEL HOTEL. su material es valioso. bien documentado e irrefutable. se ha vendido por miles y constituye un DOCUMENTO SIN PRECEDENTES.

La madrugada del 16 de abril de 2009 el país se sacudió desde el cruce de las calles 21 de Mayo y Seoane. Aquella noche un operativo policial en el hotel Las Américas terminó con la vida de Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, y se inició una historia política y judicial que hoy, a cinco años de ocurrida, no termina de cerrarse.
Los sobrevivientes de las acciones ejecutadas -sin apoyo fiscal ni orden judicial- Elöd Tóásó y Mario Tadic están, junto a otras 37 personas, procesados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado. El juicio ha tenido varios ‘tropiezos’ y se han conocido versiones de lo sucedido en aquel entonces. Varias coinciden en que el proceso fue armado, que Rózsa fue asesinado junto a los otros dos extranjeros y que el Ejecutivo no quiere que la verdad se conozca. El Gobierno habla de terrorismo y separatismo.


Una nueva revelación fue lanzada por exautoridades del Ministerio de Gobierno que de una u otra manera se involucraron en este caso. EL DEBER conversó con estas personas que aseguran que el Gobierno no se infiltró en la supuesta célula terrorista, sino que el caso habría nacido a finales de 2008, supuestamente orquestada por algunos miembros del Ejecutivo. En ese tiempo, el nombre de Eduardo Rózsa comenzó a circular en los órganos de seguridad del Estado. No mencionan nombres, pero afirman que hubo una pirámide de mando que se hizo cargo de lo que luego ocurrió.
En palabras de estos exfuncionarios, la finalidad del caso fue desarticular el movimiento autonomista que había desbordado el control estatal (toma de instituciones y confrontaciones permanentes con la Policía). El poder estatal no era firme en Santa Cruz y a Evo Morales le costaba visitar esta tierra. 
Consultado al respecto, el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, descarta que el caso hubiera sido un montaje. Dice que él mismo fue víctima de los actos de este grupo con un atentado a su vivienda, que si no hubiera vivido en Santa Cruz tal vez creería la hipótesis y que eso le permitió conocer cómo funcionan los grupos de poder locales, lo que hace creíble la versión de separatismo.
Consultado sobre la posibilidad de que las acciones de Rózsa fueran conocidas desde 2008, Romero explica que no puede responder sobre esos hechos, ya que no era ministro de Gobierno en ese entonces (el ministro era Alfredo Rada). Sin embargo, sobre su experiencia en otros casos, Romero dice que es posible, ya que la Policía no siempre actúa de inmediato para desarticular bandas, sino que espera a que sus actos se desarrollen para conocer sus nexos con otras personas. Esta posibilidad ya había sido explorada en mayo de 2009 por la comisión de Diputados que investigaba los hechos. El entonces diputado César Navarro reconoció que Rózsa y su grupo fueron detectados desde que se registraron por primera vez en un hotel de Santa Cruz, en octubre o noviembre de 2008.
Los consultados por EL DEBER revelaron que la mañana del 15 de abril, los personeros que manejaban la información de lo que ocurriría en la capital cruceña les pidieron prepararse para todo, ya que algo grande sucedería en Santa Cruz y sus servicios serían necesarios. Solo comprendieron la verdad de lo que había pasado varios días después de los hechos, mientras muchos cruceños salían del país y otros, supuestamente, negociaban su libertad a cambio de dinero y colaboración. “La información era manejada por un grupo cerrado, porque temían que los datos se filtraran”, comentaron estas personas, que pidieron mantenerse en el anonimato.

Silencio por el hotel
EL DEBER, durante la corta conversación que sostuvo con estas exautoridades, trató de conocer la verdad que ellos dicen saber respecto a las muertes de Rózsa, Magyarosi y Dwyer. La versión oficial en el juicio de supuesto terrorismo señala que existió un cruce de fuego entre los extranjeros y el equipo policial especializado de la Utarc, lo que derivó en las tres muertes. Las exautoridades pidieron no hablar, ya que aseguraron que son muy pocas las personas que conocen datos sobre lo que verdaderamente ocurrió aquella noche. 
Otra versión que estos personajes decidieron mantener bajo reserva es cómo llegó al país Rózsa y quiénes se convirtieron en su grupo de apoyo. ¿Quién lo trajo?, ¿cómo y quién lo contactó?, ¿qué instrucciones le dieron? y ¿qué tipo de personas coordinaron su trabajo?, se les preguntó. Aseguran que las responderán a su debido tiempo. La versión del Ministerio de Gobierno es monolítica: hace cinco años se frustró una aventura separatista.

Los audios y la carta
Desde 2009 aparecieron videos y audios sobre lo que presuntamente sucedió. Para algunos estas afirmaciones son una prueba de que todo fue montado, mientras que para uno de los fiscales que sigue el juicio, Iván Ortiz, no dejan de ser “dimes y diretes”.
“Aún no hemos apegado nuestras narices en el corazón de las pruebas. El juicio recién está en su etapa inicial y se deben esperar los avances”, apuntó Ortiz y recordó que hay personas que se dedican a hacer campaña en contra del caso, afirmando que no existen pruebas.
 Sin embargo, la carta del principal acusador de esta causa, el exfiscal Marcelo Soza, se convirtió en una piedra en el caso, ya que reveló que el poder político nacional le pidió ‘ayuda’ para ejecutar acciones en el proceso y acusó a gente del Ministerio de Gobierno de sembrar pruebas, de comprar testigos y de dirigir políticamente las sindicaciones.
El  Gobierno ha asegurado que el supuesto grupo irregular sigue operando, ya que se habría construido alianzas con los legisladores de la oposición para desestabilizar la gestión del presidente Evo Morales. También ligan en el ‘complot’ al exprefecto Manfred Reyes Villa. 
En lo formal, a cinco años del operativo en el hotel Las Américas, el juicio está paralizado, hay 16 refugiados en otros países, 10 personas presas y 13 enjuiciados que luchan a diario en los estrados judiciales para ser absueltos