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sábado, 15 de diciembre de 2012

dentro del más lógico razonamiento Carlos Mesa se extraña que hasta ahora los ministros de la Presidencia, de Gobierno, de Transparencia no hubiesen renunciado es que pretenden convertirse en adalides investigándose así mismos


El discurso de la lucha contra la corrupción está tan desgastado que ha perdido cualquier posibilidad de generar efecto en una sociedad que viene escuchando desde hace un par de décadas sobre la revolución del comportamiento y la lucha frontal contra la corrupción, y experimentando exactamente lo contrario.
El Gobierno del presidente Morales vivió hace algunos años uno de los mayores escándalos de corrupción en tiempos democráticos en el caso Catler-Santos Ramírez que se destapó, no por investigaciones del Gobierno sino por el asesinato de uno de los empresarios involucrados en el hecho. Entonces apareció como algo aislado. El súbdito estadounidense Ostreicher ha demostrado lo contrario. Por primera vez en la historia democrática se pone en evidencia una red de extorsión y chantaje anidada en los ministerios de Gobierno, de la Presidencia y en el Ministerio Público. No es ya el caso de una o algunas autoridades que delinquen por iniciativa personal, no, es una estructura organizada con sólidas redes de funcionamiento, protección y distribución de beneficios por sus criminales.
Una vez más, no fue ninguna investigación, sino una denuncia la que abrió la olla podrida. El Gobierno no tuvo otra opción que detener a varios involucrados y abrir una investigación intentando transformar el defecto en virtud. Pero no se puede convertir en virtud una tarea que marca límites y no toca determinados espacios de poder. La Asamblea Legislativa anuncia que no creará ninguna comisión de investigación porque el Gobierno ya la está haciendo. Los ministerios de Gobierno y Transparencia, en medio de fuertes tensiones internas en el seno del MAS, acuerdan un trabajo conjunto para evitar “filtraciones y deslices”. En otras palabras para que las cosas se hagan sin tocar a quien no se puede tocar.
Los ministros bajo cuyo mando funcionaron estas redes, ya contra la pared, adelantan que están dispuestos a presentarse a declarar ante quien sea necesario…
He aquí uno de los nudos gordianos del problema. La responsabilidad. Cuando el actual Presidente abrió un juicio en contra de cuatro expresidentes constitucionales por la firma de contratos petroleros que ningún Presidente firma personalmente, lo hizo basado en un argumento: aunque esos contratos fueron firmados por los presidentes de YPFB, la responsabilidad última es de los presidentes de la República. El juicio como tal es un gran error y en mi opinión carece de fundamento alguno, pero lo que aquí importa es que el expresidente Quiroga y yo mismo asumimos y presentamos nuestra defensa a pesar de no haber firmado contrato alguno. El expresidente Quiroga continúa su defensa injustamente acusado, lo hace él y lo hace con valentía a pesar de que la acusación es endeble y puramente política.
Aquí estamos hablando del mayor escándalo de corrupción del sistema judicial del que se tenga memoria, que ha contaminado gravemente a los ministerios de Gobierno, Presidencia y Ministerio Público. Lo único que cabía en este caso era la renuncia inmediata de los ministros Romero, Quintana y Suxo ¿Por qué? ¿Porque están involucrados en la red de corrupción? No. Eso se verá en la investigación si ésta fuese por ventura imparcial, independiente y creíble. No, debieron y deben renunciar porque siendo ellos ministros funcionó con la mayor tranquilidad y sin control alguno, un grupo criminal organizado que llevó adelante por mucho tiempo acciones que ponen en entredicho al Gobierno y al propio país. Cuando un funcionario de alto rango no es capaz de conducir su ministerio adecuadamente, cuando bajo sus narices se producen actos que debieran avergonzar a cualquiera, no cabe otra cosa que dar un paso al costado. Eso se llama asumir responsabilidades.
Pero ocurre exactamente lo contrario, los ministros que debieran renunciar no lo hacen y además pretenden convertirse en adalides de la investigación ¿Van a ser ellos los que investiguen los delitos ocurridos en sus ministerios? ¡Por favor!
¿Por qué debe renunciar la ministra Suxo? Porque su trabajo no da resultados, porque su ministerio, una de cuyas tareas es la prevención y otra la investigación de corrupción dentro del Gobierno, no se enteró de lo que estaba ocurriendo hasta que Ostreicher sacó los hechos a la luz. Ésa es una negligencia inadmisible en un ministerio tan poderoso y que ha sido tan eficiente en la judicialización de la política.
¿Y el Presidente? Si los ministros no renuncian de motu proprio, el Mandatario debiera haber pedido sus renuncias. El caso afecta severamente la credibilidad y la imagen de su Gobierno. No lo hizo porque sabe –y esto es lo significativo- que su figura es intocable, que el país cree que aunque nade en un mar de corrupción, casi nadie cree que él es parte de la suciedad y porque siempre ha confundido la valentía de aceptar errores propios con debilidad política.
Quien renuncia al cargo porque asume sus responsabilidades, no acepta su vínculo con la corrupción, demuestra dos cosas básicas, su comprensión de la relación entre acto y consecuencia, y su verdadera lealtad al proceso político que dice defender. 

El autor fue Presidente de la República
http://carlosdmesa.com/ 

Demetrio Reynolds escritor y pedagogo se refiere a una justicia intervenida por la mafia, a tiempo que se refiere a los abogados con "permiso para matar" con sus propios esbirros armados hasta los dientes, camouflados, uniformados o sea policías de élite. los que actuaron en hotel Las América en Chaparina su poder "viene del Palacio" convertido en tribunal inquisitivo, sumario y ejecutivo.

Intervenida y manipulada peor que ayer. Aquella que se representaba en la figura de una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano, ya no existe. Ahora funciona según quien la manda o quien le paga. A esa situación catastrófica se ha llegado. El mal no es de ahora, sí; pero su agravamiento es de estos años. De los hechos se desprende la verdad.

Los asesores en los ministerios de la Presidencia y de Gobierno actuaban como mafia organizada; los mismos abogados tenían a su cargo las cuestiones derivadas del terrorismo en el hotel Las Américas y la masacre en Chaparina. No se sabe quién les facilitó el acceso, pero eran funcionarios antiguos. Su extraordinario  poder  demuestra que gozaban de absoluta confianza, no sólo de la  cúpula del poder central sino de todo el aparato administrativo estatal. “El Palacio de Gobierno mandaba a los abogados”

No es raro que el azar ayude a descubrir. Sean Peen, además de merecer una gran acogida presidencial, fue nombrado embajador  para una misión especial en Estados Unidos. En esa circunstancia escucha un desesperado clamor de justicia. Hace 18 meses está encarcelado el norteamericano Jacob Ostreicher. Sin comprobarle nada, lo despojaron de sus bienes. “Con mi arroz se han hecho millonarios”. Está enfermo y no le permitieron siquiera que su esposa le asistiera. Los personajes de espectáculo son portadores de publicidad; el actor expone el caso ante la prensa y el ovillo se desenreda para mostrar un escándalo de película.

Ciegos y sordos los ministros, no advirtieron lo que pasaba a su alrededor. Los llamados “servicios de inteligencia” o no eran tales o estaban al servicio de la corrupción. En Pando 33 camiones de contrabando se esfumaron misteriosamente; un jefe de inteligencia antinarcóticos exportaba droga a los EEUU; el vicepresidente no suelta el secreto de quien ordenó la masacre de Chaparina; en fin,  los muertos de la Calancha y Caranavi todavía claman justicia. Son hechos que trasuntan en sus características y su origen la misma factura. No son eslabones sueltos. Sin las condiciones permisivas no habrían ocurrido.

Hay otros indicadores. La vigencia relativa de la CPE: Para mis amigos todo; para mis enemigos la ley”. El  poder omnímodo de los “dos tercios” condujo al totalitarismo; el sometimiento del Órgano Judicial se operó con ese mismo recurso. En economía, la contratación directa fomentó la irregularidad encubierta, lo mismo que la discrecional entrega de cheques. El interinato y la designación a dedo hicieron tabla rasa de la institucionalidad. Igual que cuando Banzer, hoy se prefiere un gramo de lealtad política a una tonelada de talento profesional.

Pero lo grave  es que se desconozca esa realidad. Se actúa bajo la suposición de que,  excepto ellos, todos son oligofrénicos o idiotas; creen que los males vienen de fuera sólo para perjudicar el “proceso de cambio” y la imagen del Presidente. Con esa visión, el gobierno pasa por todo y  no le pasa nada. La reelección parece ser un hecho. La “estrategia envolvente” va cobrando efectividad sin contrapeso.

El autor es pedagogo y escritor.