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miércoles, 25 de julio de 2012

Francesco Zaratti experto en el tema corrobora las irregularidades en Rio Grande (la planta separadora) aspectos sobre los que Villegas no ha dado explicación lógica (texto de ERBOL y caricatura publicada en OPINION)


La empresa argentina Astra Evangelista S.A. (AESA) realizó el estudio de cotización de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, se adjudicó la construcción de la obra y YPFB contrató una empresa, que resultó ser socia de AESA, para que la fiscalice.

Todo este proceso ocurrió en la gestión del actual presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, y éste nunca se dio por enterado, hasta que el hecho salió a la luz el pasado 17 de junio, la punta del ovillo, cuando su gerente de Plantas Separadoras, Gerson Rojas Terán, protagonizó un accidente de tránsito en Yapacaní, municipio de Santa Cruz.

El exdelegado para la revisión y mejora de la capitalización en el gobierno de Carlos Mesa, Francesco Zaratti, corroboró las irregularidades en el caso Río Grande.

“YPFB contrata a una empresa no sólo para que le diga el precio, sino que después con este precio contratan a la misma, y más aún contratan a una empresa para fiscalizarla y resulta ser socia de la empresa que construye”, sostuvo Zarati en declaraciones a Erbol.

El hermano de Gerson Rojas Terán, Carlos Rojas Terán, es gerente de ingeniería en Bolivia Petróleo y Gas Consultores y Servicios SRL (Bolpegas), la empresa que YPFB contrató para que fiscalice la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande, que es asociada con la empresa Hytech Ingeniería de Argentina, que es la que provee equipos para la planta de Gran Chaco. 
                          
En el transcurso de la investigación, la Fiscalía de Santa Cruz encontró en la oficina de Gerson Rojas en YPFB, objetos personales, un sello del presidente de Hytech y un fólder con documentación de Bolpegas.

El pasado 22 de julio, Carlos Villegas declaró que los controles de todos los sistemas administrativos y financieros en YPFB “están ahí, son controles rígidos, pero yo no puedo controlar la vida cotidiana y hasta extra laboral de cada persona que trabaja con nosotros”.

Aseguró que todos los mecanismos de control estaban vigentes. “Insistí que debían ser ágiles y eficientes”. Aseguró que YPFB cuenta con mecanismos de control interno como la unidad de auditoría interna y la unidad de transparencia, además dos mecanismos externos en la Contraloría y Ministerio de Transparencia, que dicho sea de paso, actúan sólo por requerimiento y denuncia.

El Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en su capítulo I, artículo 5, señala que “El Presidente Ejecutivo de YPFB es la autoridad responsable de los procesos de contratación efectuados al amparo de lo dispuesto en el presente reglamento. (…) se constituye en la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación por comparación de ofertas”.

De acuerdo al Reglamento, Villegas es responsable de autorizar el inicio del proceso de contratación, de remitir a la Gerencia de Administración y Finanzas toda la documentación para la ejecución del proceso de contratación, contratar técnicos especializados, designar a los miembros de la Comisión de Calificación, aprobar el informe de calificación y sus recomendaciones, emitir la resolución de adjudicación o declaratoria de desierta y suscribir el contrato.

Antecedentes del caso

El 17 de junio, Gerson Rojas Terán, en estado de ebriedad, protagonizó una triple colisión en la carretera a Yapacaní. La vagoneta de 80 mil dólares que conducía, de propiedad de YPFB, quedó hecha chatarra.

El 27 de junio, diez días después, YPFB se querella contra Rojas y pide su detención preventiva, aunque sólo lo sindica de uso indebido de bienes del Estado, por haber utilizado una vagoneta oficial fuera de horas y días laborales. Rojas Terán fue aprehendido el 28 de junio. A la fecha guarda detención en el penal de Palmasola.

Rojas Terán aseguró en su declaración informativa que el 17 de junio se encontraba en función laboral y además coordinó la compra de un terreno directamente con el titular de YPFB. Enfatizó que desde que inició sus funciones en YPFB tuvo trato directo con Villegas, incluso por encima del vicepresidente nacional de Operaciones, Mario Salazar.

El 4 de julio, luego que la Fiscalía avanzara las investigaciones y encontrara cuentas de cajas de seguridad en un banco y datos sobre presunto pago de “coimas”, en la adjudicación de la Planta Separadora de Río Grande, YPFB solicita que se amplíe la investigación contra Rojas Terán por presunto enriquecimiento ilícito.

Durante las indagaciones, al exejecutivo se le encontró y secuestró la suma de $us90.000 en nueve fajos, anotaciones de supuestos montos y fechas de movimientos de dinero que eran manejados en el Banco Mercantil Santa Cruz; una caja de seguridad con el No. 069 que pertenece a Agustín Javier Ugarte Méndez y a Gerson Rojas Terán, donde no se recolectó ningún objeto.

De acuerdo con el kárdex de uso de caja de banco, Ugarte Méndez ingresó el sábado 30 de junio, a las 12:55, y retiró el contenido de la misma.

El 7 de julio, casi 20 días después del accidente, YPFB se querella contra Agustín Ugarte Méndez por complicidad en enriquecimiento ilícito. Ugarte Méndez, miembro de la Comisión Calificadora de YPFB y hombre clave en los procesos de adjudicación de los millonarios contratos que maneja la corporación estatal, admitió haber recibido 100 mil bolivianos de Rojas Terán poco antes de la adjudicación de la planta separadora de Río Grande a AESA.

De acuerdo a los datos, ambos exejecutivos formaron parte de los procesos de licitación millonarios de las plantas separadoras de líquidos tanto de Río Grande, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, como de Gran Chaco, a construirse en Yacuiba (Tarija).

Henry Ugarte para El Deber no preguntó a Villegas: 1. sobreprecios 2. licitación repetida 3. porqué se tomó 10 días sin informar del escándalo.


Henrry Ugarte Aguilera
Refuerzan equipo de fiscales y buscarán a ejecutivos de AESA

- ¿Cómo observa las investigaciones sobre los supuestos hechos de corrupción en YPFB y qué posibilidades hay de que usted se someta también a las pericias de los fiscales?- El Ministerio Público está cumpliendo su función. Hace siete días nos solicitaron todos los documentos del proceso de convocatoria y adjudicación, tanto de Río Grande como de Gran Chaco, y lo vamos a entregar en las próximas horas. A partir del análisis que hagan los fiscales de estos documentos, seguramente nos convocarán a todos. Estoy presto a asistir; soy un servidor público y estoy en la obligación de colaborar.

- ¿No cree que hubiera sido oportuno presentarse a declarar de forma voluntaria, como se hace en otros casos, para no estar en el ojo de la tormenta?- En algún momento barajé esa posibilidad, pero no lo hice por lo siguiente: yo tengo que responder por todo el proceso de convocatoria y de adjudicación, y los fiscales no tienen esa documentación.  Antes no tendría sentido declarar porque no conocen sobre qué me van a preguntar.

- ¿Según usted, cómo es que se producen estos hechos de corrupción y ahora las investigaciones?
- Las investigaciones del Ministerio Público se dan por una decisión de YPFB, no por una casualidad. El 17 de junio de produjo el accidente de Gerson Rojas y cuando me enteré de los hechos al otro día instruí la realización de un proceso. El 21 de junio aceleramos el proceso. 

- Por qué se dio esto...

- Porque Gerson Rojas decía que por Villegas estaba trabajando y manejando la movilidad para ir a Bulo Bulo a comprar los terrenos. Nada más falso. Después descubrimos los recibos de la caja de seguridad y con eso comprobamos nuevas irregularidades. De ser acusado por uso indebido de bienes del Estado, instruimos que Rojas pase a ser investigado por enriquecimiento ilícito y otros supuestos delitos.

- Entonces al parecer son malos los mecanismos de control en YPFB...

- Muchos dicen eso, pero no es así. Tenemos mecanismos de control, pero la corrupción no deja papeles ni facturas sobre la mesa.

- ¿Cuál es el grado de responsabilidad que asume usted siendo que hay un reglamento de contrataciones que establece las condiciones de manejo?- Hay diferentes niveles de responsabilidad. Por una parte está el directorio, al que se solicita la aprobación del inicio del proceso de contratación, y el directorio aprueba con base en un informe técnico, otro legal y otro económico. Los que integran el directorio es gente que representa al Ministerio de Hidrocarburos, al de la Presidencia, al de Economías y los cuatro departamentos productores de hidrocarburos. Ese directorio lo presido yo, pero entre todos emitimos la resolución que corresponda. De ahí en adelante, especialmente en convocatorias públicas y la adjudicación, la autoridad responsable soy yo.

- ¿Qué tipo de gestiones hace usted en ese lapso del proceso?- Vamos emitiendo resoluciones para que se ejecuten todas las actividades inherentes a un proceso de convocatoria y adjudicación.

- ¿Gerson Rojas era hombre de su confianza?- Rojas entró a YPFB en 2009 cuando estaba en curso la planta de separación de Río Grande. Creamos una gerencia, pero antes hicimos una convocatoria pública en la que ganaron Gerson Rojas y Agustín Ugarte. Ahí fue que conocí a ambos. Por razones personales renunció un ejecutivo y vi por conveniente promover a Rojas. Yo lo llamé y le propuse que fuera gerente de esa repartición.

- ¿Y cómo se siente ahora después de los hechos?- Tremendamente dolido, porque este muchacho inmaduro no entendió que en YPFB estábamos trabajando para hacer un cambio económico en Bolivia.

- ¿Cómo controla usted a los gerentes y cómo es la coordinación con los miembros del directorio de la empresa?- Hemos denominado una instancia colectiva que es el gabinete de YPFB. Nos reunimos una vez al mes con todos los gerentes y de igual manera con la otra instancia que se llama el consejo de administración de empresas subsidiarias de YPFB. Con las gerencias que manejan recursos, como el caso de las redes de gas, la gerencia de comercialización y la de plantas me reúno por lo menos una vez a la semana y casi todos los días hablamos por teléfono. 

- ¿Por los hechos de corrupción que se ven, este es el peor momento de YPFB?- Sí. Desde que llegué es el peor momento. Por supuesto que yo también considero que se ha deteriorado la imagen de YPFB. Estoy dolido, pero también sé que estoy de paso.
- Usted ha sido atacado por senadores y diputados del MAS. ¿En algún momento ha pensado en renunciar?
- No. No se me ha pasado por la cabeza renunciar. He vivido momentos delicados desde que fui ministro de Planificación. Renunciar sería ser desleal conmigo mismo y con más de 1.000 trabajadores. 

- ¿Qué le ha dicho el presidente Evo Morales al respecto?- He hablado con el presidente y me ha dado su total respaldo. No es que el presidente esté indiferente, por supuesto que está preocupado por estos casos que se han dado; voy a continuar en YPFB hasta que el presidente disponga lo contrario.

- ¿Va a hacer cambios en la estructura gerencial de la compañía estatal?- Sí. Ya está Mario Salazar como gerente de plantas de separación y Armin Torrico será nombrado director del proyecto Gran Chaco. 

nuevo caso. la misteriosa desaparición de 500 toneladas de asfalto de San Buenaventura en poder de César Coca Rico acusado ahora por varios delitos tendría que dejar su cargo como Gobernador del MAS

La desaparición de 500 toneladas de cemento asfáltico que estaban dirigidos al municipio de San Buenventura, vincularían al gobernador de La Paz, César Cocarico, y a su secretario general, Johnny Bautista, según documentos judiciales conocidos este miércoles en una causa abierta en contra del alcalde Adalid Carbajal.
El valor de 2.500 turriles que jamás llegaron al municipio de San Buenventura alcanzaría a medio millón de dólares porque cada barril tendría un costo de 200 dólares en el mercado de la construcción.
El 19 de mayo del año pasado suscribieron un convenio el gobernador Cocarico y el alcalde Carbajal para la dotación de 500 toneladas de cemento asfáltico tipo 60/70 equivalente a 2.500 turriles para ser utilizado en el mejoramiento de vías del proyecto “pavimento flexible, vías urbanas de San Buenaventura”.
La entrega tenía que estar a cargo del Servicio Departamental de Caminos La Paz (Sedcam), según nota firmada por Félix Severo Mayta Tola y el alcalde San Buenventura. Para recoger los turriles se designó a los chóferes Remberto Rosales, Roberto Limachi, David Condori y Marcelo Palacios. Pero fueron otros tres chóferes que recogieron 375 tambores del depósito de Senkata, cada uno 125.

La Agencia de noticias FIdes no pudo conversar este miércoles con el gobernador César Cocarico, quien viajó al municipio de Ichoca, provincia Inquisivi, según reporte de la unidad de comunicación de la Gobernación de La Paz.
“El Gobernador no está en La Paz, él volverá esta noche desde el municipio de Ichoca”, se respondió a la consulta telefónica.
El alcalde Adalid Carbajal fue imputado por la Gobernación de La Paz por el presunto delito de incumplimiento de deberes, peculado, enriquecimiento ilícito y otros.
Una parte del cemento asfáltico destinado a San Buenaventura fue hallado en un galpón ubicado en la carretera Santa Cruz-Cotoca, provocando la detención de Efraín Jorge González, quien está preso hace cuatro meses en la cárcel de San Pedro.
Jorge en declaración judicial admitió haber comprado 500 tambores en 60.000 bolivianos después de cerrar la operación de compra-venta en una cafetería del Shopping Norte de La Paz a mediados del año pasado. Además involucró el hecho ilícito al alcalde Carbajal.
Jorge a raíz de su detención hizo devolución del cemento asfáltico sustraído de la Gobernación de La Paz, que había sido trasladado en camiones hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Otro implicado en la desaparición del cemento asfáltico, Carlos Antonio Medina Alípaz, está prófugo.
La defensa del alcalde de San Buenvantura, por otra parte, planteó un recurso en contra del gobernador César Cocarico por los delitos de incumplimiento de deberes, encubrimiento de los hechos ilícitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias y otros.
También se supo que el gobernador Cocarico en el intento de derrocar al alcalde de San Buenaventura se reunió con Daniel Mendía Tobías, de un partido opositor al Movimiento Al Socialismo (MAS), para que sea el sucesor de Hinosencio Adalid Carbajal Miranda, quién es reconocido por alcalde titular por el Tribunal Electoral Departamental de La Paz.

guardarán deención en Sucre Oña y Villalba abogados ambos se declararon inocentes


Tras una audiencia de más de tres horas, la juez Primero de Instrucción en lo Penal, Romy Peredo, ordenó ayer la reclusión de forma preventiva de Marcelo Oña y CIíver Villalba, implicados en el caso de presunta  corrupción en YPFB que investiga la Fiscalía, en la cárcel de San Roque (Sucre). Los dos detenidos son acusados de estar involucrados en la compra ilegal de los predios de la planta de Gran Chaco por un valor de Bs 8,8 millones. Con esto son cinco los presos por este escándalo que pone en duda la transparencia de la petrolera.
Tanto Oña como Villalba negaron los cargos y tener alguna amistad. Es más, afirmaron que se conocieron en la compra-venta del terreno.
Villalba, que actuó como apoderado de Pedro Pérez, exdueño del predio donde se construye la planta de Gran Chaco, que abarca 469 hectáreas, dijo que estas fueron saneadas en 2011 y que solo restaban formalismos para completar la titulación. "Hay una cacería judicial, me quieren culpar de un delito que no existe", afirmó.
Sin embargo, estos alegatos no lograron convencer a la juez Peredo,  que dispuso su detención preventiva y su reclusión en el penal de Sucre, ya que ambos tienen familia en esta ciudad. 

Allanaron el hotel Cortez. En busca de más pistas, la Comisión de Fiscales y la asesora legal de YPFB, Mónica Ramírez, allanaron el hotel Cortez, donde supuestamente se alojaron algunas personas que tuvieron negocios con Gerson Rojas, principal implicado en el caso de corrupción. "La Comisión de Fiscales solicitó la verificación del registro de las personas que estuvieron hospedadas en el hotel, queremos determinar los nombres de las personas que estuvieron alojadas en algunas fechas, no puedo", dijo Ramírez.
Informó que hay otras 5 personas más implicadas que serán requeridas por la Fiscalía, al igual que los 18 miembros de la comisión calificadora de YPFB.
En el caso hay otras cinco personas involucradas.
Con relación a los otros detenidos, Agustín Ugarte, Gerson Rojas y Brenda Avilés, la Fiscalía pidió el traslado de esta última a La Paz.  

Proyectos siguen.
 Mientras la dudas siguen, en 24 horas YPFB dio curso a dos proyectos. Primero realizó la apertura de sobres para la Planta de Etileno y Polietileno de Gran Chaco, donde se presentaron cinco empresas. A esto se sumó el anuncio de que hay dos compañías en  puja por la Planta de Amoníaco y Urea, cuyo valor es de $us 1100 millones. Las interesadas son Duru Felguera, que pide $us 1.099 millones, y Samsung, que pidió $us 843 millones.

ERBOL ha reunido 3 casos. YPFB, Papelbol y Comité Olímpico para ofrecer como un paquete que "sacude a la ciudadanía"


Los recientes actos de corrupción registrados en el último año conmueven al conjunto de la sociedad boliviana, cuyos miembros, impotentes, se limitan a  expresar su malestar en diferentes espacios ante los últimos escándalos.

Los casos detectados en Papelbol, en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Comité Olímpico Boliviano son los más marcados dentro de una serie de irregularidades ocurridas en varios ámbitos del quehacer del país, a los que suman hechos más pequeños en municipios, regiones.

Caso Papelbol

En el caso de la construcción de la fábrica de papel Papelbol existe un daño económico al Estado por 13.571.010 millones de dólares y el principal sospechoso es el exviceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado.

De acuerdo con las denuncias, al momento de la firma del contrato, el 7 de enero de 2008, Papelbol no contaba con la infraestructura necesaria como galpones, tanques, almacenes, vías internas y talleres para que D´Andrea Agrimport Importaca e Comercio, la empresa que se adjudicó la obra, pueda realizar la provisión, instalación, montaje y puesta en marcha de la factoría y capacitación de los operadores.

La maquinaria valuada en más de 13 millones de dólares quedó inutilizada por mantenerse expuesta a la intemperie en un terreno baldío de Villa Tunari, donde se pensó construir la infraestructura.

Según la evaluación técnica elaborada por la empresa Pricewaterhousecoopers, el precio real de la fábrica (en las condiciones actuales) asciende a un monto de 6.118.000 dólares, lo que revela un sobreprecio de 7.453.010 dólares. El proceso avanza lentamente.

Caso YPFB

Una vez más la oscura sombra de la corrupción se posó sobre la estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que cada día que pasa va adquiriendo mayores proporciones por la cantidad de implicados que aparecen en la investigación que realiza el Ministerio Público. El hecho se destapó a partir de un accidente.

En este caso, está en cuestión la legalidad de la adjudicación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande a la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA), valuada en 159 millones de dólares, por existir indicios de una presunta coima en el proceso de contratación.

La investigación develó que la AESA realizó el estudio de cotización para la construcción de la Planta y con este antecedente YPFB le adjudicó la obra y contrató a una empresa socia de AESA, BOLPEGAS (Bolivia Petróleo y Gas Consultores y Servicios SRL) para que realice la fiscalización de la obra.

El caso salió a luz luego que el gerente de Plantas Separadoras, Gerson Rojas, que conducía en estado de ebriedad, protagonizara una triple colisión el pasado 17 de junio en Yapacaní, donde dejó “deshecha” una vagoneta de YPFB valuada en 80 mil dólares. Rojas fue destituido del cargo y acusado por conducción peligrosa.

En una requisa a la oficina del funcionario, la fiscalía encontró dos contratos para uso de cajas de seguridad. En la intervención a las cajas encontraron 90 mil dólares y una hoja donde ajustaban montos por hasta 400 mil dólares. Esta situación abrió la sospecha sobre haber sido favorecido con coimas para la adjudicación de las Plantas Separadoras de Líquidos. La fiscalía amplió la investigación por enriquecimiento ilícito.

El presidente de YPFB, Carlos Villegas, deslindó toda responsabilidad en el caso y aseguró que “todas las medidas de seguridad para evitar esta situación se cumplieron”. Sin embargo, el Reglamento de la estatal dice que el responsable de los contratos es el presidente de la institución. 

Caso Comité Olímpico Boliviano

El deporte tampoco se salvó de la corrupción. La tesorera del Comité Olímpico Boliviano, Silvia Crespo, denunció el uso irregular de los recursos que percibe esa institución en la distribución de viáticos para la delegación de los deportistas y la dirigencia para asistir a las olimpiadas de Londres.

Informó que se dispuso de 3.900 dólares para el pago viáticos (300 dólares por persona) a cinco atletas, cinco entrenadores, un médico y delegado de la Federación Atlética de Bolivia; en tanto que el presidente de esa institución, Edgar Claure, recibió 6.830 dólares por concepto de gastos de bolsillo.

También dijo que a Claure se le entregó 9.000 dólares más para el pago de suite matrimonial en un hotel cinco estrellas de Londres, donde durante su estadía de 24 días en la capital inglesa tendrá un vehículo oficial, traductor, asistente y estará acompañado de su esposa.

Claure, en descargo indicó que “es suficiente el viático para los atletas porque ellos tienen todo pagado, alimentación 24 horas por día, y transporte. No tienen porque observar”.

El ejecutivo precisó que el Comité Olímpico Boliviano “no recibió ni un centavo del Estado porque el esfuerzo logístico y humano lo hacemos los dirigentes”.

El dinero para la presencia de Bolivia en los Juegos Olímpicos de Londres fue enviado por el Comité Olímpico Internacional (COI), a través de su programa Solidaridad Olímpica.

encontró El Dia una frase brillante "el augolpe del Gobierno es la corrupción" intocable e inalcanzable, no oye no ve, el "ama sua" es una quimera en el MAS


Cuando se termine esta pesadilla, la plata que se perdió por el caso Santos Ramírez nos parecerá una bicoca. Es como el cuento de la cabra que se quejaba por la falta de espacio en su corral. El dueño me metió dos chivas más para que, al dejarla sola, el chiquero le parezca cómodo y espacioso. “Lo poco espanta y lo mucho amansa”, dicen las abuelas.

Esto va a cuento de los 240 millones de dólares del teleférico, de los nuevos dos helicópteros que el Gobierno va a comprar para el uso del presidente Morales, de los dos mil autobuses chinos valuados en 100 millones de dólares que el Estado les comprará a los choferes paceños sólo para arruinarle el proyecto de ordenamiento del tráfico a la Alcaldía de La Paz.

Todos esos millones se invertirán por invitación directa, sin licitación y con el riesgo de que suceda lo mismo que ha pasado con el dinero de la planta separadora de gases de Río Grande, que se ha perdido en dos ocasiones y cuya falta le ocasiona una pérdida anual de 1.300 millones de dólares al país. Obviamente, comparado con esto, son muy pocos los más de 200 millones de dólares que se llevó la corrupción en YPFB.

En lugar de aclarar las cosas y profundizar las investigaciones hasta dar con todos los responsables, el Gobierno decide “meterle nomás”. Esta semana se confirmó que la presidencia de YPFB tiene toda la confianza del Palacio Quemado, cuyo titular le ha autorizado a disponer de un monto de 1.400 millones de dólares para el proceso de industrialización de los hidrocarburos, una estrategia que ya lleva más de cinco años y que lamentablemente sólo ha producido actos de= corrupción, no sólo porque no existen los mecanismos de control y fiscalización, sino porque las nuevas estructuras que se han diseñado para el manejo de los fondos públicos se prestan mucho al manejo discrecional. De hecho, ayer se publicó la noticia de la licitación de otra planta para la producción de etileno y polietileno en el Gran Chaco, una obra que podría correr la misma suerte de las anteriores. El Gobierno se ha declarado algo así como un ente intocable e inalcanzable. No se aclara nada. No se rinden cuentas de ningún hecho.

No se investiga y todos los agentes gubernamentales son inocentes porque así lo decreta el régimen, mientras que los opositores son culpables simplemente porque lo declara el poder. Papelbol, las barcazas chinas, el informe de inteligencia de la Policía publicado por la revista Veja, ninguno merece la atención del Ministerio Público, muy atento a cualquier papeleo que requiera la guerra contra la oposición, pero ciego, sordo y mudo cuando le corresponde actuar en estos hechos de los que sólo se ocupa la prensa.

No cabe duda que la corrupción es el peor “autogolpe” que se puede dar el Gobierno. Si no le pone freno a la danza de millones que la población ve pasar frente a sus narices y que terminan en los bolsillos de los funcionarios que prometieron el “ama sua” y que armaron todo un esquema persecutorio para los ladrones, el clima de malestar se verá acentuado y la reacción más natural es el castigo. Lamentablemente esta es una historia repetida en el país y que brinda muy pocas esperanzas de un cambio genuino, al menos del que esperaba la población.
El Gobierno se ha declarado algo así como un ente intocable e inalcanzable. No se aclara nada. No se rinden cuentas de ningún hecho. No se investiga y todos los agentes gubernamentales son inocentes porque así lo decreta el régimen, mientras que los opositores son culpables simplemente porque lo declara el poder.

establecido que Villegas es responsable de toda contratación en la corrupta Corporación YPFB.


El Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios Especializados en el Extranjero de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en su capítulo I, artículo 5, señala que su Presidente Ejecutivo es el responsable de los procesos de contratación. Además, aclara que en caso de una contratación mayor al millón de dólares deberá contar con la autorización del Directorio.
pretende quedar sin culpa aunque el Reglamento muestra el revés

“El Presidente Ejecutivo de YPFB es la autoridad responsable de los procesos de contratación efectuados al amparo de lo dispuesto en el presente reglamento. (…) se constituye en la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación por comparación de ofertas”, se lee en el documento.

Esta norma contradice las declaraciones del actual presidente interino de la estatal petrolera, Carlos Villegas, que deslindó toda responsabilidad en los presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, en cuyo proceso, según el ex delegado presidencial para la Capitalización, Francesco Zarati, se identificó que la compañía argentina Astra Evangelista S.A. (AESA) realizó la cotización de la obra y se adjudicó la misma; mientras que para la fiscalización del proyecto YPFB contrató una empresa, que resultó ser socia de la anterior.

Villegas señaló no conocer lo que ocurría en los procesos de contratación, cuando de acuerdo al Reglamento todo trámite pasa por sus manos y tiene que tener su firma para que tenga la validez correspondiente.

El caso salió a luz luego que el gerente de Plantas de Separación de Líquidos de YPFB, Gerson Rojas Terán, ocasionara una triple colisión el 17 de julio en el municipio Yapacaní, ubicado en el departamento de Santa Cruz.

Rojas es acusado de conducción peligrosa y enriquecimiento ilícito, luego que se le encontrara en una caja de seguridad 90 mil dólares. Es sospechoso de beneficiar a la empresa Astra Evangelista en la adjudicación de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande.

El pasado 22 de julio, Carlos Villegas declaró que “los controles de todos los sistemas administrativos y financieros (en YPFB) están ahí, son controles rígidos, pero yo no puedo controlar la vida cotidiana y hasta extra laboral de cada persona que trabaja con nosotros”.

Aseguró que todos los mecanismos de control estaban vigentes. “Insistí que debían ser ágiles, eficientes y están ahí”. Señaló que YPFB cuenta con mecanismos de control interno como la unidad de auditoría interna y la unidad de transparencia, además dos mecanismos externos en la Contraloría y Ministerio de Transparencia, que dicho sea de paso, actúan sólo por requerimiento y denuncia.

De acuerdo al Reglamento, Villegas es responsable de autorizar el inicio del proceso de contratación, de remitir a la Gerencia de Administración y Finanzas toda la documentación para la ejecución del proceso de contratación, contratar técnicos especializados, designar a los miembros de la Comisión de Calificación, aprobar el informe de calificación y sus recomendaciones, emitir la resolución de adjudicación o declaratoria de desierta y suscribir el contrato.

Francesco Zarati, exdelegado para la revisión y mejora de la capitalización en el gobierno de Carlos Mesa, denunció que en el caso de la Planta Separadora de Líquidos de Río Grande, la empresa Argentina Astra fue quien realizó la cotización de la Planta, se adjudicó la misma y contrató a una empresa socia para que la fiscalice, en colusión con su gerente Rojas.

“YPFB contrata a una empresa no sólo para que le diga el precio, sino que después con este precio contratan a la misma, y más aún contratan a una empresa para fiscalizarla y resulta ser socia de la que empresa que construye”, sostuvo Zarati.

El hermano de Gerson Rojas Terán, Carlos Rojas Terán, es gerente de ingeniería en Bolivia Petróleo y Gas Consultores y Servicios SRL (Bolpegas), la empresa que YPFB contrató para que fiscalice la construcción de la planta de separación de líquidos de Río Grande, que es asociada con la empresa Hytech Ingeniería de Argentina, que es la que provee equipos para la planta de Gran Chaco. 

En el transcurso de la investigación que encabeza la Fiscalía de Santa Cruz en la oficina de Gerson Rojas en YPFB, se encontró entre sus objetos personales un sello del presidente de Hytech y un fólder con documentación de Bolpegas.

La contratación directa, la madre del cordero

Zarati explicó que debido a un decreto supremo que libera a YPFB de hacer licitaciones de acuerdo a las normas previstas existe un fomento de la corrupción.

“No hay licitación y esa es la madre del cordero de toda esta corrupción que es fomentada desde el mismo gobierno (…) no es una persona que ha sido corrompida, son grupos que colocan un amigo acá, una novia allá y generan toda una cadena de corrupción”, aseguró.

El exsuperintendente de Hidrocarburos, Hugo de la Fuente, sostuvo que “el proceso de contratación directa a generado un mecanismo perverso de corrupción” en el actual gobierno que cada día se enraíza más que en otros gobiernos.

Ambas exautoridades sugirieron al gobierno de Evo Morales reformar el proceso de licitación y solucionar los interinatos en las instituciones estatales que representan inestabilidad en la gestión gubernamental.