Cuando se termine esta pesadilla, la plata que se perdió por el caso Santos Ramírez nos parecerá una bicoca. Es como el cuento de la cabra que se quejaba por la falta de espacio en su corral. El dueño me metió dos chivas más para que, al dejarla sola, el chiquero le parezca cómodo y espacioso. “Lo poco espanta y lo mucho amansa”, dicen las abuelas.
Esto va a cuento de los 240 millones de dólares del teleférico, de los nuevos dos helicópteros que el Gobierno va a comprar para el uso del presidente Morales, de los dos mil autobuses chinos valuados en 100 millones de dólares que el Estado les comprará a los choferes paceños sólo para arruinarle el proyecto de ordenamiento del tráfico a la Alcaldía de La Paz.
Todos esos millones se invertirán por invitación directa, sin licitación y con el riesgo de que suceda lo mismo que ha pasado con el dinero de la planta separadora de gases de Río Grande, que se ha perdido en dos ocasiones y cuya falta le ocasiona una pérdida anual de 1.300 millones de dólares al país. Obviamente, comparado con esto, son muy pocos los más de 200 millones de dólares que se llevó la corrupción en YPFB.
En lugar de aclarar las cosas y profundizar las investigaciones hasta dar con todos los responsables, el Gobierno decide “meterle nomás”. Esta semana se confirmó que la presidencia de YPFB tiene toda la confianza del Palacio Quemado, cuyo titular le ha autorizado a disponer de un monto de 1.400 millones de dólares para el proceso de industrialización de los hidrocarburos, una estrategia que ya lleva más de cinco años y que lamentablemente sólo ha producido actos de= corrupción, no sólo porque no existen los mecanismos de control y fiscalización, sino porque las nuevas estructuras que se han diseñado para el manejo de los fondos públicos se prestan mucho al manejo discrecional. De hecho, ayer se publicó la noticia de la licitación de otra planta para la producción de etileno y polietileno en el Gran Chaco, una obra que podría correr la misma suerte de las anteriores. El Gobierno se ha declarado algo así como un ente intocable e inalcanzable. No se aclara nada. No se rinden cuentas de ningún hecho.
No se investiga y todos los agentes gubernamentales son inocentes porque así lo decreta el régimen, mientras que los opositores son culpables simplemente porque lo declara el poder. Papelbol, las barcazas chinas, el informe de inteligencia de la Policía publicado por la revista Veja, ninguno merece la atención del Ministerio Público, muy atento a cualquier papeleo que requiera la guerra contra la oposición, pero ciego, sordo y mudo cuando le corresponde actuar en estos hechos de los que sólo se ocupa la prensa.
No cabe duda que la corrupción es el peor “autogolpe” que se puede dar el Gobierno. Si no le pone freno a la danza de millones que la población ve pasar frente a sus narices y que terminan en los bolsillos de los funcionarios que prometieron el “ama sua” y que armaron todo un esquema persecutorio para los ladrones, el clima de malestar se verá acentuado y la reacción más natural es el castigo. Lamentablemente esta es una historia repetida en el país y que brinda muy pocas esperanzas de un cambio genuino, al menos del que esperaba la población.
Esto va a cuento de los 240 millones de dólares del teleférico, de los nuevos dos helicópteros que el Gobierno va a comprar para el uso del presidente Morales, de los dos mil autobuses chinos valuados en 100 millones de dólares que el Estado les comprará a los choferes paceños sólo para arruinarle el proyecto de ordenamiento del tráfico a la Alcaldía de La Paz.
Todos esos millones se invertirán por invitación directa, sin licitación y con el riesgo de que suceda lo mismo que ha pasado con el dinero de la planta separadora de gases de Río Grande, que se ha perdido en dos ocasiones y cuya falta le ocasiona una pérdida anual de 1.300 millones de dólares al país. Obviamente, comparado con esto, son muy pocos los más de 200 millones de dólares que se llevó la corrupción en YPFB.
En lugar de aclarar las cosas y profundizar las investigaciones hasta dar con todos los responsables, el Gobierno decide “meterle nomás”. Esta semana se confirmó que la presidencia de YPFB tiene toda la confianza del Palacio Quemado, cuyo titular le ha autorizado a disponer de un monto de 1.400 millones de dólares para el proceso de industrialización de los hidrocarburos, una estrategia que ya lleva más de cinco años y que lamentablemente sólo ha producido actos de= corrupción, no sólo porque no existen los mecanismos de control y fiscalización, sino porque las nuevas estructuras que se han diseñado para el manejo de los fondos públicos se prestan mucho al manejo discrecional. De hecho, ayer se publicó la noticia de la licitación de otra planta para la producción de etileno y polietileno en el Gran Chaco, una obra que podría correr la misma suerte de las anteriores. El Gobierno se ha declarado algo así como un ente intocable e inalcanzable. No se aclara nada. No se rinden cuentas de ningún hecho.
No se investiga y todos los agentes gubernamentales son inocentes porque así lo decreta el régimen, mientras que los opositores son culpables simplemente porque lo declara el poder. Papelbol, las barcazas chinas, el informe de inteligencia de la Policía publicado por la revista Veja, ninguno merece la atención del Ministerio Público, muy atento a cualquier papeleo que requiera la guerra contra la oposición, pero ciego, sordo y mudo cuando le corresponde actuar en estos hechos de los que sólo se ocupa la prensa.
No cabe duda que la corrupción es el peor “autogolpe” que se puede dar el Gobierno. Si no le pone freno a la danza de millones que la población ve pasar frente a sus narices y que terminan en los bolsillos de los funcionarios que prometieron el “ama sua” y que armaron todo un esquema persecutorio para los ladrones, el clima de malestar se verá acentuado y la reacción más natural es el castigo. Lamentablemente esta es una historia repetida en el país y que brinda muy pocas esperanzas de un cambio genuino, al menos del que esperaba la población.
El Gobierno se ha declarado algo así como un ente intocable e inalcanzable. No se aclara nada. No se rinden cuentas de ningún hecho. No se investiga y todos los agentes gubernamentales son inocentes porque así lo decreta el régimen, mientras que los opositores son culpables simplemente porque lo declara el poder.
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