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domingo, 31 de mayo de 2015

El Deber pone en claro: no era necesario que el presidente Morales hubiera tenido que desplazarse hasta la frontera boliviano-peruana para entregar al acusado. Ya hubiera sido exagerado que el ministro Romero tuviera que viajar hasta Desaguadero. Con la presencia de una alta autoridad responsable habría sido suficiente tratándose de un hecho corriente. La prueba irrefutable está en la contraparte peruana que recibió al extraditado.


Mucho habría padecido la popularidad del Gobierno si es que el empresario peruano Martín Belaunde, a la espera de ser extraditado a su país de origen, hubiera desaparecido en el despoblado territorio nacional o alcanzado alguna frontera vecina, presuntamente Brasil, por ejemplo. Y con el desprestigio gubernamental, lo que refiere a la justicia boliviana y a la Policía nacional hubiera sido algo superlativo, un escándalo de proporciones inauditas de lo que el presidente Evo Morales se dio perfecta cuenta.


La extraña fuga de Belaunde –cuyos pormenores están todavía por aclararse– provocó la inmediata y temprana caída del ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, y de los más importantes jerarcas policiales. Sin embargo, la casi inmediata captura del peruano parece haber afirmado en su situación al ministro reemplazante, el experimentado Carlos Romero, así como al recientemente posesionado jefe de la institución del orden. Es decir que en cuestión de pocas horas hubo un cambio absolutamente imprevisto en lo que atañe a la seguridad del Estado.

Si la extradición de Belaunde estaba aprobada por los tribunales judiciales y solo restaba entregarlo a las autoridades peruanas, se hizo bien en obrar con prisa. Nada podía ser mejor que desembarazarse –dentro del marco de la ley– de un sujeto que lo único que podía acarrear en Bolivia sería problemas, como los que ciertamente se presentaron. A partir de ahora todo lo que suceda con Belaunde escapa a la responsabilidad de los bolivianos y estará estrictamente sujeto a las leyes de Perú.

No obstante, no era necesario que el presidente Morales hubiera tenido que desplazarse hasta la frontera boliviano-peruana para entregar al acusado. Ya hubiera sido exagerado que el ministro Romero tuviera que viajar hasta Desaguadero. Con la presencia de una alta autoridad responsable habría sido suficiente tratándose de un hecho corriente. La prueba irrefutable está en la contraparte peruana que recibió al extraditado.

Lo importante, en todo caso, es que las autoridades nacionales recuperaron credibilidad y provocaron alivio en la opinión pública. Eso se debe destacar porque situaciones como esta muchas veces quedan en la nebulosa. Lo otro, lo de los desplazamientos súbitos e injustificados del presidente, es algo que se debería evitar, porque si vamos a ser serios no favorece en absoluto a la imagen del jefe de una nación, que, se supone, tiene asuntos más importantes que despachar. Por el contrario, perjudica su imagen