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lunes, 19 de noviembre de 2012

El Día no lo pone claramente. Evo declaró parte de sus bienes. ocultó dos vehículos de casi 900 mil bolivianos, que no es una pichanga. no pagó impuesto por ellos. Suxo de transparencia pretende defender lo indefendible. triste misión de quién tiene "cola de paja" con sus escandaletes.


La política siempre ha sido aprovechada para beneficios particulares y el enriquecimiento personal. Ese es su mal endémico, el cáncer a erradicar y es precisamente el centro del debate nacional a raíz de recientes noticias que tienen que ver con el patrimonio de los gobernantes.

Sin entrar en la polémica que ha desatado una absurda colección de explicaciones sobre la manera casi mágica cómo han crecido las finanzas de algunas figuras públicas, habría que analizar el trasfondo de todo este problema que podría esconder la parte más grande del iceberg, pues estamos hablando de un comportamiento que podría estar repitiéndose en miles de funcionarios, alcaldes, gobernadores, ministros y viceministros, concejales y tantos otros servidores públicos que gozan de la misma discrecionalidad en el manejo de los
fondos estatales.

En los últimos años se ha discutido mucho sobre necesidad de hacer más expeditos los trámites estatales y se ha llamado “burocracia” a todos los procesos instituidos por ley para la contratación de servicios y compra de bienes, tales como las licitaciones públicas, un procedimiento que prácticamente ha desaparecido en el Estado Plurinacional, donde casi todo se resuelve a través de adquisiciones y contrataciones directas, en las que la decisión la toma una sola persona en función de su propia experiencia, visión o interés.

La transparencia es un asunto que no debe ser manejado con consignas, arengas y suposiciones sobre la honestidad de los individuos, por más antecedentes políticos, genéticos o étnicos que pudieran demostrar. Eso del “Ama sua, ama llulla, ama kella” está bien para los discursos, pero en los hechos el Estado necesita perfeccionar los mecanismos de control, mucho más cuando el aparato público ha crecido tanto en número de actores como en la cantidad de recursos bajo su tutela. En Bolivia estamos hablando de más de 50 mil millones de dólares que han ingresado a las arcas estatales, un número seis veces mayor al que manejaron los gobiernos anteriores. La pregunta es muy simple ¿se ha invertido seis veces más? ¿Se ha multiplicado por seis el presupuesto para obras y servicios tan indispensables para la población? Es obvio que la respuesta no está a la mano, no existe manera de demostrar que ha habido un manejo transparente de ese dinero y la ciudadanía no dispone de la capacidad suficiente como para exigirle cuentas a los administradores.

En lugar de buscar cómo perfeccionar la transparencia, los políticos más bien buscan la libertad plena para manejar la billetera estatal. Y lo dicen abiertamente cuando se propone la modificación de la Ley Safco, que en los hechos ya sucede no solo por lo que se dijo de la licitación como procedimiento indispensable que se debería respetar, sino por todo el manejo que se hace de programas específicos consistentes en repartir dinero a manos llenas a individuos que jamás han rendido cuentas y que en muchos casos han malversado la totalidad del monto recibido.

El incidente del patrimonio no puede quedarse en el debate anecdótico de los ponchos y los ahorritos presidenciales y tampoco en la decisión de una sola persona que obviamente jamás va a traicionar la línea política a la que se debe. Si de algo adolece este país es de una fuerza burocrática profesional y eficiente, respetuosa de las leyes y también de los mecanismos que eviten que los servidores públicos gocen de una vergonzosa impunidad que no debería permitirse, porque se está socavando justamente uno de los valores más importantes de la democracia.
La transparencia es un asunto que no debe ser manejado con consignas, arengas y suposiciones sobre la honestidad de los individuos, por más antecedentes políticos, genéticos o étnicos que pudieran demostrar.