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miércoles, 3 de septiembre de 2014

Los Tiempos primero se extraña del inexplicable "apoyo" que el Gobierno brinda a Sacha Llorenti, Embajador ante la ONU, y luego menciona el encubrimiento de sus actos ilegales, para disimular el delito.

Las declaraciones que prestan por el caso terrorismo los abogados que trabajaban en los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Justicia, que tenían amplios contactos con la Cámara de Diputados, el Ministerio Público y jueces, a los que las autoridades confiaron el seguimiento, entre otros, de este caso, y que conformaron una red de extorsión, develan las razones por las que el Gobierno presta un decidido apoyo a su embajador ante las Naciones Unidas.

Explican, además, las razones por las que se evita que el citado funcionario –que alguna vez presidió la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia– reciba alguna citación judicial para prestar declaraciones ante tribunales competentes. Es que, de acuerdo a las acusaciones de quienes fueron sus colaboradores, no sólo que ejercía presión sobre policías, fiscales y jueces para que actuaran conforme a los intereses de las autoridades, sin importar si se cumplía o no la ley, sino que incluso habría organizado operativos a cárceles y una sistemática política de amedrentamiento contra personas clave en la investigación del caso.
A esa forma de actuar se debe sumar su directa participación en la violenta represión a la marcha que los comunarios residentes en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) hacían hacia La Paz para evitar que se construya una carretera que cruce el parque, que también intenta ser archivada por las autoridades de gobierno.
En ese contexto, se puede asumir que ya no se trata sólo de un apoyo al trabajo que se da a un funcionario responsable, sino de encubrir sus actos ilegales, cualquiera sea el costo político, jurídico y humano que ello implique.