La incertidumbre cundió este viernes en el Juicio de Siglo cuando la juez ciudadana Sonia Mamani abandonó el mayor proceso penal de la historia boliviana y se desplomó ante la mirada asombrada de la audiencia. Solo segundos antes había agarrado el micrófono y con debilidad inocultable que resultaba de una anemia aguda provocada por una úlcera anunció: “Me estoy sintiendo muy mal. Voy a irme…ya no puedo más”. No llegó a caminar tres pasos y, casi sobre la mesa de los fiscales que pugnaban por bloquear al testigo Boris Villegas, las piernas se le doblaron y cayó de costado. El médico Juan Carlos Santisteban, uno de los acusados por el ex fiscal Marcelo Soza, corrió a socorrerla mientras el desorden se apoderaba de la sala, en la sesión más tumultuada desde que las audiencias fueron trasladadas a Santa Cruz a principios de 2013.
“No se le sentía el pulso y empecé a reanimarla”, dijo, cuando el juez Sixto Fernández le ordenó apartarse debido a su condición de acusado y dejar solo en la tarea de primeros auxilios al médico de turno. “La juez continuó siendo atendida por el médico de turno en la sala, cuyo acento me indicó que no era boliviano”, dijo.
En medio de gritos de los acusados y abogados que protestaban por el deterioro de la salud de la juez, y del desconcierto de fotógrafos y camarógrafos que cubrían el incidente, el Juez Sixto Fernández golpeó el martillo repetidas veces para restablecer el orden y anunciar que la audiencia quedaba en receso hasta el 29 de septiembre, mientras Anastasia Callisaya, la otra juez ciudadana, levantaba los brazos consternada.
Si la audiencia podrá reanudarse era todavía una gran incógnita. La juez, que físicamente luce menor de 30 años, había dicho el jueves, en la clínica Foianini donde había ido para una batería de análisis, que sentía su salud deteriorada y que sus colegas del tribunal la presionabn para continuar como juez del mayor proceso penal de la historia boliviana. Su salida dejaría sin quórum al tribunal de cuatro jueces – dos ciudadanas y dos técnicos, uno de ellos el juez presidente Fernández- y obligaría a la formación otro. Eso llevaría a retroceder el proceso 2012, cuando el tribunal teóricamente aún en funciones asumió tareas. Como el caso se arrastra por más de cinco años desde su génesis, el asalto policial al Hotel las Américas, la disolución del tribunal que preside el juez Fernández acarrearía graves dificultades. Una de ellas se refiere al tiempo, que legalmente no debería haber pasado de 36 meses sin que se dictara sentencia. Cuando ocurrió el episodio sangriento del Hotel Las Américas el tiempo máximo para la tramitación de un juicio penal eran 24 meses. En medio del proceso, el plazo fue ampliado a 36 meses. Ahora han transcurrido 65 meses sin asomo de una sentencia.
Algunos acusados postulan la idea de disolución de juicio pues retroceder a 2012 representaría demoras mayores para un caso que no llegó a convencer a gran parte del país. El presidente Morales dijo que él dio la orden para activar la operación que llevó a la muerte de tres personas. Su afirmación de que querían matarlo y descuartizar al país ha sido fuertemente golpeada por la fuga y declaraciones del ex fiscal Marcelo Soza, de que la acusación con la que se juzga a 39 acusados fue moldeada por el gobierno.
A la afirmación del ex fiscal se suman las declaraciones de los testigos convocados por la defensa ahora presos que corroboran la confesión del ex fiscal refugiado en Brasil. Los resultados de una encuesta reciente que circuló en la sala de audiencias del juicio mostraban que desconfiaba de la tesis del gobierno un 64% de más de dos mil encuestados en todo el país De inmedito no se supo a qué centro hospitalario la llevó el carro de comberos que la ayudó a evacuar el Palacio de Justicia. Informar sobre el diagnóstico bajo el que está es una tarea de los medios, así como averiguar su estado de salud.
En medio de gritos de los acusados y abogados que protestaban por el deterioro de la salud de la juez, y del desconcierto de fotógrafos y camarógrafos que cubrían el incidente, el Juez Sixto Fernández golpeó el martillo repetidas veces para restablecer el orden y anunciar que la audiencia quedaba en receso hasta el 29 de septiembre, mientras Anastasia Callisaya, la otra juez ciudadana, levantaba los brazos consternada.
Si la audiencia podrá reanudarse era todavía una gran incógnita. La juez, que físicamente luce menor de 30 años, había dicho el jueves, en la clínica Foianini donde había ido para una batería de análisis, que sentía su salud deteriorada y que sus colegas del tribunal la presionabn para continuar como juez del mayor proceso penal de la historia boliviana. Su salida dejaría sin quórum al tribunal de cuatro jueces – dos ciudadanas y dos técnicos, uno de ellos el juez presidente Fernández- y obligaría a la formación otro. Eso llevaría a retroceder el proceso 2012, cuando el tribunal teóricamente aún en funciones asumió tareas. Como el caso se arrastra por más de cinco años desde su génesis, el asalto policial al Hotel las Américas, la disolución del tribunal que preside el juez Fernández acarrearía graves dificultades. Una de ellas se refiere al tiempo, que legalmente no debería haber pasado de 36 meses sin que se dictara sentencia. Cuando ocurrió el episodio sangriento del Hotel Las Américas el tiempo máximo para la tramitación de un juicio penal eran 24 meses. En medio del proceso, el plazo fue ampliado a 36 meses. Ahora han transcurrido 65 meses sin asomo de una sentencia.
Algunos acusados postulan la idea de disolución de juicio pues retroceder a 2012 representaría demoras mayores para un caso que no llegó a convencer a gran parte del país. El presidente Morales dijo que él dio la orden para activar la operación que llevó a la muerte de tres personas. Su afirmación de que querían matarlo y descuartizar al país ha sido fuertemente golpeada por la fuga y declaraciones del ex fiscal Marcelo Soza, de que la acusación con la que se juzga a 39 acusados fue moldeada por el gobierno.
A la afirmación del ex fiscal se suman las declaraciones de los testigos convocados por la defensa ahora presos que corroboran la confesión del ex fiscal refugiado en Brasil. Los resultados de una encuesta reciente que circuló en la sala de audiencias del juicio mostraban que desconfiaba de la tesis del gobierno un 64% de más de dos mil encuestados en todo el país De inmedito no se supo a qué centro hospitalario la llevó el carro de comberos que la ayudó a evacuar el Palacio de Justicia. Informar sobre el diagnóstico bajo el que está es una tarea de los medios, así como averiguar su estado de salud.
La juez, en declaraciones que publicó El Deber, dijo que cubría los costos de la clínica con sus propios reursos. Pero el presidente del tribunal, el juez Fernández, le decía: “Tienes que seguir. Vamos a poner un médico y te vamos a asistir, pero nada de eso pasó hasta el momento” (jueves).
La posiblidad de que el presidente Evo Morales tome alguna medida, inclusive un indulto para apartar el problema que mantiene atención de la ciudadanía desde 2009, se volvió más remota con la declaración del mandatario a El Deber, publicada el viernes. Morales fue el primero en anunciar que habían intentado matarlo, que había habido una balacera de 30 minutos (ahora se asegura que duró menos de cinco y que, al parecer, el fuego fue principalmente unilateral), y que se quería dividir a Bolivia con una campaña separatista. “Es separtismo”, dijo y, más adelate, subrayó: “Cómo para los separatistas puede haber amnistía…”
