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martes, 17 de enero de 2017

Los Tiempos hace ver que Ministro Claros entró en serias contradicciones durante la interpelación en el Congreso con relación a la tragedia de LaMia, empresa de Albecete que cobra 35 mil dólares mes por el alquiler.

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, durante su interpelación realizada el pasado sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, incurrió en al menos cinco contradicciones que no fueron detectadas ni cuestionadas por los dos parlamentarios de oposición que plantearon este proceso legislativo para conocer los pormenores de la conformación de la aerolínea LaMia y del accidente de una de sus aeronaves, indicó el abogado y experto en aeronáutica, Omar Durán.
La principal contradicción del ministro es que durante la interpelación manifestó que en ningún momento se vulneraron los pasos que ordena la Ley 2902 de Aeronáutica Civil y el Decreto Supremo 28478. Sin embargo, Durán cuestiona que si todo fue en base a estas normas, ¿por qué se lo está procesando al general Virgilio Pereyra?, quien fue director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) hasta ocho meses antes del siniestro ocurrido el 28 de noviembre.

Según Durán, el juzgamiento de personas tenía que ser desde el día del accidente hacia adelante, no hacia atrás. “Ahí está reconociendo el ministro que no se han cumplido las normas que manda la DGAC”, agregó.

La segunda observación que hace el especialista, es que Claros se quedó sin responder dónde estaba y quién era el inspector de turno de la DGAC la noche en la que partió el vuelo de LaMia. Y a esa afirmación, Durán agrega que, por disposición del exdirector de la DGAC, César Varela, se optó por suspender a los inspectores, por lo que el avión no tenía restricciones para partir al margen de las observaciones que hizo la funcionaria de Aro Ais, Celia Castedo.

La tercera observación que hace Durán es que el ministro ratificó que LaMia se inauguró con 150.000 bolivianos y que el avión era alquilado por el empresario venezolano Ricardo Albacete por un monto de 35.000 dólares mensuales, cifras a las que este especialista califica como irrisorias.

Además, asegura que, por conocimiento propio, el venezolano es el principal accionista de LaMia. “Albacete es el único dueño de esta empresa y los que figuran (como dueños de la empresa: Miguel Quiroga y Marco Rocha) fueron usados como palos blancos”, agrega Durán.
 
NUEVO DIRECTOR DE DGAC ERA EL JEFE OPERACIONAL

La cuarta observación tiene que ver con la designación del nuevo director de la DGAC, Julio Fortún Landívar, quien asumió funciones tras la destitución de César Varela.

Según esta fuente, Fortún fungía como Director de Seguridad Operacional (DSO) en la DGAC, el segundo cargo ejecutivo después del director, quien tiene la responsabilidad de verificar todo lo relacionado al combustible, peso, personal y operaciones.

Según Durán, Fortún no cumplió con estas tareas, por lo que sería la persona con mayor responsabilidad en el accidente, incluso, por encima de Varela, porque “sus funciones eran operativas”.

Señala que Milton Claros dijo que Bolivia cuenta con una aprobación del 81,84 por ciento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por lo que no existe ningún riesgo de perder la categoría uno que le permite viajar a Estados Unidos. Sin embargo, esta calificación se otorgó antes del accidente y que Bolivia no está libre de una sanción de otra instancia.