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viernes, 20 de diciembre de 2013

en las falencias de la Justicia más que en confabulación del Imperio debemos buscar el origen de nuestros males sentencia Los Tiempos, cuando se ocupa del "misterioso caso de Ostreicher" con absoluta claridad

La salida del país del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, en circunstancias tan confusas que impiden utilizar con precisión términos como “fuga” o “huida”, ha vuelto a poner en entredicho la idoneidad de las principales instituciones de nuestro país. Y lo ha hecho llevando a los extremos del descrédito al sistema judicial boliviano y a todo el Estado Plurinacional, pues ha proyectado hacia el mundo la imagen de un país en el que hasta las más insólitas situaciones son parte de la cotidianidad.
Entre los factores que han dado tal dimensión al caso Ostreicher se destaca la formidable palestra que el mismo Gobierno boliviano le dio a su principal defensor, el actor hollywoodense Sean Penn, a quien se le otorgó nada menos que el rango simbólico de “Embajador”. Investido de tan singular calificativo, Penn no tardó en usar sus credenciales para ponerlas a disposición de su compatriota, lo que fue suficiente para que el asunto adquiera una dimensión mediática que de otro modo jamás habría alcanzado, lo que dio lugar en filas gubernamentales a muy tardíos arrepentimientos.
En tales circunstancias, los 18 meses que el ciudadano estadounidense pasó detenido en Palmasola y las condiciones de su vida carcelaria, sin que su juicio se ajuste a los plazos fijados por el debido proceso –situación que resulta del todo inadmisible según los parámetros internacionales– fueron suficiente motivo para que muchos de los más influyentes medios de comunicación de Estados Unidos y del mundo fijaran su atención sobre el sistema judicial y penitenciario de nuestro país, causando además severos daños a la imagen y al prestigio gubernamental.
Y como si eso fuera poco, los aprietos en los que Ostreicher y Penn pusieron al Gobierno boliviano se multiplicaron cuando hicieron públicas sus denuncias sobre la existencia en nuestro país de una poderosa red de abogados extorsionadores que operaban desde instancias jerárquicas de los ministerios de la Presidencia, Transparencia y de Gobierno y extendían su influencia hasta los más altos niveles del sistema judicial.
Según las denuncias, Ostreicher habría sido sólo una más de las víctimas de la red de extorsionadores. La misma suerte habrían corrido muchos de los más connotados dirigentes de la oposición, los involucrados en los denominados carros Terrorismo I y Terrorismo II, de Gastos Reservados I y Gastos Reservados II, además de varias decenas de ciudadanos anónimos.
La dimensión internacional que alcanzó tan escandaloso caso, a lo que se sumó la notable falta de voluntad para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, y la imposibilidad de seguir postergando indefinidamente un desenlace en los estados judiciales, son algunos de los antecedentes que dificultan mucho cualquier intento de explicación de lo ocurrido en términos convencionales.
De cualquier modo, y sea como fuere, lo cierto es que son casos como éste, y varios miles de otros similares que pasan desapercibidos por falta de un personaje tan famoso como Penn que los haga visibles, los que dan razón a quienes reconocen que es en las falencias de nuestras propias instituciones, más que en confabulaciones urdidas en el “imperio”, donde se debe buscar el origen de nuestros males.