"Señor juez Sixto Fernández, usted es un abusivo y discriminador contra mi persona", afirmó el acusado del caso Rózsa, Zoilo Salces, en contra del presidente del Tribunal Primero de Sentencia en plena audiencia.
El interpelador le dijo al administrador de justicia que hace 118 días que debió resolver un acto procesal defectuoso para recuperar su libertad y hasta la fecha no lo ha hecho y sigue preso.
Indicó que su situación jurídica se encuentra en el limbo y que hace 139 días que se le otorgó la cesación a mi detención preventiva y por un decreto del juzgador fue revocada la medida sustitutiva de manera ilegal.
"Una Sentencia Constitucional dice que no se puede revocar la medida sustitutiva a un detenido preventivo, estoy contrariado, no entiendo qué pasó", interpeló el acusado al juez Fernández.
Relató que si bien en una audiencia del Juzgado Octavo de Sentencia se le negó la tutela, pero también se le ordenó que corrija el procedimiento y por ello se presentó la acción procesal defectuosa, pero nunca se le dio curso.
Está implorando justicia. Gary Prado, abogado defensor de Salces, dijo que su cliente está implorando justicia para que se respeten sus derechos humanos, sus garantías constitucionales y procesales.
Está implorando justicia. Gary Prado, abogado defensor de Salces, dijo que su cliente está implorando justicia para que se respeten sus derechos humanos, sus garantías constitucionales y procesales.
Prado comentó que el coronel en servicio pasivo, Zoilo Salces, es víctima de un perverso decreto del presidente del Tribunal Primero de Sentencia.
"Que sin ser de su competencia y violentando las medidas sustitutivas por unanimidad de votos, les fueron revocadas sus medidas en un acto arbitrario e ilegal", enfatizó el jurista.
Lamentó que no haya tenido la protección constitucional en tres acciones de libertad, en tres distintos momentos que se presentó y tampoco la recusación ha sido aceptada, lo que se evidencia es la parcialización en contra de Salces.
El abogado aclaró que se hizo una solicitud a la cesación y el 21 de febrero de este año se la concedieron con arraigo, "una fianza de Bs 10 mil y le impuso de manera ilegal un garante personal".
A pesar de que la ley establece una sola garantía, se puede presentar ya sea la económica o la personal, a pesar de ello se presentó a la garante y el juez Fernández la vetó porque tenía cédula de identidad de Santa Cruz y vivía en La Paz y le revocó las medidas.
Por lo que según Prado, ahora Salces tiene una situación absurda, es detenido preventivo, con arraigo y tiene una fianza económica en el Tribunal de Justicia.
Apelación pendiente. Por su parte, el juez Fernández argumentó que hay una apelación pendiente que debe ser resuelta en la sede de Gobierno.
Apelación pendiente. Por su parte, el juez Fernández argumentó que hay una apelación pendiente que debe ser resuelta en la sede de Gobierno.
El juzgador negó que haya rencor o mala voluntad en contra del acusado y ninguna situación de tipo personal con Salces, ni con ninguno de los coacusados.
Dijo que lo único que hace el Tribunal que preside, es cumplir sus funciones como administradores de justicia.
Fernández explicó que las decisiones son colegiadas y la deciden los cuatro miembros del Tribunal y por lo tanto pide no personalizar al presidente.
