Ritter dice que venezolano pagó los pasajes a Rózsa
Juicio. Piden levantar los incidentes para demostrar que todo fue un montaje. El Gobierno presentó videos del ‘grupo terrorista’.
EL DÍA, Santa Cruz
Abogados defensores de los 39 imputados pidieron ayer al juez paceño Sixto Fernández terminar con el período de incidentes y excepciones y abrir de una vez el juicio oral “para demostrar que el supuesto caso terrorismo fue un montaje para neutralizar y perseguir a los líderes opositores de Santa Cruz”.
"A Eduardo Rózsa lo trajo a Bolivia un venezolano de apellido Osorio que le pagó los pasajes desde Europa con la finalidad de hacer pisar el palito a algunos ingenuos”, dijo el jurista Otto Ritter.
Indicó que “quien organizó todo fue el actual vicepresidente Álvaro García por medio de su hermano Raúl con la intención de derrocar al presidente Evo Morales”.
Ritter afirmó que Rózsa empezó a extorsionar a algunos cruceños asegurando que organizaría un ejército para defender Santa Cruz y cuando el Gobierno vio que el caso se le estaba yendo de las manos mandó matar al cabecilla de la supuesta red subversiva, en el hotel Las Américas.
Pretendían dividir Bolivia. En contrapartida, la abogada del Ministerio de Gobierno, Paola Barriga, armó un debate ayer en la mañana cuando difundió un video para contextualizar qué sucedía en el 2008 cuando hubo toma de instituciones, principalmente en Santa Cruz por parte de contrarios al régimen de Morales.
También mostró fotografías de Eduardo Rózsa y otros integrantes con los que llegó a Bolivia haciendo alarde de las armas de fuego que manejaban.
Fue ahí que deslizó la palabra de “terroristas” provocando el enojo de los imputados y sus abogados que le exigieron respeto.
Asimismo, citó el libro escrito por Carlos Valverde para referirse a una entrevista a Rózsa, en la que éste habla de la idea de dividir el país.
Dijo también que el húngaro Elöd Tóásó era miembro de una legión de mercenarios y que su hermana lo reconoció. Sin embargo, meses más tarde denunció al presidente Evo Morales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Atentados y ‘El Viejo’. También mostró gráficas de los daños dejados por el explosivo que estalló en la casa del cardenal Julio Terrazas. Sin embargo, fue interrumpida por Ignacio Villa, “extestigo clave”, para decirle que quien colocó el explosivo fue Luis Clavijo, un agente del Ministerio de Gobierno que se encontraba infiltrado en el grupo junto al capitán Wálter Andrade.
Los detenidos fueron trasladados a La Paz y Cochabamba y la audiencia se reanudará en dos semanas, según el juez Fernández.
Postergan hasta el lunes 18 audiencia de caso terrorismo
LAS PRUEBAS SERÁN INVENTARIADAS DESDE EL LUNES EN LA PAZ. La representante del Ministerio de Gobierno molestó a los acusados cuando afirmó que el ‘grupo criminal’ pretendía cometer el peor magnicidio.
En la sala de audiencias, los implicados protestaron por la posición de la representante gubernamental.
El juicio del caso terrorismo quedó en receso por una semana. El presidente del Tribunal, Sixto Fernández, fijó audiencia del acto judicial para el 18 de marzo, a las 15:30, por lo que los implicados tuvieron que retornar a los recintos donde están recluidos.
En este tiempo se estableció que los secretarios del juzgado realicen un inventario de las pruebas, accediendo a un pedido de los imputados. Este trabajo se hará desde el lunes en la ciudad de La Paz.
Ayer, el Ministerio Público concluyó con las respuestas a los 75 incidentes planteados por los acusados y pidió al juez desistir de todos ellos.
Ahora comenzó el turno de la representante legal del Ministerio de Gobierno, Paola Barriga, que también debe responder a cada uno de ellos. Su participación empezó en medio de polémica, primero por la ubicación de un televisor que llevó, pues impedía que los acusados puedan seguir lo proyectado.
Después hubo reclamos porque Barriga, en su introducción, hizo un análisis del momento político que vivió el país en 2008, cuando sucedieron las tomas y saqueos de las instituciones. “El objetivo de esta organización criminal era dividir geopolíticamente Santa Cruz de la Sierra del país, para ello pretendían cometer el peor magnicidio que se haya imaginado… se encontraban preparando el asesinato del presidente Evo Morales, del vicepresidente, de Carlos Romero y de Juan Ramón Quintana”, señaló.
También señaló que se pretendía dar muerte al cardenal Julio Terrazas para levantar al pueblo, pero todo eso se evitó.
Esas sindicaciones fueron refutadas por los acusados y por sus defensores al pedir a la representante del Gobierno que solo responda a los incidentes.
Revelaciones
Carlos Valverde, periodista que escribió dos libros sobre el caso Rózsa, obtuvo documentación que da cuenta de que el Gobierno de Venezuela pagó el pasaje de ingreso a Bolivia de Eduardo Rózsa, con el nombre de Jorge Hurtado Flores. La versión se basa en unos correos que supuestamente recibió el fiscal Soza, en los que se le informa de que Félix Osorio, ministro venezolano, pagó dicho boleto
En la jornada
Solicitud
Ignacio Villa Vargas, ‘El Viejo’, pidió permiso para hacerse un chequeo en la capital cruceña, la respuesta quedó sujeta a una evaluación médica.
Cuartos intermediosLa audiencia de ayer se vio marcada por recesos y solo se trabajó durante la mañana. Dieron asistencia médica a un acusado.
El proceso por terrorismo no avanza y entra en otro receso
Acusados pidieron que el fiscal Soza sea alejado del caso.
SANTA CRUZ. La representante legal del Ministerio de Gobierno hizo nuevas acusaciones contra los involucrados en el grupo Rózsa. Fue el cuarto día de roces verbales.
Página Siete / La Paz
Juan Kudelka, uno de los acusados del caso Terrorismo I. Archivo
El proceso por el caso Terrorismo I se sigue trabando por la falta de la resolución de los incidentes planteados por la defensa de los acusados e ingresó en un nuevo receso hasta el lunes 18 de marzo.
Ayer, nuevamente, se registraron incidentes entre los presuntos involucrados con el grupo Rózsa, esta vez con la representación del Ministerio de Gobierno (la parte acusadora) que presentó nuevas denuncias contra los 39 acusados en el juicio.
Existen 75 incidentes planteados por los abogados de los implicados con la célula irregular que se organizaba en Santa Cruz que todavía no han sido resueltos por el Tribunal del juicio. Sin embargo, el Ministerio Público pide que todas las objeciones planteadas sean rechazadas.
Ayer concluyó una de las semanas más conflictivas desde que se reanudaron las audiencias preparativas al juicio por el caso terrorismo que el Ejecutivo lleva adelante contra 39 personas.
El motivo de muchos de los roces verbales fue la aparición de una grabación presentada por la senadora Carmen Eva Gonzales, de Convergencia Nacional. La parlamentaria acusó al fiscal investigador del caso Terrorismo, Marcelo Soza, de ser el dueño de la voz que se escucha en el archivo de audio en el que se vincula a autoridades de Estado con la red de extorsionadores que se detectó en noviembre de 2012.
“Hasta ahora no se ha resuelto uno solo de los 75 incidentes planteados por la defensa. Realmente creemos que esto va a demorar mucho, pero como defensa queremos decir que nosotros no buscamos la retardación del proceso, todo lo contrario”, afirmó uno de los abogados patrocinantes de los acusados, Gary Prado, quien además es hijo de uno de los presuntos involucrados, el general (r) Gary Prado.
La representante legal del Ministerio de Gobierno, Paola Barriga, planteó ayer nuevas denuncias contra el grupo de acusados. La jefa jurídica indicó que el grupo Rózsa intervino en las tomas de instituciones y atentados contra ductos que se realizaron en Santa Cruz y Tarija entre agosto y septiembre de 2008.
Más repercusiones por video
Los acusados por el caso terrorismo volvieron a mencionar la grabación que se atribuye al fiscal Marcelo Soza.
“Nuestro objetivo es llegar a descubrir la verdad histórica de los hechos y en este caso la verdad es que hubo montaje del Gobierno”, dijo Luis Melgarejo, abogado de Svonko Matkovic, quien fue detenido en 2010.
El ex dirigente cívico del Beni Alberto Melgar, uno de los 39 procesados, dijo ayer que si bien son ciertos los videos y las cintas, no constituyen pruebas, sí son indicios que pueden conducir a la verdad. Según el matutino El Día, el general retirado Gary Prado hizo una afirmación similar.
