El fiscal que maneja actualmente el “caso terrorismo” ha decidido, a “ojo de buen cubero”, que las nuevas pruebas aportadas por el exfiscal Marcelo Soza no deben ser aceptadas en el proceso, porque considera que no tienen validez.
Los documentos que rechaza el fiscal, Sergio Céspedes, son los mismos que en este momento está analizando el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil (CONARE) y que le servirán para tomar una decisión sobre el asilo político a Soza, que se trasladó al país vecino hace dos meses, cuando se vio acosado por un proceso de extorsión y la imposibilidad de seguir con lo que el mismo califica, como un montaje del Gobierno para inculpar de terrorismo y separatismo a líderes autonomistas de Santa Cruz.
Las pruebas indicadas no hacen más que ratificar lo que se conoció a través de un sinnúmero de evidencias acumuladas a lo largo de cinco años y que sistemáticamente fueron rechazadas por la Fiscalía, aduciendo que los videos, los audios y otras pruebas no pueden ser admitidos dentro de la legislación boliviana. Sin embargo, ahora que se trata de una confesión firmada de puño y letra y legalizada por las autoridades competentes, el fiscal Céspedes afirma que tampoco le dará curso. ¿Así de arbitraria se ha vuelto nuestra justicia?
En el plano subjetivo, no se trata de afirmar que el exfiscal Marcelo Soza se haya convertido en un “santo”, como dicen en el oficialismo para rechazar sus denuncias. En realidad, se trata del mismo ciudadano que anteriormente ocupó un cargo en el Ministerio Público y que prácticamente firmó la sentencia de 39 personas acusadas de terrorismo. Ese mismo sujeto, en pleno uso de sus derechos y de sus facultades mentales, ha confesado que todo lo que hizo y que fue declarado válido por el Gobierno, fue fraguado y manipulado por autoridades especialmente interesadas en probar a rajatabla que en Santa Cruz hubo intentos de separatismo, magnicidio y terrorismo.
En este momento y de plena ley, están dados todos los argumentos para cerrar el caso Rózsa y liberar a quienes están detenidos, quienes no obstante, tienen el derecho de recurrir a la Justicia para la reconversión de acciones, una manera de buscar la sanción para quienes armaron esta trampa. El problema es que, tal como lo ha mencionado el exfiscal Soza, los rebotes de este delicado asunto pican cada vez más alto y en cualquier momento pueden tocar ilustres ciudadanos de este país.
La decisión del fiscal Céspedes, que en realidad viene muy bien respaldada por todos los niveles políticos, no deja de tener un gran riesgo para el Gobierno nacional. Con ella se confirma una vez más que en Bolivia no existen las garantías para obtener un juicio justo, que es un hecho objetivo la persecución política y le está dando la razón a las partes afectadas para recurrir a las instancias internacionales, que de hecho ya tienen en su poder todos los antecedentes de este caso. Normalmente el derecho internacional suele ser muy lento en estas situaciones, pero con lo que está ocurriendo, lo único que consiguen los operadores gubernamentales es acelerarlo.
En Bolivia, nuestros líderes quieren llegar a la máxima expresión de lo que ellos consideran que se puede lograr en política: el “blindaje” frente a la ley, algo que en realidad en este mundo no existe. Dan fe de ello miles de personajes que en su momento se creyeron dioses.
En Bolivia, nuestros líderes quieren llegar a la máxima expresión de lo que ellos consideran que se puede lograr en política: el 'blindaje' frente a la ley, algo que en realidad en este mundo no existe. Dan fe de ello miles de personajes que en su momento se creyeron dioses.
