No hay crimen perfecto”. Esta es una verdad que suena cada vez con mayor estridencia en medio de toda esta trampa denominada “Caso Terrorismo” que no termina de desmoronarse, porque la armazón es demasiado complicada y porque el Gobierno hace hasta lo más inexplicable para evitar que la bomba termine por explotar en sus manos.
Las revelaciones suman y siguen. La última tiene que ver con las declaraciones de Ana Claudia Arruda Flores, una mujer muy allegada a la excandidata a la gobernación del Beni, Jessica Jordan, y seguramente con todos quienes han estado apuntalando la carrera política de la ex Miss Bolivia.
La dama en cuestión se ha presentado ante el Ministerio Público para narrar las circunstancias en las que conoció y se relacionó con el fiscal Marcelo Soza, quien durante cuatro años ha tenido a su cargo la investigación de los acusados de terrorismo y alzamiento armado. Con lujo de detalles no ha hecho más que confirmar lo que el propio Soza confesó y fue registrado en una grabación presentada hace un par de meses por la senadora pandina Carmen Eva Gonzales.
Pero además, establece estrictas coincidencias con el conmovedor relato que hizo el empresario Zvonko Matkovic, quien ha denunciado un sistemático proceso de extorsión del que fue víctima en su intento por ayudar a su hijo, preso desde hace años, solo por el hecho de haber recibido una llamada telefónica que no prueba ni un solo delito. Tanto en este caso como el relacionado con el expresidente cívico Branko Marinkovic, se ha comprobado fehacientemente que todo se trata de una estricta orden que recibió Soza desde el Ministerio de Gobierno de llevar adelante implicaciones absolutamente desprovistas de todo asidero legal y objetivo.
Con todas estas nuevas pruebas, que vienen a sumarse a confesiones directas del fiscal Soza, que se vinculan al caso de la red de abogados extorsionadores y que por supuesto, son el producto de todas las fallas procesales, omisiones, abusos y falsedades cometidas durante el largo proceso judicial, existen suficientes elementos como para iniciar un proceso al funcionario en cuestión, a quien la senadora Gonzales ha pedido ordenar su detención, pues para ella ESTÁ claro que ha cometido una serie de delitos tipificados claramente en el Código Penal.
En el caso Soza, no solo existe la sospecha de que ha torcido las leyes, que ha montado pruebas, que ha incumplido sus deberes como funcionario público y que ha incurrido en serias violaciones al debido proceso, sino también que ha sido el ejecutor de un macabro plan de persecución política que más tarde se convirtió en una manera de lucrar a través de la extorsión a personas cuyo único delito ha sido pensar diferente y llevar adelante el proceso autonómico que ponía en peligro las aspiraciones totalitarias del “proceso de cambio”.
Con las últimas evidencias, que seguramente serán corroboradas con más pruebas en el futuro, queda claro por qué el Gobierno y el órgano judicial que opera en función de sus directrices, no tienen la menor intención de llegar a la verdad en el caso terrorismo y que su idea es dilatar lo más que se pueda para sacarle rédito político. El problema es que la verdad le está ganando a los cálculos gubernamentales y llegará el momento en que el crimen serán tan evidente que será imposible de ocultar.
En el caso Soza, no solo existe la sospecha de que ha torcido las leyes, ha montado pruebas, incumplido sus deberes e incurrido en serias violaciones al debido proceso, sino también que ha sido el ejecutor de un macabro plan de persecución política.
