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sábado, 12 de abril de 2014

el Juez determinó Acción de Libertad para los 8 funcionarios que habían conformado la red de extorsión, ante la denuncia de correr peligro sus vidas. el Tribunal de Garantías reconoció la violaciones a los derechos constitucionales de los 8 detenidos. la audiencia duró 8 horas. OPINION

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz determinó ayer dar procedente la Acción de Libertad presentada por los ocho exfuncionarios de gobierno acusados de conformar presuntamente una red de extorsión, quienes denunciaron que sus vidas corren peligro en las celdas del PC 7 de Palmasola tras la ilegal requisa en horas de la madrugada del jueves pasado por parte de presuntos efectivos policiales "encapuchados y de civiles". 

A la conclusión de la audiencia, que duró más de ocho horas, el exabogado del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, mostró su beneplácito por la determinación judicial, sin embargo, sostuvo que se aguardará la ratificación o rechazo a esta resolución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 



"El tribunal de garantías ha reconocido de las ilegalidades y arbitrariedades de esa violación a los derechos constitucionales, ha reconocido la vulneración a derechos humanos por parte de esos malos funcionarios que han ingresado de manera violenta irrumpiendo a nuestro lugar donde guardamos detención", manifestó a los medios de prensa. 

Rivera reiteró que fueron víctimas de abusos físicos y sicológicos por parte de "funcionarios de gobierno" cuando ingresaron a sus celdas de forma violenta y encapuchados a la una de la madrugada del jueves. 

En la audiencia, el exfiscal de La Paz, Edward Mollinedo, determinó ya no emitir ninguna declaración sobre los casos donde supuestamente existe una manipulación de la justicia por parte del Gobierno debido a la presión sicológica realizada por los "encapuchados" dentro de su celda. 

"Yo tengo las fotografías de mi madre de 86 años en la pared de mi celda, de mi esposa y de mis tres hijas menores de edad, esta gente viene saca fotografías y filma a nuestros familiares, ¿eso no es amedrentarme?, ¿no es una amenaza psicológica?, para qué quieren las fotografías de nuestros familiares. Voy a callar, no voy a hablar más díganle al viceministro (Jorge Pérez) que no voy hablar más porque han conseguido conmigo, estoy amedrentado, estoy asustado", dijo Mollinedo. 

Fernando Rivera, Denis Rodas, exabogados del Ministerio de Gobierno; Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior, además de los exfiscales Isabelino Gómez, Edward Mollinedo, Roberto Achá (exfiscal del caso Ostreicher), y los exfuncionarios de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Ramiro Ordóñez y Moisés Aguilera son los acusados por el Gobierno de conformar una supuesta red de extorsión de varios procesos de interés del Estado y de casos particulares.

El artículo 125 de la Constitución Política del Estado señala: "Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad".

no pudieron negar las evidencias y el Tribunal no tuvo otra que declarar "que el operativo en Palmasola fue ilegal" rechazó los argumentos del Viceministro Péez. reclamaron los presos "respeto por sus vidas". senadoras y diputadas estuvieron presentes.

La justicia declaró ilegal el operativo nocturno realizado en Palmasola, donde fueron presuntamente agredidos ocho detenidos de la denominada red de extorsión.
El Tribunal de Garantías de la Sala Penal, a la cabeza del presidente Sigfrido Soleto, dictó la resolución argumentando que tal “requisa carecía de argumento administrativo y jurídico”.
"Los informes presentados por el Viceministerio carecen de argumentos para negar las acusaciones de golpiza, por lo tanto se concede la tutela a los accionantes, porque el operativo fue ilegal", fueron las palabras de Soleto, presidente del Tribunal de Garantías de la Sala Penal Primera que resolvió el recurso.


El juez, indicó que los implicados en red de extorsión no lograron probar la presencia en la cárcel del viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, el día del operativo .
Soleto ordenó que en un plazo de 24 horas, se realice la revisión médica a cargo de forenses a las ocho personas que denunciaron haber sufrido una golpiza.

Denuncias. El exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, los exasesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Denis Roda; los exfiscales Edwar Mollinedo, Isabelino Gómez y Roberto Achá; más los exfuncionarios de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Moisés Aguilera y Ramiro Ordóñez, todos involucrados el caso de extorsión a Ostreicher han revelado acciones del Gobierno, denunciaron la golpiza sufrida en la madrugada del jueves en el pabellón B del PC7 de Palmasola, donde guardan detención preventiva.
Villegas, relató que encapuchados ingresaron de manera violenta  a la 1 de la mañana, golpearon las puertas exigiéndoles que se retiren de las celdas. Rivera, precisó que con esta actitud, se vulneraron sus derechos. "Nosotros no hacemos show, no somos payasos, solo queremos respeto a nuestras vidas", manifestó Rivera.
Denis Roda explicó que al entrar en su celda tiraron la puerta y lo golpearon en el rostro, ocasionándole hematomas por el lado del ojo izquierdo.
Mollinedo reconstruyendo los hechos, se colocó en la cabeza una media nylon que presuntamente le quitaron a uno de los agresores y una gorra que supuestamente pertenecía a Samuel Villegas, quien comandó la “requisa” y dijo ser el director de Régimen Interior, pero que mediante un informe escrito leído en la audiencia de ayer, se identificó como abogado interior del Ministerio de Gobierno.
Dijo que de manera permanente reciben amedrentamiento, inclusive manifestó que en su celda toman imágenes de las fotografías que tiene en la pared de su celda.
"Si no hubiera sido por el señor Moisés (Aguilera) hubiera caído del segundo piso por las patadas que recibí", dijo Ordóñez, respaldado por el mismo Aguilera.

Defensa. La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDDHH) en Santa Cruz, Marinés Alvis, presenció la audiencia y confirmó que en su visita al penal la tarde del jueves, evidenció que los internos habían sido golpeados y que inclusive no les permitieron la cercanía con los medios de comunicación. La versión de la representante de Derechos Humanos contrasta con la afirmación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien el jueves dijo que lo que hubo en Palmasola fue una requisa de rutina y a los de la red de extorsión no se los tocó "ni con el pétalo de una rosa".

Denuncian intento de traslado. Los detenidos denunciaron, que habrían recibido información de que el Ministerio de Gobierno estaría planificando su traslado de todos los implicados a diversos recintos penitenciarios del país. "Solo pedimos respeto y garantías para nuestras vidas, nosotros en el pabellón B del PC7 donde estamos detenidos nos sentimos seguros por los policías que cuidan el lugar, no queremos que nos trasladen", dijo Rivera.
En medio de la audiencia, en dos oportunidades se registraron inconvenientes, después de que los exfuncionarios del Gobierno, ahora detenidos identificaran a agentes de inteligencia en la sala. En el primer incidente, el aludido dijo ser estudiante, pero Mollinedo lo interpeló exaltado, asegurando que habían trabajado juntos.
El segundo agente identificado, confirmó ser funcionario del Ministerio de Gobierno.
El comandante nacional de la Policía, Wálter Villarpando, pidió a las autoridades de Palmasola, un informe sobre la requisa.
Acciones
Detalles de lo sucedido en la audiencia
Vínculos. El abogado de Denis Roda indicó que uno de los vocales del Tribunal, Willam Tórrez, tendría vínculos con el viceministro Jorge Pérez. Esto fue negado por el aludido.

Presentes. Las parlamentarias: Carmen Eva Gonzales, Centa Reck, Maida Paz y Jessica Echeverría, participaron de la audiencia, indicando que en calidad de autoridad estaban fiscalizando.

Pruebas. Los accionantes llevaron a la audiencia los papelógrafos que armaron para explicar  la semana pasada a los parlamentarios de la 'Comisión de la Verdad' la conformación del 'Gabinete jurídico'. Afirman que esta instancia manipulaba los procesos contra los opositores y planificaba la injerencia en la justicia.

Revisión. Edward Mollinedo, pidió les faciliten un examen oftalmológico, para comprarse nuevos lentes, porque en el operativo se los quebraron.