Eduardo León abogado de las víctimas de la matanza en Arcopongo, presentó querella en contra de Glais Vargas y Julia Figueredo del MAS y de un vice ministro Juan Tiburcio Aguilar, que en dos días despojaron de la mina a la Cooperativa Palma Flor.

Los familiares  de  los  cooperativistas  acribillados y heridos en Arcopongo,  presentaron este jueves una querella  penal,  contra  las  diputadas del Movimiento al Socialismo (MAS), Gladis Vargas Escobar,  Julia  Figueredo; el asambleísta  departamental, Juan Marca Poma y el viceministro, Juan Tiburcio Aguilar por tener presunta responsabilidad en la “masacre” suscitada en los últimos días en la provincia  Inquisivi del departamento  de La Paz,  asó lo  hizo  conocer  el abogado de las  víctimas,  Eduardo  León.

Argumentó  que estas persona son responsables  de los hechos de sangre  en Arcopongo, por que en menos 72  horas  consiguieron las  autorizaciones, personería  jurídica de la cooperativa  Palma Flor para  operar  en el yacimiento que  ya era operado por los comunarios del  lugar.

“Es  debido a  este  tipo de actos  y corrupción que ha  cometido el viceministro, cuando el 10 de  junio del 2013 pasando por alto la extensión a la cooperativa Palma Flor Ltda., a pesar de la prohibición de entregar personerías, así mismo el 12 de julio, se  reconoce esta personería, aca existen dos personas  que han hecho tráfico  de influencias, en favor de esta cooperativa creada  en dos  días”,  explicó el jurista.

Puntualizó que el delito que  sustenta  la querella penal en contra de estas personas, son asesinato, organización delictuosa, terrorismo, lesiones graves y gravísimas  y otros, cometidos  durante  la matanza  de al menos tres personas en Arcopongo.

La cooperativa que sufre las  agresiones tenía todos  los  trámites  legales para  operar  en el yacimiento, según León.

Romero no puede probar que no interfiere en la justicia. menos en el caso de Terrorismo. el Colegio de Abogados tiene el convencimiento de las mentiras de Romero, porque sí, el Gobierno manda lo que se debehacer. el Ministro tiene el Vo.Bo. del Gobierno.

Varias abogados coincidieron que las evidencias contradicen la versión del ministro Carlos Romero, quien aseguró que el Gobierno no tiene  intromisión sobre jueces y fiscales en el caso Rózsa.

Al final terminan dando órdenes. El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, expresó que uno de los hechos irrefutables, son las órdenes del Ejecutivo a los jueces y fiscales. "Cuando sale un ministro y acusa de delincuente a una persona y que debe ir preso, al final el juzgador termina cumpliendo esas órdenes", resaltó el colegiado.

Visto bueno del Gobierno. En esa línea, el expresidente del ente colegiado cruceño  Fernando Cuéllar, comentó que la injerencia se produce desde el momento que las autoridades judiciales deben tener el visto bueno del Gobierno. Cuestionó que se ha visto al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se lo vio marchando con la COB y haciendo la venia al mandatario y defendiendo al Gobierno cuando los atacan.

Jurista identifica evidencias. Por su parte, el abogado Gary Prado, identifica evidencias de injerencia en el caso Rózsa. Señaló por ejemplo que la acusación fiscal fue sometida por Soza, al criterio del exministro Sacha Llorentty, antes de formalizarse, "ahí se decidió quiénes serían procesados".

"Además el Tribunal actual recibe pasajes y viáticos del Ministerio de Gobierno e incluso el juez (Sixto Fernández), se aloja en una casa incautada al narcotráfico bajo la adopción de la mencionada cartera gubernamental", relató.

El Dia pone de relieve

nubes de protesta levanta denuncia

García Linera se disculpa "uno no escoge a sus parientes"

Arrecian las críticas en contra del vicepresidente Álvaro García Linera por un nuevo contrato polémico en el que una vez más se señala tráfico de influencias.

Mientras que parlamentarios y el sector social piden explicaciones claras por las denuncias, desde el Gobierno el vicepresidente niega los hechos.
El pasado martes, los parlamentarios de Convergencia Nacional (CN), Luis Felipe Dorado y Alex Orozco, denunciaron que el sobrino del vicepresidente Sergio Velasco García, habría efectuado la compra de una concesión minera en San José de Chiquitos a nombre de la empresa La Millonaria por un valor de diez mil bolivianos, cuando esta oscilaría entre 15 y 20 millones de dólares.

Acciones. Dorado subraya que la compra de tal mina fue ilegal, dado que se habría efectuado en el año 2007, meses después de que en mayo de 2006 el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional las operaciones de compra y venta de concesiones mineras mediante la sentencia 0032/2006.

Cuestionó que Sergio Velasco, de 30 años, en aquel entonces haya tenido las posibilidades para realizar una compra de tal naturaleza

"El delito se consumó porque no se podía hacer ninguna compra ni transferencia y se violó la norma. No estamos inventando nada tenemos documentos fehacientes que lo aclaran todo y vamos a seguir hasta lo último", dijo anunciando que presentarán la demanda correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, Ministerio de Justicia, Ministerio de Transparencia y Ministerio de Minería.

Polémico. A propósito de esto, el dirigente minero Miguel Pérez indicó que la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) debe ser quien investigue las denuncias presentadas por la oposición para aclarar los hechos.

Además, exhortó al ministro de Minería, César Navarro, tomar cartas en el asunto y explicar las acusaciones. "Nosotros vamos a esperar a que las autoridades nos expliquen", mencionó desde Santa Cruz, en un congreso nacional del sector.
Sin embargo, el aludido Sergio Velasco García, mediante un comunicado escrito, afirmó ser sobrino del vicepresidente y negó las acusaciones en su contra. Mismas que calificó como "tendenciosas y mentirosas". "La concesión minera no es aurífera. Nunca recibí favores de nadie en este emprendimiento empresarial, al que me arriesgué como miles de bolivianos lo hacen todos los días, tratando de hacer empresa", precisó.

Posición. Ayer por la tarde, el "vice" negó las denuncias, resaltando que la concesión "nunca llegó a tener una actividad minera". "Resulta que una concesión de 3 mil dólares fracasada ahora es tráfico de influencias, todas son mentiras. Uno no escoge a su familia. Seguro aparecerán más adelante nuevas denuncias en las que se trate de manchar al vicepresidente", precisó.

La respuesta de la oposición no se dejó esperar, Orozco mencionó que el vicepresidente "a la hora de responder sobre temas de corrupción con los cuales es vinculada su familia, Linera miente como siempre".

Polémica
Otros casos que involucran a la familia García

Caso Rózsa. Está involucrado Raúl García Linera, hermano del vicepresidente. 

BoA-Air Catering. Contrato millonario entre la aerolínea BoA y Air Catering, que estaba a cargo de la cuñada del vicepresidente.

Sobre este hecho, ayer el "vice" señaló que con la venta de las acciones se superó el impedimento del contrato. Sin embargo, no solo se señaló a la cuñada del mandatario, sino a funcionarios de la vicepresidencia con cargos administrativos de la aerolínea. Dia