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martes, 11 de diciembre de 2012

Marcelo Tedeschi de El Dia nos refiere otra tenebrosa faceta de "la banda extorsionadora" el secuestro y apunta a Boris Villegas como el culpable número uno. todavía no está encausado. dónde está Villegas?


El Ministerio de Gobierno denunciará esta semana ante la Fiscalía al exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas por el delito de secuestro, además de otros como asociación delictuosa y extorsión, de los que se le sindica junto a los exabogados de esa repartición estatal Fernando Rivera y Dennis Rodas, recluidos en el penal cruceño Palmasola y acusados de conformar una red de corrupción que se incrustó en el Ejecutivo.


 La información fue confirmada por una alta fuente del Gobierno que pidió no ser identificada y que señaló que el Ejecutivo tiene “prácticamente cerrada la investigación, con testimonios y pruebas”, de cuatro denuncias presentadas desde que se desarticuló la presunta red de corrupción, hace dos semanas.
En tres de los casos está implicado el exdirector Boris Villegas. En dos, habría cometido el delito de secuestro, en otro de extorsión, igual que en el cuarto caso que implica a Rivera y a Rodas, pero no a Villegas. Este medio intentó comunicarse con el aludido, pero su celular se encontraba apagado.
Según la primera denuncia, Villegas habría participado en un operativo junto a policías, en el que detuvieron sin ninguna orden de aprehensión al abogado de una empresa de servicios. “Lo tuvieron más de una hora encerrado en una vagoneta. Luego le dijeron que todo había sido una confusión, lo soltaron, se disculparon y le sugirieron no seguir con un caso que afectaba a esa empresa”, advirtió la fuente.
En otra denuncia, se sindica a Villegas como el funcionario del Ministerio de Gobierno que detuvo, junto a un grupo de policías, a otro abogado, que había señalado que un juez paceño (la fuente no quiso revelar su nombre) no podía conocer el caso que afectaba a su defendido, porque tenía una relación de “compadres” con el abogado Dennis Rodas. “Primero detuvieron al abogado, y según las pruebas que se tienen, luego armaron la denuncia, que llevó a ese jurista varios meses a San Pedro. En ambos casos estamos ante la figura penal de secuestro”, aseguró la fuente. El Código Penal establece una pena de cinco a 15 años de cárcel para la persona que comete ese delito para pedir rescate o para obtener “otra indebida ventaja”.
Presiones
Otro de los casos que presentará el Ministerio de Gobierno es el que afectó a un exfuncionario de esa repartición de Estado. 
La fuente señaló que lo acusaron por incumplimiento de deberes debido a que Villegas, Rodas y Rivera se “ensañaron contra él” y le atribuyeron responsabilidad en la pérdida de más de Bs 50.000 de esa repartición estatal, pese a que él habría presentado todos sus descargos. Los abogados del Ministerio lo procesaron e incluso el afectado estuvo algunos meses en la cárcel de San Pedro.
Finalmente se pondrá a consideración de la Fiscalía el caso de un acusado de asesinato. “Pese a que los otros implicados señalaron que él no había participado y que él demostró que así fue, los abogados del Gobierno aceptaron que era así, y a través de un emisario le pidieron $us 5.000 para dejarlo salir” 

Abogado detenido Lo tuvieron por más de una hora encerrado y luego le pidieron disculpas
El defensor ve ineficiencia en entidades de transparenciaEl defensor del pueblo, Rolando Villena, en su informe de Derechos Humanos correspondiente a 2012, detectó “ineficiencia de las entidades encargadas del seguimiento de la transparencia de las instituciones públicas”, lo que ha derivado en la organización de un grupo criminal que causaba gravísimas vulneraciones a los derechos de las personas desde el mismo Gobierno.
 “La crisis en instituciones como la Policía Boliviana, el Ministerio Público e incluso ciertas áreas del Ministerio de Gobierno, así como la ausencia de sistemas y la ineficiencia de las entidades encargadas del control y seguimiento a la transparencia de las instituciones públicas, son causa directa de la vulneración sistemática y sostenida de derechos humanos, lo que en el caso denominado “redes de extorsión” habría posibilitado la organización de un grupo criminal que con sus acciones ocasionaba gravísimas vulneraciones desde las mismas instalaciones citadas”, indica el informe. El defensor, que ayer conmemoró el Día de los Derechos Humanos, ha calificado este caso como uno de los más grandes de la historia reciente de Bolivia