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lunes, 28 de enero de 2013

Alberto Morales es un abogado valiente "juicio con sentencia cantada" cuando se refiere al caso Rózsa que por determinación del Juez obediente al Gobierno terminará condenando a los 39 acusados. "no le interesa que se haga justicia"


Es paceño, abogado de profesión y con más de 22 años de ejercicio ininterrumpido de la litigación.  Es un hombre que cree en un sistema político de libertades, en el que el ser humano, se valorice en su dimensión central. Su teoría consiste que los sistemas políticos y jurídicos deben estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de los sistemas políticos. Esas son algunas de las definiciones  del doctor Alberto Morales, defensor del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández; del exgerente de Cotas Hugo Paz Lavadenz, acusado en el caso Rózsa, y de José Vaca, detenido por un presunto acto terrorista en el Chaco (Tarija). En entrevista concedida al periódico El Día, Fernández aseguró que  los funcionarios de Gobierno, ahora detenidos en Santa Cruz (Fernando Rivera y Denis Rodas), fueron quienes evitaron que el juicio (del caso Rózsa) se desarrolle en Santa Cruz.

P. ¿Qué significa la judicialización de la política?
A.M.: Es la instrumentalización de la justicia penal para reprimir, aniquilar o anular personas opositoras al régimen político oficialista. Es un ataque o menoscabo a la independencia judicial y objetividad del Ministerio Público. Es una violación al Estado de Derecho, porque somete al Órgano Judicial, al Órgano Ejecutivo. La intromisión del Órgano Ejecutivo en la justicia involucra un alto nivel de violencia estatal, en la que jueces, fiscales y policías asumen un rol inquisitivo (autoritario) en las investigaciones y procesos penales, el control jurisdiccional sobre la investigación reducido a formalismos sin eficacia ni eficiencia a la hora de respetar y hacer respetar las garantías procesales.

P. ¿Cómo llega a patrocinar al exprefecto de Pando Leopoldo Fernández; al exgerente de Cotas Hugo Paz Lavadenz, acusado en el caso Rózsa, y a José Vaca, detenido por un presunto acto terrorista en el Chaco?
A.M.: Soy un profesional con varios años de experiencia en materia penal, tengo una trayectoria vinculada a reformas judiciales, especialmente en el área de procesal penal y del sistema de garantías constitucionales, desde hace ya cinco años que vengo denunciando en foros académicos y judiciales la judicialización de la política en Bolivia.  Los casos que Usted refiere y otros más que patrocino son parte de la forma arbitraria de intervención penal estatal en la esfera de la libertad de las personas con fines políticos. Para la atención de  esos he sido recomendado por varias fuentes, por mi perfil profesional.

P. En materia legal ¿Qué futuro le depara ahora a sus defendidos: Leopoldo Fernández, Hugo Paz Lavadenz y José Vaca?
A.M.: Si hubiere razonables niveles de independencia judicial, un fallo justo sería el de Sentencia Absolutoria. Entre tanto, siguen pendientes de resolverse cuestiones de competencia territorial que menoscaban la defensa y los derechos de los imputados. En ningún caso hay sentencia, sin embargo, de que el plazo máximo de detención preventiva es de 36 meses sin sentencia, Leopoldo Fernández y José Vaca están detenidos por más de 52 meses. En estos dos casos estimo yo que en unos treinta días estos ciudadanos recuperarán su libertad. Tienen derecho a defenderse en libertad, ante jueces naturales y con las debidas garantías que hasta se les niega recurrentemente.

P. En anteriores declaraciones Usted aseveró que sus clientes fueron castigados por la justicia con fines políticos ¿Cree que el Gobierno tiene influencia en los procesos de los políticos? 
¿Por qué?
A.M.: Lo confirmo. La famosa “red de extorsión” en la que están involucrados  Denis Rodas, Boris Villegas y Fernando Rivera y otros, no operaban por si sola. La forma de intromisión del Órgano Ejecutivo en la justicia ha permitido que esas personas, además de instrumentalizar políticamente la justicia, generen formas de obtención de beneficios personales; sin embargo, esto último es el daño colateral, el daño directo es la instrumentalización de la justicia, que sigue vigente y con nuevos operadores del mismo Gobierno.

P. ¿Usted cree que Boris Villegas, Denis Rodas y Fernando Rivera, acusados de extorsión y corrupción han tenido influencia en el caso del presunto terrorismo y alzamiento armado ¿Por qué?
A.M.: El proceso jamás debió desarrollarse en La Paz. Dos denuncias previas a la del Ministerio de Gobierno (la del apoderado del cardenal Terrazas y la esposa del concejal Ávalos) son presentadas en Santa Cruz. En franca violación del juez natural se somete la investigación ante autoridades de La Paz. El operativo en el hotel “Las Américas” no ha sido en flagrancia, extremo que incluso y en audiencias conclusivas lo ha reconocido el fiscal Marcelo Soza. Infiltrados en el grupo Rózsa estaban no solo los policías Marilyn Vargas y (Wálter) Andrade, sino también funcionarios del Ministerio de Gobierno. Se modifica la escena del crimen (operativo del hotel “Las Américas”), para evitar se identifiquen los nexos de Rózsa con funcionarios de Gobierno.

P. ¿Qué criterio maneja de las declaraciones de los acusados del caso Rózsa?
A.M.: Funcionarios de Gobierno manipulan las declaraciones de Kudelka y “El viejo”. Son los funcionarios de Gobierno, ahora detenidos en Santa Cruz, quienes evitaron que el juicio se desarrolle en Santa Cruz. Recusaron a los jueces del Tribunal Séptimo de Sentencia, ahora tienen en el juez Sixto Fernández un acusador ya que ha actuado y actúa en el proceso según las consignas e instrucciones que emergen del Ministerio de Gobierno.

P. El fiscal Marcelo Soza ha manifestado en reiteradas oportunidades que el juicio oral del caso Terrorismo debe terminar en abril o mayo ¿Usted cómo ve el desarrollo del juicio oral del caso Rózsa?
A.M.: En lo inmediato, hay excepciones e incidentes que debe resolver en los próximos días el Tribunal. El presidente del Tribunal Sixto Fernández ya ha adelantado criterio sobre esas cuestiones al señalar que la inspección se realizará en Santa Cruz, es decir, él, sin terminar de escuchar los fundamentos de la defensa, ni las respuestas del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno, ya ha dado por rechazadas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento...

P. ¿Cómo cree que vaya a terminar el caso del presunto terrorismo y alzamiento armado?
A.M.: Al Gobierno no le interesa un juicio justo y ante juez natural. Al Gobierno no le interesa la verdad (del caso Rózsa). Sixto Fernández se ha comprometido a condenar a todos los acusados. Si seguimos en estas condiciones, la Sentencia será condenatoria. Una condena sin pruebas ni razones, una sentencia sobre la base de la mentira, la ejecución sumaria, la violación de derechos y garantías, que no debería ser validada o confirmada en apelación restringida o casación. Si hubiere independencia judicial el fallo debería ser de absolución.
El perfil
Alberto J. Morales  Vargas
Abogado
Ciudad natal: 
La Paz
Fecha de Nacimiento: 
7 de julio de 1966 en La Paz
Hijos: 
3 varones
Estudios: 
Abogacía en la UMSA, en la Universidad Privada Franz Tamayo, especialidad en Educación Superior y Derecho Constitucional.
Cargos: 
Director General de IUS PRAXIS. Coordinador General del  ETI para la implementación en Bolivia del nuevo Código de Procedimiento Penal. Tiene 23 años de ejercicio profesional. Es autor del libro Guía de Actuaciones Judiciales.