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jueves, 8 de diciembre de 2016

Alvaro Puente desde El Deber "LaMia otra cara conocida" no puede entender que por mil dólares hubiesen cometido el peor crimen de lesa humanidad. los aceptaron y legalizaron en Bolivia, porque para La Mia fue una pichanga y el ministro parecía ocultar algo? Quién es el poderoso padrino? se pregunta Puente, Evo dijo "no conozco y lluvia de fotos y video mostraron que Evo de nuevo, estaba mintiendo. es esta la honradez que nos habían jurado?

Creo que nunca supe de una catástrofe aérea por corrupción. Por ganar mil dólares arriesgaron vidas hasta el absurdo. Por ganar una miseria más, mataron a un ejército de deportistas y de bellas personas. Hemos sabido de criminales fanáticos. Hemos sabido de alguno loco. Hemos sabido de percances impensados. Nunca de una estafa de ese calibre. Si el piloto hubiera confesado que no tenía gasolina, habría salvado su vida y las vidas que le habían encomendado, pero mintieron todo y hasta el último minuto.

El ministro de Gobierno dio la noticia. Contó que un avión boliviano se había estrellado. Dio detalles macabros. Lo curioso fue la llamativa insistencia ministerial en dejar claro que la empresa tenía todos los permisos y registros en regla. Se notaba que quería alejarnos de buscar el problema en esos parajes. Luego llegó la información completa. Un dudoso personaje y su escondido y más misterioso mandante crearon una empresa en Venezuela. Tan dudoso, tan poco claro, que en ninguna parte los aceptaron. ¡Qué coincidencia! En Bolivia les abrieron las puertas que no les abrieron en ninguna parte. Los aceptaron y los legalizaron de pies a cabeza. Raro, porque sabemos los calvarios que viven nuestras líneas aéreas ‘originarias’. Aquí escogieron unos palos blancos que los esperaban hasta con un pariente incrustado en la oficina de licencias de aviación. ¿Por qué para LaMia todo fue pichanga? ¿Por qué el ministro parecía esconder algo?

El vuelo fatídico tenía la misma legalidad. Partiendo de Santa Cruz, las autoridades firmaron que salió de Cobija. Les exigieron que tuvieran margen de combustible. Ellos dijeron que como lo había dicho el ‘capi’ saldrían con lo justo. Les exigieron que repostaran. También en vano. El mensajero de estos trámites daba por hecho que nadie se atrevería a contradecir a su jefe, y así fue. Acabaron saliendo como había decidido la omnipotente y misteriosa empresa. ¿Quién es el poderoso padrino?

La guinda fue la declaración presidencial. No conoce la existencia de esa línea aérea. Hemos visto decenas de fotos suyas y de su infaltable comitiva en un vuelo-fiesta. Podía haber sido la inauguración. Quizás, la presentación en sociedad de la fantasmal empresa. A lo mejor, un vuelo de gratitud por las facilidades concedidas. Como fuera, ahí estaba el presidente, feliz, en la línea aérea desconocida.

¿Esta es la corrección y la honradez que nos habían jurado?

martes, 19 de enero de 2016

El Dia habla de un Estado a punto de convertirse en un lodazal por los múltiplles ejemplos a la mano como la colosal estafa del Fondoic, y el abuso de la Gobernación de Oruro como un bourdel. es el modo habitual de trabajo en el Estado Pluri? se pregunta

Todos se empeñan en mostrar el escándalo del Fondo Indígena como el más grave de la historia democrática de Bolivia con el argumento del abultado monto económico, aunque ese punto de vista le sirva al Gobierno para escudarse diciendo que los neoliberales fueron más ladrones todavía y que los gastos reservados suman mucho más. Si seguimos así todo quedará en un sórdido concurso de ribetes surrealistas.


Cada vez que surge alguna novedad sobre este caso, nuestros gobernantes no hacen más que buscar excusas sin darse cuenta que de esa manera, el lodo salpica cada vez más alto y no hace más que desnudar un fenómeno que va mucho más allá de un simple hurto de dinero, aspecto que se intenta remarcar.
Hace unos días el vicepresidente dijo que todo fue parte de un descuido y su análisis dejó a todos con la sensación de que el manejo de la cosa pública está librado a la improvisación y a la libre disposición de funcionarios que actúan sin ningún tipo de apego a los procedimientos, reglas y  protocolos que se deben seguir cuando se manejan recursos estatales. Esto nos lleva a preguntar si el Fondo Indígena no es simplemente la punta del iceberg que esconde todo el proceso de destrucción de la institucionalidad que puso en marcha el “proceso de cambio”.
Todos sabemos que detrás de la revelación de los detalles del Fondo Indígena existe un trasfondo político y una animadversión hacia este sector que comparte del manejo del poder en el país. Está bien conocerlo, pero a la población le gustaría saber qué pasa con el manejo de los recursos en todas las instituciones públicas, en las empresas estatales, en las cuentas de los ministerios y las chequeras de los funcionarios que disponen, ordenan y dirigen sin pedirle permiso a nadie. La opinión pública debe estar al tanto de las auditorías, los balances, los proceso de adquisición y los flujos de dinero, que desde hace mucho se manejan en secreto.
A todos nos gustaría constatar que los proyectos fantasmas y las cuentas particulares son simplemente un hecho aislado, pero lamentablemente varios ministerios metieron mano en el Fondo Indígena y aquel detalle es base para sospechar que esa es la forma de trabajar en el Estado Plurinacional.
De manera constante se ha buscado descargar toda la responsabilidad sobre el director ejecutivo del Fondo Indígena y algunos mandos medios, pero lo lamentable ha sido constatar que en algunos momentos hubo algunos atisbos de respetar los procedimientos legales para acogerse al control y la fiscalización de los recursos, pero justamente fueron los niveles políticos altos los que fomentaron el caos y la discrecionalidad, lo que constituye una pésima lección para la ciudadanía, que nuevamente observa que la corrupción es parte estructural, que no existe voluntad política para combatirla y encima de eso, todo se encamina hacia el triunfo de la impunidad, elemento que no hace más que destruir las bases de cualquier intento de organización social.
Lo ocurrido en unas oficinas de la Gobernación de Oruro, donde dos funcionarios se entregaron a los placeres del cuerpo frente a las cámaras de vigilancia es una muestra muy clara de lo que puede ocurrir en este Estado descontrolado que algunos tratan de convertir en un lenocinio.
A todos nos gustaría constatar que los proyectos fantasmas y las cuentas particulares son simplemente un hecho aislado, pero lamentablemente varios ministerios metieron mano en el Fondo Indígena y aquel detalle es base para sospechar que esa es la forma de trabajar en el Estado Plurinacional.

sábado, 28 de noviembre de 2015

la Justicia está podrida diría un argentino. denuncias públicas con videos de por medio han conducido a la cárcel a dos jueces y un fiscal. se aplaude tal medida, aunque nadie sabe cuánto durará la detención, como el caso de una exministra que sin duda el lunes saldrá "con arresto domiciliario. Valverde recuerda los casos Urresti, La Calancha, Chaparina, Caranavi, y Terrorismo que sigue siendo un sainete...son muestra de la Injusticia reinante.

De nada sirve la “buena o la cínica voluntad” (tache lo que no corresponda) de las autoridades políticas del país, si estos hechos no son analizados con honestidad y voluntad de cambiar en serio
De a ratos, aparecen denuncias de particulares sobre la corrupción (concusión- exacción hecha por un funcionario en provecho propio) en el Poder Judicial, a falta de acciones del Estado en defensa de la ciudadanía.
Jueces, fiscales y funcionarios de menor rango hacen parte, con abogados inescrupulosos y/o con intermediarios políticos, de un sistema que está destrozando la  institucionalidad y, fundamentalmente, la seguridad jurídica a la que tenemos derecho los ciudadanos.
Estas denuncias que muestran lo mal que estamos en seguridad jurídica y judicial, no son acompañadas por el Poder Ejecutivo como corresponde; hay más “declaraciones y anuncios” del Ministro de Gobierno (ese debiera ser el rol de la Ministra de Justicia) que acciones reales; el funcionario amenaza con convertir las casas judiciales, en espacios controlados electrónicamente, (como si el Poder Político fuera un Gran Hermano) con la ingenua creencia de que alguien va a sentir que no será extorsionado de justicia porque van a haber cámaras en los juzgados.
Así no se genera una cultura de confianza; creo yo que ni siquiera se comienza a solucionar el problema; lo real es que esto va mucho más allá, cuando sabemos, como ciudadanos, que el Sistema de Administración Judicial está tomado por el Poder Político que, pone, saca, cambia, jueces, fiscales, actuarios, secretarias, magistrados, tribunos, etc., para lograr mantener en el limbo jurídico a quienes ese poder ha decidido convertir en causa Político/Judicial.
¿No es acaso lo que ocurre, por ejemplo, con el llamado “Caso Terrorismo” que tiene más de seis años de proceso sin sentencia y sigue el triste sainete (pieza teatral breve de tema jocoso y normalmente de carácter popular) ejerciendo presión a los jueces, mediante los fiscales que actúan como “Comisarios Políticos”? Presionar a los jueces, apoderarse de casos judiciales políticamente, como el de Leopoldo Fernández, con más de siete años sin sentencia, es también la muestra de un sistema judicial coludido (que pacta en daño de un tercero).
Y pudiera seguir con el caso del chico Urresti, La Calancha, Chaparina, Caranavi y otros, pero no hay necesidad, ellos saben dónde presionan, de manera que conocen de lo que se habla o escribe.
De nada sirve la “buena o la cínica voluntad” (tache lo que no corresponda) de las autoridades políticas del país, si estos hechos no son analizados con honestidad y voluntad de cambiar en serio.
El autor es comunicador.

sábado, 1 de agosto de 2015

en el interminable juicio llamado "Terrorismo" se ratifica el carácter de "infiltrado del policía Andrede" (hoy prófugo.. mejor dicho protegido de Evo en Venezuela) y se pone en apuros a los juzgadores.

El mayor de policía Rolando Ocampo, que es el testigo de cargo del Ministerio Público en el caso terrorismo 1, reveló ayer en sala, durante el juicio, que el grupo del extinto Eduardo Rózsa fue infiltrado por agentes del Gobierno.
La confirmación la realizó después de preguntas de interrogatorio del abogado Otto Ritter, representante del general Gary Prado Salmón.
Ritter preguntó a Ocampo que especifique desde cuándo fue infiltrado en el grupo de Rózsa, pero no logró que el mayor de Policía respondiera por las objeciones planteadas por los fiscales. Pese a ello, el abogado dijo que el testimonio de un policía, ofrecido como testigo por el Ministerio Público, es una prueba más de que el caso terrorismo fue montado por el Gobierno solo para “aplastar” a Santa Cruz.
El mayor Ocampo está prestando declaraciones desde hace más de tres meses dentro de un juicio en el que hay 39 procesados. Cuatro de los imputados guardan detención en la cárcel de Palmasola, otros se defienden en libertad con medidas sustitutivas y otro grupo se sometió a juicio abreviado tras aceptar su culpabilidad por delito de terrorismo.
El juicio continuará hoy y Ocampo responderá a las preguntas de la defensa de Gary Prado

martes, 30 de junio de 2015

después que la generala Chávez denunciara corrupción, otros nivales hicieron lo mismo. la Policía tendrá nomás que ser investigada porque la presión aumenta cada día.

La sargenta Cecilia Calani, secretaria general de Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (ANSCLAPOL) reconoció que es "extraordinariamente difícil" ir contra la "mafia" que existe dentro de la Policía Boliviana.



"A nivel nacional y departamental muchas veces han presentado denuncias al ministerio Público, siempre es a medias, no se puede ir contra esa mafia. Para mí es una organización grandiosa, es muy difícil.
(…) Cuando he denunciado en 2011, 2012, 2013, 2014, yo ya he sufrido de manera directa (…) vienen amenazas, otros destinos", informó Calani a Erbol.

La sargenta señaló que llama a entablar una mesa de trabajo conjunta entre ANSCLAPOL, el Gobierno y quién corresponda "para poder salir de este tema tan delicado, para luchar contra la corrupción".

Aclaró que "no todos (los policías) son corruptos (…) la institución como tal es noble y digna, simplemente hay camaradas que actúan así". 

Calani reiteró la necesidad de entablar mesas de trabajo que trasparenten la institución policial. "Dónde, cómo y cuándo se han dado estos hechos de corrupción" denunciados en semanas pasadas por la exsubcomandante de la policía Roxana Chávez.

La dirigente de ANSCLAPOL aseguró que ella misma, pese a su calidad de secretaria general, también ha sufrido amenazas por querer denunciar hechos de corrupción. "Mi persona también ha sufrido amenazas, hay que arriesgar (incluso) a los hijos".

domingo, 31 de mayo de 2015

El Deber pone en claro: no era necesario que el presidente Morales hubiera tenido que desplazarse hasta la frontera boliviano-peruana para entregar al acusado. Ya hubiera sido exagerado que el ministro Romero tuviera que viajar hasta Desaguadero. Con la presencia de una alta autoridad responsable habría sido suficiente tratándose de un hecho corriente. La prueba irrefutable está en la contraparte peruana que recibió al extraditado.


Mucho habría padecido la popularidad del Gobierno si es que el empresario peruano Martín Belaunde, a la espera de ser extraditado a su país de origen, hubiera desaparecido en el despoblado territorio nacional o alcanzado alguna frontera vecina, presuntamente Brasil, por ejemplo. Y con el desprestigio gubernamental, lo que refiere a la justicia boliviana y a la Policía nacional hubiera sido algo superlativo, un escándalo de proporciones inauditas de lo que el presidente Evo Morales se dio perfecta cuenta.


La extraña fuga de Belaunde –cuyos pormenores están todavía por aclararse– provocó la inmediata y temprana caída del ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, y de los más importantes jerarcas policiales. Sin embargo, la casi inmediata captura del peruano parece haber afirmado en su situación al ministro reemplazante, el experimentado Carlos Romero, así como al recientemente posesionado jefe de la institución del orden. Es decir que en cuestión de pocas horas hubo un cambio absolutamente imprevisto en lo que atañe a la seguridad del Estado.

Si la extradición de Belaunde estaba aprobada por los tribunales judiciales y solo restaba entregarlo a las autoridades peruanas, se hizo bien en obrar con prisa. Nada podía ser mejor que desembarazarse –dentro del marco de la ley– de un sujeto que lo único que podía acarrear en Bolivia sería problemas, como los que ciertamente se presentaron. A partir de ahora todo lo que suceda con Belaunde escapa a la responsabilidad de los bolivianos y estará estrictamente sujeto a las leyes de Perú.

No obstante, no era necesario que el presidente Morales hubiera tenido que desplazarse hasta la frontera boliviano-peruana para entregar al acusado. Ya hubiera sido exagerado que el ministro Romero tuviera que viajar hasta Desaguadero. Con la presencia de una alta autoridad responsable habría sido suficiente tratándose de un hecho corriente. La prueba irrefutable está en la contraparte peruana que recibió al extraditado.

Lo importante, en todo caso, es que las autoridades nacionales recuperaron credibilidad y provocaron alivio en la opinión pública. Eso se debe destacar porque situaciones como esta muchas veces quedan en la nebulosa. Lo otro, lo de los desplazamientos súbitos e injustificados del presidente, es algo que se debería evitar, porque si vamos a ser serios no favorece en absoluto a la imagen del jefe de una nación, que, se supone, tiene asuntos más importantes que despachar. Por el contrario, perjudica su imagen

jueves, 14 de mayo de 2015

previus. El Deber se refiere al caso de las Barcazas Chinas. lo que resulta inexplicable es cómo el Tesoro de la Nación, autorizó un pago adelantado de millones de dólares por las tales barcazas, cuando todos sabemos que primero la mercadería, después el pago es la regla de oro en toda transacción comercial. de ahí que resulte extraño que no aparezcan quienes autorizaron estos desembolsos cuando la mercadería estaba tan distante de la realidad. Gato Encerrado?

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, acaba de dar por perdidas las 30 barcazas y dos remolcadores que el país compró con 30 millones de dólares en una larga historia de fraudes y derroches. No se tiene un registro de la cantidad de delegaciones de oficiales de la Fuerza Naval de todos los rangos que viajaron primero a Corea del Sur y luego a China para verificar el avance de las barcazas y, todos ellos, sin faltar, sugerir nuevos cambios. Tampoco se conoce cuánto le costó al erario nacional, en pasajes y viáticos, el periplo de aquellas delegaciones.

Fue cuando la primera empresa levantó las manos y el destino de las barcazas entró en aguas nebulosas, hasta que se perdieron de vista, ocasionándole cuantiosos daños económicos. El informe dice que hay algún implicado con detención domiciliaria, pero que la investigación para dar con los principales responsables no ha comenzado siquiera, lo que es reflejado por la actitud del ministro Ferreira de dar por perdidas esas barcazas que al Estado boliviano le costaron una suma muy elevada.

El enredo de influencias y de leyes se parece al caso de los recursos del Fondo Indígena, que también entró en aguas nebulosas cuando sus conexiones llegaron hasta cimas peligrosas en la estructura del poder político. En este caso, el del Fondo Indígena, se dan cifras aisladas, de manejos personales de algunas funcionarias del Gobierno del MAS, pero pocos recuerdan que desde que comenzó esta gestión gubernamental hasta ahora el monto asciende a 615 millones de dólares.

El último detalle de esta saga de la vergüenza y la corrupción surgió de la casa de una exministra en Tarija que, sin criterio de dignidad o de honor, decidió invertir dinero para un taller a cargo del Fondo Indígena en su propia casa, con un pago muy jugoso de alquileres.

Del mismo caso se sabe que los funcionarios recibían los recursos en sus cuentas personales y las bartolinas denunciaron que a ellas se les hacía retirar el dinero del fondo, cargarlo en sus aguayos y a la media cuadra lo entregaban a los dirigentes políticos de su partido.

El ex presidente uruguayo José Mujica, de mucho prestigio en el mundo, acaba de decir que “la corrupción mata a la izquierda”. Una advertencia que debería ser tomada en cuenta por todos quienes administran y disponen de recursos públicos