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sábado, 25 de marzo de 2017

ahora después de muchos años de "gastos insulzos" la Justicia se percata que "no hay recursos" y todo lo que gastaron en este tiempo? de dónde salió el dinero? que gaste el Gobierno que es el primer interesado en mantener un juicio (llamado del siglo) sin otro afán que "subir al escenario" una farsa que no termina.


Ref. Fotografia: Medidas. El Tribunal de Sentencia ordena emitir nuevo comparendo de notificación a oficiales de la Policía.
Ref. Fotografia: Medidas. El Tribunal de Sentencia ordena emitir nuevo comparendo de notificación a oficiales de la Policía.

Juez da nuevo plazo a testigos y señala que cubran sus gastos

Proceso. Defensa cuestiona tardanza en la notificación a los uniformados.

El Tribunal Primero de Sentencia del caso Rózsa señala una nueva notificación para los testigos y que puedan cubrir sus gastos.

La medida fue asumida por los informes que enviaron los policías como testigos, en donde señalan la notificación a destiempo y los inconvenientes económicos que atraviesan. Son cerca de 20 personas señaladas como testigos de descargo por el procesado Alcides Mendoza.
Molestia. La defensa de Mendoza, Gary Prado, impulsó la notificación con comparendo por medio del Tribunal de Sentencia, hacia el Comando Nacional de la Policía y el Ejército, en el caso de John Peter Nava.

Sin embargo, después de varios días, recién ayer llegó la respuesta de algunos uniformados, en donde coincidieron al decir que fueron notificados a destiempo y que pedían una nueva conminatoria y segundo, que los solicitantes de su presencia se hagan cargo de sus gastos en pasajes, estadía y comida en Santa Cruz, dado que la mayoría son oficiales en La Paz.

Prado cuestionó dicha posición y recordó que el Ministerio Público cuando citó a sus testigos que provenían del departamento de Beni, no se hizo cargo de ningún gasto de los convocados, dado que las normas establecen la obligatoriedad de asistir a un llamado de un juez. "La defensa no se va a encargar de nada, porque el señor Mendoza está hace más de siete años detenido, no tiene recursos. Además yo le recuerdo que es obligación de cualquier ciudadano acudir cuando es llamado por una autoridad judicial", precisó molesto Prado.

Además cuestionó el hecho que se haya entregado los comparendos en la misma fecha que estaban citados, 20 de marzo, pese a que la notificación al  Comando Nacional de la Policía se habría ejecutado en 16 de marzo. 

Medidas. Ante esta situación, el presidente del tribunal el juez Sixto Fernández, tomando en cuenta la posición de Prado al señalar que no cuentan con recursos económicos, ordenó se libre nuevos comparendos de notificación. Sin embargo, pidió anexar que en los comparendos se especifique su presencia de los uniformados en Santa Cruz desde el 3 al 7 de abril, para que el Comando Nacional de la Policía prevea el tiempo respectivo del permiso. "Se reitera el aspecto económico que el órgano judicial, el Ministerio Público, la parte acusadora y la defensa no cuentan con recursos. Los ciudadanos deben cumplir con la orden judicial", precisó Fernández al concluir la audiencia y dar una suspensión hasta la subsiguiente semana.
El Día eldia@edadsa.com.bo

viernes, 24 de marzo de 2017

Grundi Rios se declaró culpable y obtuvo excepción para no ser juzgado en el Caso Evo Zapata. hoy se conocen sus declaraciones y la estrecha relación con la amante del Jefe del Estado, cuya conducta nadie se atreve a juzgar en un caso que le involucra directamente.

El denominado ‘testigo clave’  del Ministerio Público en el juicio contra Gabriela Zapata por legitimación de ganancias ilícitas y otros cinco delitos, resultó ser Dennis Grundi Ríos, quien fuera el principal socio de la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC. En la audiencia de ayer se reveló que en mayo de 2016, cuando fue aprehendido, describió con detalles todos los negocios que realizó la ahora acusada y que es la base de la acusación de la Fiscalía.




 En su declaración, Grundi Ríos describe al menos una decena de reuniones de Zapata con distintos empresarios. Relató que ambos se conocieron en la Unidad de Apoyo a la Gestión Social (UAGS) en uno de los encuentros de negocio; sin embargo, afirmó que no salió nada en limpio de ese encuentro aunque viajó a Argentina, donde le mostraron equipos de seguridad para el G-77.

En su declaración testifical, Gabriela Zapata dijo que las versiones de Grundi Ríos son falsas, y afirmó que el evento internacional se realizó en 2014 y que el viaje con Grundi Ríos se realizó en 2015, lo que pone en evidencia la declaración de su exsocio.

La exgerenta de CAMC afirmó que ella se relacionó con la empresa asiática mucho antes de que la misma llegara a Bolivia, e ingresó a trabajar por gestiones de su pareja sentimental, que era un ejecutivo chino.
En su declaración, Grundi Ríos reflejó una versión distinta. “Me comentó que en 2015 los de CAMC la buscaron para que sea la encargada de evitar la ejecución de las boletas de garantía de la carretera Montero-Bulo Bulo, fue entre septiembre y octubre”, señala la declaración.

El ‘testigo clave’ de la Fiscalía hace una extensa relación de hechos y de reuniones en distintos lugares, la mayoría en La Paz. Grundi Ríos fue el único de los acusados de este caso que accedió a proceso abreviado.
Afirmó que Zapata cambió entre mediados de 2014 y fines de 2015. “Ella se promovía sola, era su don; vestía elegante, creó un personaje, aparentaba tener poder, decía que el uno (Evo Morales) era su novio y hacía pensar que tenía influencia, dijo que iba a sacar el certificado de nacimiento de su hijo”, relató ante los fiscales en ese momento.

Cuando le preguntaron la relación de Zapata con Cristina Choque, el acusado afirma que decía que eran comadres, pero se pelearon “y no quería saber nada de ella” 

viernes, 24 de febrero de 2017

F.Rafael Barrios marca que Evo Morales está impedido de promulgar la Ley, porque está actuando en beneficio de una entidad "los cocaleros" de la cual el Jefe del Estado es parte interesada. interesante el razonamiento del analista que se debe leer con atención.


Presidente del Estado y “máximo ejecutivo” de los cocaleros


Franz Rafael Barrios González


La Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de sus respectivas Cámaras, ha tratado en estos días el PL-077/2017-2018 “Ley General de la Coca” entre amagues de conflicto, detenciones y la simulación de “negociaciones” que terminaron con “acuerdos” impuestos, tras que el Gobierno sindicara de “golpista” a la dirigencia cocalera.

El asunto es que, ya llegados al final del procedimiento legislativo. Evo Morales está impedido constitucionalmente de promulgar la Ley de la Coca (cuyos antecedentes ocultaron los necesarios “estudios de conversión” sobre cuántos Kg. de cocaína pueden producirse a partir de una tonelada de la hoja p.ej.) El Art.236 de la Constitución establece que: “Son prohibiciones para el ejercicio de la función pública: “(…) actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad donde presta sus servicios”. En este caso, dicho conflicto se suscita entre el Estado y el sector de los cocaleros, respectivamente.

Al haber sido Evo reelecto el 2016 como “máximo ejecutivo” de los cocaleros en el XIII Congreso de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico, promulgando la Ley de la Coca, estaría beneficiando al sector del cual es, simultáneamente, su máximo dirigente. Es decir, estaría ABUSANDO de su condición de dirigente, aparentemente “obteniendo ventajas” (económicas, entre otras, al incrementarse el número de hectáreas) en beneficio propio (como máximo dirigente) y del sector cocalero. (Art.228, Cód.Penal).
Así también, el Art. 239 de la CPE establece expresamente que: “Es incompatible con el ejercicio de la función pública: 2 (…) la obtención de otra clase de ventajas personales del Estado”; pareciendo ser aquí la “persona aventajada” la Federación del Trópico p.ej. (persona colectiva) cuyo “máximo ejecutivo” es también Presidente del Estado Plurinacional.

En efecto, en el referido XIII Congreso cocalero existía una “comisión de la hoja de coca” que, entre sus conclusiones (abyayala.tv.bo, 29.09.16), precisamente contemplaba propuestas legislativas como la polémica Ley General de la Coca.
Claramente los intereses (dirigenciales-cocaleros) de Evo Morales entran en conflicto con los de la entidad donde presta sus servicios (Presidencia del Estado Plurinacional), hace 11 años. De promulgar la Ley General de la Coca, violando la prohibición expresa precitada, Evo incurriría en ABUSO DE AUTORIDAD, emitiendo una resolución (acto de promulgación) CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN, entre otros ilícitos.

martes, 7 de febrero de 2017

el título es insuperable "Evogracia y Evofobia" para describir la convocatoria del pueblo a reconfirmar su NO a la repostulación de Evo, y el desafío de Evo a lanzar a la calle al pueblo en contraposición. una tiene estatura moral legítima y legal, la otra enaltece la ilegalidad, una coacción a la justicia y al ciudadano. Torres Armas está insuperable!


 

EVOCRACIA Y EVOFOBIA

 

La convocatoria a la protesta del 21 F es un primer paso para "romper con el silencio" en “el país de los callados”, en el intento de frenar la escalada radical en la que se ha instalado la pretensión de la re postulación de Morales. En contrapartida, el ejecutivo en actitud desafiante, continuando con la Espiral de ilegalidades, convoco a una manifestación de “apoyo” en la que reunirán “espontáneamente” a su clientela política.

La diferencia entre ambas radica en que la convocatoria de la ciudadanía tiene estatura moral, es legítima y legal, fundamentada en el derecho, cuenta con la fuerza de la razón, es un manifiesto a favor del Estado de Derecho, el interlocutor es toda la sociedad y exige el respeto a sus derechos fundamentales; mientras el llamado del MAS tiene un fin espurio: enaltece la ilegalidad, es una coacción a la justicia y al ciudadano, obvia el marco jurídico vigente e intenta la demolición constitucional, para lo cual enfrentará multitudes a la ley.


Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir las leyes, especialmente los que tienen responsabilidades institucionales, pero el Gobierno cree estar al margen de la legalidad. El gobierno crea una tensión irresponsable en el que no entienden que no se juzga al mal o buen gobierno, ni siquiera a sus ideas, sino se le juzga por desobedecer a la Constitución, lo cual configura una conducta dictatorial. Poner en marcha otro referéndum o montar otra ilegalidad, es despreciar al ciudadano boliviano que aceptó el advenimiento del MAS al poder, haciendo uso precisamente de las normas que hoy repudian y vulneran. Su postura es ominoso para el ciudadano y para el país, afecta no solo a la moral pública y a la dignidad del voto, sino que socava el sistema normativo, y no hace más que confirmar que el populismo de izquierda continua con su objetivo de siempre: el ejercicio autoritario del poder.


Pero, el peligro está en repetir la historia, ya que no aprendemos de ella: las instituciones que cortan las ansias de poder autoritario, que sirven precisamente para proteger las libertades de las minorías, están hoy avasalladas y una vez más, los “tacticismos imaginativos” de una de las cuatro vías será prodigada de legalidad. Sin duda, estamos ante un desafío inédito en nuestra seudodemocracia, un grotesco golpismo a la decisión del pueblo y, por lo tanto, ésta debe actuar con las leyes que le son dadas para defenderse y\o la calle para resistir el absurdo de que algo que es ilegal se pueda celebrar.


La Constitución y la calle son las únicas herramientas hábiles con la que los bolivianos cuentan a la hora de hacer frente a los abusos del poder, pero el régimen  ha traspasado los límites de la Ley incumpliendo la Constitución cuantas veces ha querido, no existen las limitaciones legales, institucionales y políticas, el control y los equilibrios, propios de una democracia; queda la calle como único medio eficaz que la sociedad dispone para convertir al poder en una categoría humana, racional y sujeta a límites. Esta orgía de asalto al poder es una tragedia evitable con la movilización de los ciudadanos. Hay que poner al poder en Derecho.


 

DAEN. Waldo Ronald Torres Armas

Abogado Constitucionalista


martes, 31 de enero de 2017

prosiguen denuncias contra empresas chinas de discutida constitución. no cumplen normas sobre el medio ambiente, violan las normas sociales y no se someten a la autoridad boliviana. están provocando estragos en la vida laboral. se pide urgente intervención de la autoridad.

El senador Oscar Ortiz de UD. Foto: ANF









La Paz, 29 de enero (ANF).- El senador demócrata Oscar Ortiz exigió a las autoridades de Gobierno actuar con severidad con aquellas empresas chinas que incumplen las normas medio ambientales y laborales. Expresó su apoyo al diputado Tomás Monasterio que fue amenazado en una inspección.

“Que se actúe con toda la severidad para procesar a las empresas que causan estos problemas”, demandó el legislador, al lamentar que el Gobierno sea tan permisible con las empresas asiáticas cuando vulneran los derechos medio ambientales y de los trabajadores.

El legislador se refirió a las empresas chinas en general, aunque en las últimas semanas las compañías Sinohydro y Sinopec fueron denunciadas por desmontes ilegales y por atropellar los derechos de los trabajadores.

En el caso de Sinohydro, el diputado Monasterio denunció que ya enfrenta una denuncia penal por el desmonte sin autorización de 6,8 hectáreas de bosque en los márgenes del río Surutú, de la provincia Ichilo y de otra acción similar en las orillas del río Piraí.

martes, 17 de enero de 2017

Los Tiempos hace ver que Ministro Claros entró en serias contradicciones durante la interpelación en el Congreso con relación a la tragedia de LaMia, empresa de Albecete que cobra 35 mil dólares mes por el alquiler.

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, durante su interpelación realizada el pasado sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, incurrió en al menos cinco contradicciones que no fueron detectadas ni cuestionadas por los dos parlamentarios de oposición que plantearon este proceso legislativo para conocer los pormenores de la conformación de la aerolínea LaMia y del accidente de una de sus aeronaves, indicó el abogado y experto en aeronáutica, Omar Durán.
La principal contradicción del ministro es que durante la interpelación manifestó que en ningún momento se vulneraron los pasos que ordena la Ley 2902 de Aeronáutica Civil y el Decreto Supremo 28478. Sin embargo, Durán cuestiona que si todo fue en base a estas normas, ¿por qué se lo está procesando al general Virgilio Pereyra?, quien fue director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) hasta ocho meses antes del siniestro ocurrido el 28 de noviembre.

Según Durán, el juzgamiento de personas tenía que ser desde el día del accidente hacia adelante, no hacia atrás. “Ahí está reconociendo el ministro que no se han cumplido las normas que manda la DGAC”, agregó.

La segunda observación que hace el especialista, es que Claros se quedó sin responder dónde estaba y quién era el inspector de turno de la DGAC la noche en la que partió el vuelo de LaMia. Y a esa afirmación, Durán agrega que, por disposición del exdirector de la DGAC, César Varela, se optó por suspender a los inspectores, por lo que el avión no tenía restricciones para partir al margen de las observaciones que hizo la funcionaria de Aro Ais, Celia Castedo.

La tercera observación que hace Durán es que el ministro ratificó que LaMia se inauguró con 150.000 bolivianos y que el avión era alquilado por el empresario venezolano Ricardo Albacete por un monto de 35.000 dólares mensuales, cifras a las que este especialista califica como irrisorias.

Además, asegura que, por conocimiento propio, el venezolano es el principal accionista de LaMia. “Albacete es el único dueño de esta empresa y los que figuran (como dueños de la empresa: Miguel Quiroga y Marco Rocha) fueron usados como palos blancos”, agrega Durán.
 
NUEVO DIRECTOR DE DGAC ERA EL JEFE OPERACIONAL

La cuarta observación tiene que ver con la designación del nuevo director de la DGAC, Julio Fortún Landívar, quien asumió funciones tras la destitución de César Varela.

Según esta fuente, Fortún fungía como Director de Seguridad Operacional (DSO) en la DGAC, el segundo cargo ejecutivo después del director, quien tiene la responsabilidad de verificar todo lo relacionado al combustible, peso, personal y operaciones.

Según Durán, Fortún no cumplió con estas tareas, por lo que sería la persona con mayor responsabilidad en el accidente, incluso, por encima de Varela, porque “sus funciones eran operativas”.

Señala que Milton Claros dijo que Bolivia cuenta con una aprobación del 81,84 por ciento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por lo que no existe ningún riesgo de perder la categoría uno que le permite viajar a Estados Unidos. Sin embargo, esta calificación se otorgó antes del accidente y que Bolivia no está libre de una sanción de otra instancia.

jueves, 8 de diciembre de 2016

Alvaro Puente desde El Deber "LaMia otra cara conocida" no puede entender que por mil dólares hubiesen cometido el peor crimen de lesa humanidad. los aceptaron y legalizaron en Bolivia, porque para La Mia fue una pichanga y el ministro parecía ocultar algo? Quién es el poderoso padrino? se pregunta Puente, Evo dijo "no conozco y lluvia de fotos y video mostraron que Evo de nuevo, estaba mintiendo. es esta la honradez que nos habían jurado?

Creo que nunca supe de una catástrofe aérea por corrupción. Por ganar mil dólares arriesgaron vidas hasta el absurdo. Por ganar una miseria más, mataron a un ejército de deportistas y de bellas personas. Hemos sabido de criminales fanáticos. Hemos sabido de alguno loco. Hemos sabido de percances impensados. Nunca de una estafa de ese calibre. Si el piloto hubiera confesado que no tenía gasolina, habría salvado su vida y las vidas que le habían encomendado, pero mintieron todo y hasta el último minuto.

El ministro de Gobierno dio la noticia. Contó que un avión boliviano se había estrellado. Dio detalles macabros. Lo curioso fue la llamativa insistencia ministerial en dejar claro que la empresa tenía todos los permisos y registros en regla. Se notaba que quería alejarnos de buscar el problema en esos parajes. Luego llegó la información completa. Un dudoso personaje y su escondido y más misterioso mandante crearon una empresa en Venezuela. Tan dudoso, tan poco claro, que en ninguna parte los aceptaron. ¡Qué coincidencia! En Bolivia les abrieron las puertas que no les abrieron en ninguna parte. Los aceptaron y los legalizaron de pies a cabeza. Raro, porque sabemos los calvarios que viven nuestras líneas aéreas ‘originarias’. Aquí escogieron unos palos blancos que los esperaban hasta con un pariente incrustado en la oficina de licencias de aviación. ¿Por qué para LaMia todo fue pichanga? ¿Por qué el ministro parecía esconder algo?

El vuelo fatídico tenía la misma legalidad. Partiendo de Santa Cruz, las autoridades firmaron que salió de Cobija. Les exigieron que tuvieran margen de combustible. Ellos dijeron que como lo había dicho el ‘capi’ saldrían con lo justo. Les exigieron que repostaran. También en vano. El mensajero de estos trámites daba por hecho que nadie se atrevería a contradecir a su jefe, y así fue. Acabaron saliendo como había decidido la omnipotente y misteriosa empresa. ¿Quién es el poderoso padrino?

La guinda fue la declaración presidencial. No conoce la existencia de esa línea aérea. Hemos visto decenas de fotos suyas y de su infaltable comitiva en un vuelo-fiesta. Podía haber sido la inauguración. Quizás, la presentación en sociedad de la fantasmal empresa. A lo mejor, un vuelo de gratitud por las facilidades concedidas. Como fuera, ahí estaba el presidente, feliz, en la línea aérea desconocida.

¿Esta es la corrección y la honradez que nos habían jurado?