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miércoles, 23 de julio de 2014

Subirana viene a ser un personaje siniestro. abogado de Svonko, se transformó en su extorsionador. a fuerza de propaganda y chicana, operando con el Gobierno ahora está convertido en candidato de EVO en Santa Cruz. el incidente no pasó desapercibido para los medios.

Seguro de sí mismo, Zvonko Matkovic, sindicó a su exabogado y actual candidato del MAS, Carlos Subirana, y al exfuncionario de Gobierno, Luis Nolberto Clavijo, de intimidarlo para que amplíe su declaración a cambio de su libertad.
"Ellos me visitan en celdas judiciales me sacan a la oficina del capitán Laguna, hermano del famoso teniente y me hacen la propuesta y de paso me dijeron de que tenían información de una amenaza de muerte pero no sabían si era padre o hijo", afirmó Matkovic.

Indicó que después de haber prestado su ampliación declaratoria, ya pasaron cuatro años y medio y sigue detenido en las celdas de  San Pedro.
Mientras que Subirana, en la actualidad es candidato a la Circunscripción 47 por el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Aclaró que el principal acusador en su contra, Marcelo Soza, huyó al Brasil después de extorsionar a su familia a cambio de su libertad, que nunca se hizo realidad.
Al expresar estos argumentos, Zvonko se acogió al derecho al silencio ante el Tribunal Primero de Sentencia, no sin antes, negar su anterior declaración, al sostener que fue producto de la presión y la intimidación.

Pidió a Subirana no hablar de su persona. Matkovic le solicitó a Subirana ante los medios, que no utilice su nombre para hacer campaña política.
"No tiene nada que hablar de mi persona y menos de mi familia, porque lo que debió haber hecho  algo en mi defensa fue cuando era mi abogado, me parece una desubicación", comentó.
Como se recordará, Matkovic fue acusado por el Ministerio Público por una supuesta llamada telefónica de 20 segundos con el extinto Eduardo Rózsa, sindicado de ser el protagonista de una célula subversiva.

Monasterio repudia el terrorismo.
  Después de haber optado por el silencio tanto el exfuncionario de Cotas, Hugo Melquiadez Vásquez y Zvonko Matkovic Ribera, el turno fue del abogado Marco Antonio Monasterio.
El exsecretario de Cámara de la ex Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz, relató cómo  un hecho ocurrido en España lo marcó para toda su vida.
Recordó lo sucedido en el barrio de Atocha en Madrid cuando una explosión  mató a 200 e hirieron a otras 1.000 personas.
Monasterio dijo que repudia todo acto de violencia, por ello rechaza el mote de terrorista que le pusieron los personeros del Gobierno de Evo Morales.
Indicó que como hombre de leyes, siempre se enmarcó en las normas y que desempeñando funciones en la CDE, más bien contribuyó al desarrollo democrático del país.
Ve injusta y contradictoria la acusación en su contra, ya que proviene de padres de Santa Cruz y Cochabamba, por lo que se considera un patriota.
Monasterio es acusado por Marcelo Soza de haber conseguido para Rózsa mapas y listas del padrón electoral cruceño.

Gelafio acusó de negligencia al Gobierno. En la misma audiencia, el  acusado Alejandro Gelafio Santistevan, acusó de negligencia al Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno, por no garantizar la atención necesaria para tratar la fractura de su mano derecha.
Santistevan lamentó que después de dos semanas de que el presidente del Tribunal, instruyera la asistencia inmediata a su persona, las autoridades penitenciarias no hicieron caso, hasta que ahora el hueso lesionado se calcificó.
Ante esa situación, pidió al juez Sixto Fernández de que le extienda una fotocopia legalizada de la instructiva que nunca se ejecutó.

Tuto sindicó a Evo de destruir muchas familias. Por otro lado, el candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga, sindicó a su adversario, Evo Morales, de destruir y separar a muchas familias por el caso Rózsa.
Tuto mostró un video del 2009 donde Evo Morales le relata al desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez de que dio "instrucciones precisas" sobre el operativo en el hotel Las Américas.
"Eso significa que Morales conocía del mencionado asalto policial, donde se acribilló a Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi, con el fin de armar un supuesto acto terrorista en Bolivia", mencionó Quiroga.

jueves, 17 de julio de 2014

este tema no avanza. sostiene Pablo Banegas candidato al Senado de la Democracia Cristiana por SC. "es necesario que la verdad salga a luz". extender la lupa a Soza y respetando "la presunción de inocencia" poner en libertad a los detenidos.

Pablo Banegas Claudio es el primer candidato al Senado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en Santa Cruz, fuerza política que postula a Tuto Quiroga a la presidencia de Bolivia.
Como diputado en la gestión 2005-2009, Banegas integró la Comisión Investigadora del caso terrorismo y fue uno de los autores del informe en minoría que cuestiona la versión gubernamental de los hechos.
“Hace más de 5 años que este tema no avanza, el Estado boliviano se encuentra entrampado, no brinda hasta hoy una respuesta por su proceder. Es necesario que la verdad salga a la luz, cada día que pasa el argumento del gobierno se desmorona, es necesario investigar la lentitud aplicada al caso”, dice el candidato democristiano.
Banegas recuerda que dentro del informe en minoría se recomendaba una investigación a Ignacio Villa Vargas, algo a lo que se opuso el gobierno y que sin embargo terminó por suceder: “También se recomendó extender la investigación a los actos del fiscal Soza y hoy que este se encuentra en el extranjero, a través de sus cartas precisa los mismos elementos que en su momento nosotros pusimos en duda, como las falsas pruebas y las acusaciones inventadas, plagadas de abuso y prepotencia”.
El postulante a senador opina que en el juicio “se debe respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia y se debe poner en libertad a los procesados para que puedan defenderse sin presión y sin abuso. Más de 5 años de cárcel en algunos casos y restricciones en otros resultan inconcebibles en esta supuesta democracia”.
Crisis de la justicia
“El sistema judicial esta herido de muerte, el tema de la elección de los magistrados fue el peor error del MAS, mientras no se seleccione a los mejores bolivianos para que puedan impartir justicia de forma imparcial, sin injerencias de nadie que no sea el peso de su majestad la ley, nuestra sociedad está al borde del colapso”, señala.
Bloqueo mediático
En otro tema, Banegas considera que existen presiones para “invisibilizar” a los candidatos del PDC: “El libro Control Remoto del periodista Raúl Peñaranda indica que existen medios paraestatales, personalmente pienso que en Santa Cruz existen también medios ´paragobernación`, a los que se presiona para que no nos brinden espacios con la amenaza de quitarles pauta publicitaria. Esto debe desaparecer para generar un verdadero equilibrio periodístico”.
Lista parlamentaria del PDC en Santa Cruz
Senadores
1. Titular: Pablo Banegas Claudio. Suplente: Roxana Sandóval Román.
2. Titular: Jenny Marlen Camacho Chávez. Suplente: Pedro Zabala Bonilla.
Diputados plurinominales
1. Titular: Maida Paz Callaú. Suplente: Samuel Cruz Trujillo.
2. Titular: Julio Hermógenes Costas. Suplente: Erika Justiniano.
3. Titular: María Irene Squillaci Sandóval. Suplente: Manuel Juan Paredes.
4. Titular: Alejandro Barba. Suplente: Ingrid García.
5. Titular: Carol Dayana Ortiz. Suplente: Jorge Mercado.
6. Titular: Daniel Rivera. Suplente: Iris Paz Soldán.
7. Titular: Delia Mamani. Suplente: Marbin Galvis.
8. Titular: Marcelo Jáuregui. Gabriela Ascuy.
9. Titular: Elddy Ninfa Campos. Yuri Esteban Saucedo.
10. Titular: Jaime Jorge Coca. Michelle Vargas.
Diputados uninominales
C-44. Titular: Otto Andrés Ritter. Suplente: Ena Velasco.
C-47. Titular: Paula Andrea Durán. Suplente: José Luis Eguez.
C-45. Titular: Ariel Alberto Hurtado. Suplente: Olivia Bustillos.
C-48. Titular: Carla Graciela Urdininea. Suplente: Eiton Gustavo Chavarría.
C-46. Titular: Flavio Samos. Suplente: Ingrid Paola Zurita.
C-49. Titular: María Galicia Flores. Suplente: Percy Añez Urgel.
C-50. Titular: Juan Fernando Rosso. Suplente: Angélica Torrez.
C-51. Titular: María del Carmen Morales. Suplente: Roger Martínez Becerra.
C-53. Titular: Lindo Remberto Justiniano. Suplente: María Eugenia Ágreda.
C-55. Titular: Jimena Porcel. Suplente: John Leonard Durán.
C-57. Titular: Hilton Ayala. Suplente: Deisy Sandra Elías.
C-54. Titular: Winy Rosely Cortez. Suplente: Percy Justiniano.
C-52. Titular: José Chávez. Suplente: Dora Céspedes.
C-56. Titular: Lorena Pedraza. Suplente: Erik Céspedes.
Diputados supranacionales
Titular: Paola Isita. Suplente: Rafael Jaime Aguilar.

sábado, 12 de julio de 2014

con incidentes. casi sin poder avanzar el juicio por Terrorismo sigue su triste desarrollo. el Juez no pudo convocar a los testigos, el alcaide de Palmasola adujo falta de transporte. una verguenza. veamos:

El abogado del general Gary Prado, Otto Ritter, sindicó tanto al Tribunal Primero de Sentencia como a los fiscales de negligencia, para evitar que declaren como testigos los acusados de extorsión. "Al parecer los acusadores pretenden esconder la verdad para que no escuche el pueblo", afirmó el jurisconsulto.
Argumentos en referencia a la ausencia de Denis Rodas, Boris Villegas, Edward Mollinedo, Fernando Ribera e Isabelino Gómez a la sala de audiencia.


El jueves los fiscales Sergio Céspedes y Marco Rodríguez le habían instruido al presidente del Tribunal, Sixto Fernández, que rechace el recurso planteado por la defensa, por la incapacidad en plantear una notificación a los testigos que se encuentran detenidos.
Sin embargo, ayer el juzgador Fernández hizo leer con la secretaria del Tribunal, una nota de parte del gobernador del penal de Palmasola, coronel Freddy Chinchilla, en la que justificaba el ausentismo de los notificados.
En el oficio argumentaba la falta de vehículo y escolta policial, para proceder al traslado de la cárcel hasta el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Ritter remarcó que la nota de la autoridad penitenciaria es una muestra de que se notificó legalmente.
"Los que dicen verdades a medias están mintiendo", afirmó el defensor de Prado, en referencia a las declaraciones de los representantes del Ministerio Público.

Apología de la amnesia. Otro de los incidentes registrados en sala fue la calificación que hizo el fiscal Rodríguez de que el abogado defensor de Hugo Paz, Alberto Morales, estaba con amnesia.
Esto por el hecho de las notificaciones que cuestionaba el Ministerio Público.
Situación que generó la molestia del jurista y pidió reposición al juez Fernández, sin embargo, como no se le concedía la palabra tuvo que subir de tono e insistir para ser escuchado.
Una vez con la palabra, Morales dijo que si el administrador de justicia no lo hacía, su persona se iba a hacer respetar por los excesos del fiscal Marco Rodríguez.
Morales dijo que si hubiera tenido amnesia, estaría imposibilitado de asumir defensa de algún imputado y el caso de supuesto terrorismo y alzamiento armado, debería anularse.
Ante esa situación, Morales pidió al Ministerio Público que se realice un examen psiquiátrico en el Instituto de Investigación Forense (IDIF).
Ante los reclamos del jurisconsulto, el presidente del Tribunal Primero de Sentencia, se vio en la obligación de solicitar al representante del Ministerio Público de que mejore su lenguaje.

Gelafio sigue sin atención. Por otro lado, en diálogo con la prensa Alejandro Gelafio Santistevan lamentó que a cinco días de demostrar la fractura de una de sus muñecas sigue sin atención.
Comentó que en el Régimen Penitenciario tienen la obligación de atender con asistencia médica a los privados de libertad, pero hasta la fecha no se procede a enyesar  la mano lesionada.
"Les mostré las placas radiográficas y no les da la gana de atenderme", comentó Santistevan.
Otra persona que se quejó hace un par de días fue también Ignacio Villa Vargas, más conocido como "El Viejo", de que a pesar de su estado delicado de salud no se le ha proporcionado los medicamentos necesarios para estabilizar su presión e insulina.

viernes, 11 de julio de 2014

discriminador y abusivo. eso es usted Sr. Juez exclamó Zoilo Salces, porque hace118 días debería haber resuelto "su caso" y hasta ahora nada. procedimiento penal defectuoso calificó la defensa de Zoilo que Fernández no admitió. un caso típico de retardación.

"Señor juez Sixto Fernández, usted es un abusivo y discriminador contra mi persona", afirmó el acusado del caso Rózsa, Zoilo Salces, en contra del presidente del Tribunal Primero de Sentencia en plena audiencia.
El interpelador le dijo al administrador de justicia que hace 118 días que debió resolver un acto procesal defectuoso para recuperar su libertad y hasta la fecha no lo ha hecho y sigue preso.

Indicó que su situación jurídica se encuentra en el limbo y que hace 139 días que se le otorgó la cesación a mi detención preventiva y por un decreto del juzgador fue revocada la medida sustitutiva de manera ilegal.
"Una Sentencia Constitucional dice que no se puede revocar la medida sustitutiva a un detenido preventivo, estoy contrariado, no entiendo qué pasó", interpeló el acusado al juez Fernández.
Relató que si bien en una audiencia del Juzgado Octavo de Sentencia se le negó la tutela, pero también se le ordenó que corrija el procedimiento y por ello se presentó la acción procesal defectuosa, pero nunca se le dio curso. 

Está implorando justicia. Gary Prado, abogado defensor de Salces, dijo que su cliente está implorando justicia para que se respeten sus derechos humanos, sus garantías constitucionales y procesales.
Prado comentó que el coronel en servicio pasivo, Zoilo Salces, es víctima de un perverso decreto del presidente del Tribunal Primero de Sentencia.
"Que sin ser de su competencia y violentando las medidas sustitutivas por unanimidad de votos, les fueron revocadas sus medidas en un acto arbitrario e ilegal", enfatizó el jurista.
Lamentó que no haya tenido la protección constitucional en tres acciones de libertad, en tres distintos momentos que se presentó y tampoco la recusación ha sido aceptada, lo que se evidencia es la parcialización en contra de Salces.
El abogado aclaró que se hizo una solicitud a la cesación y el 21 de febrero de este año se la concedieron con arraigo, "una fianza de Bs 10 mil y le impuso de manera ilegal un garante personal".
A pesar de que la ley establece una sola garantía, se puede presentar ya sea la económica o la personal, a pesar de ello se presentó a la garante y el juez Fernández la vetó porque tenía cédula de identidad de Santa Cruz y vivía en La Paz y le revocó las medidas.
Por lo que según Prado, ahora Salces tiene una situación absurda, es detenido preventivo, con arraigo y tiene una fianza económica en el Tribunal de Justicia.

Apelación pendiente. Por su parte, el juez Fernández argumentó que hay una apelación pendiente que debe ser resuelta en la sede de Gobierno.
El juzgador negó que haya rencor o mala voluntad en contra del acusado y ninguna situación de tipo personal con Salces, ni con ninguno de los coacusados.
Dijo que lo único que hace el Tribunal que preside, es cumplir sus funciones como administradores de justicia.
Fernández explicó que las decisiones son colegiadas y la deciden los cuatro miembros del Tribunal y por lo tanto pide no personalizar al presidente.

lunes, 7 de julio de 2014

como siemplre demorado el Fiscal Guerrero. no va a USA ahora, lo hará algunos días después. canciller Choque dice no poder hacerlo por "agenda recargada", lo siento es que aumenta el turismo oficial. nada habrá de suceder en el trámite de Goni.

El fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, aplazó por unos días el viaje que debía realizar hoy a Estados Unidos para presentar una segunda petición de extradición del expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), informó una fuente oficial.
Guerrero no viajó debido a la reprogramación de las conexiones aéreas de los miembros de la comisión que irán a EE.UU, pero lo hará esta semana, indicó a Efe una fuente de la Fiscalía General.
El fiscal encabezará una delegación que incluirá a la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, un representante de la Cancillería y a dos víctimas del "octubre negro", como se conoce a la represión en 2003 de una ola de protestas contrarias a la exportación de gas a EE.UU, que se saldó con 60 muertos y centenares de heridos.
El ministro de Exteriores, David Choquehuanca, no podrá acompañar la misión debido a su agenda de actividades, según Guerrero.
La misión tiene previsto presentar el exhorto suplicatorio de la nueva solicitud de extradición, un documento que tiene más 2.200 páginas, al Departamento de Estado y ha solicitado una audiencia al Departamento de Justicia para que escuche sus argumentos.
Las autoridades bolivianas solicitarán la extradición de Sánchez de Lozada y sus exministros del segundo mandato en las carteras de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe.
Estas exautoridades están acusadas en Bolivia de los delitos de genocidio, en la modalidad de masacre sangrienta, homicidio, vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, graves y leves, privación de libertad y allanamiento de domicilio, entre otros.
Tras las muertes, Sánchez de Lozada renunció a su cargo el 17 de octubre de 2003 y huyó a EE.UU., donde permanece desde entonces.
Por ese mismo caso, el Tribunal Supremo de Justicia condenó en 2011 a dos exministros y cinco exjefes militares que ejercieron en 2003 a penas que van de tres a quince años de prisión.
Este juicio quedó en suspenso para el exmandatario, Sánchez Berzaín y Berindoagüe hasta su extradición, debido a que la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
Esta será la segunda petición de extradición al respecto después de que la primera fuera rechazada por Estados Unidos en 2012.
En mayo pasado, el juez estadounidense James Cohn encontró indicios "convincentes" para que avance una demanda contra Sánchez de Lozada por presuntas violaciones de los derechos humanos, que fue presentada por familiares de ocho de las víctimas del caso.
La defensa de Sánchez de Lozada apeló en junio la decisión de Cohn para que no se permita seguir con la acción civil.
Según el abogado boliviano de las familias de las víctimas, Rogelio Mayta, el juez estadounidenses puede tomar una decisión final sobre ese punto hasta agosto

miércoles, 2 de julio de 2014

colusionada la cancillería Choquehuanca con el Régimen y la Fiscalía Guerrero, pretenden negar la validez de la carta de Soza con graves acusaciones a García Linera, Romero, Pérez y otros actores de la injusticia. Otto Ritter y Gary Prado opinan.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, a través de un comunicado, afirma que el ciudadano brasileño Joao Oliveira Gualberto Junior, quien tramitó la legalización de la carta del exfiscal Marcelo Ricardo Soza Álvarez en la sección consular de la Embajada boliviana en Brasil, nunca se volvió a apersonar para conocer la respuesta. 

Trámites. 
La Cancillería, a través de su dirección jurídica, señala que en sus archivos institucionales, tanto del servicio central como del servicio exterior, no cursa ninguna solicitud o trámite de legalización de documentos, presentada de forma personal o a través de apoderado legal, por el ciudadano boliviano Marcelo Ricardo Soza Álvarez.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que con relación a la nota supuestamente suscrita por Soza con la referencia “Al Pueblo Boliviano” que fuera presentada por el ciudadano brasileño Joao Oliveira Gualberto Junior en la Embajada de Bolivia en la República Federativa del Brasil, dicho trámite fue diligenciado conforme a la norma. "Después de emitirse los criterios técnicos y legales correspondientes y, cumplirse los procedimientos establecidos, se restituyó a la referida Legación Diplomática, a los fines de su devolución al impetrante, quien a la fecha, aún no se apersonó en procura de su respuesta definitiva", señala textual el informe. 

Norma. En atribución legal reconocida en el artículo 4, numeral 22 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores, la Cancillería señala que tiene la facultad de: "Legalizar las firmas de documentos nacionales o extranjeros que hubieran cumplido con los requisitos exigidos en el país emisor y en el de destino, para que surtan plenos efectos legales, pudiendo retener la documentación presentada en los casos y de acuerdo a los procedimientos establecidos.”
El abogado Gary Prado Araúz, defensa de su padre el general Gary Prado Salmón, dentro del juicio denominado “Terrorismo” o caso Rózsa, anunció que presentará un recurso de acción de incumplimiento en contra del canciller, David Choquehuanca y el embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano por no dar curso al reconocimiento y legalización de la firma de un notario de Brasilia, que a su vez dio por original la firma del exfiscal Marcelo Soza, en una carta donde denuncia irregularidades en el proceso penal.
El procedimiento se habría detenido, según Prado, cuando el 21 de marzo se solicitó al cónsul de Bolivia en Brasilia, la legalización de la firma del funcionario de la Cancillería de Brasil, que dio por legal la carta del exfiscal.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, anticipó que la carta de Soza aunque sea legalizada no tendrá ningún peso jurídico en el proceso penal por el caso terrorismo que se encuentra en su etapa de sentencia, mientras que el abogado Otto Ritter dijo que el representante del Ministerio Público no es quién para determinar el grado de importancia de la prueba de descargo, sino un Tribunal de Justicia compuesto por jueces técnicos y ciudadanos.

nuevo testimonio culpa, acusa, señala a Raúl García Linera a la cabeza de juristas y policías en la detención y encarcelamiento de Felipe Moza y otros líderes cívicos de Tarija. fueron encerrados y "el castigo impuesto por García Linera" fue de largos CINCO AÑOS. inhumano y cruel

Raúl García Linera encabezó, dirigió, vigiló y supervisó el operativo de entrega de ocho dirigentes cívicos tarijeños en diciembre de 2008, pero no da la cara a la prensa ni a la opinión reveló el ex cívico de Villa montes Felipe Moza quien a partir de ese momento fue detenido preventivo cumpliendo cinco años seis meses y ocho días en la Cárcel de San Pedro por una imputación por “peligro de estragos” cuya pena no supera los cuatro años.



Moza arribó a La Paz para firmar un libro de control cada quince días en el juzgado que atiende su caso acatando así lo dispuesto por el juez del Tribunal Segundo de Sentencia Bernardo Soria que decidió la liberación del ex cívico chaqueño quien debe cumplir medidas sustitutivas. “Estamos cumpliendo la ley”, dijo Moza al retirarse del Tribunal de Justicia de La Paz, donde cada dos semanas para cumplir con la respectiva rúbrica. 

El chaqueño recordó que el ex dirigente cívico tarijeño, Reynaldo Bayard identificó a Raúl García Linera como una de las personas que estaba esperando al grupo de dirigentes chapacos y chaqueños que fueron trasladados a Santa Cruz. Pero luego fue el propio hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, quien se identificó verbalmente y saludó a los detenidos dándoles la mano, dice un comunicado de prensa del ex líder cívico.

Luego todos los detenidos abordaron cinco vehículos en los que fueron trasladados a Cochabamba, en esta primera etapa del viaje, Moza, Bayard, Raúl García Linera y el oficial Jhonyy Aguilera viajaron en una Land Rover Verde.

Al arribo a Cochabamba, Bayard le informa a Moza que “desconfían” de él porque pudo escuchar lo que dijo Raúl García Linera y funcionarios gubernamentales durante el trayecto desde Santa Cruz, por eso lo cambian de vehículo para la segunda parte del viaje, esta vez rumbo a La Paz.

Moza recuerda que la caravana de cinco vehículos se detuvo en una tranca de ingreso a El Alto donde Raúl García Linera antes de llegar al lugar empieza a dar órdenes a los abogados del Ministerio de Gobierno Boris Villegas y Denis Rodas, al policía Luis Clavijo (también involucrado en el caso terrorismo), a Carlos Núñez del Prado (quien presuntamente entregó dinero al “viejo” Ignacio Villa Vargas). 

“Esto que digo lo pueden testificar los citados, ellos están tapando muchas cosas, si esta gente diría la verdad no quedaría nadie del MAS en el gobierno”, señala el chaqueño. 

“Raúl García Linera dice la prensa y la opinión pública no van a creer si se entregan ocho (detenidos), que se entreguen primero cinco“, señala Moza quien refiere que a continuación se separa a tres de los detenidos, entre ellos a Carlos Rodas, Carlos Zeballos y al propio Moza. El otro grupo son Bayard, Fuentes y los tres hermanos Salazar. 

De esa forma la caravana se aproxima al lugar donde aguardan los medios de comunicación, el vehículo de Linera se desprende de la caravana. “Raúl García Linera no quiere dar la cara a la prensa. Hasta ahí (la tranca de El Alto) pone la cara después no pone más”, precisa el ex cívico de Villa Montes.

“Cuando llegamos a El Alto arman un show con la entrega”, señaló al precisar que muchas situaciones y arbitrariedades fueron cometidas por los operadores políticos del gobierno y sus funcionarios.