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miércoles, 11 de marzo de 2015

"las pruebas están contaminadas" sentenció el fiscal por lo que la defensa del General Prado, no pudo seguir adelante. hay espectativa por lo que pudiera suceder más adelante

El titular de la comisión de fiscales del caso Rózsa, Sergio Céspedes, admitió ayer por la tarde en pleno juicio que las pruebas contra el general Gary Prado Salmón  en el caso Rózsa están contaminadas.
Las declaraciones del representante del Ministerio Público se dieron  cuando interrumpió el alegato de defensa de Prado que realizaba su defensor Otto Ritter.

Mientras Ritter hacía referencia a declaraciones de Mario Tadic y Elöd Tóásó publicados en la separata publicada hace dos semanas con sello de la Vicepresidencia del Estado y el Ministerio de Comunicación, Céspedes lo interrumpió y objetó a Ritter con el argumento de que la prueba estaba contaminada. Lo dicho por Céspedes provocó sorpresa entre sus propios colegas que conforman la comisión de fiscales.
Se quedaron sin pruebas. El abogado Ritter afirmó que al aceptar  Céspedes que las evidencias estaban contaminadas se demuestra que los acusadores se quedaron sin pruebas contra el general Gary Prado Salmón.
"Eso significa que los famosos documentos que presentó Rózsa como el Bermustato, Directiva 01, 02, 03 y el Plan Estratégico de Defensa, armados por el Gobierno contra el general Prado, se les cayó a la Fiscalía", explicó.
¿Con eso pretenden juzgar?. Según el jurista Gary Prado Araúz, demuestra una vez más que las pruebas presentadas por el Ministerio Público "son corruptas, contaminadas e ilícitas".
"¿Con esa prueba pretenden demostrar culpabilidad?, la investigación de Marcelo Soza estuvo signada por la falta de efectividad y carente de imparcialidad", afirmó Prado Araúz.
Remarcó que a pesar de todas esas irregularidades, el proceso continuará hasta llegar a una sentencia final, pero tendrán que demostrar  la culpabilidad de los imputados.
"Para ellos, si todos deciden irse a juicio abreviado para salir ganando, pero eso no va ocurrir, como el caso de mi padre, no tiene porqué declararse culpable de algo que no ha hecho", afirmó.
A Soza no le interesó investigar. En horas de la mañana, dentro de los alegatos de defensa, Ritter, comentó que al exfiscal Soza nunca le interesó investigar el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas. Ritter aclaró que fue el mismo exrepresentante del Ministerio Público refugiado en Brasil, que decidió apartar del caso la investigación del atentado a la casa del concejal masista Saúl Ávalos, con el fin de justificar la jurisdicción y competencia en La Paz.

domingo, 1 de marzo de 2015

Harold Olmos que tuvo la paciencia y la constancia de hacer un seguimiento al Juicio del Siglo en SC, nos refiere las últimas dificultades con que tropiezan dos de los primeros "indultados" con juicios abreviados un croata Mario Tadic y un húngaro Elod Toaso.

Mario Tádic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro) deberán concluir estos días los trámites para recuperar efectivamente la libertad, al cabo de casi seis años desde el asalto al Hotel Las Américas, el episodio que marca un antes y un después en la historia moderna de Santa Cruz. Se da por descontado que retornarán a los países que dejaron con planes que acabaron convertidos en un horror que les cercenó parte de sus vidas. Los dos podrán hablar con más soltura sobre el sexenio en la prisión, las torturas e interrogatorios reminiscentes de Lubianka o Control Político que denunciaron durante el Juicio de Siglo (alzamiento armado,magnicidio, separatismo y terrorismo). Podrían, entonces, conocerse detalles de cómo se gestionó el acuerdo que les permitirá respirar bajo plena libertad.
Con penas que parecieron cronometradas (cinco años y 10 meses) para adecuarlas al tiempo que han estado presos, el proceso acelerado y sus resultados evocan los juicios en la Rusia bolchevique del siglo pasado, cuando muchos acusados de entonces también se declararon culpables bajo farsas históricas. Sentencias mayores tuvieron Ignacio Villa Vargas (ocho años) y Juan Alberto Kudelka (seis años y nueve meses).
No se ha probado que fuesen culpables, pero han admitido delitos que se les endilgaba. El paso puede quitar impulso al avance de sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La confesión de culpabilidad fue precedida de más de una docena de audiencias fallidas de Habeas Corpus planteadas por cada uno a lo largo de sus años en la prisión.
En la estela de las confesiones, la propaganda gubernamental ha arreciado a todo vapor estos días, como aprovechando la marea de quien asegura: ¿Ven? Yo tenía razón.
Un corto televisivo en la mayoría de las estaciones y un suplemento en algunos diarios han buscado tonificar la idea de que Bolivia iba a ser mutilada bajo la dirección del grupo a cuyo cargo habría estado Eduardo Rózsa. La tesis elaborada por el Dr. Marcelo Soza, ahora fugitivo refugiado en Brasil, sostiene que los 39 acusados, dos en silla de ruedas, uno apartado del proceso por dificultades de memoria y todos con escasa o ninguna vinculación entre sí antes del juicio, fueron la falange de una aventura separatista monumental. En la nueva andanada propagandística figuran incluso abogados de la defesa y esposas de algunos presos.
Declarado Héroe Nacional por el Congreso, entre los acusados está el general (r) Gary Prado Salmón, el militar que rindió a Ernesto “Ché” Guevara en la única victoria decisiva de las armas bolivianas el siglo pasado.
Dos semanas después de comenzar la sucesión de confesiones y las sentencias que sobrevinieron, una pregunta mayúscula aún estaba sin respuesta: si ha habido admisión de culpas en el grado de complicidad, ¿quiénes fueron los autores directos del crimen?
La admisión de culpas fue iniciada por el personaje célebre de todo el proceso, Ignacio Villa Vargas, nacionalmente conocido como “El Viejo”.
El general Prado Salmón dijo en el programa televisivo “No Mentirás” que no buscará el juicio abreviado y que continuará en el proceso. “Jamás. Soy militar de honor y no voy a aceptar un proceso y una condena por una supuesta sedición montada por el gobierno contra los líderes de Santa Cruz”, dijo. Una afirmación similar en el mismo programa hizo el ex prefecto Svonko Matkovic Fleig respeto a su hijo.
El proceso ha estado caracterizado por episodios sorprendentes. El más reciente ocurrió el martes cuando una juez técnica notó que faltaban 11 volúmenes de documentación con un total de 2.200 páginas, entre ellas las relativas a las sentencias a “El Viejo”, Tádic, Tóásó y Kudelka. El abogado defensor Otto Ritter recordó (“está registrado en las actas”) que el juez Sixto Fernández, al anunciar con alivio que el bloque de documentos había aparecido, cometió un lapsus y dijo a la audiencia que “lamentablemente” el cartón en el que están guardados había sido ubicado. “Quiso decir ‘felizmente’”, dijo Ritter, al pedir que las actas hiciesen notar la corrección.
La historia de ese legajo voluminoso, cuya desaparición habría paralizado el juicio, está aún pendiente de la investigación que esa misma tarde inició la policía. Su hallazgo parece surrealista.
La juez Julia Elena Gemio pidió un documento y tras notar su falta entre los cartones que acompañan los desplazamientos del tribunal del mayor caso de la historia penal boliviana, percibió que la falla era gigante. Todo el expediente tiene hasta ahora unos 160 cuerpos y cundió la alarma con la desaparición misteriosa de 11 de ellos. El juez Fernández convocó a la policía y suspendió la sesión. La falta de documentos obligaba a aplazarla hasta el día siguiente (miércoles). Juan Carlos Guedes, Gelafio Santisteban y Zoilo Salces descendieron desde el segundo piso del edificio judicial hasta el subsuelo, donde los detenidos se concentran para volver a la prisión de Palmasola. El Cnl. Salces deseaba escupir y pidió permiso al guardia que lo custodiaba. “Me dirigí hacia un cartón que parecía de basura, que ya tenía encima algunos desechos. Me contuve, vi que contenía material como el de los archivos y miré con atención. Al darme cuenta que eran documentos del proceso avisé al guardia y éste al juez y a sus superiores en el edificio”, dijo el militar retirado, que hace un año recibió el beneficio de la prisión domiciliaria, después revocada por el juez que la otorgó.
Por qué el cajón quedó durante horas en ese lugar y el temor de que la documentación hubiese sido manipulada, estaban entre los temas que la policía debía aclarar.
Gelafio Santisteban, militar boliviano ex integrante de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y uno de los acusados en la lista del ex fiscal Soza como responsable de cuatro divisiones secesionistas, dijo que tiempo atrás desapareció del expediente el certificado oficial de sus ingresos y salidas del país con el que buscaba probar que no estuvo en Bolivia en las fechas que el ex fiscal decía que sí estuvo. Ese documento, dijo, no tuvo la suerte de los 11 volúmenes y sigue desaparecido.

viernes, 20 de febrero de 2015

quién lo hubiera podido creer. que tengan que mentir para salir libres, "jodiendo" a sus c.c. de infortunio. es inverosímil...salvo que después digan "su verdad"desde fuera de Bolivia.

El Tribunal Primero de Sentencia de La Paz dictó sentencia condenatoria hoy, en procedimiento abreviado, en contra de Mario Tadic y Elöd Tóásó, imponiéndoles la pena de cinco años y diez meses de presidio dentro del denominado caso "Terrorismo".

Ambos fueron sentenciados por la comisión del delito de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado en el grado de complicidad.
Tadic, boliviano-croata, está acusado de ser un reclutador de dicho grupo irregular, mientras que el húngaro Tóásó está sindicado de ser el encargado de informática. Ambos cumplirán su condena en el penal de San Pedro de La Paz.

jueves, 13 de noviembre de 2014

El Deber no podía fallar. encomendó a Peña y Llilo la crónica de la primera comparecencia del General Benemérito del Ejército Boliviano Gary Prado Salmón ante el tribunal de Sentencia que lleva el bullado juicio. quizo mostrar en un lado de la balanza sus múltiples merecimientos de servicio a Bolivia y en otra, la falacia de Soza de haberle inventado cargos.

C. PEÑA Y LILLO / G. ARANCIBIA
cpena@eldeber.com.bo
El general Gary Prado Salmón, que en octubre de 1967 comandó el grupo militar que detuvo a Ernesto Che Guevara en La Higuera, inició ayer su testimonio en el juicio por supuesto terrorismo recordando que tuvo una carrera sin tacha en las Fuerzas Armadas y que el destino jugó a su favor cuando se equivocaron en el intento de matarlo en Brasil para vengar el deceso del guerrillero argentino-cubano. 


Prado, que cuestionó el menosprecio a las leyes que siente se vive en el país, contó que en 1968 un militar alemán fue asesinado por desconocidos cuando llegaba al departamento donde vivía junto a su familia. 

Aquel hecho de sangre marcó la vida de Prado, ya que 20 años después se enteró de que el blanco de los criminales en realidad era él y no su camarada extranjero. “Esa fue la primera vez que la izquierda quiso cobrarme la muerte del Che, ahora, en el juicio, es la segunda”, apuntó el militar, que en el inicio de su testimonio mostró la medalla del Alto de la Alianza, impuesta en días pasados por el Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales destacando su contribución al desarrollo y a la integridad del territorio nacional.

Una audiencia diferenteA diferencia de otras sesiones del juicio por supuesto terrorismo, la de ayer fue una audiencia en la que la mayoría de los procesados se mantuvo en silencio y escuchando con atención el testimonio que dio Prado, que muchos de los enjuiciados comentaron que fue como una clase de historia del país.

Prado trató con su relato de mostrar su vida y su carrera militar ante los juzgadores para que la pongan en una balanza frente a las acusaciones hechas por el exfiscal Marcelo Soza.

“Estoy orgulloso de haber contribuido a la democracia. Mi carácter no ha sido asesinado”, indicó Prado, que anunció para hoy contar la relación que tuvo con Eduardo Rózsa.

Reuniones reservadasEl fiscal Sergio Céspedes aseguró que hay muchos acusados que buscan la conciliación y tal vez un juicio abreviado. No negó ni confirmó la realización de reuniones reservadas, pero dijo que los que se sometan a esa ley lo harán de manera voluntaria. “Los acusados que creen en su inocencia y no quieren, seguirán en juicio”, dijo

miércoles, 12 de noviembre de 2014

ha proseguido el juicio con la declaración de los inculpados. tanto en los fiscales, como en los jueces, los medios advierten hastío y cansancio. es que hasta hoy no se hallan pruebas con las que el Gobierno (que somete al poder Judicial) pudiera condenar alas 39 víctimas.



El médico Juan Carlos Santistevan, acusado del caso Rózsa, negó haber guardado armamento de fuego en su casa y menos en su consultorio particular y de la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Guaracachi. 


"Las únicas armas que tengo son para salvar vidas, como estetoscopio o tensiómetro y no armas de muerte", afirmó en su declaración ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz a la cabeza del juez Sixto Fernández. Santistevan dijo que las acusaciones en su contra, son producto de la imaginación del exfiscal Marcelo Soza. Asimismo, aclaró que nunca alojó en su domicilio al extinto Eduardo Rózsa y la supuesta célula separatista.

Castedo se abstuvo de declarar. Terminado el turno de Santistevan, el presidente del Tribunal llamó al estrado al expresidente de Cotas, Ronald Castedo, quien después de argumentar su inocencia se abstuvo de declarar. Comentó que por ser obligado a viajar a Tarija, casi pierde la vida. Al levantarse de su silla, se acercó a los fiscales y se abrió la camisa mostrando la cicatriz de su pecho por la operación cardiaca en la que estuvo muerto por más de una hora. Hoy la audiencia es a las 10:00, en la que comenzará su declaración el general Gary Prado Salmón.a

domingo, 9 de noviembre de 2014

pretende convertir a los "acusados en cómplices" el denominado proceso de "conciliación" más bien aplicable para los casos de riñas y peleas, dentro del juicio del siglo por Terrorismo.

La sucesión de hechos insólitos relacionados al caso Rózsa no se detienen. El último tiene que ver con la gran desesperación que de los operadores gubernamentales que tramaron este montaje de hallar culpables de terrorismo y separatismo, algo que no se ha podido lograr en cinco años, con toda una parafernalia de abogados, gabinetes jurídicos, fiscales y jueces que se prestaron para fabricar pruebas y torcer las normas a su antojo.



La última novedad es la figura de la “conciliación” que suele aplicarse en casos civiles, en divorcios o en supuestos delitos contra el honor como agravios y calumnias. ¿Quiénes van a conciliar? ¿Los acusados de un delito que no ocurrió en base a pruebas que no existen y con un sujeto, el Ministerio de Gobierno, que no es la víctima, sino el que en todo este tiempo ha estado haciendo de juez y parte, poniendo patas para arriba todo el ordenamiento jurídico boliviano?. 

El único agraviado en este caso podría ser el cardenal Julio Terrazas, pero él se abstuvo de hacer una denuncia, seguramente convencido de quién realmente fue el que colocó el explosivo en su casa y que no es precisamente ninguno de los que han sido imputados. En caso de haber una conciliación para forzar un juicio abreviado, convertiría a los supuestos beneficiarios en cómplices de un proceso que terminará ventilándose en instancias internacionales.

viernes, 7 de noviembre de 2014

El Deber titula "Pinto declara y le da duro al Gobierno del MAS en materia de narcotráfico" su declaración fue tomada por autoridades de la Justicia ante quienes ha pedido asilo político en Brasil.

CECILIA DORADO N.
cdorado@eldeber.com.bo
El senador opositor Róger Pinto presentó ayer documentos, videos y archivos de computadoras ante el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil como pruebas de los supuestos hechos de corrupción, narcotráfico y violación de derechos humanos en el Gobierno de Evo Morales en Bolivia. A su vez, el presidente del Senado boliviano, Eugenio Rojas, llamó “mentiroso” a Pinto, que se refugia en Brasil desde 2013.


La entrevista ante el coordinador general del Conare, Virginius Lianza, se inició cerca del mediodía y duró una hora con 45 minutos. Pinto se mostró tranquilo y, al salir, solo expresó: “Ha sido un alivio hablar del tema”, a más de un año de haber solicitado su refugio político definitivo.
Su abogado, Fernando Tibúrcio, explicó que el senador ratificó la denuncia de supuestos vínculos de autoridades del Gobierno de Bolivia con el narcotráfico, como el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; el embajador ante la ONU, Sacha Llorenti; el exdirector de Inteligencia general René Sanabria y la relación del propio presidente Evo Morales con las federaciones de cocaleros, lo que estaría favoreciendo el crecimiento de la actividad ilícita al punto de poner a Bolivia camino a ser un “narcoestado”.

Asimismo, habló de las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el caso terrorismo, donde acusó a Raúl García, hermano del vicepresidente Álvaro García Linera, de “comandar el operativo” en el hotel Las Américas, donde murieron tres extranjeros. Otro de los casos que expuso fue el de Porvenir, en el que atribuyó al Gobierno la masacre de campesinos en Pando. 

Según Tibúrcio, Pinto dejó claro que es un perseguido político y espera que el Conare sea imparcial en su fallo, el 14 de este mes. También aseguró que en ese organismo no existe ningún documento del Estado boliviano contra el senador, ni pedido de extradición ni su nombre en una lista roja de Interpol.

Vínculos con la derechaEl presidente del Senado en Bolivia, Eugenio Rojas, llamó “mentiroso” al senador Róger Pinto y aseguró que nunca presentó pruebas fehacientes sobre las denuncias que hace. 

“El caso de narcotráfico está en manos de la justicia de EEUU, el caso de terrorismo está en investigación y, aunque hay cierta retardación, es ahí donde él debería demostrar si hubo o no violación a los derechos humanos, como dice. No hay seriedad en sus denuncias”, enfatizó Rojas.
El senador oficialista acusó a Pinto de estar trabajando de la mano de parlamentarios de la derecha tanto en Bolivia como en Brasil, a fin de desprestigiar al Gobierno de Evo Morales. “Pero no ha tenido ningún resultado, porque hoy somos más reconocidos a escala internacional, incluso por las NNUU”, dijo.

Según Rojas, el Gobierno no pidió la extradición de Pinto porque sabe que está protegido por parlamentarios en Brasil
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