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martes, 7 de febrero de 2017

el título es insuperable "Evogracia y Evofobia" para describir la convocatoria del pueblo a reconfirmar su NO a la repostulación de Evo, y el desafío de Evo a lanzar a la calle al pueblo en contraposición. una tiene estatura moral legítima y legal, la otra enaltece la ilegalidad, una coacción a la justicia y al ciudadano. Torres Armas está insuperable!


 

EVOCRACIA Y EVOFOBIA

 

La convocatoria a la protesta del 21 F es un primer paso para "romper con el silencio" en “el país de los callados”, en el intento de frenar la escalada radical en la que se ha instalado la pretensión de la re postulación de Morales. En contrapartida, el ejecutivo en actitud desafiante, continuando con la Espiral de ilegalidades, convoco a una manifestación de “apoyo” en la que reunirán “espontáneamente” a su clientela política.

La diferencia entre ambas radica en que la convocatoria de la ciudadanía tiene estatura moral, es legítima y legal, fundamentada en el derecho, cuenta con la fuerza de la razón, es un manifiesto a favor del Estado de Derecho, el interlocutor es toda la sociedad y exige el respeto a sus derechos fundamentales; mientras el llamado del MAS tiene un fin espurio: enaltece la ilegalidad, es una coacción a la justicia y al ciudadano, obvia el marco jurídico vigente e intenta la demolición constitucional, para lo cual enfrentará multitudes a la ley.


Todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir las leyes, especialmente los que tienen responsabilidades institucionales, pero el Gobierno cree estar al margen de la legalidad. El gobierno crea una tensión irresponsable en el que no entienden que no se juzga al mal o buen gobierno, ni siquiera a sus ideas, sino se le juzga por desobedecer a la Constitución, lo cual configura una conducta dictatorial. Poner en marcha otro referéndum o montar otra ilegalidad, es despreciar al ciudadano boliviano que aceptó el advenimiento del MAS al poder, haciendo uso precisamente de las normas que hoy repudian y vulneran. Su postura es ominoso para el ciudadano y para el país, afecta no solo a la moral pública y a la dignidad del voto, sino que socava el sistema normativo, y no hace más que confirmar que el populismo de izquierda continua con su objetivo de siempre: el ejercicio autoritario del poder.


Pero, el peligro está en repetir la historia, ya que no aprendemos de ella: las instituciones que cortan las ansias de poder autoritario, que sirven precisamente para proteger las libertades de las minorías, están hoy avasalladas y una vez más, los “tacticismos imaginativos” de una de las cuatro vías será prodigada de legalidad. Sin duda, estamos ante un desafío inédito en nuestra seudodemocracia, un grotesco golpismo a la decisión del pueblo y, por lo tanto, ésta debe actuar con las leyes que le son dadas para defenderse y\o la calle para resistir el absurdo de que algo que es ilegal se pueda celebrar.


La Constitución y la calle son las únicas herramientas hábiles con la que los bolivianos cuentan a la hora de hacer frente a los abusos del poder, pero el régimen  ha traspasado los límites de la Ley incumpliendo la Constitución cuantas veces ha querido, no existen las limitaciones legales, institucionales y políticas, el control y los equilibrios, propios de una democracia; queda la calle como único medio eficaz que la sociedad dispone para convertir al poder en una categoría humana, racional y sujeta a límites. Esta orgía de asalto al poder es una tragedia evitable con la movilización de los ciudadanos. Hay que poner al poder en Derecho.


 

DAEN. Waldo Ronald Torres Armas

Abogado Constitucionalista


martes, 31 de enero de 2017

prosiguen denuncias contra empresas chinas de discutida constitución. no cumplen normas sobre el medio ambiente, violan las normas sociales y no se someten a la autoridad boliviana. están provocando estragos en la vida laboral. se pide urgente intervención de la autoridad.

El senador Oscar Ortiz de UD. Foto: ANF









La Paz, 29 de enero (ANF).- El senador demócrata Oscar Ortiz exigió a las autoridades de Gobierno actuar con severidad con aquellas empresas chinas que incumplen las normas medio ambientales y laborales. Expresó su apoyo al diputado Tomás Monasterio que fue amenazado en una inspección.

“Que se actúe con toda la severidad para procesar a las empresas que causan estos problemas”, demandó el legislador, al lamentar que el Gobierno sea tan permisible con las empresas asiáticas cuando vulneran los derechos medio ambientales y de los trabajadores.

El legislador se refirió a las empresas chinas en general, aunque en las últimas semanas las compañías Sinohydro y Sinopec fueron denunciadas por desmontes ilegales y por atropellar los derechos de los trabajadores.

En el caso de Sinohydro, el diputado Monasterio denunció que ya enfrenta una denuncia penal por el desmonte sin autorización de 6,8 hectáreas de bosque en los márgenes del río Surutú, de la provincia Ichilo y de otra acción similar en las orillas del río Piraí.

martes, 17 de enero de 2017

Los Tiempos hace ver que Ministro Claros entró en serias contradicciones durante la interpelación en el Congreso con relación a la tragedia de LaMia, empresa de Albecete que cobra 35 mil dólares mes por el alquiler.

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, durante su interpelación realizada el pasado sábado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, incurrió en al menos cinco contradicciones que no fueron detectadas ni cuestionadas por los dos parlamentarios de oposición que plantearon este proceso legislativo para conocer los pormenores de la conformación de la aerolínea LaMia y del accidente de una de sus aeronaves, indicó el abogado y experto en aeronáutica, Omar Durán.
La principal contradicción del ministro es que durante la interpelación manifestó que en ningún momento se vulneraron los pasos que ordena la Ley 2902 de Aeronáutica Civil y el Decreto Supremo 28478. Sin embargo, Durán cuestiona que si todo fue en base a estas normas, ¿por qué se lo está procesando al general Virgilio Pereyra?, quien fue director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) hasta ocho meses antes del siniestro ocurrido el 28 de noviembre.

Según Durán, el juzgamiento de personas tenía que ser desde el día del accidente hacia adelante, no hacia atrás. “Ahí está reconociendo el ministro que no se han cumplido las normas que manda la DGAC”, agregó.

La segunda observación que hace el especialista, es que Claros se quedó sin responder dónde estaba y quién era el inspector de turno de la DGAC la noche en la que partió el vuelo de LaMia. Y a esa afirmación, Durán agrega que, por disposición del exdirector de la DGAC, César Varela, se optó por suspender a los inspectores, por lo que el avión no tenía restricciones para partir al margen de las observaciones que hizo la funcionaria de Aro Ais, Celia Castedo.

La tercera observación que hace Durán es que el ministro ratificó que LaMia se inauguró con 150.000 bolivianos y que el avión era alquilado por el empresario venezolano Ricardo Albacete por un monto de 35.000 dólares mensuales, cifras a las que este especialista califica como irrisorias.

Además, asegura que, por conocimiento propio, el venezolano es el principal accionista de LaMia. “Albacete es el único dueño de esta empresa y los que figuran (como dueños de la empresa: Miguel Quiroga y Marco Rocha) fueron usados como palos blancos”, agrega Durán.
 
NUEVO DIRECTOR DE DGAC ERA EL JEFE OPERACIONAL

La cuarta observación tiene que ver con la designación del nuevo director de la DGAC, Julio Fortún Landívar, quien asumió funciones tras la destitución de César Varela.

Según esta fuente, Fortún fungía como Director de Seguridad Operacional (DSO) en la DGAC, el segundo cargo ejecutivo después del director, quien tiene la responsabilidad de verificar todo lo relacionado al combustible, peso, personal y operaciones.

Según Durán, Fortún no cumplió con estas tareas, por lo que sería la persona con mayor responsabilidad en el accidente, incluso, por encima de Varela, porque “sus funciones eran operativas”.

Señala que Milton Claros dijo que Bolivia cuenta con una aprobación del 81,84 por ciento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), por lo que no existe ningún riesgo de perder la categoría uno que le permite viajar a Estados Unidos. Sin embargo, esta calificación se otorgó antes del accidente y que Bolivia no está libre de una sanción de otra instancia.

jueves, 8 de diciembre de 2016

Alvaro Puente desde El Deber "LaMia otra cara conocida" no puede entender que por mil dólares hubiesen cometido el peor crimen de lesa humanidad. los aceptaron y legalizaron en Bolivia, porque para La Mia fue una pichanga y el ministro parecía ocultar algo? Quién es el poderoso padrino? se pregunta Puente, Evo dijo "no conozco y lluvia de fotos y video mostraron que Evo de nuevo, estaba mintiendo. es esta la honradez que nos habían jurado?

Creo que nunca supe de una catástrofe aérea por corrupción. Por ganar mil dólares arriesgaron vidas hasta el absurdo. Por ganar una miseria más, mataron a un ejército de deportistas y de bellas personas. Hemos sabido de criminales fanáticos. Hemos sabido de alguno loco. Hemos sabido de percances impensados. Nunca de una estafa de ese calibre. Si el piloto hubiera confesado que no tenía gasolina, habría salvado su vida y las vidas que le habían encomendado, pero mintieron todo y hasta el último minuto.

El ministro de Gobierno dio la noticia. Contó que un avión boliviano se había estrellado. Dio detalles macabros. Lo curioso fue la llamativa insistencia ministerial en dejar claro que la empresa tenía todos los permisos y registros en regla. Se notaba que quería alejarnos de buscar el problema en esos parajes. Luego llegó la información completa. Un dudoso personaje y su escondido y más misterioso mandante crearon una empresa en Venezuela. Tan dudoso, tan poco claro, que en ninguna parte los aceptaron. ¡Qué coincidencia! En Bolivia les abrieron las puertas que no les abrieron en ninguna parte. Los aceptaron y los legalizaron de pies a cabeza. Raro, porque sabemos los calvarios que viven nuestras líneas aéreas ‘originarias’. Aquí escogieron unos palos blancos que los esperaban hasta con un pariente incrustado en la oficina de licencias de aviación. ¿Por qué para LaMia todo fue pichanga? ¿Por qué el ministro parecía esconder algo?

El vuelo fatídico tenía la misma legalidad. Partiendo de Santa Cruz, las autoridades firmaron que salió de Cobija. Les exigieron que tuvieran margen de combustible. Ellos dijeron que como lo había dicho el ‘capi’ saldrían con lo justo. Les exigieron que repostaran. También en vano. El mensajero de estos trámites daba por hecho que nadie se atrevería a contradecir a su jefe, y así fue. Acabaron saliendo como había decidido la omnipotente y misteriosa empresa. ¿Quién es el poderoso padrino?

La guinda fue la declaración presidencial. No conoce la existencia de esa línea aérea. Hemos visto decenas de fotos suyas y de su infaltable comitiva en un vuelo-fiesta. Podía haber sido la inauguración. Quizás, la presentación en sociedad de la fantasmal empresa. A lo mejor, un vuelo de gratitud por las facilidades concedidas. Como fuera, ahí estaba el presidente, feliz, en la línea aérea desconocida.

¿Esta es la corrección y la honradez que nos habían jurado?

martes, 19 de enero de 2016

El Dia habla de un Estado a punto de convertirse en un lodazal por los múltiplles ejemplos a la mano como la colosal estafa del Fondoic, y el abuso de la Gobernación de Oruro como un bourdel. es el modo habitual de trabajo en el Estado Pluri? se pregunta

Todos se empeñan en mostrar el escándalo del Fondo Indígena como el más grave de la historia democrática de Bolivia con el argumento del abultado monto económico, aunque ese punto de vista le sirva al Gobierno para escudarse diciendo que los neoliberales fueron más ladrones todavía y que los gastos reservados suman mucho más. Si seguimos así todo quedará en un sórdido concurso de ribetes surrealistas.


Cada vez que surge alguna novedad sobre este caso, nuestros gobernantes no hacen más que buscar excusas sin darse cuenta que de esa manera, el lodo salpica cada vez más alto y no hace más que desnudar un fenómeno que va mucho más allá de un simple hurto de dinero, aspecto que se intenta remarcar.
Hace unos días el vicepresidente dijo que todo fue parte de un descuido y su análisis dejó a todos con la sensación de que el manejo de la cosa pública está librado a la improvisación y a la libre disposición de funcionarios que actúan sin ningún tipo de apego a los procedimientos, reglas y  protocolos que se deben seguir cuando se manejan recursos estatales. Esto nos lleva a preguntar si el Fondo Indígena no es simplemente la punta del iceberg que esconde todo el proceso de destrucción de la institucionalidad que puso en marcha el “proceso de cambio”.
Todos sabemos que detrás de la revelación de los detalles del Fondo Indígena existe un trasfondo político y una animadversión hacia este sector que comparte del manejo del poder en el país. Está bien conocerlo, pero a la población le gustaría saber qué pasa con el manejo de los recursos en todas las instituciones públicas, en las empresas estatales, en las cuentas de los ministerios y las chequeras de los funcionarios que disponen, ordenan y dirigen sin pedirle permiso a nadie. La opinión pública debe estar al tanto de las auditorías, los balances, los proceso de adquisición y los flujos de dinero, que desde hace mucho se manejan en secreto.
A todos nos gustaría constatar que los proyectos fantasmas y las cuentas particulares son simplemente un hecho aislado, pero lamentablemente varios ministerios metieron mano en el Fondo Indígena y aquel detalle es base para sospechar que esa es la forma de trabajar en el Estado Plurinacional.
De manera constante se ha buscado descargar toda la responsabilidad sobre el director ejecutivo del Fondo Indígena y algunos mandos medios, pero lo lamentable ha sido constatar que en algunos momentos hubo algunos atisbos de respetar los procedimientos legales para acogerse al control y la fiscalización de los recursos, pero justamente fueron los niveles políticos altos los que fomentaron el caos y la discrecionalidad, lo que constituye una pésima lección para la ciudadanía, que nuevamente observa que la corrupción es parte estructural, que no existe voluntad política para combatirla y encima de eso, todo se encamina hacia el triunfo de la impunidad, elemento que no hace más que destruir las bases de cualquier intento de organización social.
Lo ocurrido en unas oficinas de la Gobernación de Oruro, donde dos funcionarios se entregaron a los placeres del cuerpo frente a las cámaras de vigilancia es una muestra muy clara de lo que puede ocurrir en este Estado descontrolado que algunos tratan de convertir en un lenocinio.
A todos nos gustaría constatar que los proyectos fantasmas y las cuentas particulares son simplemente un hecho aislado, pero lamentablemente varios ministerios metieron mano en el Fondo Indígena y aquel detalle es base para sospechar que esa es la forma de trabajar en el Estado Plurinacional.

sábado, 28 de noviembre de 2015

la Justicia está podrida diría un argentino. denuncias públicas con videos de por medio han conducido a la cárcel a dos jueces y un fiscal. se aplaude tal medida, aunque nadie sabe cuánto durará la detención, como el caso de una exministra que sin duda el lunes saldrá "con arresto domiciliario. Valverde recuerda los casos Urresti, La Calancha, Chaparina, Caranavi, y Terrorismo que sigue siendo un sainete...son muestra de la Injusticia reinante.

De nada sirve la “buena o la cínica voluntad” (tache lo que no corresponda) de las autoridades políticas del país, si estos hechos no son analizados con honestidad y voluntad de cambiar en serio
De a ratos, aparecen denuncias de particulares sobre la corrupción (concusión- exacción hecha por un funcionario en provecho propio) en el Poder Judicial, a falta de acciones del Estado en defensa de la ciudadanía.
Jueces, fiscales y funcionarios de menor rango hacen parte, con abogados inescrupulosos y/o con intermediarios políticos, de un sistema que está destrozando la  institucionalidad y, fundamentalmente, la seguridad jurídica a la que tenemos derecho los ciudadanos.
Estas denuncias que muestran lo mal que estamos en seguridad jurídica y judicial, no son acompañadas por el Poder Ejecutivo como corresponde; hay más “declaraciones y anuncios” del Ministro de Gobierno (ese debiera ser el rol de la Ministra de Justicia) que acciones reales; el funcionario amenaza con convertir las casas judiciales, en espacios controlados electrónicamente, (como si el Poder Político fuera un Gran Hermano) con la ingenua creencia de que alguien va a sentir que no será extorsionado de justicia porque van a haber cámaras en los juzgados.
Así no se genera una cultura de confianza; creo yo que ni siquiera se comienza a solucionar el problema; lo real es que esto va mucho más allá, cuando sabemos, como ciudadanos, que el Sistema de Administración Judicial está tomado por el Poder Político que, pone, saca, cambia, jueces, fiscales, actuarios, secretarias, magistrados, tribunos, etc., para lograr mantener en el limbo jurídico a quienes ese poder ha decidido convertir en causa Político/Judicial.
¿No es acaso lo que ocurre, por ejemplo, con el llamado “Caso Terrorismo” que tiene más de seis años de proceso sin sentencia y sigue el triste sainete (pieza teatral breve de tema jocoso y normalmente de carácter popular) ejerciendo presión a los jueces, mediante los fiscales que actúan como “Comisarios Políticos”? Presionar a los jueces, apoderarse de casos judiciales políticamente, como el de Leopoldo Fernández, con más de siete años sin sentencia, es también la muestra de un sistema judicial coludido (que pacta en daño de un tercero).
Y pudiera seguir con el caso del chico Urresti, La Calancha, Chaparina, Caranavi y otros, pero no hay necesidad, ellos saben dónde presionan, de manera que conocen de lo que se habla o escribe.
De nada sirve la “buena o la cínica voluntad” (tache lo que no corresponda) de las autoridades políticas del país, si estos hechos no son analizados con honestidad y voluntad de cambiar en serio.
El autor es comunicador.

sábado, 1 de agosto de 2015

en el interminable juicio llamado "Terrorismo" se ratifica el carácter de "infiltrado del policía Andrede" (hoy prófugo.. mejor dicho protegido de Evo en Venezuela) y se pone en apuros a los juzgadores.

El mayor de policía Rolando Ocampo, que es el testigo de cargo del Ministerio Público en el caso terrorismo 1, reveló ayer en sala, durante el juicio, que el grupo del extinto Eduardo Rózsa fue infiltrado por agentes del Gobierno.
La confirmación la realizó después de preguntas de interrogatorio del abogado Otto Ritter, representante del general Gary Prado Salmón.
Ritter preguntó a Ocampo que especifique desde cuándo fue infiltrado en el grupo de Rózsa, pero no logró que el mayor de Policía respondiera por las objeciones planteadas por los fiscales. Pese a ello, el abogado dijo que el testimonio de un policía, ofrecido como testigo por el Ministerio Público, es una prueba más de que el caso terrorismo fue montado por el Gobierno solo para “aplastar” a Santa Cruz.
El mayor Ocampo está prestando declaraciones desde hace más de tres meses dentro de un juicio en el que hay 39 procesados. Cuatro de los imputados guardan detención en la cárcel de Palmasola, otros se defienden en libertad con medidas sustitutivas y otro grupo se sometió a juicio abreviado tras aceptar su culpabilidad por delito de terrorismo.
El juicio continuará hoy y Ocampo responderá a las preguntas de la defensa de Gary Prado