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viernes, 28 de abril de 2017

se están sacando la mugre entre masistas. ahora dan a conocer sus pecados y se acusan mutuamente. Arce Héctor nada menos ministro de Justicia resulta que además de llunku mayor es nepotista, no sólo su hermanita, también su cuñado disfrutan de los placeres del poder. cómo esperar que administre Justicia?


El ministro de Justicia, Héctor Arce. Foto: Archivo
El ministro de Justicia, Héctor Arce. Foto: Archivo

Arce dice que dos exministros propusieron a su cuñado para Segip


El ministro de Justicia, Héctor Arce, informó que Marco Cuba y su hermana Ana Yackeline están divorciados hace muchos años. Añadió que se opuso al nombramiento de su excuñado como Director del Servicio General de Identificación Personal (Segip) y que fue propuesto por el exministro, Juan Ramón Quintana y el excanciller, David Choquehuanca.

"Cuando a mí me consultó el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y el excanciller (David) Choquehuanca principalmente, cuando me comunicaron su intención de nombrarlo al ingeniero Cuba como director de Segip yo personalmente me opuse justamente para evitar este tipo de comentarios", declaró la autoridad.

 Arce en contacto con ANF precisó que desde hace muchos años su hermana está divorciada de su expareja; insistió que se opuso a ese nombramiento, precisamente para evitar que se lo vincule a una supuesta influencia.

 Contó que ambos ministros de Estado "me pidieron que no me opusiera", y que concluyó que no existía ningún impedimento ni vínculo con Marco Cuba, porque ya estaba separado de su pariente, quien fue designado en ese cargo en la gestión 2015.

 "Me he convertido en un problema para mi hermana", dijo Arce al señalar que Ana Yackeline trabajó desde sus 17 años en la Alcaldía de El Alto, luego en el Gobierno Municipal de La Paz pero que fue retirada por su culpa ya que el alcalde Luis Revilla pensaba que pasaba información.
 Tras aclarar este tema, también negó que exista una cadena de relación entre el Ministerio de Justicia, la Dirección del Notariado y el Segip. Toda vez que Patricia Guzmán Meneses nombrada por Arce como Directora del Notariado Plurinacional tiene a su hermana Lucía Verónica Guzmán Meneses en el Segip, precisamente donde su excuñado es director. 

 "Son dos instituciones diferentes. Segip es descentralizada del Ministerio de Gobierno y el Notariado es del Ministerio de Justicia", sostuvo. Patricia Guzmán en enero fue nombrada como Directora del Notariado Plurinacional interina hasta que el presidente Evo Morales designe a una titular.

"A no ser que haya alguna intencionalidad de los notarios" que desde Sucre han anunciado protestas, dijo el Ministro al referirse a las observaciones en el nombramiento de Guzmán de quien dijo es una buena profesional.

Acotó que varios de sus compañeros de universidad lo acompañan en la gestión porque son muy buenos profesionales como es el caso de la abogada Patricia Guzmán que antes de este cargo fue Subprocuradora.
Cuba fue observado a principios de este año sobre la adquisición de escáneres para la institución a pesar que el Tribunal Supremo Electoral había dotado de un lote de equipos en comodato a título gratuito.


jueves, 27 de abril de 2017

tras la denuncia por "nepotismo" en contra de Mrtínez sucesor de Quintana que tiene un familión empleados en el Gobierno, vino el pedido de "renuncia a sus cargos" para no arrastrar la verguenza en el Gobierno de Evo. es dudoso que Martínez vaya a renunciar, es uno de los "llunkus" más incondicionales de Evo.






Captura de pantalla de la página web de la Contraloría General del Estado.

Denuncian que cuatro hermanos del Ministro de la Presidencia trabajan en el Estado


El diputado Amilcar Barral denunció que cuatro hermanos del ministro René Martínez ocupan cargos públicos. Asimismo cuestionó que en YPFB tres ministros también tengan a sus parientes.

La Paz, 26 de abril (ANF).- “No puede ser que las autoridades acomoden a sus familiares en instituciones del Estado”, protestó el diputado Amilcar Barral al denunciar que el ministro de la Presidencia, René Martínez tiene a cuadro de sus parientes como funcionarios en el Estado. Y de tres ministros sus familiares ocupan cargos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

"Es un despropósito que cuatro hermanos del ministro de la Presidencia trabajen en el Estado", criticó el diputado Amilcar Barral en contacto con ANF. Este medio de comunicación intentó conseguir la versión del ministro, sin embargo en el área de comunicación de ese despacho nos indicaron que se encuentra en la reunión con la Central Obrera Boliviana.

Según el portal de las declaraciones juradas en la Contraloría General del Estado: Juan Adhemar Martínez Callahuanca trabaja en Insumos-Bolivia; Sandro Martínez Callahuanca es funcionario en el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre; Nelson Eddy Martínez Callahuanca trabaja en YPFB y José Luis Martínez Callahuanca en la Autoridad de Fiscalización y Control del Sistema Nacional de Salud, todos serían parientes del titular de la Presidencia.

No solo la hermana del ministro de Justicia, Héctor Arce trabaja en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sino el hijo del ministro de Economía, Luis Arce y también uno de los hermanos del ministro de la Presidencia, reforzó su denuncia.

El otro hecho llamativo -según el diputado Barral- es que tres parientes de ministros son funcionarios en la estatal petrolera. La hermana del ministro Arce Zaconeta, Ana Luz Jackelin Arce Zaconeta; el hijo del ministro Luis Arce, Marcelo Arce Mosqueira y el hermano del ministro de la Presidencia, Nelson Eddy Martínez.

“Es evidente que no es un caso de nepotismo”, sino un hecho “ético”, precisó el legislador, porque considera curioso que precisamente cuatro parientes del ministro de la Presidencia estén trabajando en entidades públicas.

Entendemos que en el caso del ministro de Justicia sea un tema de “méritos”, pero cuatro familiares del ministro de la Presidencia “es sintomático”, manifestó Barral, por lo que anticipó una petición de informe escrito a estas entidades para conocer bajo qué modalidades y cómo accedieron a esos cargos los parientes de Martínez.

Le interesa conocer si los familiares de Martínez Callahuanca fueron contratados en esas entidades públicas por concurso de méritos o fueron invitaciones directas, cargos de confianza o la naturaleza de la contratación.

“Se puede presumir que hubo uso indebido de influencias o beneficio en razón del cargo”, declaró el legislador quien insistió que solicitará mayor información de estos casos. “No está bien acomodar a los parientes en cargos del Estado”, dijo, cuándo hay profesionales que también merecen acceder a estos puestos.
/NVG 

la funcionaria como buena "masista" no sabía nada de nada, está suspendida o despedida, no se sabe, lo cierto es que en YPFB se "roba de lo lindo" y se juega con millones de dólares como si tal cosa. ojalá los medios puedan ofrecer detalles del negociado "por los taladros millonarios".


Suspendida Gerente de Contrataciones revela que YPFB hizo auditoría especial sobre taladros

Andrea Oporto, exgerente de Contrataciones de la estatal YPFB. Foto: Archivo La Razón

Paola Andrea Oporto, suspendida gerente de Contrataciones, explicó que solo verificó el cumplimiento de procedimientos en la contratación de la empresa Drillmec para la provisión de taladros. Dijo desconocer si el presidente de YPFB, Guillermo Achá, tenía reportes sobre el proceso.
El ministro de Justicia, Héctor Arce, (c) informa sobre irregularidades en el proceso de adquisición de taladros para YPFB Foto: Ministerio de Justicia
La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz
La suspendida Gerente de Contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Paola Andrea Oporto reveló que existe una auditoria especial interna sobre el proceso de contratación de la compra de taladros que no la vincula con ningún hecho irregular. Afirmó que desconoce si informes de esta contratación llegaron al presidente de la empresa, Guillermo Achá.
“Si hay responsabilidades, que se establezcan. Yo conozco de dos informes en este momento (pero) no a detalle. Un informe de auditoría especial que ha sido emitido por la Auditoría Interna de YPFB, donde no me establecen a mí una responsabilidad administrativa sobre este proceso de contratación”, reveló en una entrevista en la red PAT.
Oporto explicó que el precio referencial del equipamiento fue definido –según procedimiento- de forma técnica por el equipo del responsable de la Gerencia de Perforación, David Pérez, y aseguró que su función en todo este proceso fue el verificar que se haya cumplido con todos los procedimientos y pasos para la adjudicación.
La italiana Drillmec se adjudicó la provisión de tres taladros por $us 148.8 millones, pero no se desembolsó ningún anticipo. El jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, reveló el 14 de marzo que se encontró irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas en la compra de los equipos adjudicada a la firma italiana, en abril de 2016.
YPFB deslindó responsabilidades de Achá en el contrato y aseguró que la Vicepresidencia de la empresa lo concretó tras que Drillmec asegurara que la máxima autoridad de la firma viabilizó la construcción de los taladros. El ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce, informó  que se requirió un informe sobre su participación que el presidente de la petrolera no remitió.
Oporto explicó que no conoce si Achá recibió un informe sobre el proceso de contratación, aunque consideró que existen instancias correspondientes que elevan diversos reportes a la presidencia.
Junto a Oporto fueron apartados de sus cargos 14 funcionarios de la firma estatal tras las denuncias de irregularidades en este proceso. La suspendida gerente de Contrataciones explicó que este tipo de cargos son complejos y más en una empresa como la firma petrolera que maneja un promedio de más de $us 2.000 millones en contrataciones.
Recordó que hubo una anterior licitación que fue declarada desierta. (25/04/2017)

miércoles, 26 de abril de 2017

curiosa conducta de Guillermo Achá presidente interino de YPFB, primero dice "desconozco cómo y cuando se firmaron los contratos" siendo el primer responsable la opinión pública se informa que Achá había delegado estas tareas en segundos funcionarios, lo que resulta inaudito, más cuando sí firma disolución de mi megamillonario contrato con Driellmec.


Bolivia formaliza disolución del contrato con Drillmec


Bolivia comunicó a la petrolera italiana Drillmec la disolución de un contrato por casi $us 149 millones para la provisión de equipos de perforación, tras denuncias de presuntas irregularidades en su adjudicación, informó este miércoles una alta fuente oficial.
 

"Nosotros ya hemos hecho la disolución de este contrato, hemos notificado a la empresa Drillmec y esperaremos una respuesta oficial de esa instancia (empresa)", afirmó Guillermo Achá, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien sortea un fuerte embate político a causa de este asunto.
Achá advirtió que YPFB tampoco asumirá los gastos realizados por Drillmec, que se adjudicó en febrero pasado la provisión de tres taladros por $us 148,8 millones, en la construcción de estos equipos.
 

En caso de que Drillmec pudiera iniciar un litigio por la resolución del contrato, Achá señaló que "nosotros tenemos las instancias correspondientes para defender a la empresa (YPFB) en este caso".
 

Achá recibió la advertencia esta semana del Ministerio de Justicia de que debe asumir su responsabilidad por un probable daño económico al Estado. La Fiscalía inició procesos en cambio a un vicepresidente de YPFB, a 14 funcionarios y al representante de la empresa petrolera, por presuntas irregularidades en el contrato.
 

La Fiscalía no incluyó a Achá, mientras éste indicó que está disponible para cualquier investigación y que facilitará toda la información que se le requiera.
 

Entre tanto, la oposición señaló que Achá, quien aún goza de la confianza del presidente Evo Morales, es el directo responsable por el contrato e incluso por haber elevado el monto de contratación en 60 millones de dólares, según el senador opositor Oscar Ortiz.
 

"¿Cómo es que se elevó el precio de referencia en más de $us 60 millones y firma semejante resolución, el señor Achá?", cuestionó el legislador.
 

El presidente de YPFB señaló que no tuvo conocimiento del proceso de contratación, de acuerdo a normativas internas y que todas las etapas estuvieron a cargo del personal identificado por el Ministerio de Justicia y que todos fueron cesados en sus funciones.

es una verguenza. que la Alcaldía Municipal con toda su fuerza legal, en legítima defensa del interés colectivo, NO PUEDA llevar adelante una acusación y meter a la cárcel a los culpables del colapso. es inadmisible e inicuo que el Comité Cívico y otras instancias como Fiscalía y Procuradoría no reaccionen ya.


El puente colapsado en la av. Independencia y 6 de Agosto, el pasado 22 octubre de 2015. | Carlos López
El puente colapsado en la av. Independencia y 6 de Agosto, el pasado 22 octubre de 2015. | Carlos López

Alargan investigación del puente colapsado

La investigación por el puente colapsado en la avenida Independencia y 6 de Agosto se extenderá por seis meses por una nueva imputación contra el exsuperintendente de obra, Carlos Cimar Achabal, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contrato.

“Según esta imputación, se entiende que habría existido negligencia en la ejecución de la obra. Habría sido el superintendente quien no observó estos hechos. Se trata de una persona contratada por la empresa Álvarez. Creemos que esta imputación es interesante por los elementos que muestra”, aseveró el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Sergio Coca.   

Por su parte, el imputado señaló que aún no fue notificado formalmente, sin embargo, asumirá defensa para demostrar que se cumplieron con todos los parámetros del contrato.

El puente de la avenida Independencia colapsó el 22 de octubre de 2015. La Alcaldía presentó denuncia contra cinco personas el 17 noviembre y en junio de 2016 fueron imputados: el exalcalde Edwin Castellanos; el diseñador y supervisor, Nelson Vega; el exoficial mayor de Infraestructura, Sergio Rodríguez; el exoficial mayor Financiero, Oswaldo Delgadillo, y la empresa constructora Álvarez.

La acusación o sobreseimiento debía presentarse el 6 de noviembre de 2016, sin embargo, los fiscales imputaron a una sexta persona: el fiscal de obra, Óscar Cortez. Por esta acción se amplió el plazo por seis meses que cumplían en mayo de 2017.

No obstante, con la nueva imputación, el proceso se ampliará por seis meses. En ese tiempo, además, se debe acusar o rechazar el caso. La investigación se realiza desde hace 17 meses.

Cambian fiscales
Un hecho que llama la atención de las partes es el cambio de los tres fiscales que iniciaron la investigación. El caso pasó a otro representante hace dos meses y otro se sumó hace 15 días.
El fiscal departamental, Óscar Vera, indicó que se trata de una decisión institucional. Los nuevos se interiorizan del proceso.
Por su parte, el abogado de la empresa Álvarez, Jorge Iriarte, indicó que se trata de una acción que genera demora y perjudica a los imputados que continúan con medidas sustitutivas. El informe técnico estableció una falla en los anclajes del puente.

TARDA EL DICTAMEN FINAL 
El secretario Jurídico de la Alcaldía, Sergio Coca, anunció que esta semana viajará a La Paz para reunirse con el contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, para solicitar que emita el dictamen final de la auditoría del puente colapsado que demandó una inversión de 11 millones de bolivianos.

“Una vez que se tenga el documento, podremos asumir dos acciones. La primera es que se cumplan con las responsabilidades, porque nadie podrá eludirlas. La segunda podrá ser el congelamiento de cuentas, porque con la anotación de bienes no se llega ni a los 4 millones de bolivianos”, aseveró.
La Contraloría General del Estado inició una auditoría del puente colapsado por presunto daño económico, en 2015. El 1 de marzo de 2016, emitió un informe preliminar que halló indicios de responsabilidad civil en la empresa constructora Álvarez y el ingeniero que diseñó y a la ve supervisó la obra, Nelson Vega.

Ambas partes presentaron sus descargos para el informe final que estaba anunciado para agosto de 2016, sin embargo, hasta la fecha aún no se cuenta con el documento final. El daño económico se estima en 11 millones de bolivianos.    

OPINIONES
Sergio Coca, secretario Jurídico
Según lo que se puede leer en esta imputación, se estaría señalando que no fueron observados los hechos de negligencia por parte de la empresa mediante el superintendente de obra durante la ejecución del puente. Creemos que es una imputación interesante y estaremos atentos a lo que pueda pasar a partir de ahora. Aún esperamos la audiencia de medidas cautelares del nuevo imputado por el que se  está ampliando el plazo para el Ministerio Público.

Sergio Rodríguez, exfuncionario Infraestructura
Es una vergüenza que se dilaten los procesos, pero era de esperarse que se amplíe la investigación a quienes realmente tuvieron supervisión directa. Con el paso del tiempo, se va demostrando que es un proceso incorrecto, porque se debería resolver por la vía civil, no penal. Tal como ocurre con el puente Cobija. Esto se ha convertido en un show, un circo de parte de la Alcaldía, que es la primera en retrasar el proceso.
Jorge Iriarte, abogado Álvarez

Aún no fuimos notificados formalmente con la imputación. Sin embargo, hace dos meses que la investigación se quedó sin fiscales, porque los tres que comenzaron fueron dejando el proceso o transferidos. Por lo tanto, en este tiempo no hubo actividad procesal. De todos modos, hay mucho por investigar y muchas actividades procesales. Lo principal es investigar las irregularidades en el diseño y la supervisión. Ahora esperamos a los nuevos fiscales.

Óscar Vera, fiscal Dptal.
El proceso está con dos fiscales asignados. Uno está ya hace bastante tiempo en la Fiscalía Anticorrupción por lo que conoce el tema. El otro fiscal llegó hace dos semanas. Como en todos los procesos que dirige el Ministerio Público, se les ha pedido el cumplimiento de plazos, la máxima objetividad posible y que emitan las resoluciones oportunamente. Se cambiaron por razones institucionales y se vio conveniente.


martes, 25 de abril de 2017

si acaso Bolivia no reacciona con todo, hordas de asesinos de Brasil podrían invadir las poblaciones fronterizas al norte de nuestro territorio. se tiene que actuar pronto, de forma coordinada y con energía si se quiere frenar esta tendencia de malechores armados, organizados y dispuestos a todo.


El comandante de la Policía, Abel De La Barra. | Foto archivo | ABI
El comandante de la Policía, Abel De La Barra. | Foto archivo | ABI

Caen tres brasileños emisarios del PCC en Cobija

LA PAZ |
El comandante de la Policía, Abel De La Barra, informó hoy que tres emisarios del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil cayeron ayer por la noche, en la ciudad de Cobija, Pando.  

"En tareas de patrullaje fueron aprehendidos en la ciudad de Cobija tres brasileños, dos varones y una mujer ", dijo a la ABI.

De La Barra manifestó que lo sorprendente del caso es que se trata de emisarios del PCC, la organización criminal más grande de Brasil que pretende extender sus actividades delictivas en otros países, hecho que "no será permitido en Bolivia", advirtió.

Señaló que de acuerdo con la investigación preliminar las tres personas están implicadas en varios hechos delictivos.

La autoridad policial aseguró que en esa zona fronteriza y en otras se reforzaron los controles a propósito del atraco millonario que se registró recientemente en Paraguay.

"La Policía mantiene constante contacto e íntima relación con la Policía Federal del Brasil y del Paraguay, estamos en alerta para enfrentar cualquier accionar criminal", afirmó.


lunes, 24 de abril de 2017

muchos consideran que el masismo es una forma de estafa, de los cientos si acaso no miles de casos de estafa, se revelan unos pocos, ahora mismo uno en Santa Cruz y Beni donde a nombre del ministro de Justicia Héctor Arce y del propio Evo, se cometían tropelía y media, en Cochabamba otro clan familiar que vendía "terrenos inexistentes y recolectaba dinero, método propio de los loteadores, todo a nombre del jefe cocalero...qué triste para Bolivia


Gobierno presenta a los presuntos estafadores. | July Rojas
Gobierno presenta a los presuntos estafadores. | July Rojas

Desarticulan clan familiar que estafaba a nombre del Gobierno en Cochabamba

El ministro de Gobierno, Carlos Romero presentó esta mañana en el Comando de la Policía de Cochabamba, a los presuntos delincuentes de una banda que se dedicaba a estafar con casas y terrenos a nombre del presidente Evo Morales.
"Estos lotes de terrenos no se sabía dónde estaban ubicados pero se decía que estaban en el valle alto y que habían sido proporcionados por el Gobierno nacional por instrucción del presidente Evo Morales y que los lotes se entregarían oportunamente", explicó Romero en conferencia de prensa junto al  viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, y el comandante general de la Policía, Abel de La Barra.
La desarticulación del grupo delictivo se registró ayer en el despacho de un abogado ubicado por inmediaciones del cerro de la Coronilla, tras una investigación que inició en enero y que también fue coordinada entre la unidad de Inteligencia de la Policía con la Gobernación de Cochabamba.
Según la autoridad de Gobierno los delincuentes argumentaban la existencia de un presunto programa social que beneficiaba con la dotación de terrenos de Arani y Punata. Lograron recolectar 2,5 millones de bolivianos aprovechándose de la gente que tenía necesidad de contar con una vivienda propia. Pagaban 50 bolivianos para el llenado de formularios y carpetas falsas, además de 500 dólares como primera cuota.
 "Se trata de un caso de estafa múltiple y agravada (...) Se ha establecido que era un clan familiar que estaba operando", añadió Romero.
La pesquisa determinó que los miembros de la organización criminal lograron reunir a varios grupos de personas presentándose con prendas que tenían los logotipos de los ministerios de Culturas y Deportes.
La Policía estima que existen unas 10.000 personas afectadas.
La investigación del caso continúa para establecer si los estafadores tenían vínculos con otros grupos en las demás regiones del país. Romero pidió a más víctimas se sumen a dos que presentaron la denuncia respectiva hasta el momento.