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miércoles, 1 de octubre de 2014

tal cual anunciamos hace algunas horas atrás, el capitán Laguna policía asistente de Marcelo Soza, hoy bajo el amparo de NNUU en Brasil, respaldó declaraciones de su ex-jefe. es más "Evo Morales trajo a Rózsa para utilizarlo en la persecusión de líderes de SC, General Santisteban pidió dinero a Soza por haberlo traído al "terrorista".

El exresponsable de la seguridad del exfiscal Marcelo Soza, teniente de Policía José Juan Laguna Saavedra, reveló que el exdirector Nacional de Inteligencia de la Policía y excomandante General de la institución verde olivo, Jorge Renato Santiesteban Claure, trajo desde España al húngaro boliviano, Eduardo Rózsa Flores para activar el plan de descabezamiento a la oposición cruceña, donde el Gobierno habría brindado protección al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, para evitar ser investigado por las vinculaciones con el líder del grupo acusado de terrorismo-separatista.
En una entrevista con periodistas nacionales a pocas horas de recibir refugio temporal, Laguna señaló que en una oportunidad el general Santiesteban quiso cobrar dinero al ex fiscal Marcelo Soza por haber traído a Eduardo Rózsa, a lo que Soza respondió que no tenía presupuesto y que en todo caso vaya a la Cancillería a efectivizar el cobro por los gastos del traslado.
El teniente Laguna responsabilizó al presidente Evo Morales y sus ministros de Estado si se llega a poner en riesgo su seguridad y la de su familia. Lamentó no haberse podido despedir de sus seres queridos debido a que si no abandonaba el jueves pasado el país en este momento estaría detenido en la cárcel de Palmasola donde su vida corría peligro. Le pidió a su esposa que cuide a sus tres hijos y no pierda la esperanza de volverse a reunir.
Confirmó también que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera controlaban de manera personal el trabajo del ex fiscal Marcelo Soza durante las investigaciones judiciales que fueron desarrolladas durante los últimos tres años. Toda vez que ambas autoridades sostuvieron reuniones con el exfiscal Soza.
RAÚL GARCÍA LINERA: Señaló que el operador principal por encargo del vicepresidente, fue el hermano Raúl García Linera quien también convocaba al ex fiscal para hacer seguimiento de los operativos judiciales y policiales, que posteriormente derivaron en una cadena de denuncias de extorsión a los sospechosos de pertenecer al grupo de supuestos financiadores del grupo Rózsa.
Confirmó que durante las investigaciones se ha desarrollado una red de extorsión que operaba sobre los acusados y donde la principal cobradora era la tía de Jessica Jordan, Ana Claudia Arruda, para recaudar dineros que irían a manos del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana quien brindó protección a Arruda para evitar sea detenida, luego que se abriera causa judicial contra esta familiar del actual cónsul de Bolivia en Estados Unidos.
Mencionó también que Quintana incluso después de ser ministro, citaba al ex fiscal Soza a las oficinas de Ademaf para impartir instrucciones sobre el curso de las investigaciones. Citó también al ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como la otra autoridad que hacía permanente seguimiento al caso terrorismo.
Laguna sostuvo que Llorenti incluso evitó que el gobernador Rubén Costas sea citado por la Fiscalía, cuando se descubrieron las vinculaciones del hermano, Pablo Costas Aguilera, con Eduardo Rózsa Flores con quien se contactaba para activar planes de supuesto terrorismo que era utilizado para perseguir a líderes cruceños.
Detalló que durante las investigaciones conoció que desaparecieron pruebas y correos que vinculaban también a Eduardo Rózsa Flores con el hermano del vicepresidente, Raúl García Linera, aspecto que era de profunda preocupación del ex fiscal Soza, porque su trabajo de investigación se desvirtuaba con las permanentes intromisiones políticas de parte del Gobierno.
Aseguró finalmente que el fiscal Marcelo Soza en ningún momento estuvo comprometido con casos de extorsión y que era víctima de permanentes presiones para dirigir las investigaciones destinadas a descabezar a la oposición política asentada en la ciudad de Santa Cruz.
NO HUBO EXTORSIÓN: Laguna fue sometido a un proceso judicial por parte de la familia del exdirigente cívico beniano Alberto Melgar de supuestamente ser el intermediario del exfiscal del caso Terrorismo, Marcelo Rózsa para extorsionarlos.
Al respecto el teniente negó estos extremos y aseguró que su persona y el exfiscal Marcelo Soza no pidieron dineros de manera directa ni indirecta a los imputados del caso Terrorismo, extorsión que más bien fue cometido por Nolberto Clavijo y el actual candidato a diputado uninominal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Subirana, entre otros.
El teniente Laguna ingresó el jueves 25 de septiembre a Brasil, país que le concedió refugio de un año calendario. No obstante el oficial de Policía teme por su vida y las represalias que podría asumir la administración de Evo Morales.

martes, 30 de septiembre de 2014

se corrobora. suspenden "juicio terrorismo" hasta después de las elecciones. cuando estuvieron reunidos para la audiencia vino la orden y el Juez de Sentencia anunció que el 14 de octubre se proseguirá con el tema. Boris Villegas tiene problema de locomoción y una Jueza con hemorroides sangrante. El Dia, SC

Las audiencias por el caso de presunto terrorismo fueron suspendidas hasta después de las elecciones generales del 12 de octubre próximo, debido al delicado estado de salud de la jueza ciudadana Sonia Mamani y porque los jueces técnicos del tribunal que juzga a los 39 procesados, Sixto Fernández y Elena Gemio, fueron designados jueces electorales en La Paz.


La determinación, que fue criticada por los procesados y por los abogados defensores, ‘enfriará’ los testimonios que hablan de una presunta manipulación del Gobierno para armar el caso y que estaba realizando el exasesor del Ministerio de Gobierno Boris Villegas. También se deberá esperar por la declaración de Fernando Ribera, el otro ex funcionario gubernamental que conoció los entretelones de la acusación por terrorismo. 
“Llama la atención que la Sala Plena de La Paz nombre jueces electorales a los profesionales que llevan adelante un caso tan serio como este. Son cosas que nos demuestran que esto está manejado políticamente y que de una vez debe declararse nulo, porque ya no tiene sustento legal”, dijo el titular del Comité pro Santa Cruz, Fernando Castedo, que asistió ayer a la audiencia.
Por su parte, Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas,  expresó sus dudas de que la suspensión del juicio sea por la salud de Mamani y dijo que espera que todo no sea un cálculo político del Gobierno, para que la población no conozca la versión de los exasesores del Ministerio de Gobierno, que afirman que todo el caso terrorismo fue armado con fines políticos.
“Se intenta aprovechar el proceso y usarlo como una palestra para hacer política”, enfatizó Iván Ortiz, que junto a otros fiscales defiende la acusación que entregó el exfiscal Marcelo Soza, presuntamente presionado.
Los enfermos
De acuerdo con un informe médico forense, la jueza Mamani tiene 10 días de impedimento y padece de gastritis, hemorragia digestiva alta, anemia crónica y hemorroides sangrante. La mujer puede ser operada hoy o mañana.
El otro enfermo es Boris Villegas, que según un informe del médico de Palmasola, tiene problemas lumbares, que le impiden movilizarse por sus propios medios 

lunes, 29 de septiembre de 2014

suspenden hasta dos días después de las elecciones. "otra maniobra de Evo" consideran abogados por razones políticas. no va más, prolongan agonía de los encausados por el llamado "juicio del siglo". qué insensibilidad! qué injusticia!


El Juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, determinó este lunes suspender el tratamiento del Caso Rosza hasta el próximo 14 de octubre, dos días después de las elecciones presidenciales en el país.

La autoridad judicial adujo la decisión al estado de salud de la jueza ciudadana, Sonia Mamani que se halla internada en la Caja Petrolera de Santa Cruz con un cuadro de anemia severa, motivo por el cual sufrió un desmayó en plena audiencia el pasado viernes 19 de septiembre.

Por su parte, Gary Prado, abogado defensor de Gary Prado Salmón (padre) observó la determinación y consideró la misma “otra instrucción” emanada desde altas esferas de poder.

Sostuvo que las audiencias se suspenden para evitar que se revelen mayores datos que incriminen a los miembros del partido de Gobierno, a menos de dos semanas de la realización de los comicios, el próximo 12 de octubre.

Después de una semana de pausa, hoy a partir de las 15:30 en el segundo piso del Palacio de Justicia de Santa Cruz, debió reiniciarse el juicio del caso Rózsa. El testigo de descargo, Boris Villegas, continuaría con su declaración frente al Tribunal de Sentencia para luego dar paso a las declaraciones de su excolega y amigo, Fernando Rivera, de quien se esperan fuertes revelaciones, sin embargo, no se cumplió con lo planificado.

domingo, 28 de septiembre de 2014

vuelve la pluma de Harold Olmos...relata los pormenores del desmayo de una jueza, harto de resistir la presión tan larga como dos años, día tras día sentada allí para oir a los actores de un juicio absurdo. Harold destaca la fechadel 29, horas más como decisiva para determinar su curso.

Llevar adelante la pelota con la barriga o encontrarse “como chancho en trapecio” son formas populares de describir situaciones incómodas, habitualmente temporales. La analogía parece adecuarse al Juicio del Siglo que, hace poco más de una semana, ingresó a una nueva agonía con la baja intempestiva de una juez ciudadana, afectada por anemia aguda provocada por una úlcera. El médico Juan Carlos Santisteban,  uno de los acusados en el proceso de mayor envergadura de la historia penal boliviana,  cree que esa condición ha sido provocada por la presión en la que la juez Sonia Mamani Vargas se encuentra por la parte que le toca vivir en el juicio, del que es jurado desde hace más de dos años.

“La paciente puede llegar a sufrir desangres internos agudos que agravarían peligrosamente su condición”, me  dijo, poco después de haber visto los resultados de algunos análisis de la juez.  No fue sorpresa que la juez ciudadana hubiese luego anunciado, con un angustiado “ya no puedo más…”, su propósito de alejarse del tribunal para cuidar su salud. El  tema es inevitable periodísticamente por las dimensiones que el gobierno le atribuye: una conspiración para dividir Bolivia, derrota del ejército nacional mediante.
El caso lleva más de 65 meses desde el episodio del Hotel Las Américas, una expresión del ritmo geológico con el que opera la justicia. Aún no ha llegado a la sentencia, etapa que no debía haber pasado de  36 meses,  término límite establecido en pleno procesamiento del caso y mayor al que existía al comenzar la investigación.  Para el vicepresidente Álvaro García, la prolongación del caso es “una vergüenza” y “un delito” del que responsabiliza a los fiscales y jueces encargados. Sus palabras son como un conteo de protección para los que conducen el caso. (9-8-7-6-5, 4…)
Entretanto, luce impracticable acelerar etapas al cabo de tanto tiempo y cuando tiene vez más menos creyentes la tesis del gobierno, denunciada por el presidente tras el episodio violento del hotel (intento de magnicidio, terrorismo y división del país).  Además, todavía está en curso la fase de declaración de los acusados, y en desarrollo un incidente causado por la carta y confesiones del ex fiscal Marcelo Soza, que ha dicho ante el Consejo Nacional de Refugiados de Brasil que la acusación que él articuló es un  fraude porque la preparó tras siembra de pruebas y bajo presión del gobierno.  Por sobre todo, está la incapacidad temporal de la juez ciudadana, sin  cuyo concurso el tribunal está trabado. Los juristas dicen que todas las decisiones tomadas por el jurado serían nulas y restaría, entonces, la elección de otro tribunal, lo que supondría volver hasta principios de 2012, cuando asumió el  tribunal actual.
Instalado en Santa Cruz a comienzos de 2013 tras peregrinar por Cochabamba, Yacuiba y Tarija, el proceso sufrió varios traspiés antes del receso decretado hasta el lunes 29 por el juez.  En solo dos  días, el tribunal tuvo que sortear obstáculos interpuestos por los fiscales, disconformes con la posibilidad de que el  hiper-testigo Boris Villegas especifique en qué circunstancias había conocido a Juan Carlos Guedes, el ex dirigente de la Unión Juvenil Cruceñista a quien el ex fiscal Soza endilgaba la condición de mercader de armas para el supuesto Armagedón boliviano.  Guedes, quien ha dicho que sólo vendió una pistola mugrienta y sin cacerinas a Eduardo Rosza Flores, fue el primer detenido después de los dos sobrevivientes del asalto al hotel. Los  fiscales se opusieron sin éxito a la autorización del tribunal para que el ex alto funcionario del Ministerio de Gobierno, Villegas, contase pormenores de cómo había conocido al ex dirigente cruceñista, quien ha escrito un libro sobre su detención y encarcelamiento y tiene otro en camino.
A ese entredicho se sumó la presencia de Caroline Dwyer, quien vino desde Irlanda en una nueva cruzada por saber más detalles sobre la muerte de su hijo, Michael Dwyer, el 16 de abril de 2009. También murieron el boliviano-húngaro-croata Rózsa Flores y el húngaro Arpad Magyarosi.
“Michael fue ejecutado por un bala al corazón”, dijo la señora Dwyer el 18 de septiembre, en la única declaración que hizo y leyó ante  medios bolivianos.  “Mientras yacía muerto o moribundo recibió cuatro tiros más en su espalda”.  El informe de la patóloga oficial de Irlanda que transcribe esa conclusión yace en la cancillería boliviana y, asegura la defensa, nunca fue entregado ni al juez ni a los fiscales a cargo del proceso que mañana, al vencer el receso decretado por el juez, ingresaría a un nuevo capítulo. Tras el cansancio de una carrera de más de cinco años, el caso semeja cada vez más al de una pelota empujada con la barriga.

viernes, 26 de septiembre de 2014

asilo para policía que fue guardaespaldas de Marcelo. por un año Brasil le concedió asilo porque el capitan José Laguna anunció que recibe amenazas de muerte. es que Laguna ha sido testigo de casos de extorsión. quedaron sorprendidos juez y fiscales del caso Terrorismo.

Juan José Laguna, mano derecha del exfiscal Marcelo Soza, ingresó ayer al Brasil y consiguió refugio político con el argumento de que su vida corre peligro en Bolivia. El teniente de policía ingresó ayer al vecino país, según versiones extraoficiales.

El refugio que le concedió Brasil tienen vigencia de un año calendario a partir del 25 de septiembre de esta gestión. Se conoce incluso que Laguna  debía asistir a una audiencia del caso contra Marcelo Soza, acusado de extorsión a familiares e imputados en el caso Rózsa.  Laguna fue sindicado por la familia del excívico beniano, Alberto (Peri) Melgar, de ser el intermediario en el cobro de dinero exigido por Soza.
Escolta de los acusados. Por otro lado, el 7 de enero pasado, El Día  publicó que Laguna era custodio de los detenidos del caso Rózsa.
En aquella oportunidad, el abogado Willam Vilar, de la actual candidata a senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, quien sentó la denuncia contra Soza, criticó que el teniente Laguna haya sido designado como custodio de los detenidos.
Laguna fue citado posteriormente a declarar en calidad de testigo en el incidente de actividad procesal defectuoso, presentado por la defensa del general Gary Prado Salmón.
Declaró como testigo. El pasado 5 de agosto, Laguna dijo en calidad de testigo de descargo presentado por la defensa, que acompañó al exfiscal y extitular de la investigación del caso Rózsa, a una reunión en el Ministerio de Gobierno.
Aunque no especificó si era para sostener un encuentro con el ahora candidato a senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Romero. También en aquella oportunidad se contradijo cuando el abogado Gary Prado le preguntó si  acompañó a Soza al Palacio de Gobierno.
Primero lo negó, pero después afirmó que ingresó por la parte posterior del edificio del Ejecutivo nacional a nombre de la Fiscalía General del Estado.
Laguna remarcó que todos los operativos de allanamiento en el caso Rózsa estaban a la cabeza de Luis Nolberto Clavijo. También lo acompañaba conduciendo el vehículo el extinto Carlos Núñez del Prado.
Sigue los pasos de Soza. En marzo de este año, Marcelo Soza  pidió refugio a las autoridades brasileñas.
Desde allí, mediante una carta dirigida "Al Pueblo de Bolivia" y documentación entregada al Conare de Brasil, reveló el sembrado de pruebas, la compra de testigos y la injerencia gubernamental en el caso Rózsa. Enunció además que el operativo en el hotel Las Américas estaba plagado de irregularidades y señaló como ejemplo la ausencia de un fiscal durante la incursión policial en la que fueron abatidos tres ciudadano europeos.

lunes, 22 de septiembre de 2014

el periodista Harold Olmos de gran experiencia y mejor juicio, ha venido siguiendo el llamado Juicio del Siglo en SC, y su crónica sobre el desmayo por anemia Sonia Mamani ciudadana jueza que quiere abandonar su tarea.

La incertidumbre cundió este viernes en el Juicio de Siglo cuando la juez ciudadana Sonia Mamani abandonó el mayor proceso penal de la historia boliviana y se desplomó ante la mirada asombrada de la audiencia. Solo segundos antes había agarrado el micrófono y con debilidad inocultable que resultaba de una anemia aguda provocada por una úlcera anunció: “Me estoy sintiendo muy mal. Voy a irme…ya no puedo más”. No llegó a caminar tres pasos y, casi sobre la mesa de los fiscales que pugnaban por bloquear al testigo Boris Villegas, las piernas se le doblaron y cayó de costado. El médico Juan Carlos Santisteban, uno de los acusados por el ex fiscal Marcelo Soza, corrió a socorrerla mientras el desorden se apoderaba de la sala, en la sesión más tumultuada desde que las audiencias fueron trasladadas a Santa Cruz a principios de 2013.
“No se le sentía el pulso y empecé a reanimarla”, dijo, cuando el juez Sixto Fernández le ordenó apartarse debido a su condición de acusado y dejar solo en la tarea de primeros auxilios al médico de turno. “La juez continuó siendo atendida por el médico de turno en la sala, cuyo acento me indicó que no era boliviano”, dijo.
En medio de gritos de los acusados y abogados que protestaban por el deterioro de la salud de la juez, y del desconcierto de fotógrafos y camarógrafos que cubrían el incidente, el Juez Sixto Fernández golpeó el martillo repetidas veces para restablecer el orden y anunciar que la audiencia quedaba en receso hasta el 29 de septiembre, mientras Anastasia Callisaya, la otra juez ciudadana, levantaba los brazos consternada.
Si la audiencia podrá reanudarse era todavía una gran incógnita. La juez, que físicamente luce menor de 30 años, había dicho el jueves, en la clínica Foianini donde había ido para una batería de análisis, que sentía su salud deteriorada y que sus colegas del tribunal la presionabn para continuar como juez del mayor proceso penal de la historia boliviana. Su salida dejaría sin quórum al tribunal de cuatro jueces – dos ciudadanas y dos técnicos, uno de ellos el juez presidente Fernández- y obligaría a la formación otro. Eso llevaría a retroceder el proceso 2012, cuando el tribunal teóricamente aún en funciones asumió tareas. Como el caso se arrastra por más de cinco años desde su génesis, el asalto policial al Hotel las Américas, la disolución del tribunal que preside el juez Fernández acarrearía graves dificultades. Una de ellas se refiere al tiempo, que legalmente no debería haber pasado de 36 meses sin que se dictara sentencia. Cuando ocurrió el episodio sangriento del Hotel Las Américas el tiempo máximo para la tramitación de un juicio penal eran 24 meses. En medio del proceso, el plazo fue ampliado a 36 meses. Ahora han transcurrido 65 meses sin asomo de una sentencia.
Algunos acusados postulan la idea de disolución de juicio pues retroceder a 2012 representaría demoras mayores para un caso que no llegó a convencer a gran parte del país. El presidente Morales dijo que él dio la orden para activar la operación que llevó a la muerte de tres personas. Su afirmación de que querían matarlo y descuartizar al país ha sido fuertemente golpeada por la fuga y declaraciones del ex fiscal Marcelo Soza, de que la acusación con la que se juzga a 39 acusados fue moldeada por el gobierno.
A la afirmación del ex fiscal se suman las declaraciones de los testigos convocados por la defensa ahora presos que corroboran la confesión del ex fiscal refugiado en Brasil. Los resultados de una encuesta reciente que circuló en la sala de audiencias del juicio mostraban que desconfiaba de la tesis del gobierno un 64% de más de dos mil encuestados en todo el país De inmedito no se supo a qué centro hospitalario la llevó el carro de comberos que la ayudó a evacuar el Palacio de Justicia. Informar sobre el diagnóstico bajo el que está es una tarea de los medios, así como averiguar su estado de salud.
La juez, en declaraciones que publicó El Deber, dijo que cubría los costos de la clínica con sus propios reursos. Pero el presidente del tribunal, el juez Fernández, le decía: “Tienes que seguir. Vamos a poner un médico y te vamos a asistir, pero nada de eso pasó hasta el momento” (jueves).
La posiblidad de que el presidente Evo Morales tome alguna medida, inclusive un indulto para apartar el problema que mantiene atención de la ciudadanía desde 2009, se volvió más remota con la  declaración del mandatario a El Deber, publicada el  viernes. Morales fue el primero en anunciar que habían intentado matarlo, que había habido una balacera de 30 minutos (ahora se asegura que duró menos de cinco y que, al parecer, el fuego fue principalmente unilateral), y que se quería dividir a Bolivia con una  campaña separatista. “Es separtismo”, dijo y, más adelate, subrayó: “Cómo para los separatistas puede haber amnistía…”

sábado, 20 de septiembre de 2014

lo de Cochabamba, fue un "golpe de Estado contra el prefecto Manfred Reyes Villa" confirmó Boris Villegas. "sé todo. conozco todo lo sucedido" declaró en una pausa del juicio por Terrorismo en SC, según LT de Cochabamba

El exdirector general de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, reveló ayer que el gabinete jurídico-político del Gobierno planificó la caída del exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa tras las violentas jornadas de enero de 2007, cuando miembros de grupos sociales intentaron tomar por la fuerza las instalaciones prefecturales en la plaza principal.
Villegas hizo esas declaraciones después de la audiencia judicial del caso terrorismo que se lleva adelante en Santa Cruz, en un breve contacto con los medios de prensa y en medio de una fuerte custodia policial.  
“Sé todo, sé todo lo que pasó”, dijo el exfuncionario del Ministerio de Gobierno quien asume la función de testigo en el caso de cargo de los imputados.
“(Manfred Reyes Villa) ha sido víctima de un gabinete jurídico político, ha sido víctima como otros políticos, también como yo en este momento, orquestado desde el Gobierno”, sostuvo Villegas en breve contacto con los medios de prensa y en medio de una fuerte custodia policial.  Villegas al ser consultado sobre si Reyes Villa fue víctima de un golpe de Estado Prefectural, respondió: “Sí, definitivamente”.
Entre tanto, ayer en plena audiencia, la jueza ciudadana Sonia Mamani Vargas no aguantó más y se desvaneció, por tal situación el presidente del Tribunal de Sentencia, Sixto Fernández, decidió suspender la audiencias hasta el  29 de septiembre.
Jueza se desmaya
La del viernes fue una jornada relativamente tranquila porque siguió la línea de las objeciones y revocatorias por parte del Ministerio Público, a las preguntas de los acusados para con el testigo de cargo Boris Villegas.
Según el informe preliminar del médico Juan Carlos Santistevan, que prestó los primeros auxilios, la jueza Mamani no tenía pulso y presentaba un desvanecimiento completo, por lo que se recomendó que sea trasladada de inmediato a un centro hospitalario para que sea atendida.