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viernes, 18 de abril de 2014

hasta dónde más! el Régimen sigue amenazando a la cruceñidad. quiere emprenderla contra parlamentarios, opositores y masistas librepensantes. todos serán sometidos dice el anuncio pagado que causó irritación y fastidio!

El aparato de comunicación del Gobierno no se midió en gastos al cumplirse el quinto año de la masacre del hotel Las Américas, el pasado 16 de abril. Tal vez sospechaba que los medios de comunicación independientes iban a realizar un despliegue especial, destacando en cada caso la falta de credibilidad del proceso judicial que impulsa el Gobierno, sin importar pruebas inventadas y la violación de todos los procedimientos establecidos por ley.

El más llamativo fue un anuncio con tintes de amenaza que se publicó en algunos diarios. En el aviso se indicaba que la célula terrorista que supuestamente intentó dividir al país sigue activa y en la parte superior aparecían las fotografías de parlamentarios opositores y masistas librepensantes que han estado denunciando la patraña gubernamental.

Recordemos que el régimen impulsó el proceso contra 39 personas y luego abrió el caso Terrorismo II para dar con los presuntos financiadores del grupo de Eduardo Rózsa. Tal vez ahora quiere procesar a los que no creen, a los que desconfían y a los que tratan de que se conozca la verdad, por supuesto, la que el Gobierno quiere esconder.

El Ministro de Gobierno ha dicho que va ir por todos ellos. Habrá que preparar espacio en todas las cárceles del país porque seguramente son muchos. De hecho, una reciente encuesta afirma que son la mayoría de los bolivianos los que están convencidos de que todo fue un montaje.

miércoles, 16 de abril de 2014

El Dia no ahorra adjetivos "Cinco Años de Infamia" es lo que Evo ha hecho vivir a Santa Cruz y al país desde la masacre de Las Américas. verguenza de estar en el poder, de llamarse "proceso de cambio". de páginas negras, plan macabro para destruir "a un enemigo ocasional". ha quedado desbordado sin atisbo de decencia la deshonestidad de un Régimen perverso y corrupto.

Que la justicia siempre ha sido manipulada; que la corrupción es un mal endémico en Bolivia; que la política es lo más parecido a un club de forajidos; que el Estado no es sinónimo de servicio sino simple acumulación de poder, de dinero e influencias. Eso lo sabíamos antes del 2005, pero nunca como en los últimos cinco años para constatar hasta dónde puede haber llegado la degradación de la función pública, cuando la ambición por el poder se vuelve desmedida. Nunca como en este periodo para que los bolivianos nos demos cuenta que nuestro país necesita cambiar.

Estamos hablando de los cinco años transcurridos desde que comenzó a escribirse una de las páginas más negras de la historia de Bolivia. Desde aquella madrugada del 16 de abril de 2009, cuando los más altos niveles de la política, la Policía y la justicia, perpetraron un plan macabro, que más allá de constituirse en una estrategia militar para destruir a un enemigo ocasional, ha llegado a ser el proceso de destrucción del tejido institucional más letal que se haya ejecutado en el país.

En estos cinco años, nuestra cuestionada justicia pasó a convertirse en un mero instrumento de control político que ha sustituido a los matones, los esbirros y los campos de concentración de las dictaduras. Los jueces, los fiscales, los tribunales soy hoy en día simples herramientas que alimentan el apetito de poder de un grupo de inescrupulosos y aventureros que están convencidos de que en Bolivia se está refundando algo, cuando en realidad se ha estado conduciendo a la nación al despeñadero de la ilegalidad, el delito y las mafias organizadas.

Teníamos una Policía con problemas y con muchos desafíos. Pero hoy, esos retos consistentes en superar la corrupción y recobrar la credibilidad de la gente han sido tirados por la borda, pues nuestros uniformados son meros peones del matonaje que actúa con capuchas y en las oscuranas, como vulgares asaltantes, cumpliendo órdenes de funcionarios que son capaces de hacer cualquier cosa por mantener el puesto.

Sabíamos que la política tenía que cambiar; que nuestros líderes no supieron conducir con sabiduría la democracia y las instituciones que debían forma y sentido al Estado. Pero nunca hemos visto una generación de dirigentes tan bien organizados para extorsionar, para lucrar con el crimen y hacer de la persecución y el hostigamiento una suerte de juego articulado por delincuentes confesos, chantajistas de la peor calaña y sujetos que recibieron carta blanca para cometer fechorías que han dejado perplejos a todos.

El caso Rózsa ha sido útil para el Gobierno en la desmovilización de toda una región y para mantener prácticamente secuestrados a sus dirigentes. Pero el precio ha sido muy alto, no para el régimen, que a lo mejor siempre tuvo oscuras intenciones, sino para todo un país que hoy contempla cómo el sistema judicial ha empeorado, pues no se puede hallar en él ni un solo atisbo de decencia y honestidad que permita ver la luz al final del túnel. Este proceso sañudo y pringado de todos los vicios que se podían imaginar, ha servicio sin embargo, para desnudar a la cúpula del poder, sus falsos discursos, los métodos que usan y los objetivos que  buscan.
En estos cinco años, nuestra cuestionada justicia pasó a convertirse en un mero instrumento de control político que ha sustituido a los matones, los esbirros y los campos de concentración de las dictaduras. Los jueces, los fiscales, los tribunales soy hoy en día simples herramientas que alimentan el apetito de poder de un grupo de inescrupulosos y aventureros que están convencidos de que en Bolivia se está refundando algo, cuando en realidad se ha estado conduciendo a la nación al despeñadero de la ilegalidad, el delito y las mafias organizadas.

El Deber ha producido una separata cuando se cumplen CINCO AÑOS DE LA MASACRE DEL HOTEL. su material es valioso. bien documentado e irrefutable. se ha vendido por miles y constituye un DOCUMENTO SIN PRECEDENTES.

La madrugada del 16 de abril de 2009 el país se sacudió desde el cruce de las calles 21 de Mayo y Seoane. Aquella noche un operativo policial en el hotel Las Américas terminó con la vida de Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi, y se inició una historia política y judicial que hoy, a cinco años de ocurrida, no termina de cerrarse.
Los sobrevivientes de las acciones ejecutadas -sin apoyo fiscal ni orden judicial- Elöd Tóásó y Mario Tadic están, junto a otras 37 personas, procesados por los delitos de terrorismo y alzamiento armado. El juicio ha tenido varios ‘tropiezos’ y se han conocido versiones de lo sucedido en aquel entonces. Varias coinciden en que el proceso fue armado, que Rózsa fue asesinado junto a los otros dos extranjeros y que el Ejecutivo no quiere que la verdad se conozca. El Gobierno habla de terrorismo y separatismo.


Una nueva revelación fue lanzada por exautoridades del Ministerio de Gobierno que de una u otra manera se involucraron en este caso. EL DEBER conversó con estas personas que aseguran que el Gobierno no se infiltró en la supuesta célula terrorista, sino que el caso habría nacido a finales de 2008, supuestamente orquestada por algunos miembros del Ejecutivo. En ese tiempo, el nombre de Eduardo Rózsa comenzó a circular en los órganos de seguridad del Estado. No mencionan nombres, pero afirman que hubo una pirámide de mando que se hizo cargo de lo que luego ocurrió.
En palabras de estos exfuncionarios, la finalidad del caso fue desarticular el movimiento autonomista que había desbordado el control estatal (toma de instituciones y confrontaciones permanentes con la Policía). El poder estatal no era firme en Santa Cruz y a Evo Morales le costaba visitar esta tierra. 
Consultado al respecto, el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero, descarta que el caso hubiera sido un montaje. Dice que él mismo fue víctima de los actos de este grupo con un atentado a su vivienda, que si no hubiera vivido en Santa Cruz tal vez creería la hipótesis y que eso le permitió conocer cómo funcionan los grupos de poder locales, lo que hace creíble la versión de separatismo.
Consultado sobre la posibilidad de que las acciones de Rózsa fueran conocidas desde 2008, Romero explica que no puede responder sobre esos hechos, ya que no era ministro de Gobierno en ese entonces (el ministro era Alfredo Rada). Sin embargo, sobre su experiencia en otros casos, Romero dice que es posible, ya que la Policía no siempre actúa de inmediato para desarticular bandas, sino que espera a que sus actos se desarrollen para conocer sus nexos con otras personas. Esta posibilidad ya había sido explorada en mayo de 2009 por la comisión de Diputados que investigaba los hechos. El entonces diputado César Navarro reconoció que Rózsa y su grupo fueron detectados desde que se registraron por primera vez en un hotel de Santa Cruz, en octubre o noviembre de 2008.
Los consultados por EL DEBER revelaron que la mañana del 15 de abril, los personeros que manejaban la información de lo que ocurriría en la capital cruceña les pidieron prepararse para todo, ya que algo grande sucedería en Santa Cruz y sus servicios serían necesarios. Solo comprendieron la verdad de lo que había pasado varios días después de los hechos, mientras muchos cruceños salían del país y otros, supuestamente, negociaban su libertad a cambio de dinero y colaboración. “La información era manejada por un grupo cerrado, porque temían que los datos se filtraran”, comentaron estas personas, que pidieron mantenerse en el anonimato.

Silencio por el hotel
EL DEBER, durante la corta conversación que sostuvo con estas exautoridades, trató de conocer la verdad que ellos dicen saber respecto a las muertes de Rózsa, Magyarosi y Dwyer. La versión oficial en el juicio de supuesto terrorismo señala que existió un cruce de fuego entre los extranjeros y el equipo policial especializado de la Utarc, lo que derivó en las tres muertes. Las exautoridades pidieron no hablar, ya que aseguraron que son muy pocas las personas que conocen datos sobre lo que verdaderamente ocurrió aquella noche. 
Otra versión que estos personajes decidieron mantener bajo reserva es cómo llegó al país Rózsa y quiénes se convirtieron en su grupo de apoyo. ¿Quién lo trajo?, ¿cómo y quién lo contactó?, ¿qué instrucciones le dieron? y ¿qué tipo de personas coordinaron su trabajo?, se les preguntó. Aseguran que las responderán a su debido tiempo. La versión del Ministerio de Gobierno es monolítica: hace cinco años se frustró una aventura separatista.

Los audios y la carta
Desde 2009 aparecieron videos y audios sobre lo que presuntamente sucedió. Para algunos estas afirmaciones son una prueba de que todo fue montado, mientras que para uno de los fiscales que sigue el juicio, Iván Ortiz, no dejan de ser “dimes y diretes”.
“Aún no hemos apegado nuestras narices en el corazón de las pruebas. El juicio recién está en su etapa inicial y se deben esperar los avances”, apuntó Ortiz y recordó que hay personas que se dedican a hacer campaña en contra del caso, afirmando que no existen pruebas.
 Sin embargo, la carta del principal acusador de esta causa, el exfiscal Marcelo Soza, se convirtió en una piedra en el caso, ya que reveló que el poder político nacional le pidió ‘ayuda’ para ejecutar acciones en el proceso y acusó a gente del Ministerio de Gobierno de sembrar pruebas, de comprar testigos y de dirigir políticamente las sindicaciones.
El  Gobierno ha asegurado que el supuesto grupo irregular sigue operando, ya que se habría construido alianzas con los legisladores de la oposición para desestabilizar la gestión del presidente Evo Morales. También ligan en el ‘complot’ al exprefecto Manfred Reyes Villa. 
En lo formal, a cinco años del operativo en el hotel Las Américas, el juicio está paralizado, hay 16 refugiados en otros países, 10 personas presas y 13 enjuiciados que luchan a diario en los estrados judiciales para ser absueltos 

martes, 15 de abril de 2014

detenidos nada menos que durante 60 meses. ya, basta y sobra! el Gobierno no ha podido probar su culpabilidad y el caso está parado por recusación de jueces. hay un clamor porque cese tanta abuso, al cumplirse cinco años de la masacre

La senadora de oposición Carmen Eva Gonzales lamentó que en cinco años no existan avances significativos en el caso del grupo irregular de Eduardo Rósza Flores yobservó que en el país se vulneren los derechos humanos de los ciudadanos acusados que se encuentran cinco años con detención preventiva cuando la Ley establece un máximo de 36 meses.

En ese contexto, la senadora de oposicióndemandó a las autoridades del gobierno cumplir con lo que establece la Ley luego que hasta la fecha no existe una sentenciaen contra de los acusados en ese caso.
"No es posible que en cinco años no se pueda comprobar la participación de los acusados en estos hechos, lo que demuestra una vez más que fue el Gobierno que montó todas las pruebas, atentó contra la casa del Cardenal Julio Terrazas y por lo tanto debe cesar la detención preventiva de todos los detenidos", afirmó la senadora.
Gonzales recordó que el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal, establece que la detención preventiva cesará, cuando su duración exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga y cuando su duración exceda de dieciocho (18) meses sin que se haya dictado acusación o de treinta y seis (36) meses sin que se hubiera dictado sentencia.
Por el momento, el juicio está paralizado, hasta que el Tribunal Segundo resuelva el incidente planteado contra las juezas ciudadanas Sonia Mamani y Anastasia Callisaya, quienes fueron recusadas por Ignacio Villa Vargas, alias "El Viejo".
El caso se complicó más cuando el exfiscal Marcelo Soza huyó del país denunciando que todas las pruebas en ese Caso Terrorismo fueron falseadas por instrucción del Gobierno.

domingo, 13 de abril de 2014

viceministro Pérez decepciona. cuando denunció el caso de "extorsión" parecía tan seguro que metió en Palmasola a 10 funcionarios del Gobierno. ahora niega hechos comprobados y acusa a los reos de estar en concomitancia con la oposición, el gonismo, el marinkovismo...y? algo más. todo para tumbar el caso Terrorismo, hasta acusó a jueces y fiscales.

Tras el fallo de la Sala Penal Primera que dictaminó ilegal la requisa hecha en Palmasola la madrugada del jueves, el viceministro Jorge Pérez salió al paso con su hipótesis de que el ‘gonismo’, la oposición y Branco Marinkovic se aliaron a los acusados de extorsión para tumbar el caso de supuesto terrorismo. Incluso subrayó que se pueden comprar jueces y vocales con tal de lograr este objetivo. Aclaró que se observó el procedimiento de la requisa, pese a los informes que lo respaldan.

“Todo esto forma parte de una estrategia política para desprestigiar al Gobierno a como dé lugar, comprando vocales, jueces, no importa, quieren sacar del recinto penitenciario de Palmasola a estos miembros de la red de extorsión y corrupción para llevarlos en un avión huyendo del país a Brasil para utilizarlos desde allá y tumbar el caso de terrorismo y separatismo”.
Respecto al comentario que toca a la justicia (vocales y jueces) el presidente de la Sala Penal Primera, Willam Tórrez, se abstuvo de opinar. “Los juzgadores desafortunadamente nos vemos impedidos de emitir cualquier opinión extrajudicial bajo sanción”, dijo.
Pérez manifestó que el tribunal hizo una mala interpretación del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal que habla sobre cómo requisar y destacó que en ningún momento se pudo comprobar que él hubiera estado en el lugar.
Sobre el punto, Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados, aclaró que la Policía tiene competencia para realizar requisas dentro de centros penitenciarios, pero en estas no se puede decomisar documentación, solo objetos que puedan poner en riesgo la tranquilidad.
Pérez reconoció que su edecán y uno de los miembros de su seguridad estuvieron presentes en la audiencia del viernes en la que los acusados de extorsión mostraron sus golpes. “Les pedí que graben para que yo tenga el formato de todo el desarrollo de la audiencia, eso no transgrede ninguna normativa”, dijo.
GOLPES Y MORETONES
Sobre el maltrato a Boris Villegas, Denis Rodas, Fernando Rivera, Edward Mollinedo, Isabelino Gómez, Ramiro Ordóñez, Moisés Aguilera y Roberto Achá, el viceministro, Jorge Pérez, dijo que hay un informe del director de seguridad penitenciaria indicando que se trató de una revisión de rutina.
A ello se suma un informe del comandante de seguridad del penal que respalda la revisión, más el informe del comandante departamental que dice que él participó de la requisa y que se entrevistó con los presos.

sábado, 12 de abril de 2014

el Juez determinó Acción de Libertad para los 8 funcionarios que habían conformado la red de extorsión, ante la denuncia de correr peligro sus vidas. el Tribunal de Garantías reconoció la violaciones a los derechos constitucionales de los 8 detenidos. la audiencia duró 8 horas. OPINION

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz determinó ayer dar procedente la Acción de Libertad presentada por los ocho exfuncionarios de gobierno acusados de conformar presuntamente una red de extorsión, quienes denunciaron que sus vidas corren peligro en las celdas del PC 7 de Palmasola tras la ilegal requisa en horas de la madrugada del jueves pasado por parte de presuntos efectivos policiales "encapuchados y de civiles". 

A la conclusión de la audiencia, que duró más de ocho horas, el exabogado del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, mostró su beneplácito por la determinación judicial, sin embargo, sostuvo que se aguardará la ratificación o rechazo a esta resolución por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 



"El tribunal de garantías ha reconocido de las ilegalidades y arbitrariedades de esa violación a los derechos constitucionales, ha reconocido la vulneración a derechos humanos por parte de esos malos funcionarios que han ingresado de manera violenta irrumpiendo a nuestro lugar donde guardamos detención", manifestó a los medios de prensa. 

Rivera reiteró que fueron víctimas de abusos físicos y sicológicos por parte de "funcionarios de gobierno" cuando ingresaron a sus celdas de forma violenta y encapuchados a la una de la madrugada del jueves. 

En la audiencia, el exfiscal de La Paz, Edward Mollinedo, determinó ya no emitir ninguna declaración sobre los casos donde supuestamente existe una manipulación de la justicia por parte del Gobierno debido a la presión sicológica realizada por los "encapuchados" dentro de su celda. 

"Yo tengo las fotografías de mi madre de 86 años en la pared de mi celda, de mi esposa y de mis tres hijas menores de edad, esta gente viene saca fotografías y filma a nuestros familiares, ¿eso no es amedrentarme?, ¿no es una amenaza psicológica?, para qué quieren las fotografías de nuestros familiares. Voy a callar, no voy a hablar más díganle al viceministro (Jorge Pérez) que no voy hablar más porque han conseguido conmigo, estoy amedrentado, estoy asustado", dijo Mollinedo. 

Fernando Rivera, Denis Rodas, exabogados del Ministerio de Gobierno; Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior, además de los exfiscales Isabelino Gómez, Edward Mollinedo, Roberto Achá (exfiscal del caso Ostreicher), y los exfuncionarios de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Ramiro Ordóñez y Moisés Aguilera son los acusados por el Gobierno de conformar una supuesta red de extorsión de varios procesos de interés del Estado y de casos particulares.

El artículo 125 de la Constitución Política del Estado señala: "Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad".

no pudieron negar las evidencias y el Tribunal no tuvo otra que declarar "que el operativo en Palmasola fue ilegal" rechazó los argumentos del Viceministro Péez. reclamaron los presos "respeto por sus vidas". senadoras y diputadas estuvieron presentes.

La justicia declaró ilegal el operativo nocturno realizado en Palmasola, donde fueron presuntamente agredidos ocho detenidos de la denominada red de extorsión.
El Tribunal de Garantías de la Sala Penal, a la cabeza del presidente Sigfrido Soleto, dictó la resolución argumentando que tal “requisa carecía de argumento administrativo y jurídico”.
"Los informes presentados por el Viceministerio carecen de argumentos para negar las acusaciones de golpiza, por lo tanto se concede la tutela a los accionantes, porque el operativo fue ilegal", fueron las palabras de Soleto, presidente del Tribunal de Garantías de la Sala Penal Primera que resolvió el recurso.


El juez, indicó que los implicados en red de extorsión no lograron probar la presencia en la cárcel del viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, el día del operativo .
Soleto ordenó que en un plazo de 24 horas, se realice la revisión médica a cargo de forenses a las ocho personas que denunciaron haber sufrido una golpiza.

Denuncias. El exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, los exasesores del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Denis Roda; los exfiscales Edwar Mollinedo, Isabelino Gómez y Roberto Achá; más los exfuncionarios de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi), Moisés Aguilera y Ramiro Ordóñez, todos involucrados el caso de extorsión a Ostreicher han revelado acciones del Gobierno, denunciaron la golpiza sufrida en la madrugada del jueves en el pabellón B del PC7 de Palmasola, donde guardan detención preventiva.
Villegas, relató que encapuchados ingresaron de manera violenta  a la 1 de la mañana, golpearon las puertas exigiéndoles que se retiren de las celdas. Rivera, precisó que con esta actitud, se vulneraron sus derechos. "Nosotros no hacemos show, no somos payasos, solo queremos respeto a nuestras vidas", manifestó Rivera.
Denis Roda explicó que al entrar en su celda tiraron la puerta y lo golpearon en el rostro, ocasionándole hematomas por el lado del ojo izquierdo.
Mollinedo reconstruyendo los hechos, se colocó en la cabeza una media nylon que presuntamente le quitaron a uno de los agresores y una gorra que supuestamente pertenecía a Samuel Villegas, quien comandó la “requisa” y dijo ser el director de Régimen Interior, pero que mediante un informe escrito leído en la audiencia de ayer, se identificó como abogado interior del Ministerio de Gobierno.
Dijo que de manera permanente reciben amedrentamiento, inclusive manifestó que en su celda toman imágenes de las fotografías que tiene en la pared de su celda.
"Si no hubiera sido por el señor Moisés (Aguilera) hubiera caído del segundo piso por las patadas que recibí", dijo Ordóñez, respaldado por el mismo Aguilera.

Defensa. La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDDHH) en Santa Cruz, Marinés Alvis, presenció la audiencia y confirmó que en su visita al penal la tarde del jueves, evidenció que los internos habían sido golpeados y que inclusive no les permitieron la cercanía con los medios de comunicación. La versión de la representante de Derechos Humanos contrasta con la afirmación del ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien el jueves dijo que lo que hubo en Palmasola fue una requisa de rutina y a los de la red de extorsión no se los tocó "ni con el pétalo de una rosa".

Denuncian intento de traslado. Los detenidos denunciaron, que habrían recibido información de que el Ministerio de Gobierno estaría planificando su traslado de todos los implicados a diversos recintos penitenciarios del país. "Solo pedimos respeto y garantías para nuestras vidas, nosotros en el pabellón B del PC7 donde estamos detenidos nos sentimos seguros por los policías que cuidan el lugar, no queremos que nos trasladen", dijo Rivera.
En medio de la audiencia, en dos oportunidades se registraron inconvenientes, después de que los exfuncionarios del Gobierno, ahora detenidos identificaran a agentes de inteligencia en la sala. En el primer incidente, el aludido dijo ser estudiante, pero Mollinedo lo interpeló exaltado, asegurando que habían trabajado juntos.
El segundo agente identificado, confirmó ser funcionario del Ministerio de Gobierno.
El comandante nacional de la Policía, Wálter Villarpando, pidió a las autoridades de Palmasola, un informe sobre la requisa.
Acciones
Detalles de lo sucedido en la audiencia
Vínculos. El abogado de Denis Roda indicó que uno de los vocales del Tribunal, Willam Tórrez, tendría vínculos con el viceministro Jorge Pérez. Esto fue negado por el aludido.

Presentes. Las parlamentarias: Carmen Eva Gonzales, Centa Reck, Maida Paz y Jessica Echeverría, participaron de la audiencia, indicando que en calidad de autoridad estaban fiscalizando.

Pruebas. Los accionantes llevaron a la audiencia los papelógrafos que armaron para explicar  la semana pasada a los parlamentarios de la 'Comisión de la Verdad' la conformación del 'Gabinete jurídico'. Afirman que esta instancia manipulaba los procesos contra los opositores y planificaba la injerencia en la justicia.

Revisión. Edward Mollinedo, pidió les faciliten un examen oftalmológico, para comprarse nuevos lentes, porque en el operativo se los quebraron.