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viernes, 31 de octubre de 2014

via crucis, camino doloroso de Marco Monasterio profesional abogado detenido sin saber porqué hace 4 años y preso de Evo Morales, en el caso Terrorismo. contó su lastimosa historia a manos de sus esbirros, su detención y traslado a La Paz. Soza lo había ordenado, hoy Soza está refugiado en Brasil y desde allí denuncia a Evo y al tenebroso aparato de represión montado para inculpar a otros del crimen cometido por la Policía a órdenes del Vice García.

Me detuvieron en el 2010 sin orden de aprehensión y de manera ilegal”, dijo Marco Monasterio, uno de los acusados del caso Rózsa, en su declaración ante el Tribunal Primero de Sentencia de La Paz, que administra el juicio oral.
En su defensa material, este profesional abogado, acusado por Marcelo Soza de supuestamente haber entregado cartografía electoral a Eduardo Rózsa, lamentó las violaciones a los derechos humanos cometidos por la justicia boliviana contra los imputados.
Relató la manera en que fue detenido el 5 de abril del 2010, un día después de las elecciones regionales en el país, en las que tuvo participación activa como  secretario de Cámara de la Corte Departamental Electoral (CDE).
“Estaba a dos cuadras de mi trabajo que era la CDE (hoy Tribunal Electoral Departamental), cuando me detienen dos hombres armados”, explicó Monasterio.
De allí, lo suben a un taxi hasta el segundo anillo de la avenida Cristo Redentor, posteriormente lo suben en otro vehículo hasta el cuarto anillo y de allí en otro hasta el surtidor Genex del sexto anillo. Relató que fue seguido por  una camioneta negra conducida por el alemán Dirk Schmidt, quien trabajaba para el ex viceministro Gustavo Torrico.
Dijo que después que los policías le quitaron su billetera y su celular, lo trasladan hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). En ese lugar, cuando Monasterio se encontraba detenido con el abogado Gary Prado Araúz, juntos le pidieron al comandante de  esa repartición, Miguel Gonzales, que les muestre la orden de aprehensión, pero admitió que no la tenía y que se la entregarían cuando llegue a La Paz.
Lo chantajearon. A tiempo de denunciar ser víctima del chantaje del exfiscal Soza, al ser obligado a firmar una declaración elaborada a cambio de una detención domiciliaria, Monasterio lamentó que por un portón y vidrios rotos, Soza acusó a 39 personas por supuesto terrorismo y alzamiento armado sin demostrarlo, en cambio quedó en la impunidad la ejecución por efectivos policiales de tres personas en el hotel Las Américas, el 16 de abril del 2009.

martes, 28 de octubre de 2014

nombrado Embajador Jerjes por Evo, salió de Bolivia "lo primero será enjuiciar a Veja"...han pasado años ahora dice "ningún abogado quiere hacerlo, todos le tienen miedo a VEJA" y ahí están las cosas. ahora su tiempo se le acaba y debe regresar con el rabo entre las piernas. otro fracaso del MAS.

El embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano, dijo que el anunciado proceso judicial en contra de la revista brasileña Veja finalmente no se concretó porque se trata de un medio de comunicación al que sería “imposible” ganar un proceso de estas características y porque todos los abogados le tendrían miedo.
Jerjes de camisa blanca. Joaquín y Mauricio Aira, Alfonso Rojas y Luis Montes de Oca

“Nosotros no hemos iniciado la acción penal de ninguna manera (...), yo conversé con varios abogados aquí (en Brasil) pero todos me decían que no, porque es imposible ganar a Veja, le tienen miedo. (Este medio brasileño) es una revista sensacionalista que vende mucho y a eso le tienen mucho temor. Veja tiene otros medios, es una multimedia, tiene canales de televisión, a la red O Globo, es todo un tinglado de medios de comunicación muy poderoso”, dijo Justiniano, en declaraciones a ERBOL.
La revista Veja, que vende millones de ejemplares en Brasil, en dos oportunidades publicó notas sobre autoridades bolivianas y sus supuestas implicancias en la actividad del narcotráfico. En 2012, el cuestionado medio de comunicación presentó su “información” sin pruebas bajo el título de “La República de la Cocaína”  en referencia a Bolivia.
En esa primera nota, la revista vinculó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana y de la excandidata a la Gobernación del Beni, Jessica Jordan, con el brasileño Maximiliano Dorado Munhoz Filho (narcotraficante sentenciado).
En la segunda publicación difundida en septiembre de 2013, Veja calificó a Justiniano como representante del narcotráfico en Brasil. “Esa revista dijo que yo era embajador del narcoestado, eso no puede ser”, recordó.
Además Justiniano sostuvo que las denuncias contra algunos medios de comunicación poderosos se convirtieron en un negocio de los abogados en Brasil porque resulta que en el caso boliviano uno de los consorcios quiso cobrar al Estado Plurinacional una cifra económica “absurda”.
“Usted inicia el juicio a una revista de esas y un consorcio de abogados nos (quiso) cobrar 500 mil dólares; por favor, no vamos a pagar 500 mil dólares, el más barato nos (quiso) cobrar 200 mil dólares; considero un absurdo (esos montos) y yo fui respaldado por el presidente (Evo Morales) en sentido de que no iniciemos (el juicio contra Veja)”, acotó el Embajador.
Sin embargo, insistió que la Embajada hizo todas las denuncias pertinentes mandando cartas notariadas e incluso a través de la Cancillería pidiendo que se publique la contraparte en Veja.
“Pero no publicaron (nada), es lo más antidemocrático que existe en esa revista, es una dictadura de los dueños, ahí se maneja irresponsablemente, entonces no íbamos a tirar al tacho 500 mil dólares para un juicio donde no teníamos posibilidad de ganar. Ellos dicen que en Bolivia lo que se dio fue información confidencial de un policía (...), esta revista solo quiere desacreditar al gobierno de Bolivia y Brasil”, apuntó.

lunes, 27 de octubre de 2014

ministra Achacollo firmó contratos para proyectos fantasmas. de por medio un crimen de campesino que denunció lo irregular. la Confederación de Campesinos en San Javier denuncia retardación en el trámite a la par que los recursos entregados a favoritos del MAS, no aparecen. se esfumaron?

El secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Joel Guarachi, aseguró que la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, firmó la resolución para un proyecto “fantasma” en la comunidad 26 de Julio, municipio de San Javier (Santa Cruz).
El representante sindical indicó este domingo a Erbol que la autoridad gubernamental es la persona clave que da luz verde a la ejecución de obras del Fondo indígena (Fondioc) y en esta oportunidad también avaló su ejecución.

“Ella es la que da resolución para que se le dé el proyecto. Hoy nuestros compañeros peregrinan, un punto o una coma mal ubicada, la señora Achacollo observa nuestro proyecto”, indicó.
En mayo de 2014 una comisión del Fondo Indígena, a la cabeza del segundo secretario General de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)  verificó que en la población 26 de Julio “no se hizo nada”. Al contrario se identificó la construcción de un galpón, fuera del área comunal, de un costo de Bs100 mil.
A raíz de asunto es que surgió una acusación contra Eliomar Guasico Malala, por el asesinato de Jacobo Soruco Cholima, uno de los denunciantes de la obra fantasma.
“Hay (otro proyecto) que va y viene durante seis meses y nada, pero a este proyecto (la obra fantasma) le dan la plata y que beneficia a gente que vive en La Paz. Eso nos hace ver que hay amistad o que hay algo entre ellos. Nos preocupa que la plata que nos costó conseguir en la lucha esté siendo despilfarrada”, agregó
Características del proyecto
Joel Guarachi señaló que hasta el momento para el proyecto observado por la CSUTCB el Fondo Indígena desembolsó Bs 598 mil de al menos Bs 1 millón presupuestados.
“Hay cosas raras, los parantes los pusieron de palos de cuca, hicieron horcones y han hecho una casa ahí para decir que están haciendo. Ahora resulta que estaban queriendo sacar el segundo desembolso y pese a que no habían hecho nada”, agregó.
Guarachi manifestó que la inversión en esa infraestructura cuestionada no supera los Bs 100.000.
“Ahí estaban por pedir el desembolso y será por eso que se preocupó don Jacobo Soruco. Mi directorio me dijo que había que hacer una auditoría a los proyectos, aunque no hay recursos”, afirmó.
Muerte de Soruco
Jacobo Soruco antes de morir acusó a Eliomar Guasico de quedarse hace dos años con más de 600 mil bolivianos, que estaban destinados para la construcción de una granja para cerdos.
También lo señaló de traficar tierra y madera en la comunidad 26 de Julio. Una representante del lugar aseguró que el desafortunado exdirigente se volvió un “estorbo” para Guasico.
“Viene bien asociado la corrupción del proyecto indígena (con): tráfico de tierra y tráfico de madera. El compañero Jacobo Soruco fue una de las personas que denunció en todos los medios y estaba siguiendo los pasos. Ya había venido el Fondo Indígena a ver de que el proyecto no existía y ya se había sacado un millón de bolivianos a nombre de la comunidad y él como dirigente quería que se esclarezca la verdad y de esta manera fue que llegó a ser estorbo para varias personas”, aseveró Kathia Chávez.
Guarachi este domingo dijo que un sicario mató a Soruco, porque Eliomar Guasico incitaba “para que no moleste más”.
“Darío Vaquero era parte del grupo de choque del dirigente Eliomar Guasico Malala, al haber asesinado a sangre fría es un sicario. Eliomar lo trajo a Darío, aunque los verdaderos responsables son otros”, enfatizó.
Investigaciones
Joel Guarachi anunció que continuará con las investigaciones hasta que los responsables de desviar los recursos del Fondioc y quienes están detrás de la muerte de Jacobo Soruco, sean castigados.
La ejecutiva de los campesinos del Beni, Katia Chávez, aseguró que no sólo en la comunidad 26 de Julio se malversaron los proyectos productivos, pues se desconoce qué se hizo con 7.5 millones de bolivianos que entre 2012 y 2013, exdirigentes de la CSUTCB y de esa región sacaron a nombre de las comunidades campesinas.
El presidente Evo Morales pidió en 2013 a la Contraloría General que inicie una auditoria al Fondioc, tras conocerse denuncias sobre proyectos “fantasmas”, pero hasta la fecha no se conocen.

jueves, 23 de octubre de 2014

por primera vez Racicot se atreve a intervenir directamente reclamando por dos tribunas Chávez y Velásquez a punto de ingresar a la cárcel por acción del Ejecutivo y según "sentencia anticipada que emitió García Linera". veremos si la ONU tiene fuerza en Bolivia

El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dennis Racicot, cuestionó el juicio de responsabilidades que la Asamblea Legislativa realiza contra las magistradas del Tribunal Constitucional (TC), Ligia Velásquez y Zoraida Chávez, por emitir un auto constitucional para suspender la aplicación de la Ley de Notariado.



“Hemos observado algunos aspectos de los procedimientos que se deben aplicar en estos momentos, nos parece que como lo mencionaron las magistradas y sus representantes  hay problemas respecto a las notificaciones y otros aspectos (…) es sumamente importante  apegarse a los  procedimientos, tal como son para que por lo menos la defensa  de las magistradas en este contexto se a plena de vencer en respeto a la democracia”, manifestó

Recomendó a los legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados cumplir su tarea. “Es importante que la Asamblea de la Legislativa  tome conciencia de su rol en particular en la administración de justicia en materia penal es sumamente delicada porque la Asamblea  Legislativa  no está diseñada para ese motivo y que el ejercicio  jurídico es normalmente del Tribunal  (Constitucional)”,  añadió Racicot

El martes, el juicio contra las magistradas del Tribunal Constitucional fue suspendido hasta el martes 4 de noviembre, debido a que el Tribunal de Sentencia, conformado por 22 senadores, consideró el estado de salud de la procesada Velásquez, quien por la mañana sufrió una descompensación al ingreso de la Asamblea Legislativa.

lunes, 20 de octubre de 2014

enorme retardo. el delitó se cometió en 2007. han tenido que pasar 7 años para encarcelar a uno de los culpables Eduardo Peinado, hasta hoy protegido de muy alto. debe responder por corrupción cuando viceministro de Mediana y Gran Empresa estafó al Estado.

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz determinó revocar la detención domiciliaria del ex viceministro de Mediana y Gran Empresa, Eduardo Peinado y enviarlo en detención preventiva a la cárcel de San Pedro en el marco del caso Papelbol.



Según la fiscalía, Peinado cometió los delitos de Uso indebido de influencias (Artículo 146 del Código Penal), Incumplimiento de deberes (Artículo 154 Código Penal), Conducta Antieconómica (Artículo 224 del Código Penal), cuyas penas oscilan entre dos a ocho años de cárcel.

La viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Jessica Saravia afirmó que la justicia tomó una acertada determinación tomando en cuenta el daño económico causado al Estado de más de 13 millones de bolivianos. El abogado de Peinado, Jorge Tapia calificó como errada la determinación judicial.

Papelbol se creó mediante Decreto Supremo 29255 de fecha 5 de septiembre de 2007, y se dispuso su instalación en Villa Tunari, provincia Chapare, departamento de Cochabamba.

viernes, 17 de octubre de 2014

la defensa de los inculpados resolvió prescindir del testimonio de "los testigos" por ahora presos en Palmasola, a fin de proseguir el juicio llamado Terrorismo que lleva más de 4 años, algo nunca visto en la historia jurídica del Continente. El Dia, SC

Molesto por el rechazo de la recusación a los jueces del tribunal de sentencia en el caso Rózsa, el abogado Otto Ritter señala que los mencionados juristas responden a órdenes que emanan del Gobierno.
"Los jueces cumplen órdenes desde el Gobierno y por eso rechazan la recusación que hemos presentado", manifestó a los medios de comunicación Ritter.

El pasado miércoles, defensores  de 18 imputados presentaron una recusación en contra del presidente del Tribunal de Sentencia,   Sixto Fernández y de la jueza ciudadana Sonia Mamani por presunta parcialidad.
Molestia. La juez técnico, Elena Gemio, fue quien se encargó de resolver la recusación presentada, misma que al final fue rechazada y dio vía libre al regreso de Fernández como cabeza del tribunal.
Gemio tomó la determinación luego de que Sonia Mamani se retractó de anteriores declaraciones en las que señalaba a  Sixto Fernández por incumplirle promesas y presionarla para que siga en el caso y la que admitía además  haber recibido ayuda del Ministerio de Gobierno.
"Yo tengo personalidad, decido por mí misma, nunca he recibido nada, se ha malentendido lo que he dicho", fueron las palabras de Sonia Mamani.
Gemio dio la potestad a Fernández para continuar con el curso del juicio oral, aunque la defensa presentó una apelación para que se resuelva esta recusación rechazada.
Renuncias. Al continuar con el interrogatorio al testigo Boris Villegas, se generó polémica por las permanentes objeciones desde el Ministerio Público a las preguntas de los abogados defensores.
Durante toda la jornada de ayer, solo dos preguntas fueron respondidas por Villegas, debido a que el resto fueron objetadas por los fiscales.
El abogado Gary Prado, defensa de su padre Gary Prado Salmón y de Marco Antonio Monasterio, indignado por las obstaculizaciones continuas de la Fiscalía en el interrogatorio, informó que su defendido Monasterio y otros imputados a quienes también  copatrocina, determinaron renunciar al interrogatorio del testigo.
Indicó que tal determinación vale para lo que resta de declaración de Villegas y los próximos testigos Fernando Rivera y Claudia D'arruda.
"No creemos que se esté realizando una correcta administración de justicia. Su autoridad viene vulnerando nuestros derechos constitucionales. Por un lado no hace una correcta administración de justicia y por otra el Ministerio Público no deja preguntar", le dijo Guido Colque, abogado de Ignacio Villa Vargas, al presidente del Tribunal.
El gabinete sabía de anomalías, según Villegas. En la ronda de preguntas de los fiscales, el testigo Boris Villegas aseguró que los ministros y viceministros conocían de las irregularidades del caso, pero que las justificaban.
Indicó que los que tenían pleno conocimiento eran Alfredo Rada, Sacha Llorenti, Wilfredo Chávez, Carlos Romero, Nardi Suxo, Héctor Arce, Rubén Saavedra, Walker San Miguel y todos los que componían el denominado "gabinete jurídico", mismos que minimizaban el actuar irregular. "Todo se tenía que hacer por la patria, porque era un caso de seguridad nacional y de seguridad de Estado y (decían) que por encima de la ley estaba la patria. La patria es indivisible y la patria no se negocia", subrayó Villegas al referirse a las respuestas de altas autoridades y exfuncionarios del Gobierno.

miércoles, 15 de octubre de 2014

Juez Sixto Fernández recusado por 18 de los 21 acusados razón que determinó la suspensión de la audiencia (miércoles) hasta jueves, el caso podría volver a fojas cero. (?)

Hoy, nuevamente la audiencia en el caso terrorismo fue suspendida por el Tribunal Primero de Sentencia luego de que 18 de los 21 acusados presentaran un recurso de recusación en contra el juez Sixto Fernández y la jueza ciudadana Sonia Mamani.

Ambos jueces deberán responder a esta recusación en la audiencia fijada para mañana a las 9:00, en caso de que la acepten, el caso podría volver a foja cero y pasaría al Tribunal Segundo de Sentencia.
Si se diera esta situación, abogados defensores consideran que se demoraría entre dos a tres semanas más.
Desde ayer los acusados firman un pedido dirigido al juez Fernández para que éste les remita la copia del cuadernillo de acusaciones a fin de digitalizarlo y hacerlo público para que se conozca en Bolivia y el exterior.