Noble actitud de El Deber.
Reclama Unidad frente al chantaje de Soza
Un nuevo testimonio aportado por un conocido empresario de Santa Cruz ha confirmado que el fiscal Marcelo Soza, investigador del “caso terrorismo”, realizó contactos informales con personalidades del medio, usando como base la vivienda de Ana Claudia Arruda, una mujer vinculada a la excandidata a gobernadora por el Beni, Jessica Jordan, una de las principales apadrinadas políticas de los grandes jerarcas del oficialismo.
El testimonio del industrial se realizó en el marco de un proceso iniciado contra Soza por graves actos de corrupción y si bien el declarante no ha admitido que fue víctima de extorsión, tal como lo había sugerido el exprefecto Zvonko Matkovic, sí aportó una serie de datos que ayudan a esclarecer el comportamiento y las estrategias de persecución que puso en práctica el exhombre fuerte del Ministerio Público, punta de lanza de la guerra gubernamental contra la dirigencia autonomista cruceña.
Se ha podido evidenciar que Soza tenía en su poder listas de personalidades que hacía circular de manera subrepticia con el fin de obtener ventajas económicas por la vía del chantaje. De hecho, el empresario citado dijo haberse enterado que su nombre figuraba en una de esas nóminas y que se contactó informalmente con el fiscal para averiguar los detalles.
Desde ya, el hecho de que un funcionario responsable de una investigación judicial tan seria y delicada, opere de esa manera, totalmente al margen de los procedimientos legales, constituye una irregularidad que es necesario esclarecer a fondo, pues ahí radican las principales sospechas de que el caso Rózsa no sea más que un gigantesco plan político destinado a amedrentar a quienes asumieron posturas de disidencia frente al régimen gobernante. De acuerdo al testimonio de Matkovic, quien asegura haber pagado cifras exorbitantes al fiscal Soza, éste habría sometido al mismo método de coerción a decenas de empresarios y líderes de instituciones que directamente accedieron a pagar ya sea para que sus nombres no sean involucrados con actos de terrorismo o para ser apartados del proceso que actualmente se sigue contra 39 personas.
La reacción de Matkovic ha sido justamente una forma de decir “ya basta” a todo este montaje y a la manera cómo algunos operadores del Gobierno han logrado doblegar a las élites regionales. El hecho de que muchos sigan optando por el silencio y la humillación indica cuán fuerte ha sido la arremetida oficialista y la valentía de los que se atreven a hablar y denunciar es una invocación a actuar de frente en busca de justicia y transparencia.
Con la más reciente arremetida en contra del empresario norteamericano Jacob Ostreicher, ha quedado al descubierto –tal como él mismo lo denunció-, que el aparato de chantaje que ha estado operando bajo las órdenes de algunos miembros del gabinete, aún se mantiene intacto y sigue operando de forma flagrante y bajo la protección oficial.
Existen quejas en todos los ámbitos por el desdén, el maltrato y el abuso que el centralismo pone en práctica en Santa Cruz. Eso se observa en el cercenamiento de los recursos, en los atropellos que se cometen contra la autonomía, en la manipulación de los datos del Censo y en las arbitrariedades ejecutadas hacia el aparato productivo cruceño. Pero lamentablemente la región parece haber perdido el sentido de unidad para contrarrestar de alguna forma esta embestida que se agudiza cada día. Si no existe la fuerza ni siquiera para repeler una ignominia como la que se puso en marcha con el caso Rózsa y todo ese cuadro de chantaje, menos se va a conseguir fuerza para luchar por la libertad y la dignidad.
El testimonio del industrial se realizó en el marco de un proceso iniciado contra Soza por graves actos de corrupción y si bien el declarante no ha admitido que fue víctima de extorsión, tal como lo había sugerido el exprefecto Zvonko Matkovic, sí aportó una serie de datos que ayudan a esclarecer el comportamiento y las estrategias de persecución que puso en práctica el exhombre fuerte del Ministerio Público, punta de lanza de la guerra gubernamental contra la dirigencia autonomista cruceña.
Se ha podido evidenciar que Soza tenía en su poder listas de personalidades que hacía circular de manera subrepticia con el fin de obtener ventajas económicas por la vía del chantaje. De hecho, el empresario citado dijo haberse enterado que su nombre figuraba en una de esas nóminas y que se contactó informalmente con el fiscal para averiguar los detalles.
Desde ya, el hecho de que un funcionario responsable de una investigación judicial tan seria y delicada, opere de esa manera, totalmente al margen de los procedimientos legales, constituye una irregularidad que es necesario esclarecer a fondo, pues ahí radican las principales sospechas de que el caso Rózsa no sea más que un gigantesco plan político destinado a amedrentar a quienes asumieron posturas de disidencia frente al régimen gobernante. De acuerdo al testimonio de Matkovic, quien asegura haber pagado cifras exorbitantes al fiscal Soza, éste habría sometido al mismo método de coerción a decenas de empresarios y líderes de instituciones que directamente accedieron a pagar ya sea para que sus nombres no sean involucrados con actos de terrorismo o para ser apartados del proceso que actualmente se sigue contra 39 personas.
La reacción de Matkovic ha sido justamente una forma de decir “ya basta” a todo este montaje y a la manera cómo algunos operadores del Gobierno han logrado doblegar a las élites regionales. El hecho de que muchos sigan optando por el silencio y la humillación indica cuán fuerte ha sido la arremetida oficialista y la valentía de los que se atreven a hablar y denunciar es una invocación a actuar de frente en busca de justicia y transparencia.
Con la más reciente arremetida en contra del empresario norteamericano Jacob Ostreicher, ha quedado al descubierto –tal como él mismo lo denunció-, que el aparato de chantaje que ha estado operando bajo las órdenes de algunos miembros del gabinete, aún se mantiene intacto y sigue operando de forma flagrante y bajo la protección oficial.
Existen quejas en todos los ámbitos por el desdén, el maltrato y el abuso que el centralismo pone en práctica en Santa Cruz. Eso se observa en el cercenamiento de los recursos, en los atropellos que se cometen contra la autonomía, en la manipulación de los datos del Censo y en las arbitrariedades ejecutadas hacia el aparato productivo cruceño. Pero lamentablemente la región parece haber perdido el sentido de unidad para contrarrestar de alguna forma esta embestida que se agudiza cada día. Si no existe la fuerza ni siquiera para repeler una ignominia como la que se puso en marcha con el caso Rózsa y todo ese cuadro de chantaje, menos se va a conseguir fuerza para luchar por la libertad y la dignidad.
La región parece haber perdido el sentido de unidad para contrarrestar de alguna forma esta embestida que se agudiza cada día. Si no existe la fuerza ni siquiera para repeler una ignominia como la que se puso en marcha.
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