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sábado, 3 de junio de 2017

en Bolivia solo dos entidades pueden captar recursos director del público, los bancos y las cooperativas dentro de un marco de seguridad llamado "encaje legal", sin embargo surgen de cuando en cuando "otras entidades" generalmente arropadas por publicidad y "atractivos engañosos" hasta que se descubre la verdad y aparecen las víctimas. aplausos a ASFI que actuó con firmeza y destrozó BITCOIN el negocio de dinero electrónico, deteniendo a 60 de sus operadores.


Bolivia ante el reto del Bitcoin

El tema de las monedas virtuales --entre las que se destaca el Bitcoin-- no es nada simple. Por eso, son cada vez mayores los esfuerzos que se hacen para abordar el asunto con la seriedad que merece.

Una serie de noticias relacionadas con el desmantelamiento de más de una red delictiva que había estafado cuantiosas sumas de dinero a muchas personas en La Paz, Santa Cruz y otras ciudades de nuestro país, han llamado la atención sobre el uso del dinero electrónico, especialmente el Bitcoin, el más importante signo monetario virtual.

Cuando el tema salió a la luz pública, lo hizo desde las páginas policiales e incluso de las secciones de crónica roja. Todo comenzó cuando se informó sobre unos operativos policiales que condujeron a la detención de 60 personas en Santa Cruz, acusadas del delito de estafa perpetrado mediante la aplicación de la famosa fórmula de la pirámide de Ponzi para captar dinero de personas incautas para invertir en diamantes y en la moneda virtual Bitcoin.

La dimensión policial del escándalo aumentó cuando se informó que decenas de personas que habrían sido víctimas de esa estafa piramidal saquearon las oficinas de la empresa Bitcoin Cash, le prendieron fuego y secuestraron al padre del que habría sido autor intelectual del engaño.

El asunto podía haber quedado como uno más entre otros casos similares en los que personas ingenuas, mal informadas o demasiado ambiciosas son presa fácil de organizaciones dedicadas a montar estafas a gran escala. Pero eso no ocurrió en esta oportunidad porque se introdujo un elemento novedoso. Es que el medio a través del que se engañó a la gente no era uno convencional sino el Bitcoin, una moneda que a pesar de tener ya casi una década de vigencia en el mundo, recién está comenzando a ser conocida en nuestro país.

A la natural confusión a la que se prestó lo novedoso del “instrumento del delito”, se sumó la reacción oficial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), que a través de su directora Ejecutiva tomó cartas en el asunto. Lo primero que hizo fue anunciar campañas informativas en las principales capitales del país y ciudades intermedias, como en el Chapare, El Alto, donde se detectó la mayor parte de los casos, de modo que la gente, al estar bien informada, no sea fácil víctima de los estafadores.

Lamentablemente, esa buena intención fue desvirtuada porque lejos de contribuir a una mejor comprensión de conceptos tan actuales como “moneda virtual”, “dinero electrónico”, lo que hizo fue multiplicar la confusión, la desinformación y puso en evidencia que el Gobierno nacional está muy lejos de comprender la naturaleza e importancia de los vertiginosos cambios que están produciéndose en el mundo actual como directa consecuencia de la revolución tecnológica. Algo muy grave porque esa incomprensión impide una adecuada adaptación y, como es bien sabido, los países, así como las empresas o personas que no sepan asimilar los retos que plantean las nuevas tecnologías se ponen en desventaja y se condenan a la marginalidad.

El tema de las monedas virtuales —entre las que se destaca el Bitcoin— no es nada simple, como lo reconocen los más renombrados expertos en materia económica, legal, informática y policial, pues en todo el mundo está revolucionando la forma de realizar transacciones económicas pero también de cometer delitos. Por eso, son cada vez mayores los esfuerzos que se hacen para abordar el asunto con la seriedad que merece. Y eso no es, ni mucho menos, lo que muestra la ASFI.


ante el comunal financiamiento del Banco Goldman Sachs reacciona Oppenheimer y califica la acción como una "metidura de pata", en todo caso es una operación especulativa que eventualmente puede ayudar a Maduro, pero a la larga le costará muy caro a Venezuela.


Goldman Sachs metió la pata en Venezuela

               

Andrés Oppenheimer

Si hubiera una medalla de oro a la irresponsabilidad social corporativa, debería serle otorgada al banco de inversión Goldman Sachs por su decisión de darle un salvavidas financiero de $us. 2.800 millones al régimen represivo del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Según un artículo del Wall Street Journal que luego fue confirmado por el banco, Goldman Sachs Group Inc. compró $us. 2.800 millones en bonos del monopolio petrolero estatal venezolano Pdvsa, la principal fuente de ingresos del Gobierno. La firma pagó alrededor de $us. 865 millones por los bonos.

La compra de bonos, realizada a través de un intermediario, significa que —si Venezuela no se declara en moratoria— los bonos podrían generar una tasa de interés de 19 por ciento al año, más ganancias de capital.

Aunque no es raro que los bancos compren deudas de los países en quiebra, esta compra llama la atención porque viene en un momento en que el régimen de Maduro está contra las cuerdas, tras masivas protestas callejeras que han dejado casi 60 muertos en las últimas semanas.

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, envió el 29 de mayo una carta de protesta al presidente de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, diciendo que la “línea de salvación financiera del régimen servirá para reforzar la brutal represión desencadenada contra cientos de miles de venezolanos que protestan pacíficamente por el cambio político”.

Borges escribió que, considerando “el carácter irregular” de la transacción y sus “absurdas condiciones financieras”, el Congreso venezolano abrirá una investigación sobre el caso. Y agregó que recomendará “a cualquier futuro Gobierno democrático de Venezuela que no reconozca ni pague estos bonos”.

El profesor de economía de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, ex ministro de planificación de Venezuela, me dijo que lo que ha hecho Goldman Sachs “equivale a financiar una dictadura”.
“Goldman Sachs ha comprado bonos de hambre”, me dijo Hausmann. “El daño reputacional a Goldman Sachs será mucho mayor que los beneficios financieros que pueda obtener de esta operación”.
Días antes de conocerse la compra de Goldman Sachs, Hausmann había escrito una columna criticando el Índice de Bonos de Mercados Emergentes de JP Morgan por sus transacciones con Venezuela. Aunque Venezuela representa sólo el 5 por ciento de ese índice de JP Morgan, constituye una parte considerable de su rendimiento, porque la posibilidad de un default venezolano hace que los intereses que paga sean más altos.

Hausmann dice que los inversores se están engañando a sí mismos si piensan que no están haciendo algo malo, y que están comprando la deuda venezolana con la esperanza de que caiga Maduro. Una vez que Maduro se vaya, esos inversionistas estarán en el lado opuesto a la democracia, porque estarán apoyando el pago preferencial de sus bonos, en vez de querer que un nuevo Gobierno comience a invertir en la reconstrucción del país, dijo.

Hausmann admitió que sería poco realista —e injusto para con otros países emergentes en el fondo de JP Morgan— exigir que los inversionistas dejen de comprar papeles financieros de todos los países, porque Venezuela sólo representa una pequeña parte de ellos. La solución es que el público presione a JP Morgan para que elimine a Venezuela de sus fondos de mercados emergentes, me dijo Hausmann.

Mi opinión: Afortunadamente, mucho ha cambiado para mejor desde que algunas voces aisladas comenzaron a proponer las inversiones socialmente responsables en el siglo XVIII, y después de que la idea fue adoptada por cada vez más inversionistas desde los años 1960. Hoy en día, los inversores –especialmente los millennials– son mucho más propensos a invertir en empresas y países que respetan el medio ambiente y no suprimen los derechos civiles o políticos.

Es difícil prohibir que inversionistas sin conciencia social compren bonos venezolanos que rinden altos intereses si quieren jugar con su dinero, y arriesgarse a perder su dinero. También pueden ir al casino. Pero lo que podemos hacer es avergonzar públicamente a los bancos que rescatan a regímenes represivos como el de Venezuela. Y hay que hacerlo hasta que los bancos se den cuenta de que no vale la pena el dolor de cabeza.