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miércoles, 26 de abril de 2017

curiosa conducta de Guillermo Achá presidente interino de YPFB, primero dice "desconozco cómo y cuando se firmaron los contratos" siendo el primer responsable la opinión pública se informa que Achá había delegado estas tareas en segundos funcionarios, lo que resulta inaudito, más cuando sí firma disolución de mi megamillonario contrato con Driellmec.


Bolivia formaliza disolución del contrato con Drillmec


Bolivia comunicó a la petrolera italiana Drillmec la disolución de un contrato por casi $us 149 millones para la provisión de equipos de perforación, tras denuncias de presuntas irregularidades en su adjudicación, informó este miércoles una alta fuente oficial.
 

"Nosotros ya hemos hecho la disolución de este contrato, hemos notificado a la empresa Drillmec y esperaremos una respuesta oficial de esa instancia (empresa)", afirmó Guillermo Achá, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien sortea un fuerte embate político a causa de este asunto.
Achá advirtió que YPFB tampoco asumirá los gastos realizados por Drillmec, que se adjudicó en febrero pasado la provisión de tres taladros por $us 148,8 millones, en la construcción de estos equipos.
 

En caso de que Drillmec pudiera iniciar un litigio por la resolución del contrato, Achá señaló que "nosotros tenemos las instancias correspondientes para defender a la empresa (YPFB) en este caso".
 

Achá recibió la advertencia esta semana del Ministerio de Justicia de que debe asumir su responsabilidad por un probable daño económico al Estado. La Fiscalía inició procesos en cambio a un vicepresidente de YPFB, a 14 funcionarios y al representante de la empresa petrolera, por presuntas irregularidades en el contrato.
 

La Fiscalía no incluyó a Achá, mientras éste indicó que está disponible para cualquier investigación y que facilitará toda la información que se le requiera.
 

Entre tanto, la oposición señaló que Achá, quien aún goza de la confianza del presidente Evo Morales, es el directo responsable por el contrato e incluso por haber elevado el monto de contratación en 60 millones de dólares, según el senador opositor Oscar Ortiz.
 

"¿Cómo es que se elevó el precio de referencia en más de $us 60 millones y firma semejante resolución, el señor Achá?", cuestionó el legislador.
 

El presidente de YPFB señaló que no tuvo conocimiento del proceso de contratación, de acuerdo a normativas internas y que todas las etapas estuvieron a cargo del personal identificado por el Ministerio de Justicia y que todos fueron cesados en sus funciones.

es una verguenza. que la Alcaldía Municipal con toda su fuerza legal, en legítima defensa del interés colectivo, NO PUEDA llevar adelante una acusación y meter a la cárcel a los culpables del colapso. es inadmisible e inicuo que el Comité Cívico y otras instancias como Fiscalía y Procuradoría no reaccionen ya.


El puente colapsado en la av. Independencia y 6 de Agosto, el pasado 22 octubre de 2015. | Carlos López
El puente colapsado en la av. Independencia y 6 de Agosto, el pasado 22 octubre de 2015. | Carlos López

Alargan investigación del puente colapsado

La investigación por el puente colapsado en la avenida Independencia y 6 de Agosto se extenderá por seis meses por una nueva imputación contra el exsuperintendente de obra, Carlos Cimar Achabal, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de contrato.

“Según esta imputación, se entiende que habría existido negligencia en la ejecución de la obra. Habría sido el superintendente quien no observó estos hechos. Se trata de una persona contratada por la empresa Álvarez. Creemos que esta imputación es interesante por los elementos que muestra”, aseveró el secretario de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Sergio Coca.   

Por su parte, el imputado señaló que aún no fue notificado formalmente, sin embargo, asumirá defensa para demostrar que se cumplieron con todos los parámetros del contrato.

El puente de la avenida Independencia colapsó el 22 de octubre de 2015. La Alcaldía presentó denuncia contra cinco personas el 17 noviembre y en junio de 2016 fueron imputados: el exalcalde Edwin Castellanos; el diseñador y supervisor, Nelson Vega; el exoficial mayor de Infraestructura, Sergio Rodríguez; el exoficial mayor Financiero, Oswaldo Delgadillo, y la empresa constructora Álvarez.

La acusación o sobreseimiento debía presentarse el 6 de noviembre de 2016, sin embargo, los fiscales imputaron a una sexta persona: el fiscal de obra, Óscar Cortez. Por esta acción se amplió el plazo por seis meses que cumplían en mayo de 2017.

No obstante, con la nueva imputación, el proceso se ampliará por seis meses. En ese tiempo, además, se debe acusar o rechazar el caso. La investigación se realiza desde hace 17 meses.

Cambian fiscales
Un hecho que llama la atención de las partes es el cambio de los tres fiscales que iniciaron la investigación. El caso pasó a otro representante hace dos meses y otro se sumó hace 15 días.
El fiscal departamental, Óscar Vera, indicó que se trata de una decisión institucional. Los nuevos se interiorizan del proceso.
Por su parte, el abogado de la empresa Álvarez, Jorge Iriarte, indicó que se trata de una acción que genera demora y perjudica a los imputados que continúan con medidas sustitutivas. El informe técnico estableció una falla en los anclajes del puente.

TARDA EL DICTAMEN FINAL 
El secretario Jurídico de la Alcaldía, Sergio Coca, anunció que esta semana viajará a La Paz para reunirse con el contralor general del Estado, Henry Ara Pérez, para solicitar que emita el dictamen final de la auditoría del puente colapsado que demandó una inversión de 11 millones de bolivianos.

“Una vez que se tenga el documento, podremos asumir dos acciones. La primera es que se cumplan con las responsabilidades, porque nadie podrá eludirlas. La segunda podrá ser el congelamiento de cuentas, porque con la anotación de bienes no se llega ni a los 4 millones de bolivianos”, aseveró.
La Contraloría General del Estado inició una auditoría del puente colapsado por presunto daño económico, en 2015. El 1 de marzo de 2016, emitió un informe preliminar que halló indicios de responsabilidad civil en la empresa constructora Álvarez y el ingeniero que diseñó y a la ve supervisó la obra, Nelson Vega.

Ambas partes presentaron sus descargos para el informe final que estaba anunciado para agosto de 2016, sin embargo, hasta la fecha aún no se cuenta con el documento final. El daño económico se estima en 11 millones de bolivianos.    

OPINIONES
Sergio Coca, secretario Jurídico
Según lo que se puede leer en esta imputación, se estaría señalando que no fueron observados los hechos de negligencia por parte de la empresa mediante el superintendente de obra durante la ejecución del puente. Creemos que es una imputación interesante y estaremos atentos a lo que pueda pasar a partir de ahora. Aún esperamos la audiencia de medidas cautelares del nuevo imputado por el que se  está ampliando el plazo para el Ministerio Público.

Sergio Rodríguez, exfuncionario Infraestructura
Es una vergüenza que se dilaten los procesos, pero era de esperarse que se amplíe la investigación a quienes realmente tuvieron supervisión directa. Con el paso del tiempo, se va demostrando que es un proceso incorrecto, porque se debería resolver por la vía civil, no penal. Tal como ocurre con el puente Cobija. Esto se ha convertido en un show, un circo de parte de la Alcaldía, que es la primera en retrasar el proceso.
Jorge Iriarte, abogado Álvarez

Aún no fuimos notificados formalmente con la imputación. Sin embargo, hace dos meses que la investigación se quedó sin fiscales, porque los tres que comenzaron fueron dejando el proceso o transferidos. Por lo tanto, en este tiempo no hubo actividad procesal. De todos modos, hay mucho por investigar y muchas actividades procesales. Lo principal es investigar las irregularidades en el diseño y la supervisión. Ahora esperamos a los nuevos fiscales.

Óscar Vera, fiscal Dptal.
El proceso está con dos fiscales asignados. Uno está ya hace bastante tiempo en la Fiscalía Anticorrupción por lo que conoce el tema. El otro fiscal llegó hace dos semanas. Como en todos los procesos que dirige el Ministerio Público, se les ha pedido el cumplimiento de plazos, la máxima objetividad posible y que emitan las resoluciones oportunamente. Se cambiaron por razones institucionales y se vio conveniente.