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lunes, 30 de julio de 2012

Hernán Maldonado pregunta: el estado de la investigación por el contrabando de 33 camiones. Alvarado fue juzgado? Morales fué juzgado? y Santos Ramírez hasta dónde es culpable? las respuestas nunca llegarán


“Aquí no se perdona la corrupción”, aseguró el pasado fin de semana el presidente Evo Morales. Hechos y no palabras, le exigen la oposición y la opinión pública.
La afirmación presidencial tuvo que ver con el nuevo escándalo que sacude las estructuras de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la estatal petrolera nacionalizada.
Morales salió en abierta defensa del vapuleado presidente de esa institución, Carlos Villegas, de quien se piensa que muy difícilmente pudo ignorar suculentos negociados a sus espaldas.
“Saludamos el trabajo honesto y responsable del licenciado Villegas. Todo nuestro apoyo a este compañero… acusado y calumniado por alguna gente”, sentenció Morales.
El nuevo escándalo tiene que ver con supuestos casos de malos manejos en la adjudicación y construcción de dos plantas de separación de líquidos en el oriente boliviano. Están detenidos cuatro altos funcionarios.
Morales denunció que “hubo gente que se infiltró en YPFB para robar (¿Quién nombra a esos funcionarios?). A esa gente hay que castigar. Aquí no se perdona la corrupción”.
¿De verdad presidente? Para no ir muy lejos. ¿En qué estado está la investigación sobre el gigantesco contrabando de los 23 camiones descubierto en Pando y qué hace actualmente el principal acusado?
Morales “nacionalizó” YPFB y en menos de 3 años tuvo seis presidentes. Uno de los primeros, Jorge Alvarado, fue obligado a renunciar y, antes de cualquier investigación, fue designado embajador en Venezuela.
Su renuncia se produjo luego de un dictamen de la Superintendencia de Hidrocarburos que señaló que Bolivia iba a perder hasta $39 millones si no se frenaba un contrato irregular para la venta de 2.000 barriles de crudo a Brasil.
Pese a las evidencias, que incluyeron el despido de toda la plana mayor de YPFB, Morales defendió la “incorruptibilidad” de Alvarado. “Posiblemente haya incurrido en algunas fallas, pero sin ninguna mala intención”, dijo.
Más o menos lo mismo dijo ahora respecto a Villegas, sin esperar a que las investigaciones sigan su curso normal.
Villegas reemplazó en el cargo a Santos Ramírez, considerado el brazo derecho de Morales en el partido de gobierno, quien fue defenestrado el 2009 cuando era imposible encubrirlo.
El empresario Jorge O’Connor D’Arlach, de la compañía Catler Uniservice, resultó muerto en un robo de $450.000 que iba a entregar en la casa de una pariente de la esposa de Ramírez, Giovana Nava Doria Medina.
La Catler Uniservice había firmado un contrato por valor de $86 millones para la construcción de una planta procesadora de gas en Santa Cruz.
Antes de Ramírez estuvo Guillermo Aruquipa Copa, que renunció tras denuncias de nepotismo. Fue reemplazado por Manuel Morales Olivera, que también fue obligado a dimitir porque se descubrió que unos “becados” suyos a Cuba, en lugar de estudiar, veraneaban en la playa de Varadero.
Pobre YPFB y qué infortunados los bolivianos de contar con estos “servidores públicos”. Al reemplazar a Alvarado en agosto de 2006, Morales dijo: “Si aguantamos 500 años, ¿por qué no vamos a aguantar 500 más?”. Hoy me pregunto ¿a qué se refería?

persisten sospechas de la implicancia de Villegars en todo "el afear escandaloso de YPFB"

ha quedado identificado plenamente el hotel que fundara don Martín Cortez "la poza del bato" de Santa Cruz de la Sierra, como el sitio donde se reunían los estafadores del proyecto Rio Grande de Yacimientos Petrolíferos Fiscales cuya investigación por una comisión de fiscales ha llevado a cinco personas a prisión y procesa a otros varios hasta una cifra estimada en 20 personas, los detenidos están en Palmasola, San Pedro y San Roque de Sucre.

el ministerio público aún no ha emitido un informe que debería ser del conocimiento de la generalidad. no obstante que rl escándalo lleva ya seis semanas, todavía persiste la nebulosa sobre el monto defraudado, sobre los efectos del soborno que habría influenciado la adjudicación del proyecto a una firma argentina AESA que siendo unidad privada de REPSOL España ha pasado a ser estatal luego de la nacionalización ejecutada por Cristina Fernández.

Los Tiempos reclama la institucionalización de YPFB de manera que imposibilite la corrupción que acusa descubierto por casualidad Rio Grande


El caso Río Grande, más que atribuible a la falta de escrúpulos de unos cuantos individuos, es consecuencia de la falta de institucionalidad en la empresa estatal
El caso más reciente de corrupción en las más altas esferas ejecutivas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha vuelto a llamar la atención de expertos en materia hidrocarburífera y de la ciudadanía en general en la manera como está siendo administrada la principal empresa de nuestro país y sobre las consecuencias que esa situación ocasiona sobre la economía nacional y sus proyecciones hacia el futuro inmediato.
En efecto, las irregularidades en la contratación y adjudicación de las plantas separadoras de Río Grande y Gran Chaco, además de sus múltiples derivaciones estrictamente jurídicas y legales, ha vuelto a dar actualidad a una serie de dudas y cuestionamientos sobre la manera como desde hace más de seis años, desde el 1 de mayo de 2006, está siendo administrado el sector energético nacional y principalmente el hidrocarburífero.
Esas preocupaciones no son nada nuevas. Muy por el contrario, prácticamente desde el día mismo en que se puso en marcha la estatización del sector hidrocarburífero comenzaron a proliferar las advertencias sobre los muchos peligros que traería la destrucción de la institucionalidad construida durante años previos. La transformación de YPFB, como de todas sus empresas subsidiarias, en una especie de apéndice del partido gobernante guiado por criterios estrictamente políticos y partidarios más que técnicos y administrativos, como se advirtió oportunamente, no podía dar otros resultados que los que ahora se ven.
Lamentablemente, tantas y tan recurrentes advertencias nunca fueron atendidas. Por el contrario, una y otra vez se las descalificó con el único argumento de que estaban motivadas en una resistencia al “proceso de cambio”.
Con esos antecedentes, y dadas las circunstancias que rodean el caso Río Grande, no resulta sorprendente que un grupo de individuos que tenía a su cargo la gestión de tan importante proyecto haya podido disponer no sólo de una vagoneta de la empresa, sino de millonarias cuentas bancarias como si de su propio patrimonio se tratara.
Sin embargo, más importantes que los aspectos escandalosos que van aumentando a medida que salen a luz los detalles, es que a través de ellos se hace visible un problema mucho más grave, que consiste en que en la principal empresa de nuestro país no existen, y si existen no funcionan, las más básicas instancias institucionales de control. El sólo hecho de que el caso haya sido descubierto por pura casualidad –como consecuencia no prevista de una investigación por uso indebido de un vehículo de YPFB que sufrió un accidente y quedó destrozado, en día no hábil y sin autorización– y no porque se hayan activado los procedimientos de control interno y fiscalización, es muy elocuente.
Por eso, y para evitar que tan importante asunto quede reducido a la falta de escrúpulos de unos cuantos individuos, es necesario que la oportunidad sirva para identificar y resolver las causas profundas del mal. Comenzar por respetar lo que manda la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes sobre la estructura institucional de YPFB y todas las empresas del sector, tendría que ser el primer paso.