El caso Río Grande, más que atribuible a la falta de escrúpulos de unos cuantos individuos, es consecuencia de la falta de institucionalidad en la empresa estatal
El caso más reciente de corrupción en las más altas esferas ejecutivas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha vuelto a llamar la atención de expertos en materia hidrocarburífera y de la ciudadanía en general en la manera como está siendo administrada la principal empresa de nuestro país y sobre las consecuencias que esa situación ocasiona sobre la economía nacional y sus proyecciones hacia el futuro inmediato.
En efecto, las irregularidades en la contratación y adjudicación de las plantas separadoras de Río Grande y Gran Chaco, además de sus múltiples derivaciones estrictamente jurídicas y legales, ha vuelto a dar actualidad a una serie de dudas y cuestionamientos sobre la manera como desde hace más de seis años, desde el 1 de mayo de 2006, está siendo administrado el sector energético nacional y principalmente el hidrocarburífero.
Esas preocupaciones no son nada nuevas. Muy por el contrario, prácticamente desde el día mismo en que se puso en marcha la estatización del sector hidrocarburífero comenzaron a proliferar las advertencias sobre los muchos peligros que traería la destrucción de la institucionalidad construida durante años previos. La transformación de YPFB, como de todas sus empresas subsidiarias, en una especie de apéndice del partido gobernante guiado por criterios estrictamente políticos y partidarios más que técnicos y administrativos, como se advirtió oportunamente, no podía dar otros resultados que los que ahora se ven.
Lamentablemente, tantas y tan recurrentes advertencias nunca fueron atendidas. Por el contrario, una y otra vez se las descalificó con el único argumento de que estaban motivadas en una resistencia al “proceso de cambio”.
Con esos antecedentes, y dadas las circunstancias que rodean el caso Río Grande, no resulta sorprendente que un grupo de individuos que tenía a su cargo la gestión de tan importante proyecto haya podido disponer no sólo de una vagoneta de la empresa, sino de millonarias cuentas bancarias como si de su propio patrimonio se tratara.
Sin embargo, más importantes que los aspectos escandalosos que van aumentando a medida que salen a luz los detalles, es que a través de ellos se hace visible un problema mucho más grave, que consiste en que en la principal empresa de nuestro país no existen, y si existen no funcionan, las más básicas instancias institucionales de control. El sólo hecho de que el caso haya sido descubierto por pura casualidad –como consecuencia no prevista de una investigación por uso indebido de un vehículo de YPFB que sufrió un accidente y quedó destrozado, en día no hábil y sin autorización– y no porque se hayan activado los procedimientos de control interno y fiscalización, es muy elocuente.
Por eso, y para evitar que tan importante asunto quede reducido a la falta de escrúpulos de unos cuantos individuos, es necesario que la oportunidad sirva para identificar y resolver las causas profundas del mal. Comenzar por respetar lo que manda la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes sobre la estructura institucional de YPFB y todas las empresas del sector, tendría que ser el primer paso.
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