banda de extorsionadores formada por Boris Villegas, Denis Rodas, Fernando Rivera y otros actualmente en Palmasola, se sienten "afectados", Existen serias denuncias

De las 157 denuncias recepcionadas ante la Unidad de Transparencias del Ministerio de Gobierno, 24 son por la Red de Extorsión gubernamental.

Conformada presuntamente por Boris Villegas, Denis Rodas y Fernando Rivera, exfuncionarios jerárquicos de esa cartera de Estado, quienes guardan reclusión en el penal de Palmasola.

“En estos casos realmente nosotros tenemos la certeza que existen muy serios indicios de responsabilidad, luego de la evaluación de nuestro equipo jurídico, y que ameritan una seria investigación”, manifestó el jefe de la mencionada unidad, Miguel Albarracín.

Señaló que los denunciantes narraron cómo fueron afectados “profundamente” en su integridad y cotidianeidad por la red delictiva e incluso se “los privó de su libertad” y “despojó” de sus “pocos recursos económicos”.

“Se los obligó a acceder a actos de extorsión para poder librarse de la presión que estaban recibiendo”, agregó. Albarracín indicó que uno de ellos ha sido el caso del secuestro de un profesional donde no se ha cumplido con ninguno de los requisitos para hacer una detención.

“Existen funcionarios que sin tener la función y la competencia pertinente han actuado en operativos que no eran de su competencia. Este abuso de autoridad estaba incorporado con elementos de extorsión”, manifestó.

Otros funcionarios involucrados. Según Albarracín su unidad recibió 47 denuncias contra funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Gobierno por abuso de autoridad, extorsión y apropiación de bienes, de los cuales un 60 por ciento involucra a policías, suboficiales, oficiales, fiscales y jueces.

“Lo hicieron aprovechándose de sus cargos”, dijo el funcionario gubernamental.

Otros 87 casos provienen en su mayoría del interior del país y hacen referencia a denuncias de corrupción, extorsión y actos ilegales “contra funcionarios de otros ministerios o de otras reparticiones públicas”.

Aclaró que las denuncias provienen de La Paz, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Cochabamba y Oruro, donde los acusadores dicen ser “víctimas de actos de corrupción por algún funcionario público, pero no necesariamente del Ministerio de Gobierno”.