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miércoles, 2 de julio de 2014

colusionada la cancillería Choquehuanca con el Régimen y la Fiscalía Guerrero, pretenden negar la validez de la carta de Soza con graves acusaciones a García Linera, Romero, Pérez y otros actores de la injusticia. Otto Ritter y Gary Prado opinan.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, a través de un comunicado, afirma que el ciudadano brasileño Joao Oliveira Gualberto Junior, quien tramitó la legalización de la carta del exfiscal Marcelo Ricardo Soza Álvarez en la sección consular de la Embajada boliviana en Brasil, nunca se volvió a apersonar para conocer la respuesta. 

Trámites. 
La Cancillería, a través de su dirección jurídica, señala que en sus archivos institucionales, tanto del servicio central como del servicio exterior, no cursa ninguna solicitud o trámite de legalización de documentos, presentada de forma personal o a través de apoderado legal, por el ciudadano boliviano Marcelo Ricardo Soza Álvarez.

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores señala que con relación a la nota supuestamente suscrita por Soza con la referencia “Al Pueblo Boliviano” que fuera presentada por el ciudadano brasileño Joao Oliveira Gualberto Junior en la Embajada de Bolivia en la República Federativa del Brasil, dicho trámite fue diligenciado conforme a la norma. "Después de emitirse los criterios técnicos y legales correspondientes y, cumplirse los procedimientos establecidos, se restituyó a la referida Legación Diplomática, a los fines de su devolución al impetrante, quien a la fecha, aún no se apersonó en procura de su respuesta definitiva", señala textual el informe. 

Norma. En atribución legal reconocida en el artículo 4, numeral 22 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores, la Cancillería señala que tiene la facultad de: "Legalizar las firmas de documentos nacionales o extranjeros que hubieran cumplido con los requisitos exigidos en el país emisor y en el de destino, para que surtan plenos efectos legales, pudiendo retener la documentación presentada en los casos y de acuerdo a los procedimientos establecidos.”
El abogado Gary Prado Araúz, defensa de su padre el general Gary Prado Salmón, dentro del juicio denominado “Terrorismo” o caso Rózsa, anunció que presentará un recurso de acción de incumplimiento en contra del canciller, David Choquehuanca y el embajador de Bolivia en Brasil, Jerjes Justiniano por no dar curso al reconocimiento y legalización de la firma de un notario de Brasilia, que a su vez dio por original la firma del exfiscal Marcelo Soza, en una carta donde denuncia irregularidades en el proceso penal.
El procedimiento se habría detenido, según Prado, cuando el 21 de marzo se solicitó al cónsul de Bolivia en Brasilia, la legalización de la firma del funcionario de la Cancillería de Brasil, que dio por legal la carta del exfiscal.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, anticipó que la carta de Soza aunque sea legalizada no tendrá ningún peso jurídico en el proceso penal por el caso terrorismo que se encuentra en su etapa de sentencia, mientras que el abogado Otto Ritter dijo que el representante del Ministerio Público no es quién para determinar el grado de importancia de la prueba de descargo, sino un Tribunal de Justicia compuesto por jueces técnicos y ciudadanos.

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