El país está otra vez con la respiración suspendida a raíz de la nueva secuencia de denuncias sobre corrupción en YPFB, la principal empresa gana pan de los bolivianos y al parecer la “olla del pobre” para aspirantes a millonarios al instante.
Los detalles del nuevo embrollo son ya conocidos, pero hay que subrayar que los escándalos que remecen a la empresa nacional han salido a flote accidentalmente. No hubo ninguna diligencia para descubrir o prevenir el caso que llevó a la cárcel a Santos Ramírez, el anterior presidente de YPFB que ahora afirma que la corrupción está “legalizada” en la empresa que un tiempo dirigió. Se ha aceptado, dice el ex funcionario, una duplicación-plus del valor de la planta que él había licitado y en un pestañeo el país estará comprometido a pagar 190 millones de dólares por lo que, en su diseño inicial, iba a costar 85 millones de dólares.
Un mínimo de sensatez dicta que al país se le debe explicar en detalle esta supervaloración. Bolivia no puede dejar que se escurra una suma equivalente a cuarenta hospitales equipados. No hacerlo equivaldría a reconocer que los yacimientos hidrocarburíferos fueron nacionalizados “para ellos” y que en Bolivia ha habido un festín sólo “de ellos”. ¿Ya no escandalizan hechos así?
Uno escudriña la superficie y se encuentra con detalles cuando menos irritantes. Resulta que los dos implicados en el caso que ahora está en las sobremesas nacionales eran técnicos contratados por la actual presidencia de YPFB y, dice Ramírez, habían avalado el proyecto para construir una planta separadora de gas originalmente gestada bajo su paso por la empresa. Tres años después, un asesinato de por medio y una “propina” de medio millón de dólares que tres años después aún no aparece, el nuevo caso emerge fortuitamente, por un accidente de tránsito con una movilidad oficial en funciones particulares en un fin de semana y en…Yapacaní. ¿No suenan raros estos detalles, incluso el de la geografía donde ocurrió? La conclusión de Hamlet de que “Algo huele mal en Dinamarca” sería extremadamente benigna para aplicarla a este oscuro episodio.
Hace pocos días leí un documento que listaba las nuevas gerencias y cargos ejecutivos de YPFB. La lista era un amplio abanico de decenas de gerentes y directores. Si se piensa que todo buen gerente o ejecutivo debe tener un subgerente o un segundo en jerarquía, y cada uno una secretaria y cada unidad un contador y un mensajero, aquí hay cientos de empleos que probablemente no estaban en la cabeza de quienes apoyaron la nacionalización.
También de manera casual, en una de las invitaciones de Yacimientos, reparé en un detalle. La invitación tenía 17 de febrero de 2012 como fecha y mencionaba 6.000 kilómetros de tuberías, imagino que para gas a domicilio. Pedía que los invitados manifestasen su interés en tres días; caso contrario, serían excluidos. Resulta que el 17 de febrero era viernes de carnaval. Luego, naturalmente, venían el lunes y martes, también feriados, e incluso el miércoles en muchas empresas. Ignoro cuántas empresas pudieron manifestar su interés en participar en un concurso que probablemente representaba millones. Si las hubo, deben haber sido pocas. Coloquialmente podríamos decir: Aquí hay gato encerrado.
El bote financiero tiene agujeros en muchos lados. La demora en la construcción de las instalaciones para procesar el gas y rescatar otros licuables que ahora viajan gratuitamente a los mercados donde vendemos provoca un desangre anual de unos 1.000 a 1.300 millones de dólares, calcula el diario El País, de Tarija, el departamento productor más beneficiado con el boom de precios del gas natural.
Parece ridículo, ¿verdad? Esta danza de millones convalida el titulo de esta nota: La empresa YPFB no es nuestra. Es de “ellos”.
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