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domingo, 9 de febrero de 2014

no es la primera vez que El Deber pide aclarar la verdad en el caso Terrorismo Separatismo. proceso judicial que involucra a cincuenta familias cruceñas especialmente. a punto de cumplir cinco años el proceso se ha constituído en una afrenta del sistema Judicial y ha puesto a los magistrados en la picota del escarnio

Muchas veces nos hemos referido al tema del presunto separatismo y terrorismo cruceño y hoy debemos volver sobre lo mismo. Si el proceso entablado contra una treintena de ciudadanos cruceños continúa sin esclarecerse, se estará cometiendo una falta muy grave, que, además de recaer sobre un sistema judicial desprestigiado, afectará a un gobierno que ha prohijado la acusación y, sobre todo, se cometerá una injusticia imperdonable contra Santa Cruz y contra el oriente boliviano en general.

La punta de lanza de la investigación la llevó, casi en su integridad, el fiscal Marcelo Soza, que a su vez fue acusado de corrupción y renunció al caso de manera extraña. En esas condiciones, luego de una serie de indicios graves en su contra, se esperaba que el juicio entrara en una etapa de aclaraciones definitivas, que arribara a establecer la verdad, para que los sindicados de los delitos de separatismo y terrorismo, cuyo calvario se inició hace casi cinco años, admitan su responsabilidad, si la tuvieron, o para que el fiscal Soza y otros personajes de la trama culpen sus penas como corresponde de acuerdo a ley.

Nada de eso ha sucedido luego de transcurridos varios meses. Ni los detenidos por la justicia han visto el final de la causa, que, de fallar en su favor, les permitiría regresar a sus hogares, reinsertarse en su vida cotidiana y retomar sus actividades laborales limpiando su imagen, ni se ha aclarado nada sobre el fiscal Soza y un entorno desacreditado que persisten en sus acusaciones y contra quienes no pesa ninguna medida cautelar.

Habrá quienes afirmen que la retardación de la justicia es un mal inevitable en Bolivia, pero son las triquiñuelas procesales las que se encargan de darle largas al proceso, a lo que se suma el mal estado de salud de algunos de los imputados. Sin embargo, el único juicio que de ninguna manera puede quedar sin concluir, es decir, sin sentencia, es aquel en el que se ha involucrado no solo a los acusados, sino al pueblo cruceño en afanes de terrorismo y separatismo.

Hasta el día de hoy, las máximas autoridades nacionales continúan expresándose sobre “los separatistas y terroristas”, y no lo hacen solo en el interior del país, sino en el extranjero. Esto no es otra cosa que un estigma peligroso e injusto que se echa sobre los cruceños, que en modo alguno podemos aceptar. Ha llegado la hora de la verdad cuando se va a cumplir un lustro de los sangrientos hechos que provocaron este escándalo

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