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domingo, 1 de junio de 2014

se luce Página Siete cuando en su texto "implicaciones del caso Soza, relieva que Evo manipuló la Justicia para afectar a opositores, infiltró a Rózsa, que no era necesario matarlos y que Evo y Alvaro dieron las órdenes de liquilarlos. lo que afirma Soza es muy grave cuyo desenlace es imprevisible.

El exfiscal del denominado caso terrorismo, Marcelo Soza, sigue haciendo polémicas declaraciones desde Brasil, país donde espera obtener el estatus de asilado. En su entrevista con Página Siete y ANF (en Brasilia) y, posteriormente, en la documentación que presentó al Consejo  Nacional para Refugiados (Conare) en el marco de su pedido de asilo, Soza ha realizado afirmaciones gravísimas.

Por ejemplo, ha insistido en  que el Gobierno manipuló el caso terrorismo para afectar a la oposición, que infiltró al supuesto grupo subversivo, que no era necesario abatir a sus integrantes en el operativo del hotel Las Américas y que presuntamente el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera dieron las supuestas órdenes de detención. Es lo que podemos denominar “el caso Soza”.
Soza narra en el documento que “el operativo del hotel Las Américas fue preparado con antelación al atentado en la casa del cardenal Julio Terrazas (que supuestamente dio inicio a las acciones policiales de persecución al grupo)”. Añade que “un video que fue difundido por varios canales muestra a las fuerzas de la UTARC realizando prácticas en La Paz en una maqueta de tamaño real similar al propio hotel (antes del atentado a la casa del cardenal)”.
Hizo conocer también supuestas contradicciones en el relato oficial de ese atentado, porque mientras la Policía sostuvo que éste fue ejecutado por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa (jefe de la presunta banda) usando el vehículo que correspondía al grupo, el gerente y empleados del hotel aseguraron que Rózsa y todo su grupo se encontraban en sus habitaciones esa noche. Además, el guardia de la casa del cardenal testificó que un vehículo Toyota Starlet transportó al grupo que hizo el atentado, que es un vehículo distinto al de la presunta banda.
Estas declaraciones parecen confirmar los temores de la oposición, en sentido de que el caso tuvo una motivación política, destinada a anular a las fuerzas opositoras asentadas en Santa Cruz. Por eso se puede decir que las declaraciones de Soza tienen un peso evidente en el desarrollo de este caso.
Si a eso se le suma el hecho de que en un momento el denominado “testigo clave” del caso terrorismo, Ignacio Villa Vargas, El Viejo, fue sobornado por una autoridad de Gobierno para que huya del país, estamos ante un caso con tantas irregularidades que lo lógico sería declararlo nulo, retornarlo a “fojas cero” e iniciar el proceso de nuevo permitiendo a los acusados defenderse en libertad.
Sin embargo, es evidente que las declaraciones de Soza deben tomarse con sumo cuidado. El exfiscal inculpa a autoridades, pero también a sí mismo. Si él sabía que el caso terrorismo era presa de presiones, irregularidades y distorsiones, debió denunciar el hecho públicamente. No hacerlo lo convierte en cómplice de gravísimos delitos, como extorsión, persecución judicial, falsificación material e ideológica, entre otros.
Soza asegura que el Gobierno empezó a perseguirlo debido a que “no fue complaciente con las decisiones políticas” tomadas por el denominado gabinete jurídico. Ello no es verdad. Hasta el momento de su renuncia como fiscal, decisión que tomó abrumado por las contradicciones del caso, sostuvo su posición y se negó a aclarar las denuncias en su contra  y comparecer ante la justicia.
Un personaje como Soza, que lo que menos ha buscado es la verdad de los acontecimientos e impartir justicia, tiene una bajísima credibilidad. Todo lo que proviene de su boca está en duda, más aun si se consideran las denuncias de que sectores opositores ligados al expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, que reside en Brasil, son los que lo protegen y financian ahora (después de haberlo resistido). Cualquiera sea la decisión que adopte el Conare en Brasil, queda claro que un  acusado de tan serios delitos como el exfiscal, que ha mancillado a la justicia boliviana y violado los derechos de tantas personas, debe comparecer ante la justicia de Bolivia.
Es evidente que las declaraciones de Soza deben tomarse con sumo cuidado. El exfiscal inculpa a autoridades, pero también a sí mismo.
Un personaje como Soza, que lo que menos ha buscado es la verdad de los acontecimientos e impartir justicia, tiene una bajísima credibilidad.