La banda de extorsionadores que presuntamente era liderada por Fernando Rivera Tardio y José Manuel Antezana Pinaya actuó en los últimos cinco años y a la sombra de al menos siete gestiones en los ministerios de la Presidencia y Gobierno, según investigación judicial conocida este miércoles en La Paz y Santa Cruz de la Sierra.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, admitió hoy que Fernando Rivera trabajaba hace cinco años y como funcionario de la unidad de gestión jurídica del Ministerio de Gobierno.
"Era muy buen abogado y los heredé de cuatro gestiones (…) técnicamente era muy sólido. No había duda de su especialidad técnica", dijo.
Fernando Rivera, según datos del ministro Romero, trabajó como abogado desde la gestión de Alfredo Rada (2007-2010), Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romeros (2012).
Rivera tenía como colaborador al abogado Dennis Rodas, quienes tuvieron activa participación en los llamados casos Rosza, Caranavi, Chaparina, Jacobo Ostreicher, teniente Julio Navia y otros.
Rivera y Rodas elaboraban memoriales y con un poder especial representaban al Ministerio de Gobierno en audiencias judiciales y diferentes procesos.
Mientras que José Manuel Antezana se desempeñó como director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia en las gestiones de Oscar Coca (2010-2011), Carlos Romero (2011-2011) y Juan Ramón Quintana (2012).
"Es gente que corrompe en el ejercicio del poder, y ganan credibilidad para fines personales", sostuvo el ministro Carlos Romero a la periodista Amalia Pando, de Erbol.
La investigación del accionar de la banda de extorsionadores estuvo a cargo del Grupo de Investigación de Casos Especiales (GICE) y se inició hace siete meses por denuncias que recibió el ministro Romero por la situación jurídica del ciudadano estadounidense de origen judío, Jacobo Ostreicher, quien está detenido hace 18 años en Santa Cruz, por legitimación de ganancias y presunto vínculo con el narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado.
"Antezana monetizaba el arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher que está detenido en Palmasola, y por esa acción se recaudó 10 mil dólares", dijo Romero. El sindicado negó y dijo que el dinero depositado en su cuenta bancaria era producto de la venta de un vehículo. Sin embargo, la investigación constató documentos falsos de la transacción.
Sobre el abogado Rivera pesa la acusación de haber ordenado la modificación de una resolución judicial que favorecía la libertad de Jacob Ostreicher porque éste no le entregó 50 mil dólares.
La madre del teniente Julio Navia, preso por narcotráfico en Chonchocoro, denunció este miércoles que el abogado Rivera le pidió 35 mil dólares para conseguir el traslado del inculpado al penal de Palmasola.
Los familiares de "Vinchita", un delincuente que fue muerto este año por 60 puñaladas en Chonchocoro, también precisaron que se les pidió 15 mil dólares para su traslado a la cárcel de Santa Cruz.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, reveló a PAT que se denunció que Rivera y su equipo realizó otras extorsiones que serán investigadas.
"El gobierno ofrece garantías plenas para que la ciudadanía presenten denuncias sobre procesos torcidos", anunció Romero el martes, al informar la destitución pública de Fernando Rivera Tardío como abogado del Ministerio de Gobierno, cargo que ejerció por cinco años y medio.
Entre los casos que manejó Fernando Rivera está del ciudadano peruano, José Antonio Cantoral, quien fue detenido por 22 días en agosto del año pasado en una oficina de la Dirección Nacional de Migración, sindicado por reorganizar a Sendero Luminoso.
Cantoral fue detenido junto a otros tres peruanos pero tenía el estatus de refugiado político y era de conocimiento de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare).
También firmó una demanda junto a Dennis Rodas contra dirigentes de la columna de la octava marcha indígena Trinidad-La Paz del año pasado por presunto secuestro del canciller David Choquehuanca, acción que el 25 de septiembre provocó una represión policial a los indígenas que derivó en la renuncia de la ministra de Defensa, María Cecilia Chacón y posteriormente de Sacha Llorenti que era ministro de Gobierno.
Rivera además fue bastante activo en el caso Rosza, sin embargo, su última acción en este proceso fue el martes en la ciudad de Tarija. Después de una audiencia fue detenido y llevado a Santa Cruz.
El viceministro Jorge Pérez denunció que el abogado Fernando Rivera al enterarse de que sería detenido, planteó el martes ante el juez competente, el abandono de querella en el caso denominado "terrorismo", dejando al Ministerio de Gobierno fuera de este proceso que es investigado desde abril de 2009.
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