La imagen internacional del país ha sufrido un golpe muy duro con el episodio que vino a desentrañar la existencia de una red de corrupción y extorsión que operaba en el Gobierno, a pocos metros de la oficina del presidente Evo Morales.
El Gobierno, e incluso el propio presidente, han hecho esfuerzos para reducir el impacto del golpe, pero será difícil que la opinión pública nacional e internacional olviden que la justicia boliviana opera en la ilegalidad.
La sensación más dolorosa de esta experiencia es que quienes son las víctimas de las falencias de la justicia boliviana no encuentran canales para expresar sus angustias, y que deben esperar que lleguen factores extranjeros para salvarlos.
El actor norteamericano Sean Penn, que llegó a Bolivia a través de gestiones hechas ante el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, vino a producir el milagro que podría beneficiar a presos que sufren las consecuencias de la red de extorsionadores que operan en el país.
No fue la Corte Suprema de Justicia, que ahora ha cambiado de nombre, la que permitió que estas injusticias sean descubiertas, sino una conexión internacional que atravesó por Hollywood y por Caracas antes de llegar a Bolivia.
Que el presidente Evo Morales haya dicho que él ordenó la sanción de los culpables resulta un esfuerzo extremo por reducir la vergüenza de esta situación, pero nada más.
Lo que queda por revisar es que, ajenas o no, lejanas o no, estas revelaciones perjudican a Bolivia. Muestran que el país está dominado por grupos que han decidido destruir a los rivales usando el poder político que tienen.
El caso obliga a los bolivianos a pensar profundamente en el destino del país. Y obliga a reflexionar a los gobernantes sobre la necesidad de corregir comportamientos basados en propósitos de venganza.
De otro lado no es posible que un exprefecto esté preso por más de tres años, sin sentencia, sólo porque en algún momento fue rival político del actual Gobierno. No es posible que dos gobernadores elegidos en sus departamentos hayan sido obligados a dejar el cargo, y uno de ellos a irse al exilio. Ni es correcto que los alcaldes opositores, que cometieron la osadía de vencer a los candidatos oficiales, hayan sido destituidos con cargos inverosímiles.
Aunque los factores o los actores extranjeros no hayan mencionado esos temas y sólo aludan al caso de un empresario norteamericano que vino a Bolivia a invertir y se encontró con una red de corrupción y extorsión, corresponde tomarlos en cuenta.
No parece correcto que quienes tienen el poder político sigan actuando con el criterio de que necesitan aplicar venganzas, por 500 años o por menos años, sobre personas que sólo pueden ser acusadas de no ser oficialistas.
No es correcto que se conciba la política como una oportunidad para castigar a quienes alguna vez fueron rivales políticos. Ni operen desde el Gobierno bandas de extorsionadores.
Pero sobre todo no es posible que a los bolivianos se les muestre que la única posibilidad que tienen de encontrar justicia es a través de enrevesadas combinaciones internacionales en que intervienen famosos actores y famosos presidentes.
La justicia boliviana tendría que estar al alcance de todos los bolivianos y no solamente de algunos privilegiados.
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