Boris Villegas, uno de los principales implicados en el caso extorsión, desde la cárcel de Palmasola envió una carta al vicepresidente Álvaro García Linera, en la que acusa al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y al viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, de estructurar una “tramoya política” en su contra y de favorecer a algunos implicados en investigaciones del Gobierno, sobre todo del caso terrorismo.
Además de esa misiva, existe otra enviada por Villegas y por otros dos acusados, Fernando Rivera y Dennis Rodas, a la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, en la que piden la conformación de una comisión para investigar el caso.
En la misiva de seis hojas, Villegas denuncia que Pérez instruyó “dar una mano” a dos acusados por el caso terrorismo II; de reunirse con funcionarios de la embajada de EEUU en Trinidad; de visitar al ex dirigente cívico Alberto Melgar y sugiere que, luego de esa visita, esta persona obtuvo su detención domiciliaria; y de mantener una “extraña relación” con los abogados que defienden a Jacob Ostreicher.
También acusa a Romero y a Pérez de “aniquilar” el equipo jurídico de ese ministerio que llevó la defensa de los intereses del Estado; de no mostrar pruebas sobre su vínculo con la Agencia de Inteligencia de EEUU; y de tener actitudes serviles con funcionarios de esa delegación diplomática. EL DEBER buscó a Romero y a Pérez para conocer su versión, pero no fue posible.
El 13 de diciembre, cuando Villegas fue remitido a Palmasola, declaró que no sería chivo expiatorio y que solo obedeció órdenes superiores. En su carta señala que por instrucción de Romero no pueden hablar con los medios (la crónica es de Chuquimia y Tedeschi de la redacción de El Deber.SC)
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