por la segunda vez, celebrar lo acertado del razonamiento de Los Tiempos, que considera una "señal peligrosa" la actitud de Evo de defenestrar a Delgado que pidió investigar y apoyar a los ministros involucrados en el caso Ostreicher. cuestionada su moral.

Por su propio bien y el de la nación, bien haría el Presidente en apoyar las acciones dirigidas a develar el caso de extorsión

Mucho se ha escrito acerca de la soledad del poderoso y de los mecanismos que se crean para que éste no perciba las consecuencias de sus dichos y hechos, porque hay gente que lo rodea que, sea por convicciones ideológicas o, más comúnmente, por intereses particulares, se encarga de que así suceda.

El tema es pertinente por la actitud que ha asumido el Presidente del Estado ante la sucesión de denuncias sobre la existencia de una red de extorsión conformada en el seno de los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Transparencia, con sólidos vínculos con fiscales y jueces. Desdiciendo su discurso sobre el combate a la corrupción, y antes de que las investigaciones concluyan, el Primer Mandatario ha decidido respaldar tajantemente a los dignatarios involucrados (los que, sin duda, tienen responsabilidad política) y, casi en forma simultánea, defenestrar a la presidenta de la Cámara de Diputados que, en estricto cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, así como interpretando la retórica del partido en función de gobierno, exigió que las investigaciones en este caso no se queden en los niveles medios de las instituciones involucradas.

Hasta ahora, el Primer Mandatario tuvo el cuidado de preservar su investidura. Probablemente el caso más representativo de esa actitud fue el procesamiento del segundo hombre fuerte del MAS y quien era considerado un posible sucesor presidencial, Santos Ramírez, involucrado en un hecho de corrupción que fue descubierto por obra del azar y que incluyó un asesinato. Entonces, el Presidente dejó que sea la justicia la que actúe y, para ello, exigió la renuncia del principal acusado, entonces presidente de YPFB.

Sin embargo, el Presidente ahora abandona esa cauta y correcta postura, y ese abandono puede ser interpretado –como lo han hecho muchos analistas– en sentido de que al dar un respaldo contundente  a los ministros involucrados antes de que terminen las investigaciones judiciales y al mismo tiempo agredir a la presidenta de Diputados que exigía que las investigaciones lleguen a fondo, está emitiendo un peligroso mensaje a la ciudadanía: más allá del marco jurídico vigente en el país, lo que importa es el sentir del Mandatario y es ese sentir el que debe imponerse, se adecue o no a la Constitución y las leyes.

Está claro que un mensaje de esta naturaleza, además de ser moralmente cuestionable, afecta, por un lado, a la Constitución Política del Estado, en circunstancias en que muchas de sus cláusulas están siendo puestas en cuestión por sus propios impulsores, y por el otro, a la en sí misma precaria institucionalidad que el MAS trata de construir luego de haber destruido la que fue construida trabajosamente desde la recuperación democrática en 1982, y a un principio básico de la democracia: la independencia de poderes.

En ese escenario, por su propio bien y el de la nación, bien haría el Presidente en apoyar las acciones dirigidas a develar el caso de extorsión y recién adoptar decisiones políticas consecuentes de manera que se impida que experiencias de esa naturaleza se repitan.

Caso contrario, no siempre habrá conspiraciones a las que acudir en búsqueda de explicaciones.