Soza huye. pide asilo y declara

he sido inducido por el Gobierno responsable de todo

Las denuncias y fuga a Brasil del exfiscal Marcelo Soza hacen tambalear el caso Rózsa, lo que abrió ayer otra grieta más en las relaciones con Itamaraty, ya desgastadas por el asilo otorgado al opositor Roger Pinto.

El exfiscal, en una carta notariada, involucra a autoridades del Gobierno de presionarlo para señalar a líderes cruceños sobre los que no tenía pruebas y pide a jueces y al tribunal de sentencia que reconduzcan el caso. El delegado del MAS para la Agenda Patriótica, César Navarro, dijo que hay pruebas de que fue un caso de terrorismo.

Por otro lado, juristas y expertos sugieren conformar una comisión internacional para que investigue el caso.

Una nota de prensa de la Embajada de Brasil en Bolivia confirmó ayer que el exfiscal Marcelo Soza se encuentra en el país vecino. El comunicado dice: “La Embajada de Brasil informa que el día 11 de marzo del presente, el señor Marcelo Soza Álvarez ingresó con pedido de refugio frente a la Policía Federal del Brasil. El pedido será evaluado por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare)”.

Como fiscal, Soza fue el principal investigador del llamado “caso terrorismo”, un supuesto complot contra Morales destapado en abril de 2009 en Santa Cruz, donde un comando policial armado intervino un hotel y mató a los miembros del grupo que presuntamente preparaba una acción separatista en el país.

Extinción del caso

En una carta que se le atribuye a Soza y que habría enviado desde Brasil con la leyenda “Al pueblo de Bolivia”,  el  exfiscal denuncia, entre otras cosas, que ha sido utilizado por las autoridades del Gobierno en la investigación del caso terrorismo.

“Autoridades de Gobierno me pidieron en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos, a lo que siempre me opuse. También me pedían que incluya en esta investigación a líderes cruceños sobre los que no tenía ninguna prueba y más bien se mostraban complacientes con otras autoridades de la oposición con los que habían logrado algún acuerdo”, señala en el sexto párrafo de dicha nota, fechada el 11 de marzo y que, además, cuenta con el sello de recepción de la oficina llamada “4° Oficio de Notas de Brasilia”.

Tras conocerse la carta de Soza, varios procesados por el caso terrorismo coincidieron en afirmar que este hecho muestra que las pruebas en su contra presentadas por el exfiscal fueron “armadas” y anunciaron que pedirán la extinción del caso y la anulación del proceso

La abogada Geraldine Suárez, que defiende a uno de los implicados, Albert Melgar, pidió al fiscal Sixto Fernández, que atiende el caso, les haga llegar la carta del exfiscal firmada y notariada vía cancillería para iniciar el proceso de archivar los datos.

“No tenemos la carta en las manos, no podemos hacer nada, una vez nos llegue la carta legalizada vamos a tomar las acciones correspondientes (…)”, dijo Fernández a Los Tiempos.

César Navarro uno de los dirigentes  del Movimiento Al Socialismo (MAS), que más conoce sobre el caso ya que en 2009 presidió la Comisión Multipartidaria que investigó el mismo, dijo que “no está en debate el tema de terrorismo, que se demostró la participación y organización de este grupo en actos criminales. Lo único que está en debate es el actuar del señor Soza como fiscal”, dijo y dejó en manos de la justicia el esclarecimiento del caso.

Otra de las reacciones vino de Otto Ritter, abogado de Gary Prado, quien anunció que tras las revelaciones de Soza, se presentará un incidente pidiendo la extinción de la causa, el archivo de obrados y la inmediata libertad de todos los acusados.

En tanto Sergio Céspedes, fiscal a cargo del caso, aseguró a El Nuevo Día que la carta de Soza no dice con claridad que se trató de un montaje por lo que es apresurado sacar conclusiones.

Mario Daher, uno de los procesados, afirmó a la ANF que “desde un principio hubo un montaje” y que hubo “asesinatos extrajudiciales” y perseguidos.

Relaciones con Brasil

La confirmación de que Soza ha pedido refugio en Brasil abrió ayer otra una nueva grieta en las relaciones entre los Gobiernos de Evo Morales y Dilma Rousseff, ya deterioradas por la fuga del senador opositor Roger Pinto de La Paz con ayuda de diplomáticos brasileños.

“Es otra tuerca que se afloja en una relación que no está bien”, dijo a Efe una fuente diplomática en Brasilia.

La confesa complicidad de diplomáticos brasileños en su huida llevó a la dimisión del canciller brasileño Antonio Patriota, quien en agosto pasado fue reemplazado por Luiz Alberto Figueiredo. Aunque Rousseff y Morales dieron por superado el conflicto en una  reunión que tuvieron paralela a una cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), fuentes diplomáticas dijeron ayer a Efe que La Paz aún espera que “le devuelvan a Pinto, y ahora también que le devuelvan a Soza”.

Aún si ambos pedidos de refugio son negados, Pinto y Soza tendrán derecho a viajar a un tercer país y sólo regresarían a Bolivia si así lo quisieran.

“Sin duda, esto resentirá más la relación”, dijo a Efe una fuente diplomática, que recordó que Morales y Rafael Correa son los únicos presidentes suramericanos a los que Rousseff no ha visitado ni recibido desde que asumió el poder, en enero de 2011.

Muertes

En el operativo de 2009 murieron el croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa, el rumano Magyarosi Arpak y el irlandés Dwayer Michael Martin, y fueron arrestados el croata-boliviano Mario Tadic y el húngaro Elöd Tóásó, ambos todavía en prisión junto a 36 implicados.

En 2013  Soza renunció al caso y a su cargo después de que aparecieron grabaciones en las que denunciaba corrupción en la justicia boliviana y unas fotografías suyas con abogados a los que el Gobierno acusa de extorsión.

Actualmente el exfiscal es acusado por extorsión e incumplimiento de deberes y desde ayer pesa sobre él una declaración de rebeldía y una orden de aprehensión.

Denuncias

El exfiscal Marcelo Soza señaló en una carta dirigida al pueblo que autoridades del Gobierno le pidieron, en el caso Rózsa, “para sus fines políticos, lograr ciertos resultados”.

ELÍO DICE QUE SOZA QUIERE TAPAR DELITOS

Opositores piden que el caso sobre supuesto terrorismo sea archivado

La oposición política recomendó al Ministerio Público archivar el caso terrorismo por la fuga y las denuncias del exfiscal Marcelo Soza, quien, a través de una presunta carta suya, reveló que existía presión del Órgano Ejecutivo para inculpar supuestamente a varias personas del departamento de Santa Cruz.  El diputado de Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterio, dijo que el caso es la plena evidencia de violación a los derechos humanos y de la injerencia que ejerce el Ejecutivo, como lo reconoce, dijo, el exfiscal en su misiva.

“Que exista manipulación de prueba con la que se está substanciando este proceso y que exista la presión de parte del representante del Ejecutivo, como lo reconoce ampliamente el señor Marcelo Soza, esto constituye un vicio absoluto de nulidad y este proceso debe ser archivado”, pidió Monasterio.

Por su parte, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, dijo que la huida de Soza demuestra que existía “otra red de extorsión encabezada por este fiscal”. Además calificó de cómplice al Gobierno por haber permitido su salida del país.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, consideró ayer que el exfiscal Soza, pretende evadir otros delitos al refugiarse en Brasil.  “Está queriendo hacer una cortina de humo de otros delitos que pudo haber cometido y que debe esclarecer el Ministerio Público. No deben mezclarse las cosas y debe esclarecerse como corresponde dentro del margen del proceso que se sigue”, argumentó en un contacto con los periodistas. A su juicio, no correspondería otorgar a Soza una condición ni de refugiado, ni perseguido.

DESCONFIANZA EN LA JUSTICIA BOLIVIANA

Piden que una comisión internacional investigue 

Desconfianzas, dudas y la “injerencia gubernamental” en el sistema judicial del país hacen que especialistas en el campo jurídico propongan la creación de una comisión internacional para poder llevar adelante las investigaciones en torno al caso terrorismo.

Las reacciones surgieron después de que la embajada del Brasil confirmara ayer que el exfiscal del caso terrorismo Marcelo Soza, ingresó a su país pidiendo refugio a la Policía Federal del Brasil.

“Debemos impulsar la conformación de una comisión internacional  para saber lo que ha ocurrido”, dijo ayer el analista político Jorge Lazarte.

Agregó que la situación actual de la justicia nacional se encuentra en “crisis”.

“Tenemos experiencias y se puede acudir a las Naciones Unidas”, dijo.

En esta misma línea se encuentra el constitucionalista José Antonio Rivera,que propone también conformar una “comisión internacional”, para esclarecer los hechos sucedidos en el hotel Las Américas hace cinco años en la capital cruceña.

“Autoridades del Gobierno me pidieron en muchas oportunidades que realice acciones investigativas que vulneraban derechos”, dice parte de la carta de solicitud de refugio político presentada ayer por el exfiscal Soza a la Policía Federal de Brasil.

Desnuda montaje

Para Rivera el asilo que pidió el exfiscal Marcelo Soza, desnuda el “montaje” del “supuesto” caso de “terrorismo”, pues la carta devela el “supuesto” involucramiento del Gobierno en el proceso  investigativo.

Soza explica en su carta  que decidió pedir asilo político en Brasil, debido a que su vida corre peligro en cualquier cárcel de Bolivia, y lamentó que el Gobierno permita que se lo persiga como un vulgar delincuente, cuando durante años alentó su acción investigativa en el caso terrorismo.

“Demuestra que aquello fue un tema que se ha utilizado políticamente para desplegar una persecución judicial a líderes de Santa Cruz de oposición y la injerencia del Gobierno en la justicia”, dije Rivera.

El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado, demandó del Gobierno esclarecer el tema, calificó la intervención en el hotel Las Américas como propio de gobiernos autoritarios.

CARTA DE SOZA

Soborno, presión y compra de testigos

En su carta “Al pueblo de Bolivia” el exfiscal Marcelo Soza Álvarez reveló que en la investigación por el caso terrorismo corrió sobornos, compra de testigos y presiones para incluir, sin pruebas, a líderes cruceños y aseguró que el audio, donde asegura que el caso era un montaje gubernamental, fue grabado por funcionarios del Ministerio de Gobierno para destruirlo en alianza con la oposición.

Lamentó que el Gobierno permita que se lo persiga como un vulgar delincuente, cuando durante años alentó su acción investigativa en el caso terrorismo. “Estas autoridades que hoy callan, ayer me pedían que investigue a determinadas personas con el único objetivo de que se cumplan sus fines políticos”, aseguró el exfiscal.

Víctima de “crisis de la justicia”

Soza asegura ser el boliviano con el Nº 747 que pide refugio en Brasil ante la crisis estructural del sistema de justicia boliviana y explica que tomó la decisión de huir a ese país, luego de valorar cuidadosamente los riesgos de una verdadera persecución política.

Desde Brasil, el exfiscal denuncia que su nombre fue utilizado por otras personas que se aprovecharon de la investigación “para enriquecerse, tal el caso de Luis Norberto Clavijo, ministros y asesores del Gobierno, así como también abogados inescrupulosos de los propios investigados, como Carlos Subirana Suárez”.

Señaló que todos los excesos que se han cometido en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde murieron tres ciudadanos europeos, son de responsabilidad de las autoridades del Gobierno.

Culpa a Ministerio de Gobierno

“Si existe alguna falsedad en esos informes es responsabilidad de quienes lo hicieron. El soborno y la extorsión para comprar testigos falsos, realizado por Carlos Núñez del Prado, no fue mi responsabilidad. Tampoco es mi responsabilidad el manejo de las pruebas en los operativos del hotel y el atentado en el domicilio del Cardenal, porque yo no participé en esos eventos.

Estas acciones fueron dirigidas por autoridades del Ministerio de Gobierno”, manifestó Marcelo Soza. Dijo que existieron otras acciones que fueron decididas en el nivel político del Estado sobre las que él no tenía ninguna responsabilidad. “Sé que hoy corre riesgo mi vida y mi libertad, por eso he decidido dejar mi país”, dice Soza a tiempo de proclamar su inocencia y señalar que Bolivia necesita conocer la verdad del caso terrorismo sin que medie ninguna intervención o presión.