La detención del exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez en Sucre y su posterior traslado a Santa Cruz para que responda por dos acusaciones de extorsión, concentró ayer la atención de las acciones para dar con los implicados en la red de corrupción y extorsión, integrada por funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia.
Asimismo, como parte de las acciones para esclarecer las denuncias de extorsión al estadounidense Jacob Ostreicher, se tomaron declaraciones a fiscales y administradores de justicia, citados como testigos, y se allanaron viviendas en la capital cruceña para confiscar documentación.
Gómez, acusado de estar ligado a los dos exasesores jurídicos, se declaró inocente y aseguró que desvirtuará las denuncias en su contra.
El exfiscal de Distrito de Santa Cruz y otrora hombre fuerte del Ministerio Público, fue detenido ayer al mediodía en Sucre. Lo sindican de ser parte de una red de extorsionadores, que presionaba a jueces y a fiscales para revertir fallos o para favorecer a litigantes.
Hasta el momento, sin Gómez, son cinco los detenidos preventivamente por la supuesta red de corrupción y extorsión.
Enmanillado, cabizbajo y visiblemente agobiado por la situación que le toca vivir, Gómez que el 14 de marzo de 2011, al asumir la Fiscalía cruceña, prometió combatir la corrupción y a los narcotraficantes, bajó de la aeronave de Aerocon que lo trajo ayer desde Sucre, a las 18:35, en la pista del aeropuerto El Trompillo de la capital cruceña.
Sin tener opción para hablar con los periodistas fue llevado en un vehículo con vidrios oscuros hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde pasó la noche. Hoy puede ser presentado ante un juzgador.
Pero el calvario de Gómez comenzó hace varios días, ya que su nombre empezó a ser señalado en reiteradas oportunidades como uno de los presuntos integrantes de la red de extorsionadores que se descubrió con la aprehensión de abogados del Ministerio de Gobierno.
Este lunes, Gómez debía presentarse a declarar ante la comisión de ocho fiscales que investigan la supuesta organización en Santa Cruz por el caso del estadounidense Jacob Ostreicher, pero estuvo toda la mañana en la capital chuquisaqueña.
Allí testificó desde las 8:00 hasta poco después del mediodía ante el fiscal Enrique Montaño, miembro de la unidad Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, pero por otro caso, también de presunta extorsión.
Gómez respondió a la denuncia presentada por Cresencio Rojas Pinto, sujeto procesado por un caso de violación y encarcelado en el penal de Palmasola. Supuestamente el exfiscal intentó cobrar “coimas” en desmedro de su detractor, al que se habrían sumado otros reclusos que entregaron una veintena de denuncias similares.
Antes de declarar ante autoridades de Sucre, Gómez conversó con la prensa de esa ciudad. Se declaró inocente y afirmó no tener ningún vínculo con los presuntos hechos denunciados por el estadounidense Jacob Ostreicher, quien lo calificó como uno de los principales “exfiscales corruptos”.
Para el viceministro de Régimen del Interior, Jorge Pérez, Gómez era parte del grupo extorsivo denunciado por Ostreicher y que incluso amenazó al juez Zenón Rodríguez con enviarlo a la cárcel si no revertía su fallo a favor de las medidas sustitutivas para el estadounidense.
Más temprano, en las oficinas del Ministerio Público cruceño, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ratificó que se impulsa una depuración en las filas de la Fiscalía que está afectada por múltiples denuncias de corrupción.
“Estamos en un proceso de limpieza dentro del Ministerio Público. No vamos a tolerar la corrupción ni el maltrato a la gente. Vamos a ser objetivos e imparciales”, aseguró Guerrero, en alusión a los jueces y fiscales relacionados con la red.
Los investigadores del caso de presuntas extorsiones hoy analizarán el caso de Gómez.
Fiscales reciben testimonios
Durante todo el día los fiscales que están investigando los nexos de una supuesta red de extorsionadores, con vínculos en el Gobierno, la Policía y el Órgano Judicial, recibieron los testimonios de algunas de las personas implicadas en este caso.
El juez Wilson Arévalo fue el primero en declarar ante los fiscales. Es acusado de revertir un fallo para perjudicar a Ostreicher, pero él aseveró, al salir de la Fiscalía, que actuó conforme a las disposiciones jurídicas y que su fallo fue ratificado por el Tribunal Departamental de Justicia.
También se hizo presente en las oficinas centrales del Ministerio Público el fiscal Álvaro La Torre. La autoridad entregó a la comisión de investigadores una solicitud de presentación voluntaria para testificar y señaló que su participación en el caso Ostreicher fue mínima, ya que sólo había sido convocado para dar un criterio técnico sobre la investigación por legitimación de ganancias ilícitas y luego lo apartaron del proceso.
Por la tarde se presentó el exdirector de la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) Moisés Aguilera, que ya declaró la semana pasada. La exautotridad pretendía ampliar su primer testimonio, pero no lo pudo hacer por la ausencia de fiscales para que escuchen su versión.
De la misma forma, el fiscal Roberto Achá se presentó voluntariamente para declarar por las acusaciones que hay en contra de su esposa, Cory Balcázar, que supuestamente se hizo pasar por apoderada de los bienes de Ostreicher. Achá negó el hecho y dijo que su cónyuge es representante legal de una propiedad colindante a la del ciudadano estadounidense.
Erradicación de “malos”
El representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito, César Guedes, lamentó que funcionarios públicos estén involucrados en actos de extorsión y corrupción, por lo mismo pidió que las investigaciones sigan su curso y que los “malos elementos” sean “erradicados”de las instituciones públicas.
“Muy lamentable de que funcionarios públicos se presten a hacer este tipo de actividades de extorsión, porque han sido contratadas para dar protección y velar por el bien de las personas, no para que utilicen su posición y su poder para afectarlas. Incluso aquellas que puedan estar en conflicto con la ley necesitan tener procesos justos, investigaciones justas, trasparentes”, indicó Guedes.
Guedes dijo que estas situaciones afectan la credibilidad en el Órgano Judicial, Ejecutivo y Ministerio Público, que se podrán subsanar sólo con acciones contundentes.
Fiscal general: hay más implicado
El fiscal general, Ramiro Guerrero, declaró ayer, a su paso por Cochabamba, que existen más implicados en el caso Red de extorsión, entre fiscales, ex fiscales, jueces y ex jueces, aunque no quiso dar más detalles al respecto, pese a la insistencia de los periodistas.
“Producto de las declaraciones que se ha tomado a alguna gente que ya está en (la cárcel de) Palamasola (Santa Cruz) guardando detención, es que están saliendo algunos nombres, para lo cual se los está citando para tomar declaraciones, y se pueda generar un cuadro de implicados”, explicó.
Agregó que ya hay algunos detenidos en Palmasola, otros en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y contra el Narcotráfico (Felcn), detenidos por delitos como extorsión, uso indebido de influencias y cohecho. “Esto continúa en investigación y me reservo dar mayores de talles sobre el tema”, dijo.
Guerrero especificó que, pese a las informaciones preliminares, el exfiscal de Santa Cruz, Isabelino Gómez, no fue detenido por el caso Red de Extorsión, por el que se le abrió investigación en Santa Cruz, sino por otro caso.
Consultado sobre la permanencia en celdas de la Felcc de los presuntos cabecillas de la red de corrupción, Fernando Rivera y Dennis Rodas en lugar de ser recluidos en Palamasola, el Fiscal General dijo que el Ministerio Público presentaría la apelación. “Ellos deben estar donde deben estar”, sostuvo el fiscal General.
Indicios y acusaciones contra Gómez
* El exfiscal Isabelino Gómez ha sido implicado en presuntas irregularidades denunciadas por el ciudadano alemán Dirk Schmidt, preso en el penal de Palmasola presuntamente vinculado a una extorsión a menonitas, que también involucró al exviceministro Gustavo Torrico.
* Gómez fue fiscal de materia en La Paz y tuvo a su mando la investigación de casos bullados como los enfrentamientos en Caranavi (La Paz) o el caso de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), por el que está preso uno de los exhombres fuerte del MAS, Santos Ramírez.
* María Esther Gorena de Navía, esposa del coronel René Navía presuntamente involucrado con una red de narcotraficantes, entregó ayer en la Fiscalía documentación sobre la supuesta extorsión a la que los estaba sometiendo Gómez y su gente.
* El nuevo fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, resultado de una evaluación realizado del trabajo de los fiscales de Distrito removió a casi la totalidad de estos funcionarios entre ellos Gómez.
* Goméz se postulo a fiscal General del Estado, pero no recibió apoyo.
* Tras el descubrimiento de la red de extorsionadores y corrupción integrada por los ahora exasesores jurídicos del Ministerio de Gobierno y un funcionario del Ministerio de la Presidencia, el Movimiento Sin Miedo a través de su abogado Aida Camacho, denunció que el caso Chaparina, había sido asignado al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez.
Ministro Quintana
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó ayer que un equipo jurídico de esa cartera de Estado investiga en Santa Cruz y La Paz para “identificar los ámbitos en los cuales estaría presuntamente involucrado” el exfuncionario del Viceministerio de Gestión Gubernamental José Manuel Antezana, vinculado con la red de corrupción y extorsión.
Informó que el Ministerio de la Presidencia recibe denuncias sobre las actividades ilegales del tráfico de influencias que realizaba Antezana en Santa Cruz. “Posteriormente se verificará el mal uso de la función que cumplía este señor en el Ministerio y con toda esa información entregaremos a través del Ministerio de Gobierno a la Fiscalía General del Estado”, complementó.
Aseguró, según la agencia Abi, que su Ministerio tiene todos los registros de viajes que realizaba “de oficio” Antezana a Santa Cruz, sin conocimiento del Viceministerio para “traficar influencias”.
El silencio del vicepresidente García Linera
Tras destaparse la existencia de una red de extorsionadores montada en el mismo aparato de Gobierno, el vicepresidente Álvaro García Linera no se refirió al tema, pese a que el pasado 8 de agosto (tres meses antes del escándalo) lanzara duras críticas a Estados Unidos por defender al ciudadano norteamericano, Jacob Ostreicher.
“Se desgarran las vestiduras con el narcotráfico, pero cuando son sus ciudadanos, el Gobierno (de Estados Unidos) quiere sancionarnos. Le hablo de una doble moral, de una actitud hipócrita de lucha contra el narcotráfico”, dijo en ese entonces el Vicepresidente en conferencia de prensa.
García Linera agregó que “el señor no ha sido acusado de comprar artesanías, está siendo acusado de narcotráfico, más bien debían exigir una sanción fuerte”.
García Linera también enfatizó, en esa oportunidad, que Estados Unidos no tiene moral para reclamar temas de justicia, cuando desde hace más de ocho años protege y cobija al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de masacre y genocidio en las luctuosas jornadas de octubre de 2003.
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